Tras cinco meses de haber gobernado prácticamente sin oposición, el presidente Lucio Gutiérrez comienza a enfrentar las primeras expresiones de protesta social ante una conducción económica que va en dirección opuesta a las promesas electorales, al tiempo que se agita el ambiente político, incluso con amenazantes vientos de inestabilidad, por la reacción de poderosos sectores económicos que de un momento a otro se han visto presionados a pagar las deudas contraídas con la banca quebrada, hoy en manos de la AGD; pero el mandatario, en tanto, ha logrado nuevos puntos en el frente militar y policial con los cambios de sus respectivas cúpulas. Durante la campaña electoral, Gutiérrez prometió una transformación profunda del país para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, en consonancia con los postulados levantados el 21 de enero de 2000, cuando se dio el levantamiento popular que derrocó al ex-presidente Mahuad. Bajo esa perspectiva se articuló la alianza entre su partido, Sociedad Patriótica (PSP), y el Movimiento Plurinacional Pachakutik (PK) -que tiene como columna vertebral a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)- y, a la vez, su candidatura recibió el respaldo del Movimiento Popular Democrático (MPD) y de una amplia gama de organizaciones sociales. Sus permanentes marchas y contramarchas, en ese vano intento de satisfacer a todos, desde un primer momento dejaron en claro que con el actual mandatario no llegarían los cambios profundos anunciados, pero se estimaba que al menos se produciría una mayor atención a lo social. Posibilidad circuitada tempranamente con la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ante todo busca asegurar el pago de la deuda externa y la continuidad de las políticas de ajuste estructural, postergando las políticas sociales. Sube el tono Desde entonces, no han cesado los pedidos al Presidente para que rectifique rumbos, tanto por parte de las fuerzas políticas aliadas (PK y MPD) como de los diversos sectores sociales que contribuyeron a su triunfo. A mediados de mayo, las presiones subieron de tono con el inicio del paro decretado por la Unión Nacional de Educadores (UNE) en demanda del presupuesto para la educación y un incremento salarial para los maestros cuya solución se dilató casi por un mes debido a que el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, no quería "quedar mal" ante el FMI aflojando la mano de la "austeridad fiscal". A esta acción se encadenaron la huelga de los trabajadores de la compañía estatal de petróleos (Petroecuador) y de otros gremios del sector público (salud, eléctricos, judiciales, entre otros). De estas paralizaciones, particular relevancia adquirió la emprendida por los trabajadores petroleros no solo porque estuvo orientada a denunciar y frenar la política privatizadora delineada por el Ministro del ramo -punto también contemplado en el acuerdo con el FMI-, sino por las secuelas que está teniendo para el sindicalismo público. En lo que se ha considerado como un virtual "golpe de estado", el Ministro de Energía, Crnl. (r) Carlos Arboleda (PSP), inicia su acción precipitando la salida del Consejo de Administración de Petroecuador, aduciendo que éste no responde a los planes gubernamentales de apertura a la inversión privada en el sector. Los miembros de ese Consejo habían señalado que no se oponen a la inversión externa, pero que es necesario establecer regulaciones claras para tales inversiones. Más todavía, habían propuesto la eliminación de intermediarios en los negocios de gas y combustibles para ahorrar dinero. Un contrato con la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la importación directa de gas anticipaba ahorrar al Estado el 30% del costo. Dentro de sus planes, el Ministro se aprestaba a dar paso a la suscripción de contratos de Asociación con compañías extranjeras, incluyendo los cinco grandes campos petroleros, refinerías, terminales, oleoductos y poliductos, cuando tal modalidad solo está prevista para proyectos de riesgo. Con tales contratos el Estado pasaría a recibir una participación del 40%, siendo que actualmente Petroecuador entrega al Estado el 99.3%. Ante estos hechos, los trabajadores se declaran en paro y suspenden la entrega de combustibles. Como esta medida genera malestar en varios estratos de la población, el ministro Arboleda -en tandem con el sector empresarial y medios de difusión- aprovecha la ocasión para desplegar una intensa campaña para descalificar y condenar la medida, aduciendo que ésta estaba orientada a lograr la firma de un contrato colectivo plagado de canonjías. Con la opinión pública a su favor, bloquea toda negociación para dar paso a una respuesta autoritaria que apunta a descabezar a la dirigencia sindical -acusándola de "terrorista", "delincuente" y otros términos afines-, con despidos, allanamientos de domicilios, detenciones, que se realizan atropellando procedimientos jurídicos y constitucionales. Si bien el gobierno ha aceptado que no se privatizará petróleo, no se licitaran los cinco grandes campos y que Petrocomerical continuará envasando y comercializando gas, que eran las principales demandas del paro en Petroecuador, la arremetida contra los sindicatos petroleros parece que se mantendrá no solo para sacarse de en medio a una dirigencia crítica, sino como ejemplo disuasivo para el resto del sindicalismo público. En este contexto, la CONAIE llevó a cabo, el 16 de junio, la I Cumbre de las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas que concluyó con la elaboración de un "Mandato" de 82 puntos para que el gobierno rectifique sus políticas económica y social. El