El gobierno debió rebobinar su convicción que con los pesados aumentos en las tarifas públicas que impuso reiteradamente podría recaudar millones de dólares. Se equivocó feo, así como también quienes desaprensivamente lo impulsaron a esa política, estampada incluso en las cartas de intención firmadas con el FMI. No les entró en la cabeza lo que la más elemental ciencia económica indica que nadie puede gastar más de lo que tiene. Ese revolcón, parecería, que ha hecho recapacitar a algunos planteen para que buscar otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo un efectivo achicamiento de los gastos, aunque parece difícil que en el actual marco de los sectores políticos gobernantes, se avente privilegios, se reduzcan funcionamiento aberrantes y costosos, se supere la insólita ineficiencia estatal que determina que el Estado uruguayo sea excesivamente pesado, a tal nivel, que no puede ser soportado hoy por el resto de la economía. Pero, pese a ello, no estamos seguros de que alguien adopte la decisión política, ejemplarizante, se limitar, por ejemplo, los gastos en el servicio exterior, de terminar de una vez por todas con al canonjía política que significa, para muchos, la utilización a mansalva de los contrarios de obra y de servicio. Tampoco es obviamente posible que las empresas públicas pretenden ser superavitarias, actuando en el marco del un mercado castigado por monopolios de hecho, o "naturales" como llaman algunos, que solo sirven para hacer pagar a la gente ineficiencias, los costos de producciones fuera de escala, errores grandilocuentes e irresponsables, como la construcción de edificios faraónicos, o las perdidas constantes y bochornosas para la dignidad nacional, que han determinado los negocios de ANCAP en la Argentina. Pero todo ello no es nada comparado con la política del gobierno del doctor Jorge Batlle, favoreciendo de manera ostensible al sistema financiero, que durante el año 2002 le costó al país una cifra superior a los 6 mil millones de dólares, que fueron tirados para el manejo dispendioso de algunos banqueros, con el fin manifiesto de "honrar" una tradición nacional, la de pagar sus cuentas. Claro, con el dinero de los uruguayos se pagó las deudas de los banqueros. Dinero irrecuperable, que empobreció al país y que se extrajo de las arcas comunes, la de todos los uruguayos. Un manejo ligero y dispendioso que, obviamente, debería determinar una muy dura acción parlamentaria para exigir responsabilidades políticas. Las otras responsabilidades, penales que seguramente las habrá que establecer, deberían ser el correlato en la justicia de la acción anterior. Por ello es bueno atender la acción que está llevando adelante la Comisión Investigadora del Sistema Financiero que, determinará – seguramente - acciones en los dos campos mencionados. El límite del empobrecimiento Mayoritariamente la población uruguaya, hablamos de las clases medias integradas por empresarios de la ciudad y el campo, funcionarios públicos, privados, obreros especializados de distintas ramas de la producción y pasivos, perdieron en la mayoría de los casos su relativa capacidad de ahorro, ingresando muchos de esos sectores en un proceso de empobrecimiento y marginación. Entonces, ¿como se pretendía que esos sectores siguieran soportando un incrementado peso del Estado, expresado en esos incrementos de tarifas? Además son los mismos sectores que viven el "corralito" uruguayo, que está produciendo dramas de distinta significación y contenido. Observemos otra cosa que ocurrió en la realidad uruguaya donde se está produciendo otro efecto pernicioso: dada la rigidez del gasto en algunos imprescindibles servicios públicos, de primera necesidad, como energía y agua corriente. El efecto del incremento de las tarifas determinó un explosivo incremento en la morosidad. UTE, OSE, ANTEL y ANCAP, seguramente, sufrieron los embates de este proceso, verificando menores ingresos. Claro, en materia de servicios imprescindibles, como los que brindan UTE y OSE la reducción se debe haber sentido en forma distinta a lo ocurrido en otros servicios, más prescindibles, como las comunicaciones. Los teléfonos celulares, para muchos sectores son ya un recuerdo del pasado, como también los servicios de vinculación rápida con Internet, que pese a tener un costo relativamente adecuado, también han sufrido un achicamiento notable. Las familias siguen tratando de recortar a un mínimo otros gastos, trasladando también ese achique – lo que es ostensible – a sectores privados, como los que administran la televisión por cable. El consumo de combustibles – fue ostensible en la calle la notoria desaparición de automóviles – bajó a la mínima expresión. Ello fue la determinante de la rebaja de las naftas, producto de un sorprendente realismo económico, no habitual en el marco de un gobierno absolutamente obnubilado en el marco de una realidad que no comprendió. Sería redundante hablar del efecto producido por todo este proceso de empobrecimiento para el resto de la economía. Esquemáticamente hay que razonar teniendo en claro que la capacidad de compra en el mercado interno se redujo a fines de año anterior, para los funcionarios públicos, en más de un 22 por ciento (teniendo el cuenta la recuperación