El sabotaje tecnológico de PDVSA y los derrames petroleros en el Lago de Maracaibo
29/06/2003
- Opinión
Maracaibo, Junio de 2003
Ante la alarma que se promovió con las noticias de
derrames petroleros acaecidos en el Lago de Maracaibo
durante el mes de enero de 2003 y la "emergencia
ambiental" decretada por el Gobernador del Estado
Zulia, Manuel Rosales en el contexto de las
movilizaciones políticas convocadas por sectores de la
oposición al gobierno nacional; preocupados por los
ecosistemas que brindan sustento natural a la sociedad
en que vivimos, y la calidad de vida de la población;
en nuestra condición de miembros de la comunidad
académica de La Universidad del Zulia, grupos
ambientalistas y organizaciones populares comprometidas
con la transformación social de la región zuliana y de
Venezuela, hemos asumido nuestra responsabilidad de
iniciar una indagación que permita esclarecer los
hechos asociados a la paralización arbitraria de las
operaciones de la industria petrolera nacional por obra
de un grupo de gerentes de PDVSA alineados a una
estrategia conspirativa de la denominada Coordinadora
Democrática. Es de nuestra opinión que la complejidad
de la situación planteada sobrepasa las fronteras de
las relaciones entre el sistema técnico petrolero y el
sistema físico ambiental lacustre, y comprende un
conjunto de variables de carácter humano social, por lo
que consideramos esta realidad bajo un enfoque
político, ético y socio-ambiental, y por ende,
indesligable de nuestra condición de venezolanos
comprometidos con la defensa de nuestra soberanía como
Nación y de nuestros derechos económicos, políticos,
sociales, culturales y ambientales.
El propósito de este documento es describir la
situación ocasionada por el paro petrolero y asumir
nuestra responsabilidad en torno a estos escandalosos
hechos, inéditos en la historia de la nación
venezolana, contribuyendo a la descripción e
interpretación de aspectos técnicos, ambientales y
éticos que formaron parte de paro y sus consecuencias,
como paso previo y necesario a una evaluación detallada
que incluya magnitudes muy definidas del impacto
ambiental y socioeconómico de la paralización de la
industria petrolera. Para este efecto, hemos llevado a
cabo un conjunto de entrevistas, visitas e inspecciones
a instalaciones petroleras del Lago de Maracaibo y
áreas adyacentes, y examinado la documentación pública
y otras fuentes relevantes que se refiere a estos
hechos.
La paralización total de la producción petrolera de
Occidente: un hecho inédito en la historia petrolera
mundial
A partir del 2 de diciembre de 2002, una parte de la
nómina mayor y personal ejecutivo de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) llevó a cabo la paralización
de la industria petrolera venezolana trayendo como
consecuencia la caída total de la producción de crudo y
gas del occidente del país. Este hecho involucró la
quiebra deliberada de los planes de contingencia
previstos para asegurar la continuidad operativa de la
industria en sus diferentes localidades, la seguridad
de las instalaciones y los perjuicios al ambiente y la
salud de las personas.
En Occidente, este paro significó que más del 60% de
personal de las nóminas altas desertó de su trabajo en
las actividades operacionales rutinarias, lo cual
conllevó al abandono, daños y colapso de la producción,
manejo de crudo, gas, agua, vapor, y red eléctrica de
la industria. Gran parte de la infraestructura
petrolera fue objeto de un sabotaje sistemático que
resalta por el carácter experto de su ejecución, cuyos
autores aprovecharon la desprotección general de las
instalaciones causada por el abandono de labores; junto
a ello, la industria petrolera fue objeto de vandalismo
y hurto masivo, lo cual afectó, en general, las
operaciones de producción de crudo, compresión y
fraccionamiento de gas. Entre otros aspectos de
importancia, resaltan la destrucción y obstrucción de
equipos e instalaciones con el propósito deliberado de
causar derrames de hidrocarburos en los ambientes
lacustres y terrestres, y deterioro profundo del
servicio de expendio de gasolina y gas doméstico a la
población.
En las inspecciones realizadas en el Lago de Maracaibo
se observaron pozos y estaciones de flujo y áreas
adyacentes frente a las costas de Tía Juana y
Lagunillas. En tierra, además de estaciones de flujo,
fueron inspeccionados pozos y balancines, líneas de
flujo, estaciones de vapor, subestaciones y líneas
eléctricas, pertenecientes a los campos de Tia Juana,
Lagunillas y Bachaquero; además, se realizaron
entrevistas a miembros del personal de la Gerencia de
Operaciones Acuáticas y Departamento de Seguridad e
Higiene Ambiental (SHA) del distrito Tía Juana.
Asimismo, se analizó la versión de la Gobernación del
Estado Zulia y de los responsables de la paralización
de la industria petrolera, para lo cual hemos utilizado
versiones publicadas por la prensa nacional.
A través de la observación documental y de campo, junto
con el examen del comportamiento de los actores
relevantes de esta coyuntura, se logró consolidar una
información de base para nuestros análisis e
interpretaciones, los cuales fueron elaborados
considerando especialmente la lógica de las operaciones
petroleras en el Lago de Maracaibo y en tierra, junto
con información relativa al comportamiento histórico
reciente de los derrames petroleros en el Lago y la
descripción de los componentes ambientales lacustres y
circunlacustres. Junto a este examen, se abordaron los
aspectos éticos, políticos y sociales inmersos en dicha
problemática.
Las instalaciones y operaciones petroleras afectadas
por abandono de labores y sabotaje en Occidente (estado
Zulia)
PDVSA Occidente para el año 2002 presentó un potencial
de producción de 1,6 millones de barriles diarios de
crudo y condensado y 1,5 millardos de pies cúbicos de
gas. Para ese año se contempló la perforación de 267
pozos por parte de PDVSA y 187 pozos por parte de
terceros, más el reacondicionamiento de 591 pozos por
su parte y 165 pozos por parte de otras empresas.
