¿Cómo resolver una situación en que el culpable principal, que es el gobierno, parece sentirse desvinculado? El tema de los deudores en dólares se ha convertido en un gravísimo problema que, dada la situación que vive el país, su parálisis económica, puede derivar a una catástrofe de imprevisibles consecuencias. Lo ocurrido luego de la devaluación del 2002 - en que el presidente Jorge Batlle y su escudero Alberto Bensión, sostuvieron cosas tan peregrinas como que la cotización de la divisa no se dispararía y que sería el fiel reflejo de la libertad de mercado en el marco del juego de la oferta y la demanda - fue uno de los factores que desencadenaron el problema. Contrariamente a sus predicciones, en pocos días, el dólar había saltado el cien por ciento de su cotización, determinando que las deudas en divisas comenzaran a multiplicarse, convirtiéndose en impagables. Pero la devaluación no fue lo único que ocurrió en el país: a ese cambio de las reglas del juego cambiario se sumaron las consecuencias de los más de cuatro años de recesión que se acumulaban para esa fecha provocando un gigantesco empobrecimiento de los uruguayos agobiados además por la voracidad fiscal que multiplicó el peso, en distintas etapas, del famoso Impuesto a las Retribuciones Personales.(IRP), al tratarse de asalariados y que determinó, junto a la aplicación de decenas de nuevos impuestos, una catastrófica caída del mercado interno. A ello no fue ajeno, tampoco, el incesante incremento de las tarifas. Claro que tienen razón quienes, al no estar endeudados, reclaman que los coletazos de las soluciones que se arbitren para el endeudamiento, no los afecten. Por supuesto que quienes tuvieron una actitud moderada y no se dejaron llevar por las palabras del oficialismo gobernante, que aconsejaban endeudarse en dólares, se sentirían víctimados por una solución para quienes, más allá de la realidad que se vivió en ese momento, se hipnotizaron por los cantos de sirena o - como también ocurrió - resolvieron, por otras razones, endeudarse en dólares para adquirir bienes de distinta índole. Pero, en este país convulsionado, existen más actores con una participación destacada que también están distorsionando la solución del problema. Hay representantes de la banca, que es otro de los actores con papel de primera magnitud, que hablan ahora del respeto que hay que tener por el cumplimiendo de los contratos privados y que no hacerlo rompería el equilibrio financiero. Aseguran que quienes han mantenido o retomado su confianza en el sistema financiero, los depositantes, perderían las razones para mantener sus depósitos a buen resguardo en esas instituciones. Claro, no menciona que el país vivió una crisis financiera brutal que fue el resultado de la existencia de un sistema financiero ficticio, funcional a los depósitos de dineros mal habidos provenientes, especialmente, de la Argentina. Sistema que ante un cambio de las reglas del juego, se cayó a pedazos. Tampoco se dice que el gobierno, cuando se estaba produciendo del desplome, en lugar de adoptar las medidas precautorias y adecuadas, tratando de evitar males mayores, puso en marcha un descomunal plan de salvataje que tuvo, como corolario, la pérdida de más de 6 mil millones de dólares y el inicio de un default interno que afecta todavía a infinidad de proveedores del Estado y que luego, vía "canje amigable" de deuda externa, quedó flotando como resultado final o último capítulo del drama que estamos viviendo los uruguayos, asistiendo a los últimos coletazos de un modelo cuya aplicación desordenada e irresponsable, logró quebrar al país. Este es el marco en que aparece en endeudamiento interno. Una verdadera catástrofe nacional que engloba a cientos de miles de familias y cuya resolución es compleja. En primera instancia, es más que evidente, que existe un camino que tendría un resultado dudoso que, en definitiva, no resolvería nada. ¿El respeto de los contratos que quiere los bancos, en que los deudores acordarían con los acreedores, rebajas, mayores plazos y menores tasas de interés, sería una resolución cabal para la controversia? ¿Alguien cree realmente que hay muchos uruguayos que pueden destinar alguna parte más de sus menguados ingresos en pagar lo adeudado? Los autores de esa solución no deben haber recordado que el consumo privado ha caído en más de un 60 por ciento, con una destrucción de riqueza, medida a fin del año pasado en 10 mil millones de dólares del Producto Bruto Interno. ¿Cómo estiman la morosidad que se vive, por ejemplo, a nivel del Banco Hipotecario, en que ya el 50 por ciento de los deudores no pagan sus cuotas? Obviamente el acuerdo privado desembocaría en la ejecución de garantías en un marco negativo, de una deflación de precios de bienes que ya no tienen colocación ¿Verdaderamente creen los acreedores que podrán resarcirse de lo adeudado liquidando esas garantías? ¿No se estaría alimentando, echando más nafta a la hoguera, una situación explosiva de difícil pronostico? Por supuesto que existen otras prevenciones a analizar. Ante cualquier solución que se establezca, se dice: ¿no se produciría la incorporación de oportunistas, malos pagadores consuetudinarios, que se subirían también a este carro de cualquier solución? Claro, todo ello puede ocurrir, es casi inevitable por más que se analice caso por caso. Y muchos, en esta problemática, más parecida a una vorágine kafkiana, que es el resultado de la aplicación de medidas económicas por parte de un gobierno que no entendió, ¿quizás siga con la misma enfermedad? que se había derrumbado todo un modelo económico, caducando todas sus expectativas, fundamentalmente las más peregrinas, que querían que Uruguay fuera un ámbito privatizado que ofreciera servicio, convertido en un "paraíso financiero" funcional" a los demás países del MERCOSUR. Es evidente que no todo se puede dejar a la deriva. Parece un despropósito que un problema de esta magnitud, que tiene una gravísima connotación social, afectando a miles de familias y a empresas financieras, sea resuelto sin ser determinante el análisis de lo ocurrido en el país y que afecta, gravemente, a la sociedad. Mantener, como reclaman los bancos, la vigencia de los contratos, es no considerar que las reglas del juego en toda la economía uruguaya se han modificado. Es no tener en cuenta ni la crisis, que todavía se vive, ni la política de "perdonazos" que se han reiterado en el país con otros sectores y, en especial los arbitrados para el sistema financiero. Miles de millones de dólares que han sido "socializados" entre todos los uruguayos y que, siempre, han favorecido a los mismos protagonistas que, nunca, se han caracterizado por su "patriotismo".