Brasil, Estados Unidos y Argentina son los mayores exportadores de soja del mundo. Paraguay, con dimensiones territoriales exageradamente menores, ocupa el cuarto lugar. Durante el ciclo agrícola 2008-2009, se cultivaron en el país más de 2.600.000 hectáreas de soja[1], 95% con variedades transgénicas patentadas por Monsanto. Gran parte de los cultivos se encuentra en manos de extranjeros, principalmente brasileños, que llegaron al país en busca de tierras fértiles, aprovechando los precios muy ventajosos en comparación con los de la región y las enormes facilidades dadas por el Estado paraguayo para la importación de insumos, la producción y la agroexportación. La absoluta mecanización del proceso productivo llevó, por un lado, a una concentración cada vez mayor de las tierras, derivada de las economías de escala y, por el otro, a una demanda cada vez menor de mano de obra rural. La incontrolada utilización de todo tipo de pesticidas para los que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) están diseñados, ha convertido los antiguos ecosistemas en un desierto verde sumamente tóxico en el que subsiste artificialmente una sola especie viviente, cuyo paquete productivo es controlado por pocas empresas transnacionales. 

 

El modelo productivo agroexportador se inserta en un país cuya población rural sigue siendo importante (43% según el último Censo del 2002), pero ha sido históricamente abandonada por el Estado. La falta de condiciones mínimas para el goce de los Derechos Humanos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno y justamente remunerado, son elementos que se suman a los sucesivos remates y repartijas del territorio nacional que se suceden desde 1883, todos en perjuicio del campesinado pobre. El episodio más importante ocurrido en los últimos tiempos se da durante la dictadura stronista, cuando fueron repartidas de forma irregular alrededor de 12 millones de hectáreas de tierra. El resultado: Paraguay tiene uno de los índices más altos de desigualdad del mundo en cuanto a distribución de las tierras, con el 1% de la población que posee el 77% de las tierras según el Censo Agropecuario del año 1991.

 

El impacto es, pues, brutal, no solo en el campo sino también en la ciudad. La destrucción del ambiente empeora dramáticamente la situación del campesinado, cuyos únicos recursos de subsistencia, como los bosques, ríos, cultivos o animales, sufren el impacto de la contaminación con agrotóxicos o de las inclemencias de un clima cada vez menos estable, debido a la ruptura de los ciclos naturales que provocan los cambios en el territorio. La salud resiente los impactos de todo esto, y el riesgo de perder el mismo derecho a la vida acelera el vaciamiento del campo y la superpoblación de las periferias urbanas donde, a falta de trabajo, y de nuevo en paupérrimas condiciones de vida, la contra-violencia hacia el sistema se convierte en el único mecanismo de supervivencia. 

 

Los aparatos ideológicos al servicio de esta política de “represión preventiva” han funcionado eficientemente. Tanto desde el Estado, a través del sistema educativo en todos sus niveles, como desde los medios masivos de comunicación controlados por privados, se ha impulsado con éxito el agronegocio como única vía hacia el desarrollo rural. Esto ha desembocado en una sociedad cuyo capital humano más importante responde a los intereses del poder transnacional y es incapaz de pensar otro tipo de agricultura que se inserte en otros sistemas de comercio y de relaciones sociales. Al mismo tiempo, sin embargo, y aunque parezca irónico, la exclusión histórica del campesinado –que lo mantuvo relativamente ajeno a la Weltanschauung capitalista- hace que el mismo se convierta en el sujeto más importante a la hora de cuestionar el actual modelo de desarrollo y de proponer alternativas. Es por esto que el principal factor que ha obstaculizado el avance del modelo agroexportador de la soja en el Paraguay fueron y siguen siendo las organizaciones campesinas, sus acciones en defensa de las comunidades y sus proyectos, realizados y exigidos, de nuevas comunidades cuyo modelo productivo responde a una lógica en la que lo humano y lo natural es central y lo mercantil pasa a ocupar un lugar marginal.

 

Sin embargo, es importante notar cómo la lucha de los movimientos campesinos históricamente ha atravesado por tres fases: en primer lugar, la lucha por las reivindicaciones amplias (crédito, subsidio, herramientas, capacitación, etc.); en segundo, la lucha por el simple acceso a la tierra; y por último, la lucha por la supervivencia frente al avance del modelo agroexportador y sus impactos. 

 

 

El agronegocio se instala con fuerza en el Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la revolución verde y la Alianza para el Progreso, cuando se impuso el plan del trigo y se comenzó a incentivar el ingreso y asentamiento de brasileños a la zona este del Paraguay, de tal manera a ocupar, y por ende controlar, las regiones despobladas. Al mismo tiempo, los asentamientos campesinos fueron creados según criterios geopolíticos, para mantenerlos bajo control. Durante los gobiernos colorados posteriores, la situación para el campesinado no fue mejor. A pesar de que en la Constitución Nacional de 1992, se menciona una Reforma Agraria y en el Estatuto Agrario se definen sus características y las estrategias para implementarla, en la práctica se volvió al abandono del campesinado, esta vez en una situación mucho más difícil, ya que a la agresividad del agronegocio se sumó el agotamiento cualitativo y cuantitativo de tierras en el país. Más de 100 dirigentes campesinos, entre 1989 y 2007, fueron asesinados de forma directa en esta disputa por el territorio que, dado que las tierras mal habidas nunca fueron repartidas entre sus beneficiarios legítimos, ha redundado en beneficio del agronegocio.

