Los dos secretarios generales del APRA, altos funcionarios del Estado, son arrastrados –con otros del círculo íntimo de García– en un indetenible aluvión de denuncias de corrupción y abuso del poder. La torrentera que remece al partido político que lidera el presidente lo pone en su momento más crítico desde la muerte de Haya de la Torre. Apenas terminado un tormentoso Congreso aprista que nombró su nueva dirección, frescas aún la condecoración presidencial a Omar Quezada por su “excelencia” en Cofopri y el reconocimiento de García a la candidatura presidencial de su ex primer ministro Del Castillo, la crisis ha cambiado abruptamente el discurso presidencial. Los ayer condecorados y reconocidos parecen hoy más “ratas” o “basuras”. García los conmina a la renuncia y amenaza sacrificar su cuna política, si así encuentra la fórmula de “diferenciarse” de la corruptela que asoma por todos los poros de su gestión.

 

Una situación delicada para el APRA y su futuro. Pero, ¿es un asunto del APRA o uno que debe encarar el país? ¿El espionaje telefónico, las labores de inteligencia privatizadas a cargo de los mismos operadores fujimontecinistas (que evidencia el caso BTR, Ponce Feijoó-Giampietri), las licitaciones amañadas, la ilegal venta y titulación de terrenos, los beneficios tributarios indebidos pactados para petroleras o mineras, los negocios acordados en las lujosas suites de hoteles cinco estrellas, son problema del APRA o del Estado y la sociedad? ¿Se resuelve con la licencia o renuncia de los secretarios generales y su “expulsión” (al estilo Mantilla o Rómulo León, “expulsados” pero activos, con enlaces gubernamentales y poder) de los involucrados? ¿No siguen los negociados como lo revela ENAPU? Esto nos implica y compromete a todos.

 

Ninguna pantomima entre García y sus secretarios generales resuelve. La corrupción generalizada requiere de cambios profundos en un régimen de gestión y representación política podrido hasta el tuétano en el que la gente no cree más.

 

Urgen cambios constitucionales y legales que permitan transparencia en la gestión pública y del presupuesto, información oportuna y anticipada, efectiva capacidad de control ciudadano sobre las autoridades y capacidad de sancionar política y legalmente a los responsables de estas trapacerías.

 

¿Por qué no rige el derecho ciudadano a revocar el mandato a toda autoridad elegida por voto, incluyendo parlamentarios y al Presidente y plancha cuando (como García) hagan una mala gestión, falten a sus compromisos electorales, abusen del poder o cometan graves irregularidades? ¿Por qué se puede revocar alcaldes y presidentes regionales pero no parlamentarios y Presidente? ¿Por qué no se cumple con pre-publicar todos los procesos de compras, licitaciones, obras y concesiones antes de efectivizarlos, durante su ejecución y luego para permitir efectivo control? ¿Por qué no intervienen delegados ciudadanos en los espacios de definición y ejecución presupuestal para evitar pillerías? ¿Por qué los delitos de corrupción no se han declarado imprescriptibles y pueden ser perseguidos de por vida (lo que permitió a García evadir los juicios)? ¿Por qué no se establece que quien ha sido condenado por corrupción no puede ejercer función pública ni postular a cargo electivo de por vida?

 

Urge también un cambio de actitud de la población: una actitud vigilante y participativa, un rol de las universidades, los colegios profesionales e instituciones especializadas de la sociedad civil en el control de la gestión gubernamental en todos los niveles, una labor más activa de investigación periodística independiente, una red de organismos de vigilancia ciudadana con presencia en los directorios de entidades públicas. Y ciertamente, un cambio de partidos y líderes para contar con gobernantes que ejerzan el poder obedeciendo a los electores, rindiendo cuentas y sometidos a su control. Una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen político constitucional es indispensable.

 

 Publicado en La República, 03 de mayo de 2010