La producción arrojó un promedio de 1,4 millones de
barriles diarios de crudo, manejándose directamente la
explotación en los distritos operacionales Maracaibo,
Tía Juana y Lagunillas, así como la administración y
relaciones con las empresas que operan bajo convenios
operativos en los estados Zulia, Falcón y Trujillo.
Para efectos de este análisis, conviene hacer un examen
general del emplazamiento de las instalaciones
petroleras en el Zulia, con el objeto de presentar una
imagen clara de la magnitud y naturaleza del sistema
técnico afectado, y el carácter de las operaciones
llevadas a cabo para afectarlo en su conjunto.
En tierra, las instalaciones petroleras de PDVSA ocupan
una superficie superior a los 1.600 Km2;
comparativamente, es un área tres veces mayor que la
ocupada por el municipio Maracaibo. Mientras que en el
lago, estas instalaciones se sitúan en una superficie
casi cuatro veces superior a esta ciudad, en alrededor
de 7 mil kilómetros cuadrados, la mayoría concentradas
frente a la costa Este, distribuidas en un área que
abarca más de la mitad del Lago de Maracaibo.
El recorrido del crudo desde los pozos hasta el
embarque hacia el exterior o hacia los centro de
refinación se cumple a partir de la recolección del
petróleo desde grupos cercanos de pozos con crudos
similares los cuales son enviados hacia estaciones de
flujo. Luego, por medio de tuberías laterales el crudo
es enviado a estaciones principales (patios de
tanques), donde son almacenados según sus
características. Los oleoductos llevan el crudo ya
fiscalizado hacia las plantas de procesamiento
(refinerías) o hacia los terminales de embarque. Los
poliductos transportan derivados del petróleo, tales
como gasolina, gas licuado y diesel, mientras los
gasoductos transportan gas natural. El gas natural
obtenido de los yacimientos se lleva mediante tuberías
laterales a plantas de fraccionamiento donde se separan
el gas y la fracción conocida como gas licuado. El gas
pasa luego por estaciones donde se aumenta su presión
(estaciones de compresión) de manera que fluya hacia
las industrias y las ciudades mediante sistemas de
distribución. Mediante tanqueros y supertanqueros el
crudo y otros productos se llevan desde los muelles de
embarque hacia los puertos de cabotaje o hacia el
exterior.
Entre las facilidades de producción y servicios, en
Occidente la industria cuenta con tres plantas de
generación eléctrica, situadas en Punta Gorda, Las
Morochas y Pueblo Viejo; decenas de subestaciones
eléctricas de 115/34,5 kilovoltios en el lago y en
tierra; medio centenar de subestaciones eléctricas de
34.5/6.9 kilovoltios en tierra; más de dos mil
kilómetros de líneas de distribución y cerca de un
millar de estaciones transformadoras de 6.9/0.48
Kilovoltios. Nueve patios de almacenamiento de crudo
con una capacidad de un millón de barriles por día,
están situados en las áreas denominadas Bachaquero,
Lagunillas Norte, Lagunillas Sur, F6, E1, Ulé,
Taparito, La Salina y H7 en Cabimas, que almacenan
crudo de unos 5.600 pozos activos en tierra y alrededor
de 6.000 pozos en el lago. Se estiman cerca de mil los
pozos inactivos, algunos de ellos en espera de entrar
nuevamente en producción. Además, unas 200 Estaciones
de Flujo en tierra y alrededor de la misma cantidad de
estaciones en el lago, 13 Plantas de Generación de
Vapor, 4 Plantas de Compresión de Gas (Lago-1, Mot-1,
Mot-2 y Barúa-5), la Planta de Fraccionamiento de Gas
Licuado (GLP-Ulé), dos Patios de Almacenamiento de
Materiales, uno en La Salina (Cabimas) y otro en
Bachaquero.
Alrededor de 42,693 Km. de tuberías de petróleo y gas
conectan los cabezales de los pozos en Lago y Tierra
con los puntos de colección, distribución y transporte.
Desde los patios de tanques, el sistema de oleoductos
lleva crudo a las refinerías de Paraguaná a lo largo de
unos 600 kilómetros, y hacia los terminales de embarque
de La Salina, Bajo Grande y Puerto Miranda, con destino
a la exportación.
La planta de fraccionamiento de gas licuado de Ulé a
través de un gasoducto de unos 200 kilómetros de
extensión alimenta la refinería de Amuay con butano.
Igualmente, Ulé suministra gas doméstico a la ciudad de
Maracaibo, y ofrece gas propano para las bombonas de
gas de uso doméstico.
En La Salina (Cabimas) y El Menito (Lagunillas) se
encuentran los Centros de Operaciones Automatizadas
(COA) donde se ejerce el control computarizado de la
producción. El sector informático de las operaciones
petroleras reviste un carácter altamente estratégico,
en tanto constituye un sensible y poderoso sistema de
control de la producción de crudo, situada la mayor
parte en el Lago de Maracaibo, e incluye también
operaciones de las plantas de procesamiento tales como
refinerías, fraccionamiento de gas, y otros sistemas
como llenaderos de combustible, poliductos, entre
otros. Junto a esto, la automatización también
involucra las operaciones administrativas, tales como
nóminas de personal, sistemas de pagos a contratistas y
suplidores, compra de materiales, ordenes de trabajo,
etc. En este sentido, resalta el control absoluto de
todos los sistemas automatizados de PDVSA que la
empresa INTESA ha tenido, tanto de las operaciones en
el lago y en tierra, como de los asuntos
administrativos.
Operaciones de sabotaje electrónico y atentados
directos a las instalaciones
La comisión de actos de sabotaje fue determinada en las
acciones que evidenciaron la participación del personal
de confianza, cuya naturaleza o condición brinda la
experticia, capacidad y oportunidad necesaria para
lograr deliberadamente los efectos de entorpecimiento o
colapso de las instalaciones.
El plan ejecutado para detener la industria petrolera
nacional sacó provecho de la experticia técnica del
personal calificado y la disciplina industrial que
acompaña los aspectos organizacionales de esta
corporación, especialmente en el sentido de la
subordinación que predomina en las cadenas de mando.