del 3 por ciento desde el 1ro de enero), en un 25 por ciento para los trabajadores de la actividad privada y el sector pasivo, proceso que se mantiene en la actualidad. Se mantiene la rigidez salarial Podemos fácilmente establecer, de acuerdo a esta reducción del poder de compra, algunas de las razones de la destrucción de riqueza (10 mil millones de dólares en el año 2002) En este panorama, ¿cree el gobierno que con la política salarial y de tarifas que está aplicando mejorará el perfil del déficit? Es justo, por lo tanto, que líderes de la oposición se pregunten que pasará en adelante, especialmente, luego de el canje de deuda, en que el país pudo refinanciar parte de deuda soberana, cuando se deba hacer frente a los voluminosos vencimientos. ¿Con qué recaudación se hará frente a los vencimientos del 2005 y 2006? ¿O es que se estima que el actual "incipiente veranillo" exportador, que es resultante del atraso cambiario de Argentina y Brasil, se mantendrá en el tiempo? Solo viviendo una más que evidente irrealidad se puede pensar que de persistir el actual estado de cosas se cumplirán los compromisos y que el país, luego de ello, podrá iniciar un camino de recuperación. ¿A quién se le debe atribuir estos cantos de sirena que ni siquiera pudieron hipnotizar a los negociadores del FMI que volvieron a Washington con la peor opinión de la política económica uruguaya. Usinas ideológicas de la derecha uruguaya han establecido, manejando su arrevesado lenguaje, que ello es posible aunque sus análisis no tengan en cuenta los aspectos fundamentales de la realidad uruguaya, como el empobrecimiento sistemático de la población. Ni los soldados que ganan 1.200 pesos, ni los maestros, ni los policías, ni los funcionarios de Salud Pública, ni otros miles de trabajadores de la actividad privada, además de los jubilados y pensionistas, tienen otro destino para subsistir que aplicar una economía de guerra, cuya dramática explicitación determina la supresión de servicios fundamentales, en un achique impuesto por la absurda realidad en que nos ha colocado este gobierno. Economía de guerra que igualmente no alcanzará para permitir que las familias puedan mantenerse por encima de mínimos vitales medidos por la llamada línea de pobreza... Son cientos de miles los trabajadores y pasivos (no hablamos ya de los 240 mil desocupados), que ya están viviendo por debajo fatídico nivel. El gobierno, en lugar de tratar de recuperar la economía, continúa con el objetivo de mantener constantes reducciones salariales que provocan más y más recesión. Anuncia un 2 por ciento de incremento en los salarios públicos, una verdadera gota en el mar, que justificó el presidente del Banco Central, el economista Julio de Brun, mencionando un proceso inflacionario pretérito en el que caería el país, como arrastre de la inflación de los países vecinos. Ello, como si ese proceso alcista solo tuviera motivaciones exógenas. Nada dijo de que los uruguayos están empobrecidos al máximo y que el aumento de los precios determinaría un efecto que ningún comerciante quiere, que es otro empuje en la caída de las ventas. El otro elemento de la política de empobrecimiento y de destrucción de la economía, es el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que alejaron a los mismos de las posibilidades económicas de cientos de miles de uruguayos. ¿Cree acaso el gobierno que ello no se verá reflejado en las valoraciones sobre la calidad de vida de la población, de las que tanto se enorgullecía Julio María Sanguinetti? ¿Cómo va a mejorar el perfil del déficit? Sería bueno conocer alguna respuesta valida, basada en la técnica económica y no en palabrería producto de expresiones de deseo, que intentara explicar este desatino que asombró, por su profundidad, hasta a los técnicos del FMI. ¿Es de esperar que no gane terreno la irrealidad de mostrar el leve incremento de la recaudación, en el último trimestre, como un signo de que los tiempos del desastre han cambiado? Es hora de que se derrumben las imposturas y, obviamente, que se comiencen a señalar, cosa que intentaremos sistemáticamente, cuales son las usinas ideológicas que han impulsado la implementación de todo lo que ocurre, que han cooptado a la mayoría de los jerarcas estatales, logrando que se profundizara esta línea de acción. ¿Saber cómo es posible que todavía haya quienes insistan en mantener esas políticas asombrosas por lo torpes? Para los que creen en la democracia la respuesta será dada por la gente en octubre del 2004, barriendo del gobierno a quienes, en una acción política concertada, han sido coautores de toda esta debacle. Sin embargo el país tendrá que comenzar a trepar una larga cuesta, difícil y llena de obstáculos. Resolver temas fundamentales, como su inserción en la región, ahondando los acuerdos en el MERCOSUR, resolviendo además las ineficiencias del propio Estado, que debe dejar de mirarse con una visión paternalista. Se debe lograr que su funcionamiento armónico determine el comienzo del fin del pesado costo que abruma a toda la sociedad. Y explicitar sobre los responsables de la debacle, en cada caso, los intereses que representan que, obviamente, no son los del país. * Carlos Santiago. Secretario de redacción de Bitácora. Uruguay.