La audiencia pública y sus tiempos. Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ambas de México) y Vía Campesina América del Norte, sostuvieron en Guadalajara, Jalisco, México, una audiencia pública denominada Los Transgénicos nos Roban el Futuro, para reunir evidencias y argumentaciones que puedan armar un expediente y conformar una denuncia formal ante tribunales internacionales por la liberación del maíz transgénico en México, cuna milenaria (centro de origen) del maíz, uno de los cultivos más dúctiles y más adaptados a los humanos, que se ha expandido por todo el mundo en sus diez mil años de vida.[1]

Esta audiencia pública se planeó también como denuncia contra la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao, por sus siglas en inglés como es conocida mundialmente) que en esos mismos días celebró, también en Guadalajara, una reunión “técnica” que tenía como objetivo promover la biotecnología como “factible solución a los problemas del hambre en el mundo”, según sus fines declarados, y por ende promover los cultivos transgénicos (con un reproche inicial hacia todo aquel que resista su introducción, argumente en contra o rechace de plano la mera idea de alterar violentamente los procesos por los cuales, de modo natural, se cruzan las plantas unas con otras o no se recombinan con otro tipo de organismos).

Los mismos documentos públicos de FAO, preparatorios para la reunión, argumentan que la “coexistencia” entre transgénicos y cultivos tradicionales no implica riesgos, que es excesivo el prurito de organizaciones, comunidades y científicos “que exageran y polarizan el debate de los OGM”. Pero dicen más. La argumentación de FAO apunta claramente en favor de la biotecnología, como puede constatarse en los tres fragmentos siguientes:

[…] Las biotecnologías agrícolas proporcionan oportunidades para enfrentar los desafíos significativos de garantizar la seguridad alimentaria sin destruir la base ambiental de los recursos [sic]. Dado que la mayoría de los pobres del mundo vive en las áreas rurales, hay necesidad de facilitarle a los productores rurales pobres un acceso mayor a tecnologías que puedan aumentar la productividad de la agricultura en pequeño y ayude a resolver la pobreza rural (del Resumen ejecutivo).

[…] Las políticas y el desarrollo regulatorio relativo a las biotecnologías agrícolas necesitan balancear los riesgos  y los beneficios para los pobres. Se ha puesto más énfasis y hay más actividad en desarrollar políticas y regulaciones que prevengan los riesgos que surjan de los OGM que en facilitar el uso de biotecnologías agrícolas para beneficio de los pobres rurales… (p. 9, 2.7, inciso 42)

[…] El excesivo énfasis y la polarización dentro del “debate de los OGM” ha distraído y desviado recursos científicos y de políticas que así no se enfocan en las necesidades de los productores pobres. La controversia con respecto a los OGM en alimentación y agricultura en los últimos diez años ha tenido el efecto significativo de empantanar, reducir y redirigir algunos de los esfuerzos del sector público en investigación relacionada con biotecnologías agrícolas impidiendo que respondan a las necesidades de los productores rurales pobres… (p.9, 2.7, inciso 43) [2]

En este contexto tan cargado a favor de las empresas, uno de los antiguos miembros del comité asesor de la fao, y conocido activista contra los transgénicos desde sus primeras etapas, Pat Mooney, director del Grupo etc, renunció públicamente a su cargo el 23 de febrero por considerar que la fao tenía un sesgo en favor de las corporaciones biotecnológicas: “Los documentos base de la conferencia están irremediablemente sesgados a favor de la biotecnología y reflejan la intención de dar un fuerte impulso a esta industria, al tiempo que tratan de persuadir a los países en desarrollo de que no tienen otra opción que subirse al tren de la biotecnología. Es inaceptable que un organismo intergubernamental supuestamente neutral, como la fao, permita que lo conviertan en un escaparate para las grandes empresas biotecnológicas” —dijo Mooney en el comunicado de prensa del Grupo etc.[3]

Es innegable que la reunión técnica de fao donde promueve lo que llama “coexistencia” (esgrimiendo justamente los argumentos con los que los “expertos” del gobierno mexicano han intentado acallar la protesta y la enorme resistencia indígena campesina que no esperaba) legitima que el gobierno mexicano haya abierto “la siembra experimental de maíz transgénico”[4] y acepte solicitudes para efectuar pruebas de campo con maíz transgénico, rompiendo de facto[5] (y hasta clandestinamente en un principio) una moratoria que estaba en vigor por lo menos desde fines de 1998.[6]