Esto es particularmente cierto en aquellas áreas de
mayor complejidad tecnológica sometidas al sabotaje,
diferenciándose aquellas acciones que no ameritan un
conocimiento profundo sobre el funcionamiento de
ciertas instalaciones, aunque si requieran una
actuación dirigida técnicamente. A esto, deberán
sumarse las consecuencias derivadas del retiro de la
vigilancia en tierra y lago, especialmente, la masiva
ola de hurtos y vandalismo que azotó la industria
durante el paro.
La lógica general del sabotaje fue comenzar por la
paralización de las operaciones finales del proceso
petrolero (embarque de crudo en los terminales
portuarios) para asegurar que cada fase previa (llenado
de tanques, envío de crudo por oleoductos, recolección
de petróleo en estaciones de flujo, etc.) fuera
sucesivamente paralizada por la inercia de la
saturación de crudo, hasta llegar a la parada forzosa
de los pozos, en general. Esto fue acompañado con el
entorpecimiento de diversas instalaciones claves tales
como plantas compresoras de gas, plantas de vapor,
plantas de generación eléctrica, plantas de
procesamiento, e inclusive el taponamiento de
oleoductos con crudo pesado, etc. cuya inmovilización
garantizaría la imposibilidad de una rápida
recuperación de la producción, en caso de intento de
reactivación. El carácter sistémico de los mecanismos
y procesos involucrados en la producción petrolera
conduce a que el bloqueo de ciertos componentes
necesariamente conduce a la interrupción del conjunto.
Esto es especialmente significativo en el caso del
sabotaje de las estaciones de compresión de gas y
plantas de fraccionamiento, de las que dependen
ramificaciones operativas hacia o desde los pozos (gas
lift) y gas asociado, plantas eléctricas (gas
combustible), gas de la ciudad, petroquímica, y
distribución de combustibles.
La participación de INTESA en el colapso provocado a
PDVSA fue determinante, considerando que esta empresa
desde 1997 controla toda la infraestructura,
facilidades, equipos, data financiera, geológica,
técnica, presupuestaria y de negocios de la empresa y,
además, el personal de soporte tecnológico de
información de PDVSA, en el cual reposa el más decisivo
control de la producción, refinación y distribución del
crudo y sus derivados.
INTESA ejerció su poder de control computarizado para
paralizar la carga, descarga y almacenamiento de crudo
en los diferentes terminales de embarque, así como para
detener el funcionamiento de la mayoría de las
estaciones de flujo, plantas compresoras, plantas de
procesamiento, llenaderos de combustible, tuberías
automatizadas, etc., asegurándose que la manipulación
de las redes informáticas fuera posible solamente por
parte de los poseedores de las claves secretas de
acceso al sistema, todos empleados de INTESA sumados al
"paro", quienes secuestraron el sistema mediante un
acceso clandestino preparado cuidadosamente con
anticipación.
Este contundente sabotaje informático implicó la
utilización de módems ocultos en el interior de paredes
y escritorios para operar con acceso remoto, vía
telefónica. Cabe anotar el uso de la red INTERNET para
lograr acceso a la intranet de la corporación, en donde
tanto las comunicaciones satelitales como de microondas
y radio son parte del sistema. Toda esta plataforma
tecnológica sirvió a los fines del sabotaje: impedir el
control de las operaciones por parte de quienes
siguieron laborando, aislar Occidente con respecto a
las oficinas centrales de PDVSA en Caracas, destruir la
bases de datos contentivas de las operaciones
rutinarias y evitar la identificación de operadores en
distintas instalaciones y maquinarias; eventualmente,
suprimir los sistemas operativos de los servidores,
desconfigurar los routers, y finalmente, desmantelar
todo el sistema de información y control a distancia de
las operaciones automatizadas. Esto condujo al
personal que continuó en sus puestos de trabajo a una
incertidumbre total en torno a los valores reales
establecidos en los puntos de control de los procesos,
y obligó a presumir un excesivo riesgo en el manejo de
las instalaciones que les indujo a proceder a la
verificación pormenorizada de los parámetros de control
de plantas y equipos, antes de adelantar el arranque de
los mismos; como consecuencia, el reinicio de las
operaciones en este caso fue muy lento y minucioso.
Como se afirmó antes, el sabotaje electrónico se
acompañó con el bloqueo físico directo de instalaciones
para impedir la producción de crudo, pues, no toda esta
producción obedece a los controles automatizados,
resultando obvia la táctica de obstaculizar, inclusive
en el campo, un arranque inmediato de las operaciones
petroleras, en caso de que los saboteadores perdieran
eventualmente el control de la situación.
Puede observarse que este aspecto de la combinación de
las formas de sabotaje estuvo directamente relacionado
con el carácter que fue asumiendo el desarrollo de las
maniobras e incursiones dirigidas a paralizar la
industria, especialmente bajo el criterio de partida de
los estrategas del paro que presumieron que bastaría la
paralización de la industria petrolera venezolana
durante siete (7) días para liquidar el gobierno del
Presidente Chávez.
La evolución del paro presentó dos fases: la primera,
donde la ausencia de mandos gerenciales y descontrol de
los sistemas automatizados provocó el desconcierto del
personal laborante, y la parálisis de la producción.
Esta situación condujo a una visión triunfalista de los
líderes responsables de la paralización al momento en
que la producción se llevó a "cero barriles", lo cual
fue precipitadamente difundido y aplaudido cínicamente
como una evidencia de la acción eficiente de Gente del
Petróleo.
