Perú

Petróleo, minería y corrupción aprista

Pedro Francke

26/04/2010

Opinión

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Entre los escándalos de corrupción sacuden al país, los petroaudios están sacando a la luz varios elementos vinculados al saqueo de nuestro petróleo y nuestros minerales. El más notorio ha sido la revelación de que los dirigentes apristas José Carrasco Távara y Jorge del Castillo estaban en el centro de un esquema mafioso, junto con el encarcelado don “Bieto” Químper, para REDUCIR EL PAGO DE REGALIAS a una poderosa empresa petrolera.

Hablando del tema, ¿recuerdan en que quedó la investigación sobre el negociado de Petrotech y los US$ 300 millones de dólares de impuestos que se dejaron de pagar cuando se vendió esa empresa a coreanos y colombianos¿. En nada, y en el total y vergonzoso silencio de Jonny Peralta.

Hay más: el escándalo de los petroaudios ha revelado que BTR ha chuponeado y espiado a varios de los líderes y organizaciones opuestas a las empresas mineras que son dañinas al medio ambiente y abusivas con la gente, como el sacerdote Marco Arana, recientemente lanzado como candidato presidencial por el Movimiento Tierra y Libertad y tenaz defensor de los derechos de los campesinos y del agua de Cajamarca frente a la poderosísima Yanacocha.

También figuran entre aquellos con correos electrónicos ilegalmente interceptados Fedepaz, una institución que apoyó a los agricultores de Tambogrande contra la minera Manhattan y apoya a los campesinos de Ayabaca y Huancabamaba frente a la abusiva Majaz. No hay que tener demasiada imaginación para sospechar quienes son los principales interesados en ese chuponeo y ese espionaje, y por lo tanto quiénes contrataron – seguramente pagando varios miles de dólares – la ilegal actividad de BTR.

Estas revelaciones salieron al mismo tiempo que el pueblo de Islay protestaba pacíficamente contra los intentos de imponer los tajos abiertos de La Tapada y la Tía María en su zona.  Los arequipeños tienen razón en su protesta. El Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Copper deja de lado que su pretendido uso de 7 mil millones de litros de agua al año provenientes de pozos reduciría peligrosamente la disponibilidad de aguas río abajo en épocas y años secos, y llevarían a una peligrosa concentración de boro y arsénico. La población de Islay ya ha participado masivamente en una consulta ciudadana, en la que más de 12 mil ciudadanos manifestaron su oposición al proyecto.

A pesar de que la razón asistía a los arequipeños, el gobierno aprista optó por parcializarse y favorecer abiertamente a Southern Copper, no exigiendo las condiciones mínimas establecidas en la ley para los estudios de Impacto Ambiental y para las audiencias, y promoviendo las estrategias de la trasnacional minera para imponer su proyecto.

Esta empresa Southern Copper ha tenido ganancias netas de 5,300 millones de dólares en los últimos 5 años, más de 3 veces su inversión. La sobreganancia de esta sola empresa, su ganancia por encima de lo razonable, es de 4,300 millones de dólares, lo que alcanzaría para que todos, TODOS, los peruanos mayores de 65 años, reciban una pensión básica los doce meses del año. Ese gobierno no ha tomado medida alguna para recaudar parte de esa enorme riqueza e invertirla en la mejora de la salud, la educación y la seguridad social.

El caso de Southern no es, por cierto, el único caso de privilegios indebidos. Un par de meses atrás, la minera Antamina informó que dejaría de pagar impuestos por 300 millones de dólares acogiéndose a unas exoneraciones tributarias sinvergüenzas establecidas por Fujimori y derogadas una década atrás. El gobierno no movió un pelo para remediar este abuso.

Si el mismo gobierno que permite el chuponeo a los opositores y llega a arreglos bajo la mesa para entregar lotes petroleros y reducirles impuestos a las trasnacionales, actúa parcializadamente para favorecer a una gran empresa minera, ¿no debemos sospechar que hay alguna conexión entre ambos fenómenos.

La enorme corrupción que el petróleo y la minería han generado en países subdesarrollados con democracias débiles, por lo demás, está ampliamente documentada. Economistas y científicos sociales han mostrado hasta la saciedad este fenómeno.

El gobierno aprista, está claro, pretende seguir imponiendo nuevas minas por encima de la voluntad de los pobladores y mantener impuestos bajísimos a las existentes. El cálculo económico de Alan García y su entorno es simple: hay miles de millones de dólares en juego en la explotación minera y petrolera, y les quedan sólo 15 meses de gobierno.

No hay que dejar que se sigan llevando nuestras riquezas a manos llenas, dejándonos un país ambientalmente dañado y socialmente herido.

Como nos han enseñado los pobladores de Cochacharca e Islay, podemos detenerlos.

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