“La coexistencia es una realidad probada” [7], nos dicen ya de todas partes, como si no hubiera pruebas contundentes de que la coexistencia implica contaminación transgénica, y contaminación implica riesgos de todo tipo. En esto, los científicos promotores de las soluciones biotecnológicas funcionan al revés de lo que la ciencia pregonó siempre. Antes, mientras no hubiera pruebas de que no implicaban riesgos, no se aprobaban técnicas nuevas. Hoy, la gente tiene que aportar sus pruebas propias (para su propio entendimiento) y convivir con los riesgos sin poder apelar a nada.

Tal vez por esta misma autoridad que cubre a científicos y funcionarios, con cinismo, el subsecretario de Agricultura mexicano le respondió ante la prensa reunida a un delegado de Vía Campesina que le reclamó que no hubiera campesinos diciendo: “no se invitó a los agricultores porque es una reunión técnica”.[8] En realidad, es extraño que fao organice una reunión para discutir el papel que puede jugar la biotecnología en resolver el hambre en el mundo como si la fao o la biotecnología hubieran resuelto el hambre en el mundo. Las cifras no mienten: el número de hambrientos pasó en pocos años de 800 millones a mil millones de personas que sufren hambre grave (una sexta parte de la humanidad). 

Lo paradójico es que en el fondo, como bien lo saben quienes desde sus comunidades reivindican la siembra de los alimentos propios, se está atentando contra quienes durante diez milenios han cuidado el mundo, contra quienes tienen los saberes necesarios para producir alimentos para sí mismos y para el resto del mundo, contra quienes pueden enfriar el planeta con su ancestral tecnología agrícola y hacernos salir del círculo de seudo-soluciones industriales que son la causa central de todo este complejo de crisis actuales.

Por qué este recurso. Durante la mencionada audiencia pública en Guadalajara, las tres instancias convocantes reconsideraron y reafirmaron la postura de presentar evidencias de todas partes para armar el expediente ante tribunales internacionales, porque es claro que existe una cerrazón del Estado mexicano desde por lo menos principios de los noventa: un esfuerzo por desmantelar la antigua territorialidad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Esto también ocurre en otras partes del mundo.

Para el caso de México, se comenzó por modificar la Constitución para acotar la propiedad social, y meter al mercado lo que nunca antes. Los territorios indígenas comenzaron a desagregarse y a ser objeto de leyes de todo tipo que de pronto estaban aprobadas y muy poca gente se había dado cuenta: la privatizadora reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana con el que se defendía la comunalidad de la tierra junto con los programas de certificación agraria, más las leyes de aguas, las leyes forestales, de semillas, de biodiversidad, de propiedad intelectual y patentes que con sus reglamentos en lugar de integrar el territorio como lo hicieron por milenios los pueblos lo convirtieron en pedacitos, mediante sus paquetes legislativos particulares. Hoy se vuelve muy compleja la defensa de lo integral y lo territorial. [9]

Tal vez la modificación más vasta y con más repercusiones fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en realidad un conjunto de normas, regulaciones, políticas, programas y renuncias, que fijó el escenario para todas las modificaciones al marco legal para beneficiar a las corporaciones.

Otro de los graves reveses por parte del gobierno fue la reforma de derechos indígenas, sesgada, insuficiente y racista, que terminó aprobándose a contrapelo de una sociedad civil que durante años consensó y reivindicó la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) el 29 de noviembre de 1996, tras convertir los Acuerdos de San Andrés (producto de los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ezln, y el gobierno federal) a términos jurídicos —sin duda la modificación a la Constitución más discutida en la historia de México, a nivel de barrios, poblados, comunidades, sectores sociales, regiones.

Para la audiencia fue muy importante entonces que varios de los ponentes (abogados, dirigentes, comuneros, académicos, de México y de fuera) mostraran, con casos como los anteriores, el paulatino pero férreo cierre de las puertas de la ley para la sociedad civil rural y urbana del país —y el hecho de que en otros países ocurra lo mismo.