La segunda fase del sabotaje surgió bajo la influencia
de las iniciativas de reagrupamiento gerencial y
reactivación de la producción ejecutadas por parte del
personal de las nominas mayor y contractual y personal
de contratistas que no se sumaron al paro. En
contraposición, el boicot pasó de la acciones
"virtuales" desde las redes informáticas, a las
acciones de campo en el propio terreno de las
instalaciones de tierra y lago. Aquí parecen
evidenciarse acciones desesperadas de los estrategas y
seguidores del movimiento insurreccional, resaltantes
por el carácter destructivo de las mismas. Al parecer,
esta radicalización fue una acción desesperada surgida
a partir del momento que excedió el límite de los siete
días previsto para derribar de su cargo al Presidente
de la República, junto a las evidencias de la capacidad
de reinicio de la industria. Nótese, que las acciones
de sabotaje directo que provocaron eventos de
contaminación ambiental por derrames de crudo en el
lago y tierra, y a explosiones e incendios en tierra,
ocurren precisamente en momentos en que la respuesta de
reactivación productiva del personal laborante ya había
comenzado a dar sus frutos, mientras que las
explicaciones de Gente de Petróleo para hacer ver el
fracaso del personal laborante se dirigió a demostrar
la inexperiencia de quienes asumieron la
responsabilidad de la producción, lo cual ocurrió
durante la segunda semana del mes de enero de 2003.
Debe cotejarse que la reactivación comenzó a
verificarse después que las Fuerzas Armadas tomaron el
control de las instalaciones petroleras. Con todo,
buena parte de las acciones de sabotaje pueden
catalogarse como auténticos actos terroristas, los
cuales se prolongaron a lo largo de los meses de enero,
febrero y marzo, y vienen decayendo, aunque no
totalmente, en el mes de abril, como pudo evidenciarse
con daños en oleoductos, y el incendio deliberado por
dos veces consecutivas de las fosa de lodos adyacente a
la planta de Ulé.
Se conoció de la participación directa de un conjunto
de empresas contratistas con diferentes grados de
compromiso y papeles cumplidos en la conspiración y
ejecución del sabotaje de las instalaciones y
actividades de la industria petrolera, entre las que
figuran: VENEZUELA DIVER, COMASSO, SERVICIOS OJEDA,
CASCOPET, TUBOSERVICIOS, CORLAGO, LISA, PAPAGAYO,
SAMFORD, CRAFT y TURISLAGO.
El amplísimo territorio abarcado por las instalaciones
petroleras en el Zulia fue un factor favorable para el
plan de sabotaje, especialmente en aquellas zonas donde
la custodia de la Armada y la Guardia Nacional no
alcanzó la efectividad necesaria, o no estuvo presente.
El sabotaje fue favorecido por el dominio externo del
sistema de control informático de la producción y la
vulnerabilidad que ofrece el emplazamiento de la
industria en un territorio de difícil vigilancia.
La situación ambiental del Lago de Maracaibo y la
provocación deliberada de derrames petroleros.
Durante el mes de enero de este año fueron publicadas
alarmantes denuncias de derrames petroleros en
volúmenes inusitados en aguas del Lago y campos
adyacentes. Hay que señalar que las noticias
publicadas por la prensa nacional han sido presentadas
de una manera inapropiada, y por demás, errónea,
desordenada y confusa, presentándose mensajes
deformados de la situación. Los relatos noticiosos
señalan cantidades de derrames sin ofrecer marco de
referencia alguno, tales como "Ya suman 79 los
accidentes ocurridos en las instalaciones petroleras en
42 días de paro cívico" publicado por Últimas Noticias
el 14 de Enero de 2003, agregando que "El gobernador
del Zulia, Manuel Rosales, precisó que se han producido
17 derrames de crudo en las aguas del Lago de
Maracaibo. siendo el más grave de ellos el del pozo
13A1174, ubicado en Bachaquero, que vierte mil barriles
de hidrocarburo por día. Asegura que el chorro de
petróleo sobrepasa los doce metros de altura." También
el 16 de enero se publicó que "Desde que se inició el
paro, un promedio de 1,8 accidentes ocurren a diario en
la industria petrolera; 82 en total, en 45 días de
paralización. O el publicado por la Revista
Petrofinanzas el 24 de enero, como sigue: "en los 53
días de paro en la industria petrolera se han producido
25 derrames en la zona de Occidente" . Uno de los
titulares del diario Ultimas Noticias, en forma
simplista presentó una sentencia tan terminante como
tendenciosa: "Hasta 10 años tomará revertir daños
ecológicos" (Últimas Noticias Jueves 16 de Enero de
2003). Esta versión de los eventos ambientales
denunciados no se tomó el cuidado de señalar algún tipo
de precisión sobre la magnitud, sensibilidad y
ubicación de los biotopos perturbados por los derrames,
por lo que los mensajes presentan una información de
baja calidad por su carácter genérico e inexacto. Esta
información, en nada contribuye como avance para una
investigación pormenorizada, ya que, como es sabido, en
estos casos, resulta obligatorio y responsable ofrecer,
como mínimo, información puntual de las áreas concretas
afectadas y su sensibilidad ecológica específica. Lo
cual era esperable considerando la experticia de los
informantes, y las supuestas bases éticas de su
denuncia. Inclusive, si tomáramos por separado algunos
datos presentados en los mensajes publicados por los
medios podríamos arribar a las ya conocidas
conclusiones oficiales, de que los derrames mencionados
solo alcanzarían un impacto moderado o bajo.
A pesar del escaso valor técnico de la información
manejada, algunas organizaciones ambientalistas, tales
como Audubon de Venezuela, Vitalis, Azul, y otras,
"confirmaron" lo dicho por el Gobernador del Zulia.
Inclusive, se difundieron comunicados firmados por
varias organizaciones ambientalistas con sede en
Caracas, que apoyaron esta supuesta alarma ambiental en
el Lago de Maracaibo, tales como Fujucavi (Fundación
Venezolana Jurídica para la Defensa de la Calidad de La
Vida), Fundación Científica Los Roques, Fundación La
Era Agrícola, Fundación Museo Del Mar, Fundación
Proyecto Maniapure, Fundhonat (Fundación Hombre Y
Naturaleza), Nodo Ambiental de La Red de Veedores,
Sociedad Ecológica Venezolana Vida Marina y la
organización Vitalis, ya mencionada.
De hecho, la observación de las fotografías que se
publicaron para ilustrar las "denuncias" arroja un
escenario muy distinto, cuya interpretación resulta
incoherente con el contenido alarmante de las
declaraciones. Tal es el caso de la denuncia de Juan
Fernández, de "Gente de Petróleo - Coordinadora
Democrática", acerca de un derrame que supuestamente
alcanzó una extensión de 30 kilómetros.