documento, que fue entregado al presidente Gutiérrez al día siguiente, entre sus principales exigencias señala la reorientación de la política económica y la salida del frente económico, la no privatización de las áreas y recursos estratégicos del Estado, la realización de una auditoria del pago de la deuda externa, la no intervención en el Plan Colombia, el financiamiento de las políticas agrarias planificadas por el Ministerio de Agricultura y mayores recursos para el área social en general. La organización indígena ha manifestado que de no ser escuchada, se abre la posibilidad de un levantamiento. Por presión de las organizaciones de base, la CONAIE ha venido tomando distancias del régimen y afirmando su autonomía respecto al movimiento Pachakutik, del cual es un componente central. PK, por su parte, libra una contienda a aparte con su aliado PSP. Una de sus cuotas en el régimen, Virgilio Hernández renunció el pasado 13 de junio a su cargo de subsecretario del Ministerio de Gobierno, denunciando que alrededor del Presidente existe un "círculo oscuro" conformado por familiares íntimos y dirigentes de SP. El Montesinos criollo de este círculo sería el Crnl. (r) Patricio Acosta, Secretario de la Administración, quien además estaría conformando un cuerpo especial de seguridad y vigilancia. Aunque posteriormente Gutiérrez dispuso que se regularicen consultas entre las dos colectividades para bajar las tensiones, las diferencias que les contraponen son de magnitud: SP es un partido comandado por militares, con marcados rasgos autoritarios y sin definición ideológica clara, donde lo que cuenta es la lealtad al caudillo, el presidente; mientras PK es un movimiento forjado en las luchas sociales e indígenas de los últimos tiempos, que demanda una profundización y ampliación de la democracia. En todo caso, lo evidente es que la línea de los coroneles se afianza de más en más. Desestabilizaciones El 17 de junio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. Oswaldo Jarrín, presenta su renuncia - aparentemente por haberse negado al pedido del ministro Arboleda de militarizar los campos petroleros, por no existir mandato legal- y a reglón seguido Gutiérrez remueve a la cúpula de las FF.AA. y de la Policía. Todo parece indicar que esta fórmula se mantendrá hasta que llegue el turno de oficiales incondicionales al coronel presidente. Paralelamente, trasciende a la opinión pública el pedido del mandatario al cuerpo castrense para que se "limpie la hoja de vida" de los militares que -junto con él- participaron en las acciones del 21 de enero de 2000, punto al que también se habría opuesto el Gral. Jarrín. El tema ha pasado a ocupar un espacio importante en el debate público entre quienes consideran que se trata de un acto de justicia y quienes temen por la politización de la institución armada y la consiguiente desestabilización. De hecho, "desestabilización" es una palabra que se ha puesto de moda. La propia presidencia se ha encargado de ello al denunciar la existencia de fuerzas desestabilizadoras en su contra, aupadas por importantes sectores económicos que súbitamente se han visto presionados a pagar deudas que consideraban "perdidas", por la acción emprendida por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tras la posesión, en marzo, de la nueva gerenta Wilma Salgado. Aunque el gobierno no ha sustentado tales denuncias, lo que si se constata es que la presencia de Salgado en la AGD ha desatado una dinámica arrolladora. La AGD se constituyó en plena crisis bancaria, supuestamente, como dice su nombre, para proteger a los depositantes, pero en su conducción se colocó a personas vinculadas a la misma banca quebrada. Cuando el actual presidente decide entregar la conducción de la entidad a Pachakutik, no faltaron los analistas que vieron en esta decisión una movida para sacarse de encima a su socio incómodo, al entregarle una institución prácticamente agonizante. PK propone el nombre de Salgado, una académica meritoria, quien en poco tiempo, desenredando un complejo y hermético mecanismo de encubrimiento, pasa a la ofensiva con medidas cautelares para forzar el pago a los morosos de la banca quebrada. Es tal el impacto, que el respaldo ciudadano no se deja esperar y esto acarrea a que el ejecutivo asuma una posición similar. Es en este estado de cosas que se activan los partidos vinculados a esos grupos económicos. Es así como el derechista Partido Social Cristiano del ex-presidente León Febres Cordero -quien hasta hace poco sostenía que no es necesario hacer oposición, sino dejar que el gobierno caiga por sus propios errores- irrumpe en escena, y de un día para otro pueden rodar las cabezas de los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, habida cuenta del peso que significa ser partido mayoritario en parlamento atomizado y de alianzas precarias. Por lo pronto, parece que la prioridad es la destitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, quien tiene en sus manos casos claves, incluyendo el juicio a los ex-propietarios del Filanbanco. El pasado 18 de junio, Bermeo denunció que es objeto de presiones por parte de un poderoso dirigente político, no dio el nombre pero todos miran en dirección de Febres Cordero. De primar la lógica que hasta ahora ha prevalecido en el gobierno: ceder ante las élites, con el supuesto de neutralizarlas, aunque ello implique atarse de manos, nada sorprendente sería -como anticipan varios analistas- que en poco se configure una nueva mayoría parlamentaria con partidos de derecha y SP, teniendo como elemento común la subordinación a los lineamientos del FMI y a las políticas de Washington.