Proyecto de ley sobre Interrupción voluntaria del embarazo

01/04/2010
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Tras un intento vano y una larga espera, el derecho a decidir intenta ingresar en la agenda de debate del Congreso Nacional, con la presentación hace unas semanas de un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.
 
La iniciativa es impulsada por organizaciones que integran la perseverante Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y cuenta con el apoyo de un nutrido y diverso grupo de representantes del Poder Legislativo nacional.
 
Se trata de un proyecto que ya había sido presentado el 28 de mayo de 2007 bajo el N° 092-P-07 y que nunca fue discutido, pero el primero de marzo del presente año perdió estado parlamentario.
 
En sus fundamentos, el texto propuesto sostiene que "la despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Sólo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer".
 
"La legalización del aborto –continua la fundamentación– significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres".
 
El proyecto también menciona que hubo algunos cambios en la interpretación judicial durante el bienio 2006 y 2007 al considerar como no punibles: violación en todos los casos y ampliar el concepto de riesgo para la salud, incluyendo el aspecto psicológico, basándose en la definición de la Organización Mundial de la Salud.
 
Luego en su articulado el proyecto dice que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Además, garantiza que el aborto "se podrá realizar en todos los servicios del sistema de salud".
 
Posteriormente, aclara que fuera del plazo de las 12 semanas indicada en el primer artículo, las mujeres tendrán derecho a decidir la interrupción de su embarazo cuando este fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.
 
En el artículo sexto se refiere a la objeción de conciencia en los profesionales y personal de la salud y estipula que deberán manifestar su postura a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente, podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio.
 
Estela Díaz, coordinadora de la Campaña Nacional, explicó que "este proyecto, que lleva la firma de 33 diputados y diputadas, es el mismo que se presentó en 2008, fruto del debate plural y federal entre organizaciones sociales, sindicales, científicas, en 17 provincias. Hemos logrado que se debata en la calle, ahora queremos que se institucionalice en el Congreso. Este debate profundizará nuestra democracia".
 
En tanto, la diputada nacional Cecilia Merchán, presidenta del bloque Libres del Sur, se refirió a la necesidad urgente de que Argentina tenga una ley que garantice el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
 
"Más allá de las posibilidades concretas que existen de que este proyecto salga, es urgente hablar de la situación de clandestinidad e inseguridad que viven hoy las mujeres que quieren abortar. Esto lo digo desde mi experiencia personal, que es lo que me lleva a sentirme orgullosa de legislar como mujer", aseveró Merchán.
 
En Argentina se realizan 800.000 abortos por año, y su práctica clandestina constituye la primera causa de muerte materna. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, el 37 por ciento de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto, de los cuales cerca del 15 corresponde a adolescentes menores de 20 años.
 
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