El fallo del Tribunal de La Haya sobre el juicio a Uruguay que la Argentina inició el 4 de mayo del 2006 por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos resolvió más o menos lo que se especulaba: condenar a Uruguay por la violación del Estatuto del Río Uruguay, suscripto por ambos países en 1975, pero al mismo tiempo afirmar que la Argentina no reunió pruebas suficientes que demuestren el impacto ambiental por contaminación sonora, malos olores, y deshechos indebidamente procesados arrojados al río, pese a las denuncias que en este sentido hubo de parte de comisiones de expertos que tomaron muestras de agua en el lugar. De este modo, se avala el funcionamiento de la planta y Uruguay consigue que la misma no se relocalize, aunque se advierte al país vecino a no realizar nuevos emprendimientos de este tipo de manera inconsulta. Como sostiene Agustín Romero (Buenos Aires Económico, 21 de abril) la Corte Internacional de Justicia deja conforme así a los dos países. En tanto, los asambleístas de Gualeguaychú deberán debatir el continuar o no con los cortes del Puente San Martín. Algunos sostienen la necesidad de persistir en el bloqueo hasta tanto la planta se vaya del Río Uruguay, un objetivo de máxima que hoy, con la empresa en pleno funcionamiento desde hace tres años, parece difícil de lograr.

 

La preocupación por el medio ambiente supone que cualquier tipo de emprendimiento que para su funcionamiento requiera de la explotación de recursos naturales no puede estar disociado de un estudio sobre el impacto ambiental que podría tener en el ámbito donde se realice, habida cuenta de que su análisis hoy resulta fundamental para evaluar si la viabilidad económica de un proyecto es compatible con la apuesta por un medio ambiente sano que todos dicen privilegiar. Sin embargo, aún suponiendo que Botnia contara con tecnología de punta para reducir al mínimo la contaminación, es evidente que la combinación de paisajes naturales con estructuras artificiales que explotan sus recursos comienza a ser una imagen cada vez más frecuente en cualquier fotografía que se tome de lugares con estas características. Así, se acentúa una progresiva tendencia a la llegada de capitales extranjeros que aprovechan la biodiversidad de la región, con promesas de prosperidad que le permite a las poblaciones locales sentir la ilusión de la integración social y económica, en sociedades históricamente postergadas por países con estructuras productivas que concentran el desarrollo y la riqueza de la producción nacional sólo en algunas zonas. Quedará para más adelante la observación sobre los beneficios económicos que le traerá a la localidad de Fray Bentos la instalación de Botnia. Como muchos emprendimientos empresarios de este tipo, seguramente las promesas de trabajo y prosperidad durarán lo mismo que la planta tarda en procesar algunas pocas toneladas de papel.

 

Pero independientemente de la lectura jurídica y política que pueda interpretarse del fallo, quizás el análisis más importante que pueda hacerse de esta disputa suponga interrogarnos acerca de cuál será la actitud de los asambleístas de aquí en más. En primer lugar, hay que decir que su lucha ha sido persistente y valiosa, no solamente desde lo simbólico por conseguir la movilización de todo un pueblo en torno a un objetivo común, donde muchas veces la inacción popular hace que el espacio público como escenario de discusión sea ocupado por otros. También han contribuido a tomar conciencia nacional sobre temas que a menudo los medios reflejan como problemáticas locales. En cuanto a los efectos más prácticos, han logrado consolidar nuevos espacios de deliberación popular, surgidos de las nuevas formas de participación en asambleas que fueron una característica en la Argentina luego de la crisis del 2001, con capacidad para hacerse escuchar en todo el país. La forma de organizarse para hacer valer sus reclamos y mantenerlos es digna de destacar en una sociedad que raramente se moviliza por cuestiones que trasciendan aspectos coyunturales. Además, aunque hoy parezca lejano en el tiempo, la relocalización de la pastera española Ence que originalmente también iba a operar sobre el Río Uruguay es fruto de la lucha de la sociedad entrerriana.

 

Sin embargo, radicalizar las posturas y amenazar con continuar las protestas de la manera en que se vienen sosteniendo hasta ahora, ya consumado el fallo, parece no reconocer esos logros.  ¿Contra quién sería, de persistir, el corte del Puente San Martín? Si es contra el gobierno puede decirse que, más allá de errores de estrategia o vacilaciones iniciales para en un principio evitar la escalada de la disputa, el gobierno argentino ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para resolver este diferendo por vías diplomáticas. No ha reprimido ni una sola manifestación, soportando por un lado las presiones a nivel internacional que se ejercían por la liberación de los puentes, acusando al gobierno de avalar los cortes, y donde los asambleístas pudieron siempre manifestarse con total libertad. Por otro lado, afrontando localmente el repudio de dirigentes opositores que no perdieron oportunidad para criticar la “inacción” de la Argentina frente al conflicto, cuando muchos de ellos, siendo gobierno, no vacilaron en reprimir y criminalizar la protesta social. Si es contra Uruguay en represalia a su violación al Estatuto del Río Uruguay, la exposición internacional que ha quedado reflejada a través del fallo respecto a tal incumplimiento deberá someter al país vecino a una reflexión tendiente a evitar nuevos emplazamientos de este tipo de manera inconsulta. Si es contra la propia Botnia, está dicho que su pleno funcionamiento desde hace años parece indicar que la planta no alterará su producción por más que continúen los puentes cortados.

 

En consecuencia, la conclusión que cabe es que persistir en el bloqueo de los puentes no hace más que debilitar la posición del gobierno en la negociación bilateral, teniendo que dar explicaciones a nivel internacional sobre la razón de los continuos cortes pese a que el diferendo se había delegado en instancias jurídicas supranacionales, con todo el costo que eso supone para la estratégica política de integración que se pretende lograr con los socios del bloque económico del cual Argentina forma parte. Un relanzamiento de la relación entre los dos países, por lo tanto, no podrá ser efectivo si no va acompañado de una flexibilización de las posturas de los asambleístas.

 

Por otro lado, esta experiencia de organización local en defensa de una causa ambiental también debería movilizar a los entrerrianos al repudio de otras industrias, tal vez, aún más contaminantes en la actualidad que la pastera finlandesa. En este sentido, el glifosato que a diario se utiliza en toda la provincia de Entre Ríos para el cultivo de soja, ¿no merecería, acaso, un rechazo con el mismo énfasis que el de las papeleras? Sus efectos nocivos sobre el medio ambiente han sido ampliamente demostrados y transcurren en el propio territorio provincial, sin embargo hasta ahora no se observa de parte de la sociedad entrerriana una crítica de igual magnitud a su persistente utilización. No se trata, pues, de sustituir un reclamo por otro, sino de darle a la protesta una coherencia consecuente con el repudio al deterioro ambiental en todas sus formas, en especial en industrias que fomentan una producción de escaso valor agregado como la sojera.

 

Concentrar la crítica en una única dirección es tener una dimensión parcial y acotada del problema, sin contemplar las numerosas modalidades que la explotación de los recursos naturales en manos extranjeras está asumiendo en nuestros países. Una postura perseverante con esta defensa requiere un enfoque más general y en perspectiva, adecuando los métodos de protesta al contexto, en donde seguramente se podrá concluir que, en definitiva, tanto el glifosato como la pastera son parte de un mismo proceso con gran responsabilidad en el deterioro ambiental que con tanto énfasis se defiende.

 

- Arturo Trinelli es Licenciado en Ciencia Política (UBA)