No es casualidad que cuando comenzó la invasión, primero clandestina y luego abierta, del maíz transgénico en México y de otros cultivos genéticamente modificados en otros países, fuera también el tiempo en que se fue cocinando un tramado de leyes que busca abrirle espacios de movilidad a las grandes empresas y cerrarle los ámbitos de legalidad a la gente, a los pueblos, a la ciudadanía. Según el insistente recuento que se realizó en la audiencia como parte de las evidencias y argumentos estamos en un momento muy oscuro en lo que a legislaciones se refiere. Las leyes mexicanas, por lo menos, están diseñadas para prohibir que la gente se defienda por la vía legal contra las imposiciones que crecen, se multiplican y se hacen más complicadas, asumiendo literalmente “blindajes legales”, muy difíciles de penetrar.

Quienes en México vivieron el proceso, saben hoy que la reforma indígena no pasó (a principios de 2001) justo porque su aprobación habría acotado las acciones avasalladoras de las empresas. Como insistió Camila Montecinos en su exposición, el problema no es sólo de México sino que estamos ante un problema de carácter internacional, con paquetes legislativos nacionales y disposiciones y políticas internacionales fijadas por organismos como la fao, el Banco Mundial, la omc, más los tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales que van firmando los gobiernos de múltiples países. Los paquetes legislativos nacionales (y las disposiciones de los tratados de comercio y cooperación) son calca uno de los otros. La razón de fondo para esta nueva imposición legislativa y de políticas es servir los intereses de la agenda empresarial a nivel global.

Todo lo anterior configura razones fundamentales para reunir a campesinos y campesinas con muchos saberes agrícolas y mucha experiencia (gente de comunidades y organizaciones), a personas y colectivos que enfrentan diversas afectaciones ambientales y a gente con experiencia jurídica y científica, para que entre todas y todos se entendieran las aristas de lo que está en juego y de las afectaciones, los riesgos, las violaciones a derechos, las posibilidades de la resistencia y de denunciar fuera del país al gobierno mexicano. 

Un poco de historia. Al poco tiempo de que se descubriera que en México existía contaminación transgénica del maíz, algo que fue confirmado por los estudios de científicos que dieron la voz de alarma al mundo (esto en 2001) las comunidades y organizaciones comenzaron a reunirse y a buscar el modo de salirle al paso a algo que en su momento no era todavía muy claro.

A fines de enero de 2002, tuvo lugar en la ciudad de México un foro —En Defensa del Maíz— que convocó a más de 300 participantes de 120 organizaciones en un espectro que incluyó a autoridades de comunidades de 14 estados de la república mexicana, organismos civiles, académicos, investigadores locales y extranjeros. De este foro nació la convicción de que había la posibilidad de defender el maíz y que había que emprender de manera autogestionaria diagnósticos que confirmaran la alarma de una contaminación transgénica. Sin embargo, desde entonces también, comenzó a hacerse sentir la imposibilidad de defender al maíz si se le tomaba sólo como una cosa y no como un tramado de relaciones. Que había que entender que el embate contra el maíz era un intento por erosionar el tejido social, la visión de vida que durante miles de años ha logrado que los campesinos sobrevivan y sigan proponiendo modos de resolver el futuro de toda la humanidad.

Si bien los diagnósticos autogestionarios (con kits científicos de detección) se llevaron a cabo (sobre todo en 2003) y hallaron que efectivamente había contaminación para vergüenza del gobierno mexicano que sólo declaraba evasivas, lo realmente notable de las comunidades y organizaciones mexicanas que se fueron sumando a la Red en Defensa del Maíz, fue que insistieron en que asumir la defensa del maíz era asumir la defensa completa de un modo de vida. Una visión, diferente de la del agricultor comercial, incluso si se llama orgánico o agroecológico, porque los indígenas y campesinos tienen empeñada toda la vida en cuidar el mundo, desde su propio territorio, a partir de sus saberes agrícolas, de su cuidado del bosque, de su manejo y cosecha de las aguas y otros muchos saberes asociados. Sólo así podía cuidarse el maíz, y limpiarlo si es que se había contaminado.[10]

La visión de una resistencia. En la audiencia pública, Camila Montecinos y Pat Mooney, insistieron cada quien por su lado, en que esa resistencia, ese cuidado, ese cuidar el maíz sembrándolo, es justo lo que hasta ahora ha impedido la masiva contaminación del maíz en México, y de algún modo que el gobierno mexicano no haya dado pasos más decisivos para inundar el país con todo tipo de transgénicos. La cautela del gobierno, pese a contar con todo tipo de leyes y normas de certificación de semillas, pese a que intenta criminalizar más y más la visión campesina, habla de la contundencia de la resistencia indígena hacia fuera, a lo visible, y en las prácticas cotidianas, locales y regionales.