En general, asombrosamente, las versiones suministradas
por las organizaciones y expertos, publicadas en la
prensa, radio, y televisión nacional y regional,
adolecen de incoherencias y contenidos errados, cuyo
mayor exponente fue el caso ya mencionado del pozo BA-
1174 (Bachaquero. erróneamente referenciado en otras
noticias con el Nº 13A1174) que a través de un chorro
que alcanzaba unos ocho metros de altura (El Universal,
jueves 16 de enero, 2003 (otros diarios señalaban una
altura de doce metros), que los denunciantes se
atrevieron a lanzar la desmesurada afirmación de que
"está dejando escapar alrededor de mil barriles de
petróleo por día", contradiciendo las realidades
conocidas acerca de la verdadera capacidad productiva
de los pozos lacustres, sin contar que en este caso el
pozo mostró evidencias de haber sufrido una tracción
destinada a provocar la rotura del cabezal, de manera
que el crudo cayera directamente al Lago. Junto a
esto, la evidencia resaltante del alevoso sabotaje de
este pozo es que el mismo se encontraba fuera de
servicio, es decir, sin operación alguna que pudiera
ofrecer accidentabilidad por impericia de sus supuestos
operadores, como se quiso hacer ver. De hecho, la
violenta operación que logró quebrar el cabezal del
pozo hubo de utilizar una fuerza de tracción solo
posible desde una embarcación de gran potencia y
utilizando una gruesa cuerda del tipo utilizado para
atraque de remolcadores y grandes embarcaciones, o bien
con una cuerda de acero o "guaya".
Después de analizar la conducta pública asumida por la
organización "Gente del Petróleo - Coordinadora
Democrática" en los medios de comunicación privados
donde diariamente fueron vitoreados los "logros" de la
paralización petrolera, y contrastarla con nuestra
observación independiente de los hechos y condiciones
en que se verificaron los eventos de contaminación
ambiental, explosiones, incendios, accidentes de
transportes, etc., no podemos menos que creer que los
perniciosas efectos de este sabotaje fueron dirigidos a
acreditarse el triunfalismo del llamado "paro cívico
nacional". La gestión de riesgos a la salud y ambiente
en la industria petrolera merece especial atención en
relación a esta situación provocada por este paro
petrolero gerencial, ya que involucró el abandono total
de los planes de contingencia de los servicios
operacionales y contra derrames de hidrocarburos. Los
planes de contingencia son procedimientos operativos
específicos y preestablecidos de coordinación, alerta,
movilización y respuesta ante la presencia o la
inminencia de un fenómeno peligroso particular para el
cual se tienen escenarios definidos con anterioridad.
El plan de contingencia contra derrames petroleros,
diseñado para combatir derrames de crudo desde seis
hasta sesenta mil barriles, se encuentra expresado en
el llamado Plan Nacional de Contingencias contra
Derrames Masivos de Hidrocarburos (PNC), cuya
coordinación en el área zuliana se incluye en la
denominada Área 1 cuya coordinación tiene su sede en
Tía Juana.
"El Plan Nacional de contingencia contra Derrames
Masivos de Hidrocarburos en Aguas (PNC) fue implantado
en 1984 con la participación de Petróleos de Venezuela
y los ministerios de Relaciones Exteriores, Relaciones
Interiores, energía y Minas, Defensa, Transporte y
Comunicaciones y Recursos Naturales Renovables. En
1986 se ratificó la coordinación de PDVSA mediante un
decreto presidencial. Está diseñado para combatir
derrames que involucren entre seis y 60.000 barriles de
crudo o de productos de hidrocarburos. Para la
aplicación del PNC el territorio nacional está dividido
en 7 zonas, de las cuales la zona 1, con coordinación
en Tía Juana, corresponde al Lago de Maracaibo, la zona
2, con coordinación en Cardón, corresponde al Golfo de
Venezuela y la zona 7 con coordinación en
Lagunillas/Casigua, abarca la Cuenca del Río Catatumbo
desde la frontera colombiana hasta el Lago. El
equipamiento del plan incluye barreras flotantes de
contención, recolectores (desnatadores) movibles y
autopropulsados, material absorbente de diferentes
tipos, tales como rollos, chorizos y mantos. En otras
zonas se emplean dispersantes, pero éstos están
prohibidos en el Lago de Maracaibo. Además de diversas
embarcaciones y gabarras de servicio, el plan cuenta en
el Lago con una unidad especializada, la OLAMAC. Como
apoyo se cuenta con programas de computación que
simulan derrames y permite predecir su trayectoria y
mapas de sensibilidad que indican en tierra las áreas
pobladas, playas recreacionales y turísticas,
manglares, zonas de moluscos y avifauna, y en el agua
los vientos, corrientes, batimetría, corales y zonas de
pesca." [ Rodríguez, 2000]
Por su naturaleza, la dirección y ejecución de los
planes de contingencia recaen fundamentalmente en el
personal gerencial, precisamente el mismo personal con
cargos de dirección en PDVSA que ejecutó las acciones
de paralización de la empresa, bajo la dirección de
"Gente del Petróleo". Esto les coloca en una
particular posición de responsabilidad técnica,
política y moral, del proceso que condujo a la
paralización de esta industria con las conocidas
secuelas de daños y perjuicios acarreados al ambiente
natural, la industria misma y al país, con evidentes
implicaciones legales de responsabilidad penal y civil.