 

Con el gobierno de Fernando Lugo se abrieron grandes posibilidades para el inicio de un proceso de cambio en Paraguay pero, al mismo tiempo, se está produciendo una rápida y amplia rearticulación de los sectores conservadores de la sociedad que, ante la nueva configuración del poder institucional, tratan de reacomodarse para defender sus intereses político-económicos. De esta manera, por ejemplo, han accedido a controlar ministerios clave para una Reforma Agraria, como el de Agricultura o el de Hacienda.

 

En esta situación, con un gobierno débil, políticamente heterogéneo –condición que lo deja casi fragmentado-, pero con pequeños núcleos progresistas que tratan de consolidarse frente a las presiones de los grupos de poder, surgen constantes acciones en defensa del proceso democrático desde los movimientos sociales, especialmente aquellos del campo. Se dan acciones a nivel nacional, regional y local como la movilización contra el intento de golpe, contra el sistema judicial actual, por la implementación de la reforma agraria integral, etc. Las respuestas del Ejecutivo –que en un primer momento era apoyado por medio de las movilizaciones-, sin embargo, siguen siendo ambiguas. Por un lado, por ejemplo, se creó la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), cuyo objetivo es impulsar la Reforma Agraria Integral, y está compuesta por organizaciones de pequeños productores e instituciones del Poder Ejecutivo, excluyendo a los sectores conservadores representados por las asociaciones de grandes productores y el Parlamento; también, luego de masivas movilizaciones de pequeños productores, el Ejecutivo propuso subsidiar la compra del sésamo, dadas las pérdidas por partida doble que ocasionaron la sequía y la estrepitosa caída del precio internacional de los productos agrícolas. Por otro lado, en más de una ocasión el Ministro del Interior se jactó de estar realizando, en promedio, un desalojo por día, defendiendo así la propiedad privada sin importar la legitimidad de la misma, además de haber reprimido diversas movilizaciones, incluso las de apoyo al gobierno, y de haber perseguido a varios líderes campesinos en un operativo policial-militar sin precedentes en la historia reciente del país; la CEPRA encuentra enormes dificultades para operar una Reforma Agraria, tanto por falta de recursos como por las trabas que ponen algunas instituciones del mismo Ejecutivo en manos de la antigua estructura y otras del aparato legislativo y judicial; y, el subsidio al sésamo fue desmenuzado luego de la reacción conservadora al intento del Estado de dar apoyo a la agricultura familiar campesina. 

 

 

El Departamento de San Pedro se caracteriza por ser una de las zonas donde la pobreza extrema es generalizada, pero al mismo tiempo, se ha convertido en el escenario simbólico de luchas y conflictos sociales. No es casual que, históricamente, San Pedro sea el departamento más reconocido por sus luchas populares protagonizadas desde el campesinado. Un espacio de disputa de poder entre movimientos sociales y sectores conservadores. Por consecuencia, es el lugar donde se registraron más represiones policiales y fiscales dentro del marco de la política de criminalización de las luchas sociales. A modo de respuesta a la avanzada del sector popular en exigencia de sus derechos constitucionalmente legítimos, se instalaron cuarteles militares en la zona norte del país, para la “lucha contra el terrorismo” y “narcotráfico”, -casualmente es la zona donde más acciones por parte de organizaciones campesinas hubo-.

 

Acontecimientos como los cuatro asesinatos de dirigentes campesinos que siguen impunes hasta ahora (dentro de los primeros cuatro meses de gobierno de Fernando Lugo), revelan la forma de accionar típica del poder judicial, una represión desmedida por parte de los aparatos del Estado, todavía con las mismas prácticas dictatoriales. Es bien sabido que el objetivo de la criminalización apunta a la desmovilización social, ya sea por medio de la represión u otro mecanismo, de manera de deslegitimar las luchas por los derechos. 

 

Al mismo tiempo, el discurso conservador se propaga con mayor intensidad y alcance a través de los medios de la prensa oligárquica y así, los proyectos de militarización y la gran cantidad de desalojos violentos y represiones ya ocurridos bajo este gobierno, son legitimados por los medios como medidas de protección de la “democracia” y las “libertades públicas”. 

 

 

Todos estos hechos nos llevan a afirmar que el modelo agroexportador atenta directamente contra la vida, los derechos socio-económicos y culturales de la población campesina y urbana. Surge la necesidad de la articulación de los movimientos campesinos, la internacionalización de formas de lucha y el desarrollo de nuevas y creativas formas de enfrentar a un enemigo común que involucren a diversos sectores sociales.

 

Los movimientos campesinos se convirtieron en actores principales y juegan un papel decisivo dentro de la coyuntura política actual, con un panorama no muy favorable, un proceso de cambio bastante lento y débil; en el que se sigue criminalizando la lucha social a pesar de que ésta es el mayor soporte del gobierno de Fernando Lugo.

 

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