Eutimio Díaz, comunero de San Sebastián Teponahuaxtlán, en territorio wixárika, lo dijo contundente:

No puede ser que unos cuantos científicos y políticos que no saben de las relaciones que tenemos con el campo, con el maíz, tomen la decisión de imponer cultivos transgénicos, y quieran contaminarnos con su “maíz empeorado”. El maíz necesita, quiere una atención especial. Nunca dijimos que íbamos a dejar nuestro maíz, sino más bien buscamos cómo cuidarlo mejor. Hemos perdido muchas cuestiones (danzas, músicas, fiestas, vestido, saberes). Pero con nuestro maíz debemos tener más cuidado porque si se acaba el maíz se acabaría nuestra comunidad. Con el maíz se comparte, en una comunidad indígena todo es regalado. Así, ya dijimos que en México no tiene que pasar el maíz transgénico. Si México pierde sus semillas, en otros lados puede ser peor.

Nunca vamos a dejar nuestra semilla. Desde nuestras asambleas, los wixaritari dijimos que no vamos a respetar ninguna ley contraria a nuestros pueblos, ni vamos a dejar entrar maíces extraños. No vamos a respetar ninguna ley que nos afecte el maíz porque lo que nos quieren imponer trae atrás muchos perjuicios.[11]

Elías Velazco, de la organización de Agricultores Biológicos (Orab), que agrupa comunidades mixtecas, zapotecas y mestizas de Oaxaca, México, abundó:

 El saber indígena es tan estricto, luego, que ni los muestreos autogestionarios se querían aceptar porque se temía que eso provocara un desequilibrio en las comunidades. Es tan integral la cuestión que abordarla significa convivir con los transgénicos, si está contaminada la localidad, o una parcela, y la idea es irlos aislando a partir de cortarles la espiga a los maíces sospechosos, o de plano cortar las plantas, dejar sembradas las mejores mientras se impulsa el maíz bueno con semillas de confianza, con semillas conocidas de años.

Es reprobable dejar en un puñado de políticos que nada saben, el cuidado de la agricultura, del saber campesino.

Los testimonios de muchas regiones se fueron sumando a lo largo de dos días de trabajos, y una de las conclusiones fue que desde los diversos colectivos la gente podía ir redactando documentos con su denuncia, su testimonio y sus argumentaciones para conformar el expediente.

Lo sorprendente es que viniendo de diversas regiones y respondiendo algunos a organizaciones y otros nomás a sus comunidades o a la alianza de los pueblos indígenas en los que se reconocen, la gente expresó muchísimas sutilezas que son la base de su saber, algo que ningún “experto” puede entender del todo, porque esos saberes no viven aislados de quienes los ejercen en lo cotidiano.

Por otra parte, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales contribuyó a la caracterización del ataque transgénico en otros términos. Son personas y colectivos que se han ido juntando a partir de luchas puntuales contra la contaminación de torrentes y mantos acuíferos, contra la privatización del agua, contra la basura, los desechos tóxicos, los procesos de minería a cielo abierto, la construcción de represas, la industria petrolera y petroquímica, los criaderos industriales, la urbanización salvaje, la imposición de unidades habitacionales donde la vida pierde todo sentido.