En general, el objetivo de estos planes de contingencia
es asegurar la continuidad operacional de la industria
petrolera ante eventos que puedan ocasionar
perturbaciones en la producción. En caso de paro
laboral, es decir, paralización de actividades por
parte de trabajadores de la nómina contractual, las
actividades destinadas a contrarrestar el paro laboral
implican una distribución previa de responsabilidades
operacionales en el personal de nómina mayor, y, entre
otras tareas, la protección de instalaciones críticas
en tierra y lago, complejos de plantas y centros de
control. Este plan incluye un conjunto de premisas
operacionales ligadas al ejercicio de guardias
rotativas, aseguramiento de los servicios rutinarios en
operaciones lacustres (transporte, suministro de
materiales, combustibles, etc.) producción regular de
crudo, suministro de gas a las plantas eléctricas y
complejos de procesos, suministro de electricidad,
agua, y otros. Además, implica el control riguroso de
entrada a centros de operaciones automatizadas (COA),
junto con el uso regular de los equipos telemáticos
para el control y protección tanto de la producción
como del ambiente y las personas. Otra acción
necesaria incluye el manejo estratégico del sistema de
radio troncalizado para información confidencial.
Muchos de los mecanismos y procedimientos que se
encontraban bajo la responsabilidad estratégica de la
nómina mayor para la ejecución de los planes de
contingencia, cuyos principios operativos se
fundamentan en factores clave de seguridad, protección
ambiental e insumos de la producción, fueron
sistemáticamente desmantelados, entorpecidos o
destruidos. A este esquema de sabotaje se sumó la
falla deliberada de los servicios contratados de
embarcaciones tales como lanchas y remolcadores en los
diferentes muelles del lago, y de transportes
terrestres, cuyas funciones involucran el transporte de
personal, de materiales y equipos, combustibles, y
actividades de mantenimiento y protección ambiental.
Salta a la vista la responsabilidad de las empresas
contratistas que se sumaron a este sabotaje.
Los planes de contingencia fueron anulados en gran
medida, en tanto las opciones preventivas dirigidas a
contrarrestar eventos como toma de las instalaciones y
paro de contratistas, no pudieron ser ejecutados con
esfuerzo propio, por el abandono ilegal de
responsabilidades. Obviamente, la ejecución de las
operaciones previstas en el plan de contingencia de los
servicios operacionales corre pareja con el respectivo
plan de contingencia contra derrames (PNC), el cual,
como ya mencionamos, también sufrió los efectos del
abandono de labores de los ejecutivos a su cargo, ya
que los servicios operacionales también ofrecen apoyo
de transporte, comunicaciones, combustibles, etc.
necesarios para ejecutar las medidas de prevención,
mitigación de riesgos y daños a las instalaciones y las
personas en la industria y comunidades circunvecinas.
El caso de la afectación ambiental de los ecosistemas
del Lago de Maracaibo reviste una significación
especial, en tanto el violento sabotaje de
instalaciones de alto riesgo como son los equipamientos
que manejan los hidrocarburos, puso de relieve la
nulidad del papel del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales (MARN) como garante de la protección
del equilibrio ecológico del principal cuerpo de agua
interno del país, y como vigilante de las actuaciones
de la industria frente al ambiente natural.
Una vez más, se demostró la incapacidad crónica del
MARN para ejercer un monitoreo continuo de las
actividades petroleras. Ya conocida la situación de
los derrames de crudo causados deliberadamente como
parte del plan de atentados que se describe en este
documento, el Ministerio del Ambiente manejó la
situación en forma genérica y ligera. La versión de
que los derrames petroleros causados no superaban el
nivel de contaminación habitual y la infeliz frase de
que la situación ambiental del lago era "normal" no
hizo sino profundizar la imagen cotidiana y tradicional
que muchos zulianos hemos tenido de PDVSA como una
"caja negra" que esta por encima de cualquier auditoría
gubernamental, mientras se consolidó la idea
predominante de que la industria petrolera mantiene una
situación de derrames crónicos, conocidos por los
vecinos del lago y en general por quienes hemos
mantenido una relación vivencial permanente con la vida
del Lago de Maracaibo. Inclusive, personeros de ese
ministerio hicieron declaraciones muy explícitas en
torno a la tradicional relación de exclusión
institucional que ha mantenido PDVSA, evitando la
supervisión de la gestión ambiental petrolera por parte
del ejecutivo.
Los daños habituales a la ecología lacustre y
terrestre: un gigantesco, creciente e inauditado pasivo
ambiental
Como lo declaró la titular del Ministerio del Ambiente,
los derrames ocurridos en el Lago durante el paro
petrolero no presentaron una frecuencia muy superior a
los períodos anteriores y fue observada una situación
habitual en ese sentido.
Los recientes daños ocasionados a las instalaciones
petroleras de tierra y lago, la biota lacustre,
esencialmente representada por el fito y el zoo
plancton, principales eslabones de la cadena trófica,
así como los moluscos, crustáceos (invertebrados) y los
peces cartilaginosos (rayas) y óseos (vertebrados)
fueron objeto de desequilibrios puntuales en lo que
respecta a la sobrevivencia y migración debido en
esencia a los derrames de crudo y otros derivados que,
a modo de cerco altamente tóxico y letal, asfixiaron
específicos espacios de vida en el sistema lacustre.
Sin embargo, es necesario señalar que la historia de
las agresiones al ambiente natural en nuestra región ha
acompañado permanentemente el desarrollo de la
industria petrolera, petroquímica y carbonífera, por lo
que este caso no es una excepción a la conocida
caracterización de los efectos de estas industrias en
los ecosistemas, en el mundo entero.
Para ser específicos y responsables con estos
señalamientos, pese a que en la actualidad ninguno de
los organismos e instituciones públicas o privadas han
difundido el resultado o cuantificación del coste
ambiental que significaron estos actos de irresponsable
y fascista signo, podemos citar algunas referencias
provenientes del libro "El Sistema de Maracaibo"
editado por el Dr. Gilberto Rodríguez (Centro de
Ecología-IVIC) cuando, en el capítulo 7 del mismo,
dedicado al manejo de los recursos naturales del
Sistema de Maracaibo destaca en relación a los efectos
del petróleo sobre los seres vivos lo siguiente:
"El daño del petróleo y sus componentes a los
organismos puede ser por efectos mecánicos o químicos.
