En seis meses la región dio un vuelco: Brasil, Ecuador y Argentina estrenaron presidentes "progresistas" y Hugo Chávez salió airoso de la ofensiva de la oposición. Un punto y aparte tras dos décadas de crudo neoliberalismo; una oportunidad para el cambio. Por primera vez en la historia sudamericana, los dos grandes países de la región -Brasil y Argentina- cuentan con gobiernos en sintonía progresista, con la voluntad explícita de producir un viraje en el alineamiento con Washington y darle una oportunidad a la región. Hasta ahora, las coincidencias fueron en sentido inverso: en 1930 ambos países sufrieron golpes de Estado que encaramaron al general José Félix Uriburu, que comandó la tristemente célebre "década infame", y Getulio Vargas, quien llevó a su país por la senda del Estado Novo, un experimento corporativista cercano al modelo fascista. En los sesenta, ambos países fueron sacudidos por dictaduras antipopulares aunque, justo es decirlo, Brasil contó con una dirigencia nacionalista que -incluso desde los años treinta- buscó con cierto éxito apartar al país de la dependencia y desarrollar la industria nacional. Ahora se abren nuevas posibilidades. Nadie sospecha, y Luiz Inacio Lula da Silva se encargó de despejar cualquier duda, que los gobiernos de la región -con la excepción de Cuba y Venezuela- se encaminen hacia una ruptura con el modelo de acumulación vigente desde hace ya más de medio siglo. Sin embargo, el distanciamiento hacia el ALCA, la voluntad de promover una integración regional a partir del Mercosur y el deseo de negociar los plazos del pago de la deuda externa para achicar la voluminosa deuda social interior, suponen buenas noticias en una región que sufre la ofensiva más fuerte del imperio desde los días de la Alianza para el Progreso y la doctrina de la Seguridad Nacional, caballos de batalla del estrangulamiento del movimiento popular de los sesenta. Los eslabones débiles Para Washington la situación actual es sumamente delicada. Su principal aliado en la región es el gobierno colombiano, presidido por el ultraderechista Alvaro Uribe, el hombre de la guerra y del Plan Colombia, dispuesto a resolver el conflicto armado de cuatro décadas a punta de fusil. Pero esa cabecera de puente es insuficiente para expandir los planes de la Casa Blanca. De todos modos, la estrategia desestabilizadora -que fracasó en Venezuela- está mostrando los colmillos. Durante la reciente reunión del Grupo de Río, realizada el pasado fin de semana en Cuzco entre los presidentes de 19 países latinoamericanos (menos Cuba), se acordó solicitar la intervención de la ONU en el conflicto colombiano. La decisión es grave y contó con la decidida oposición de Chavez. "Lo que los presidentes han acordado es muy peligroso porque abre las puertas a algo peor que una guerra, al intervencionsimo", dijo el presidente venezolano. La propuesta es clara: el devaluado organismo internacional debería hacer un llamado a las FARC a que depongan las armas. Si, como todo indica, eso no sucede, quedarían abiertas la puertas a "otras alternativas", en palabras del peruano Alejandro Toledo. Luego de la guerra contra Irak, esas "alternativas" parecen claras: se puede estar promoviendo la intervención militar, de la mano de los Estados Unidos, bendecida o no por la ONU, la OEA o el propio Grupo de Río, para derrotar a la guerrilla con apoyo internacional. De manera implícita, Washington viene a sostener la idea de que hay que elevar la apuesta del Plan Colombia, hasta convertir a ese país -y potencialmente a toda la región andina- en un gran portaviones del imperio. Esta estrategia cuenta con algunos puntos a favor. El más evidente es el debilitado gobierno de Lucio Gutiérrez, que a escasos cinco meses de su instalación se ha entrampado en sus propias contradicciones y su popularidad cayó a menos de la mitad (desde el 60 al 28 por ciento). Gutiérrez no encuentra el rumbo y en tan poco tiempo consiguió poner a su principal apoyo, el poderoso movimiento indígena, en una delicada situación: las bases de la CONAIE están discutiendo qué rumbo tomar, y es muy probable que decidan que el movimiento Pachakutik abandone el gobierno. El segundo eslabón débil es el peruano. El gobierno de Toledo, que defraudó todas las expectativas del movimiento