Andrés Barreda y Octavio Rosas Landa, que han trabajado por la Asamblea impulsando procesos de articulación, entienden que la contaminación transgénica viene a sumarse a las tremendas afectaciones ambientales. Así Rosas Landa insistió en “que en la asamblea realizada en Chichicuautla, Puebla, en noviembre de 2009, más de 1 300 delegados de 130 organizaciones de 15 estados del país se pronunciaron unánimemente contra la autorización a la liberación de la siembra de maíz transgénico en México y a favor de la agricultura campesina y que la siembra de transgénicos es una agresión que se suma a tantas otras que emprende el gobierno mexicano con total impunidad, como son los despojos de aguas, la contaminación de los suelos, la deforestación, la privatización de los recursos naturales y su entrega a grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, canadiense, español, japonés, australiano y mexicano”.[12]

Por su parte, después de delinear un panorama de la devastación que sufre México, Andrés Barreda insistió en que ésta no es reconocida fácilmente fuera del país porque el gobierno mexicano ha logrado lavarse la cara con los organismos internacionales, como en este caso la fao, y que en el fondo deviene de las prebendas que el gobierno entregó para que se firmara el tlcan, siendo una de las principales una especie de “impunidad ambiental” que resulta la “ventaja competitiva” que ofrece nuestro país, por lo que “tal vez sea uno de los países con mayor devastación en el mundo”, donde la destrucción no sólo es lo ambiental definido en términos convencionales sino las relaciones sociales, de amistad, íntimas, y donde a la privatización de toda suerte de ámbitos comunes se suma la corrupción de las relaciones, del gobierno y las leyes, hasta volver al sistema todo un ámbito de delincuencia donde las pandillas impusieron su ley. En este contexto, “la entrada de los transgénicos por supuesto no pretende resolver ninguna hambre en el mundo, sino impulsar nuevas tecnologías de enormes riesgos, donde al maíz se le asigna un papel de pequeña fábrica para producir todo tipo de sustancias, desde fármacos hasta combustibles”. [13]

El diagnóstico de fondo. Siendo uno de los objetivos declarados de la audiencia pública reunir evidencias y argumentos contra los cultivos transgénicos, los investigadores y activistas, los sabios de las comunidades, los abogados y los pensadores comunes coinciden en que el objetivo profundo de las seudo-soluciones biotecnológicas es lograr un control más y más absoluto sobre la cadena alimentaria (y por ende el mercado alimentario) que va de la semilla a la comida vendida al menudeo en los supermercados, pasando por todas sus transformaciones, empaques y transportes.

No tiene que ver con las soluciones al hambre ni con el mejoramiento de la agricultura, sino con la promoción de un modelo industrial de pensamiento para el cual los “productos diseñados en laboratorio” se suman, se encadenan y sirven al proceso de producción y reproducción industriales para maximizar las ganancias ejerciendo mayor control sobre todos los eslabones de la cadena.

Camila Montecinos insistió en que las corporaciones ya no están dispuestas a dejar fuera del mercado a 1500 millones de campesinos que cultivan sus propios alimentos, guardan sus semillas nativas, libres, y las intercambian a través de sus canales de confianza, además de producir comida para muchos otros millones de personas. Si a esos 1500 millones le sumamos los pastores, los pescadores, los recolectores y cazadores que propician su propio sustento el número llega a los 4 mil millones de personas. Por eso, intentan restringir los modos, los saberes y técnicas ancestrales y erradicar las semillas libres nativas y sus modos tradicionales de trasiego libre y asociado a saberes íntimos, concretos y abstractos. Intentan imponer esquemas de propiedad intelectual, de certificación, de homologación pero también de “monitoreo” y vigilancia policiaca, criminalizando (como en la peor y más cruenta ciencia-ficción), justo las llaves más vastas y de más antigüedad de la vida futura en el planeta: las semillas. Un objetivo expreso entonces es erradicar la producción independiente de alimentos, lo que danaría seriamente justo los modos que propician ámbitos de libertad, autonomía, defensa del territorio, visiones de integralidad y complejidad que se contraponen a la visión simplista, esquemática, superficial y homogénea de la ciencia positivista.. [14]

Sumado a lo anterior, hay que entender que el problema se agrava porque los transgénicos no son lo que se ofrece. No aumentan la producción agrícola, porque están diseñadas dentro de un paquete tecnológico que exige más agrotóxicos, semillas diseñadas, patentadas, que permiten mayor control corporativo del mundo agrícola y por ende mayores ganancias. 