Los efectos químicos son ejercidos solamente por los
compuestos solubles en agua. La solubilidad de los
hidrocarburos es notablemente baja; sin embargo, las
parafinas de cadena recta hasta 8 átomos de carbono y
varios compuestos aromáticos tienen una solubilidad
considerable; benceno 880 ppm; tolueno 470 ppm; pentano
360 ppm; hexano 138 ppm; heptano, 52 ppm. A parte de
los compuestos fenólicos que son muy solubles en agua,
los elementos más tóxicos son los hidrocarburos
aromáticos más volátiles.
(a)Peces: El efecto del petróleo crudo sobre los peces
es principalmente mecánico. Sin embargo, la superficie
externa del cuerpo, así como la boca y cámaras
branquiales están recubiertas de mucus que es repelente
del petróleo. Los fenoles irritan las branquias,
causando fuerte secreción y destrucción de la membrana
mucosa; también afecta el sistema nervioso central y el
sistema endocrino. El límite de toxicidad para los
peces parece estar cerca de 20 ppm.
(b)Moluscos: La experiencia obtenida del estudio de
grandes derrames ocasionados por accidentes de barcos
en el Mar del Norte y en la Costa de los Estados
Unidos, muestra que los moluscos sufren fuertes
mortalidades en esas ocasiones. En particular los
ostrales (Crassostrea sp. -género de las ostras de
mangle-) pueden ser obliterados cuando el petróleo se
hunde en masa.
Examinando esta situación a la luz de las acciones
dirigidas como palancas políticas, a perturbar la
estabilidad económica nacional, no podemos menos que
notar la ausencia de valores éticos ecológicos en ese
movimiento político dentro de PDVSA que involucró a
factores de alto nivel técnico, que llegaron a
atreverse a desertar de sus responsabilidades en el
plan de contingencias contra derrames y permitieron la
ejecución de atentados contra el Lago de Maracaibo, y
pusieron en peligro a las comunidades adyacentes a las
instalaciones petroleras.
Esta nefasta acción contra el ambiente con fines
políticos por demás ilegítimos, no solamente trajo como
consecuencia nuevos impactos negativos contra el lago,
sino que constituyó también una mayúscula violación de
la confianza que la población quiere sostener ante la
gestión de los funcionarios encargados del manejo y
protección de nuestras riquezas naturales y su
preservación para las futuras generaciones. En este
panorama moralmente desolador se revela el carácter
espurio de las relaciones públicas corporativas con que
se manipuló aquella hermosa frase "Cuidar es querer"
por líderes que dirigieron a PDVSA por muchos años y
que hoy, con su movilización antinacional, demostraron
querer poco, y lejos de cuidar, prefirieron dañar.
Al lado de ese deshonroso desempeño gerencial, queremos
resaltar y apoyar lo que parece emerger como una nueva
manera de plantear la ética de las relaciones públicas
ante el entorno comunitario regional, expresada en
diversas declaraciones públicas de Félix Rodríguez,
Gerente de PDVSA Occidente, en el sentido de que la
población debe conocer la verdadera realidad de los
riesgos de la producción petrolera y contribuir a la
protección de las instalaciones, a esto sumamos las
declaraciones de la Ministra del Ambiente Ana Elisa
Osorio, quien señaló que la gestión ambiental de la
industria petrolera nacional se hará mas transparente
en su gestión ambiental y el Estado retomará su
autoridad de supervisión sobre la misma.
Asimismo, queremos hacer un reconocimiento a aquellos
empleados de las diferentes nóminas de PDVSA que
contribuyeron a reactivar y mantener activa la
industria petrolera aún a riesgo de su propia
integridad, como lo evidenciaron los ataques y afrentas
personales que encararon gerentes, supervisores y
trabajadores de diferentes áreas, donde se llegó
inclusive a atentados con armas de fuego, ataques a
vehículos en plenas labores, disturbios en campos
petroleros, instalaciones, etc., como llegó a ocurrir
en la Costa Oriental del Lago y otros lugares del país.
Finalmente, es importante acotar que la reactivación y
normalidad productiva de PDVSA es una demostración
irrefutable de que las operaciones petroleras funcionan
de una manera continua, bajo el control operativo de un
personal que demuestra preparación, competencia técnica
y destrezas apropiadas para el manejo de las
instalaciones, en tanto la supuesta siniestralidad que
fue denunciada por Gente del Petróleo y achacada a la
torpeza e inexperiencia de un personal advenedizo se ha
esfumado como una evidente falacia. Demás está decir
que no estamos presenciando un acrecentamiento de
situaciones inéditas de contaminación, explosiones e
incendios en la industria petrolera, sino que
observamos la conocida situación de normalidad
productiva, en un ambiente lacustre sometido a las
presiones ambientales por todos conocidas y denunciadas
de antiguo por académicos, pescadores y ambientalistas.
Es importante acotar que La Universidad del Zulia ha
ofrecido información producida en interesantes
investigaciones relacionadas, entre otras, con la
siniestralidad laboral y la afectación de la salud de
la población regional.
Seguidamente, el paro petrolero, al descontinuar la
producción de hidrocarburos e impedirse la carga de los
buques-tanqueros que transportan el crudo hacia el
exterior, detuvo las exportaciones y cortó el ingreso
de divisas que obtiene el país por el petróleo. Como
consecuencia, según la declaraciones oficiales, la
Nación venezolana sufrió un descalabro económico que
ascendió a una pérdida por el valor de 4 mil doscientos
sesenta y siete millones de bolívares (Bs.
4.267.000.000,oo), cifra que se eleva a nueve mil
doscientos dos millardos de bolívares (Bs.
9.202.000.000,oo) si sumamos el costo del paro
perteneciente al ámbito no petrolero de la economía
venezolana.
Sabotaje petrolero, democracia, soberanía y seguridad
nacional
La situación descrita pone de relieve la vulneración de
la soberanía y la seguridad del país adelantada por
elementos ajenos a los intereses de la Nación, además
de que constituye un severo golpe a los derechos de los
venezolanos a la participación en la toma de decisiones
de los aspectos estratégicos de la vida republicana.
La insólita ligereza de sumar nuestra principal
industria a este paro petrolero nacional resalta en
proporción directa a la unilateralidad y arbitrariedad
política de quienes se arrogaron ilegítimamente la
representación de la mayoría de la población para
ejercer acciones insurreccionales contra el Presidente
de la República.
