Hace dos años, al iniciarse la transición democrática, y a instancias de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, fue creada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Más allá de los hechos que caracterizaron el conflicto armado interno, hay causas profundas que debemos encarar seria y responsablemente, para eliminarlas y lograr así que el pasado no se repita. Por eso, es necesario que todos en el Perú nos pongamos a trabajar, con solidaridad y decisión, para lograr un nuevo pacto social que lleve a una honda transformación de nuestra convivencia. Esa transformación deberá manifestarse en la participación democrática de la sociedad organizada, en la constante atención del Estado a la situación real de la población, en la subordinación de las Fuerzas Armadas y Policiales al poder civil, en el respeto a las diferentes culturas que existen en nuestro territorio, en el control de los grupos alzados en armas y en el reconocimiento efectivo y universal de todos los derechos, incluidos los derechos económicos y sociales. Las agudas desigualdades que caracterizan al Perú deben reducirse resueltamente, con estrategias de desarrollo humano para combatir la pobreza y la exclusión. Esto incluye medidas que amplíen y den calidad a los procesos educativos, amplíen y mejoren la atención sanitaria y de salud, combatan frontalmente la corrupción e incrementen sustancialmente la tributación, para posibilitar la equitativa redistribución de la riqueza. Se acerca ya el momento en que la CVR presente el informe de su trabajo. Los que firmamos tenemos la firme confianza de que ese Informe reflejará la terrible realidad de lo ocurrido en esas décadas. Hacemos un urgente llamado a todos para vencer el miedo y la pasividad y para que dicho informe reciba el más efectivo respaldo de los poderes del Estado, de los partidos políticos y de todos los ciudadanos y ciudadanas, a fin de que se procese con justicia y sin privilegios a todos los victimarios, y se cumpla con reparar a los que sufrieron y sufren, en carne propia, los efectos de las infames violaciones contra su dignidad personal y sus derechos. El Perú entero enfrenta un serio desafío para dar a las víctimas del conflicto armado interno iniciado en 1980, el lugar que, como seres humanos y habitantes de nuestro país, les fue negado, sobre todo en esos años sombríos. En efecto, las víctimas del largo período de violencia, en su gran mayoría, pertenecieron o pertenecen aún, a los sectores más pobres y menospreciados del Perú. El trato inhumano que recibieron, al ser asesinados o desaparecidos, al quedar con las huellas de violaciones y humillaciones, al perder a sus familiares o ser despojados de sus pocos bienes, al verse obligados a migrar a lugares desconocidos, hace que todos en el Perú estemos en deuda con ellos. Quienes suscribimos nos comprometemos a hacer todo lo que de nosotros dependa para lograr en el Perú una auténtica reconciliación, es decir, una nueva forma más humana de convivencia sin exclusiones, basada en la verdad, la justicia, la solidaridad y la paz. Suscriben: Ivonne Maccassi, Asociación Nacional de Centros
Laura Vargas, Comisión Episcopal de Acción Social
Francisco Soberón, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Federico Arnillas, Conferencia Nacional de Desarrollo Social
Javier Azpur, Propuesta Ciudadana
Irene Díaz, Conferencia de Religiosos del Perú
Víctor Arroyo, Concilio Nacional Evangélico del Perú
Rocío Valdeavellano, Red Jubileo 2000
Rosa María Mujica, IPEDEHP
Rosa Alayza, Instituto Bartolomé de Las Casas
Pilar Coll, Amparo Huamán, Felipe Zegarra, Tomás Burns,
Jorge Alvarez Calderón, del Taller de Derechos Humanos del IBC
Ernesto Alayza, Centro de Estudios y Acción para la Paz