Dice Camila Montecinos: “Será delito guardar o intercambiar semilla y aumentarán los costos por la obligación de comprar esas mismas semillas y otros insumos. Para las empresas el camino está claro: o logran obligar a los campesinos e indígenas del mundo a pagarles, o se les expulsa de la tierra para que los reemplacen grandes empresarios que sí pagarán. Y los cultivos transgénicos sirven para una y otra cosa”.

Nos debe quedar claro que “la contaminación transgénica no es un accidente, ni es un descuido de las empresas y tampoco es un descuido de los campesinos o agricultores, como nos quieren hacer creer. La contaminación es un proceso deliberado de las empresas que controlan las semillas transgénicas”.

Y remacha Camila Montecinos: “En México se encontraron con que no es tan fácil contaminar mediante la introducción ilegal de semillas, como lo hicieron en Brasil y Paraguay, porque ha habido una reacción desde las comunidades y desde quienes cultivan el maíz propio,  que ha impedido que la contaminación se esparza como fuego. Por lo mismo, necesitan introducir el maíz transgénico de manera legal para hacerlo de manera masiva”.

Pero la avidez de las empresas no tiene fin. En un momento de cambio de patrón tecnológico, cuando se suman muchas crisis combinadas que hacen que el modelo industrial busque afanoso alternativas que no desmantelen el modo industrial de buscar soluciones (porque ese modo produce ganancias incluso a partir de las mismas crisis), los cultivos transgénicos buscan convertir la agricultura en otra forma de la producción en masa, convertir cada cultivo en fábricas de nuevo tipo pero ya no sólo de alimentos, sino de una gama de sustancias de todo tipo: “toxinas, hormonas, vacunas, solventes, plásticos, pinturas, pegamentos, drogas, que en vez de producirlos en un laboratorio mediante síntesis química, se utilizarán cultivos transgénicos que serán altamente tóxicos. Son los llamados farmacultivos, centrales en las estrategias de desarrollo de las empresas de transgénicos”.[15]

Por otro lado, y en eso coincidieron Camila Montecinos, Andrés Barreda y Pat Mooney, la idea de industrias agropecuarias se quedará corta si avizoramos el uso extensivo y expansivo que se le pretende dar a la biomasa (a la materia orgánica originada en los procesos biológicos, espontáneos o provocados) que rebasa con mucho la idea de cultivar (incluso de manera industrial) para hablar de nuevos modos de aprovechamiento de todos los ciclos vitales en la naturaleza, como si esa materia orgánica (ese volumen de energía resultante) no cumpliera funciones naturales fundamentales para el equilibrio planetario.[16]

En todo caso, y en eso insistió también la abogada Magda Gómez, quien diera fe del proceso de reunión de evidencias encaminadas a presentar el caso en tribunales internacionales, se entrevé un “desvío de poder” por parte de los gobiernos que propician todos estos procesos, un desmedido control que no se detiene en leyes y normas[17] sino que intensifica sus procedimientos con certificaciones, con controles policiacos y militares en los campos de cultivo, incluso mediante guardias privadas, pero también mediante procesos biológicos de control como la “tecnología de restricción del uso genético” y todas sus derivaciones.

Tarde o temprano, insiste Camila Montecinos, “las comunidades rurales de esas zonas tendrán que elegir entre cultivar alimentos clandestinamente, convertirse en mano de obra barata para las empresas de transgénicos o abandonar la tierra. Las posibilidades de conflictos sociales crecientes son altas”.

Ante este panorama, y una vez que queda claro que quieren hay la pretensión corporativa global de escindir del cuerpo social al maíz y otros cultivos clave, para que sean cosas y ya no tramados de relaciones profundas, ante el panorama de destrucción como modo de hacer ganancias, como parece ser la decisión de la clase política y empresarial de México, los pueblos, las comunidades, las organizaciones, tienen ante sí el camino de la resistencia cotidiana y la articulación de largo plazo como modo de no aislarse ni ser frágiles ante los embates. Es urgente que intenten crecerle el formato al conflicto presentándolo en tribunales internacionales: no porque ahí haya una justicia cierta, pero sí mayor visibilidad, argumentación, y posibilidades de articulación organizativa con qué defender un futuro que con los transgénicos nos quieren robar. Y eso depende de lo que aquí ocurra. En México la humanidad camina por el filo de la navaja.