La consecuencia inmediata de este paro petrolero fue el
corte generalizado de suministro de gasolina, gasoil y
gas doméstico, entre otros productos derivados de los
hidrocarburos. Esto condujo a una brusca y profunda
caída de la calidad de vida de la población, inédita en
la historia contemporánea del país, que se tradujo en
un gran sufrimiento de la población, principalmente
debido al subsecuente desabastecimiento y
encarecimiento de todos los artículos de primera
necesidad, semejando esta situación un estado de sitio
por mar y tierra con sus consecuencias de creciente
ahogamiento de las condiciones de supervivencia de la
población, que padeció de una gran incertidumbre. Como
parte del paro petrolero, esta situación fue agravada
con el fondeado de los buques petroleros frente a
Maracaibo. Al lado del intento de impedir que los
embarques de gasolina descargaran en el terminal de
Bajo Grande, se difundió en forma alarmista a través de
los medios privados que se corría el riesgo de
explosión si se intentaba la movilización de estos
barcos. Esta maniobra de terrorismo psicológico
provocó muchas horas de zozobra en la población local,
especialmente de los habitantes cercanos al lago.
Prominentes voceros de la oposición aparecieron en la
televisión con predicciones de accidentes y mortandad
masiva bajo las llamas que provocaría en Maracaibo el
incendio de los cuarenta y cuatro millones de litros de
gasolina que trasportaba el buque Pilín León.
La paralización petrolera y el manejo mediático que
sirvió de soporte ideológico y propagandístico a este
vasto plan conspirativo conformaron un cuadro ejemplar
de manipulación política que evidenció tácticas
terroristas, como las que hemos descrito en el caso de
los derrames petroleros intencionales y sabotaje a
diversas instalaciones de alto riesgo y el alarmismo
con que se manejó públicamente el riesgo de fondear el
buque Pilín León frente a la ciudad de Maracaibo.
En el plano de la soberanía de Venezuela, salta a la
vista que el desarrollo de este plan conspirativo puso
de relieve la vulnerabilidad de la Nación, en tanto se
evidenciaron debilidades del estado venezolano para
mantener la integridad nacional, la seguridad económica
y la capacidad de respuesta de nuestras Fuerzas Armadas
frente a las amenazas a que fueron sometidas las
fuentes energéticas de indiscutible carácter
estratégico para la movilización militar. La gravedad
de este panorama adquiere una significación específica
ligada a la subordinación de nuestra principal
industria a empresas de filiación extranjera con una
conducta evidentemente adversa a los intereses de la
industria nacional.
Es importante señalar que el abandono de
responsabilidades por parte de miembros de la nómina
mayor de PDVSA y la reactivación de la corporación por
empleados no sumados al paro, ha brindado una
oportunidad al país para aliviar a la industria
petrolera de una onerosa sobrecarga de personal a nivel
gerencial, aunque resulta también preocupante la
pérdida de una parte de la experiencia tecnológica
acumulada en este contingente profesional que abandonó
sus labores. En este punto, emerge un aspecto moral de
suma importancia, pues debe prevalecer un tratamiento
profundamente ético y transparente que contribuya a
proteger los valores bioéticos humanos y sociales de
los venezolanos y la integridad de la Nación soslayada
en la violación de los fundamentos del mejoramiento de
la calidad de vida de la población. Esta necesaria
actitud ética debe fundamentar la conducta de nuestro
sistema judicial que redundará en evitar la expansión
de una "cultura de la impunidad" en el manejo de los
asuntos públicos de los venezolanos, en éste y en todos
los casos donde se evidencie, como lo ha sido el
sabotaje de PDVSA, una violación a la integridad de la
Nación Venezolana.
Es de suprema importancia recalcar que el asunto
petrolero no es un problema estrictamente técnico,
reducido a los aspectos productivos o a los efectos de
la contaminación ambiental provocada en la explotación
de los hidrocarburos, sino que está referido a las
dimensiones políticas, económicas y ecológicas
centrales de la vida nacional, y por ende, gravita de
manera estratégica en la vida de cada uno de nosotros,
por lo que, en esta cuestión, la defensa de los
intereses petroleros venezolanos equivale a una
necesaria política del estado expresada en la
protección de todos nuestros recursos naturales
renovables y no renovables, el aumento de nuestra renta
petrolera, la estabilización y bajo nivel de producción
de crudo con los mejores precios, y la propiedad
social, pública y soberana de Petróleos de Venezuela,
bajo modalidades y asociaciones productivas y
comerciales que aseguren el control nacional del
producto petrolero para beneficio equitativo de todos
los venezolanos, donde la privatización sea solamente
un mecanismo necesario para reforzar el manejo
equilibrado de la industria y no la oportunidad para
reproducir élites gerenciales que aprovechan sus
poderes funcionales para extorsionar a la Nación y
beneficiar intereses transnacionales.
En el comienzo del siglo XXI, la coyuntura de cambios
que vive PDVSA debe ser aprovechado como una formidable
oportunidad de transición hacia una organización
productiva que cumpla el papel de centro de irradiación
de innovaciones tecnológicas y sociales, que se oriente
al desarrollo endógeno y soberano de una economía
respetuosa del equilibrio ecológico, la diversidad
cultural y la equidad social.
(*) Mg. Jorge Hinestroza, Docente e investigador Área
Ambiental, Facultad de Ciencias. Br. Nicanor
Cifuentes, Tesista de la Licenciatura en Biología
Facultad de Ciencias. MSc. Hender Urdaneta, Docente e
investigador Área Ambiental. Facultad de Humanidades y
Educación. MSc. Blanca Medina - Investigadora Área
Ambiental. Facultad de Humanidades y Educación. Ing.
Luis H. Arciniegas, Docente Área Computación. Facultad
de Ciencias. Dra. Ana M. Castellano, Docente e
investigadora Área Social. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.
La Universidad del Zulia. Facultad Experimental de
Ciencias. División de Formación General
https://www.alainet.org/es/active/4019