El 14 de julio del 2003 la Corte de Constitucionalidad consumó un hecho que es el resultado de la descomposición, manipulación y la no representación genuina de las instituciones del Estado Guatemalteco. No es un hecho aislado y tampoco coyuntural o simple acción de 4 magistrados, sino el resultado de un proceso de utilización permanente de las instituciones para garantizar intereses de pequeños grupos dominantes, sectarios y antidemocráticos. Esto se ha vivido en toda la historia desde 1524 a la fecha. Hoy más que nunca se hace evidente esta práctica y algunos grupos protestan por esta situación por tratarse de un caso paradigmático de la Corte de Constitucionalidad. Lo polémico es que se trata de un ex general que ha cometido junto a otros militares, masacres, genocidio y destrucción de la Nación, que debería ser juzgado por estos hechos; se protesta porque afecta intereses de grupos tradicionales que hoy no tienen la posibilidad de manipular las instituciones para sus propios fines. De lo contrario nadie diría nada, como nadie y ningún sector poderoso dice algo cuando jueces, abogados, algunos centros de justicia utilizan su poder para expropiar, robar, amenazar, cambiar nombres de propietarios de tierras, territorios, recursos y otros bienes de grandes poblaciones y de comunidades del Pueblo Maya. Por tanto, es condenable e inaceptable que la Corte de Constitucionalidad haya decidido fallar a favor de Ríos Montt porque termina lesionando los intereses de la Nación, pero no es con este hecho que se debilita o se rompe la institucionalidad del Estado. La Constitucionalidad e institucionalidad del Estado nunca ha existido porque existe un 70% de la población que no es representada por estas instituciones estatales. Este 70% de la población es el Pueblo Maya. Por tal razón, desde hace muchos años, Defensoría Maya junto a otras organizaciones mayas e indígenas de Guatemala ha iniciado un proceso de hacer visible la discriminación y el racismo sistemático, tanto de hecho como de derecho al que ha sido sometido el 70% de la población total de Guatemala. Al mismo tiempo Defensoría Maya ha formulado propuestas y mecanismos para que esta situación jurídica, política y constitucional a nivel de Estado y sociedad sea modificada y realmente se viva en democracia con equidad y participación en condiciones de igualdad con otros sectores y grupos que han acumulado poder a lo largo de cinco siglos, desde que este Estado patriarcal, monoétnico, racista, excluyente y dominante ha sido configurado. Con el inicio del proceso de Paz y la finalización del conflicto armado interno en 1996, se abrieron pequeños espacios de discusión en torno al racismo y la discriminación; se promulgó un Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y se tenía la perspectiva de crear nuevas instituciones, de hacer reformas constitucionales y abrir espacios de participación con decisión para el Pueblo Maya. Sin embargo, los sectores de poder tradicionales han limitado el proceso de crear e instaurar un Estado Pluricultural y Plurilingüe. Aunque se han abierto algunos espacios políticos participativos esto no es suficiente ante la magnitud del problema que viven los Pueblos Indígenas. Los Pueblos Indígenas hemos planteado la necesidad de reformar y FUNDAR O REFUNDAR el Estado de Guatemala porque las instituciones, el marco jurídico y político no han sido y no son expresión de las diversas formas organizativas, cosmovisiones derechos e intereses de los distintos Pueblos que habitamos el país. Además, como siempre ha ocurrido, cada grupo que llega al poder, cada partido político se sirve del poder y hace uso de las instituciones y los recursos del Estado para la satisfacción de su propio poder. A lo anterior se une la falta de visión política de quienes ejercen autoridad en el país al no tener presente intereses de Estado sino intereses grupales, sectoriales o partidistas. Por lo tanto dificulta la construcción de procesos de largo plazo y por ende el debilitamiento y destrucción de la Institucionalidad del País. En la pos-guerra guatemalteca, los partidos políticos que han llegado al Poder tales como: la Democracia Cristiana – DC-, el Movimiento de Acción Solidaria –MAS-, el Partido de Avanzada Nacional –PAN- y por último el Frente Republicano Guatemalteco –FRG- han manipulado y han utilizado ciertas instituciones claves para su propio beneficio, lo que ha provocado graves problemas para la Nación y el Estado. Un ejemplo sencillo es el hecho de colocar a sus mejores amigos dóciles y fieles en instituciones del Estado. Pero es mucho más grave aún que se siga aceptando e imponiendo la actual estructura del Estado haciendo creer que es representativo y democrático, cuando deja por un lado a la mayoría de la población. Y esta práctica se repite, pues basta con estudiar la configuración de los Partidos Políticos actuales en contienda electoral para darse cuenta de que los Pueblos Indígenas seguirán siendo utilizados en aspectos operativos pero no en la definición de políticas y muchos menos en candidaturas de primeras casillas. ¿Si esto es así, de qué institucionalidad estamos hablando? ¿O de que rompimiento institucional si esto no existe? Es el momento de reflexionar y de entrar a una discusión profunda sobre la situación institucional y doctrinaria del Estado. No se puede seguir tolerando que las instituciones se utilicen para fines particulares y sectoriales. Dicha situación no solo debe cuestionarse a los que ejercen el poder, sino debe atravesar las estructuras sociales, porque sin ir muy lejos, por ejemplo, con la nominación de los representantes a la conformación de la Comisión Nacional de Resarcimiento grupos de Derechos Humanos y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca utilizaron manipulaciones para excluir a otros grupos y organizaciones, a tal grado, presionaron incluso al Presidente de la República para que no fuera aceptado el nombre de una propuesta proveniente de organizaciones mayas que trabajan por el resarcimiento. No basta con protestar o denunciar un hecho que es denigrante. Para los Pueblos Indígenas tampoco es de vida o muerte defender una Institución que no representa los intereses de dichos Pueblos o de una Constitución que no legitima ni reconoce la existencia jurídica y política de los mismos. Para que haya Democracia y justicia en Guatemala es necesario que se redacte una nueva constitución donde se reconozca la existencia y los derechos de los Pueblos Indígenas, además de crear nuevas instituciones y mecanismos de participación genuina de dichos Pueblos. En este proceso electoral que se está realizando existe una exclusión total a los Pueblos Indígenas y eso deslegitima el próximo gobierno y sus instituciones, aunque queda tiempo para rectificar dichas acciones. La Democracia no debe ser a medias, y tampoco debe ser propiedad de unos cuantos. La Democracia debe ser para todos y por ello, Defensoría Maya llama a los guatemaltecos a que construyamos nuevas instituciones con nuevos principios, reglas, normas de funcionamiento y que promuevan y garanticen los intereses de los CUATRO pueblos que vivimos en el país. Guatemala, 17 de Julio de 2003.