Colombia

Responsabilidad Gubernamental, Internacional y Militar en la Mortandad y el Despojo Indígenas

Bartolomé Clavero

28/05/2010

Opinión

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“Las comunidades indígenas y las afrocolombianas son víctimas de todas las partes en conflicto (…). Muchos de los asesinatos se producen en localizaciones significativas a efectos militares o económicos. En el pasado, los paramilitares, a veces en connivencia con el Ejército, se apropiaron de tierras pertenecientes a indígenas o afrocolombianos y cometieron masacres para intimidar a la población local y doblegar su resistencia. Más recientemente, los grupos armados ilegales y las fuerzas guerrilleras que combaten entre sí por el control de la tierra y del tráfico de drogas han asesinado o desplazado a gentes de comunidades. Las comunidades indígenas y las afrocolombianas se ven a menudo atrapadas en una posición imposible dentro del conflicto, entre los requerimientos de cooperación por parte del Ejército y los procedentes de grupos armados ilegales. El Ejército, en vez de suministrar protección, a menudo entiende los esfuerzos de la población indígena por proteger sus derechos como si fueran formas de subversión o de colaboración con las guerrillas”. Son apreciaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en su reciente Informe sobre Colombia tras la visita efectuada hace cerca de un año.

Las responsabilidades son múltiples, pero las del Gobierno, inclusive las de sus fuerzas militares y las de grupos armados ilegales de parte latamente gubernamental, resultan, por las obligaciones constitucionales y compromisos internacionales del Estado, especialmente graves. El Gobierno incluso ha puesto en marcha un programa de premios económicos por bajas al enemigo que fomenta los asesinatos indiscriminados, esto es más allá del objetivo de despojo de tierras y recursos a comunidades indígenas y afroperuanas al que el mismo Gobierno, con los intereses empresariales que hace suyos sin mucho disimulo, tampoco es completamente ajeno. No obstante, el mismo Gobierno ha adoptado una política de puertas abiertas al escrutinio internacional, bien que lo hace con la habilidad de generar en las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas una inclinación a subrayar más la aparente buena disposición que las no menos evidentes responsabilidades tanto por acción y por impulso como por omisión y por connivencia. Ocurre en el mismo caso de la visita que lleva a este Informe: “Durante mi misión en Colombia recibí colaboración en grado sumo de los funcionarios del Gobierno, quienes manifestaron repetidamente su disponibilidad a sugerencias de reformas. Debe encomiarse a Colombia por su actitud verdaderamente poco común”.

Por otras cosas no debe encomiársele desde luego, pero, al señalarse esto, las tintas no se cargan como en el encomio. Se advierte en las propias recomendaciones: “El Gobierno debería asegurarse de que sus políticas no contribuyan directa ni indirectamente a la continuidad de los ataques a grupos que en grado desproporcionado vienen constituyendo objetivos para todas las partes a todo lo largo del conflicto”. ¿Tan sólo se trata de que el Gobierno cuide de que unas políticas no se desvíen de tal forma? ¿No hay problemas con las políticas mismas? ¿Es buena política la de premiar muertes económicamente? ¿Lo son otras que el mismo Informe registra? ¿Lo es la resistencia del Gobierno a que la jurisdicción ordinaria entienda de muertes producidas por militares? ¿Y cuando ni siquiera se favorece la actuación de la justicia frente a delitos sangrientos y no sangrientos, inclusive los de corrupción política, de grupos paramilitares? ¿No hay sospechas bastante consistentes de connivencia del Gobierno en los efectos del conflicto que despejan tierras indígenas y así el camino para el acceso empresarial a recursos? ¿No viene fallando la voluntad del Gobierno por asumir y hacer cumplir los estándares internacionales sobre el tratamiento de las personas y comunidades desplazadas por el conflicto? ¿No hay pruebas en el Informe de que el Gobierno desatiende las indicaciones del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo? ¿No descuida incluso el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y especialmente en casos de interés indígena? Son sólo algunas preguntas sintomáticas. ¿No está repleto de indicios sospechosos el mismo párrafo del Informe que he citado al inicio?

Que sobre la trayectoria del Gobierno y en especial de su Ejército hay dudas y que las dudas son serias, por eventualmente criminales, lo da por entendido el Relator Especial al recomendar una Comisión de la Verdad: “El Gobierno debería tomar en consideración la creación de una comisión de la verdad que lleve a cabo una investigación independiente y sistemática acerca de la historia del conflicto armado y de la responsabilidad por las muertes y otros abusos cometidos durante el mismo por paramilitares, el Ejército y las guerrillas”. ¿Ese es todo? ¿No habría de extenderse la indagación a las políticas que se han alimentado y han engordado alrededor del conflicto? ¿No habría de conectarse la sugerencia de la comisión con “los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación” a los que se refiere el propio Informe en otro contexto? ¿Y no parece entonces poco precavido dirigir la sugerencia al Gobierno sin más condiciones como podrían ser, por ejemplo, la de una participación internacional y, más importante todavía, la de las propias víctimas? ¿No está Colombia tan abierta al escrutinio exterior? Comienza por no estarlo su Gobierno al escrutinio interior.

En fin, es el estilo usual del escrutinio internacional en nombre de los derechos humanos, más diplomático que riguroso. En casos como el de Colombia, con su aparente transparencia, corre el riesgo de contribuir a la coartada de unas políticas de hechos consumados y de impunidad asegurada. El Gobierno estaría continuamente demostrando su buena voluntad ante las consecuencias de un conflicto del que no sería responsable. La sociedad internacional debería respaldarle y ayudar a reforzarle. Es el mensaje final que se arriesgan a transmitir unas visitas reiteradas con sus repetitivos informes. De esta forma, el Gobierno de Colombia sigue de hecho manteniendo un buen margen de maniobra para sus políticas opacas de aprovechamiento del conflicto.

¿Hay salida? A estas alturas la llave está en el petate de la guerrilla, particularmente en el de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Si se disolviesen como fuerza militar, adoptasen la vía política y asumiesen su responsabilidad por crímenes contra los derechos humanos, podrá superarse una situación tan perversa que permite políticas tan retorcidas. Será bueno que algún día ambas partes principales del conflicto, la gubernamental y la militar guerrillera, respondan ante la justicia internacional no por el enfrentamiento bélico, sino por la coincidencia en el designio de despejar la tierra de indígenas, lo que recibe el nombre de genocidio.

- Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas - http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6279

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