democrático y antifujimorista que lo encumbró a la presidencia, está siendo jaqueado en la calle. Maestros, campesinos, trabajadores de la salud y funcionarios públicos, reclaman un viraje en una gestión económica empecinadamente continuista. Perú y Ecuador juegan un papel decisivo, junto a Bolivia, en las jugadas futuras de Washington: el control de la región andina es clave tanto desde el punto de vista geopolítico como para contener la política integracionista de Brasil. De obtener éxito, el gobierno de Lula quedaría "aislado", sin la posibilidad de concretar la ansiada conexión interoceánica que daría impulso al comercio regional. El caso argentino Antes de la visita del representante de Comercio de los Estados Unidos a Brasil, Robert Zoellick, Lula criticó "los subsidios agrícolas, las medidas de defensa comercial arbitrarias y el proteccionismo disfrazado que nos roba mercados y nos impide recoger el fruto de nuestro trabajo". La burguesía paulista, quizá la más poderosa del tercer mundo y uno de los sostenes del gobierno de Lula, comparte esa apreciación. Ya durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso desató batallas contra las multinacionales estadounidenses, en particular en el caso de los medicamentos genéricos, en sintonía con los gobiernos de Cuba, Sudáfrica e India. Néstor Kirchner no tiene un aliado de ese nivel. Al contrario, deberá vérselas con una de las elites más repugnantes del continente: corrupta, mafiosa, genocida. El último libro del periodista económico Daniel Muchnik, Plata fácil. Los empresarios y el Poder en la Argentina (Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2001.), traza una descripción contundente: "La clase empresaria siempre fragmentada, facciosa, nunca quiso o nunca supo liderar un proyecto comprometido con el destino de la Nación. En cambio utilizaron al Estado para favorecer sus negocios, para transferir la riqueza de los bolsillos raídos de millones de argentinos a sus cuentas cifradas en Suiza. En vez de encolumnarse tras políticas de Estado se concentraron en el lobby y la prebenda sin coraje, sin el dinamismo ni los riesgos que asumen los verdaderos emprendedores capitalistas". A diferencia de las burguesías brasileña y chilena, que encabezaron un proyecto nacional, el empresariado argentino siempre estuvo dividido y fue excluyente, incluso dentro de su propia clase social: la Unión Industrial Argentina (UIA) reunía sólo a los establecimientos bonaerenes, marginando a los del interior que se agruparon en la Confederación General de la Industria, cuyos efectivos terminaron confluyendo con la organización de los empresarios afín al proyecto nacionalista del peronismo, la CGE dirigida por José Gelbard. De más está decir que la UIA y la terrateniente Sociedad Rural, (que "resistieron con tenacidad la discusión política con los sectores obreros", según Muchnik), cortaron las alas de cualquier proyecto nacional -arrasando a los empresarios argentinos-, sirvieron fielmente los intereses imperiales y desembocaron en ese entuerto tan argentino llamado "patria financiera", en cuyo nombre argentinos desaparecieron a 30.000 argentinos. El poder de la gente Esa elite, que vive en villas exclusivas a conveniente distancia de la "chusma", está horrorizada con Kirchner y ya está conspirando. Como adelantó el editorialista de La Nación, Claudio Escribano, apuesta a derribar a Kirchner antes de un año, plegándose a la estrategia de Washington de aislar a Brasil, someterse al ALCA y continuar con el festín de la acumulación a costa del hambre de millones. Quizá, aunque sólo el tiempo resolverá las dudas, las elites argentinas hayan aprendido la lección de diciembre de 2001: miles de personas cercando los bancos, convertidos durante un año en fortalezas defendidas por la policía. El "que se vayan todos" estaba dirigido, también, a las elites que convirtieron a uno de los países más ricos del mundo en un paria. Por ahora, el gobierno de Kirchner es un respiro para el movimiento social, que podía haber sido arrasado en caso de triunfar Carlos Menem. Pero el movimiento social argentino, como los demás del continente, puede ser mucho más: un poder veto, desde abajo, para que las clases dominantes entiendan que no deben seguir haciendo plata fácil a su antojo.