Interpelado gobierno a dar tratamiento a embarazada con cáncer
12/03/2010
- Opinión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 26 de febrero, al gobierno nicaragüense, aplicar medidas cautelares a una joven de 27 años a quien los hospitales públicos le habían negado tratamiento contra el cáncer, debido a la prohibición total del aborto. La petición a la CIDH fue presentada por el Grupo Estratégico contra la penalización del aborto.
La solicitud fue firmada el pasado 18 de febrero por 20 organizaciones humanitarias, civiles y la Asociación de Ginecólogos que conforman el Grupo Estratégico. Ellos pidieron a la CIDH "medidas especiales" para obligar al gobierno a proteger el derecho de Amalia a recibir tratamiento contra el cáncer para salvar su vida.
La comunicación del alto organismo de la OEA obliga al Estado de Nicaragua a prevenir cualquier violación a los derechos humanos de Amalia, nombre ficticio para proteger su identidad.
La joven, quien tiene una hija de 10 años, sufre de un cáncer invasivo en varias partes de su cuerpo y está internada en el hospital de la ciudad de León, donde pasó más de 20 días internada sin recibir ningún tipo de medicación, aduciendo las autoridades hospitalarias que cualquier tratamiento puede perjudicar el embarazo.
Los médicos que la tratan se habían negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, por temor a ser procesados. Mientras tanto, integrantes del grupo estratégico realizaron plantones en las afueras del hospital Danilo Rosales, para presionar que le realizaran a Amalia una interrupción de embarazo y se le aplicara el tratamiento que le permita alargar un poco su vida.
Cinco días después de que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIHD) elevó la solicitud de protección de derechos para Amalia, la señora Elízabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, notificó a la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIHD, que habían solicitado al gobierno de Nicaragua "adoptar las medidas necesarias para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que necesita para tratar su cáncer metastásico".
La CIDH recomendó que se tomen las medidas necesarias de acuerdo con la beneficiaria y sus representantes, y demanda al gobierno nicaragüense reserve la identidad de Amalia y mantenga informada periódicamente a la CIDH sobre el avance del caso.
Marta María Blandón, del Grupo Estratégico, dijo a SEMlac que las personas integrantes del grupo deben sentir mucho orgullo de esta batalla por la vida que se ha ganado, pero especialmente de lo que han obtenido Amalia y todas las que, como ella, están sufriendo o potencialmente en riesgo de caer en esta lamentable situación.
El parlamento de Nicaragua aprobó en noviembre de 2006 una ley que penalizó con uno a tres años de cárcel a los médicos y mujeres embarazadas que se sometan a un aborto terapéutico.
El caso de Amalia, hecho público por el Grupo Estratégico, avivó el debate entre grupos fundamentalistas religiosos. Por un lado, algunos especialistas indicaron que la falta de quimioterapia aceleraría el avance del cáncer y acortaría la vida de la mujer, aunque el embarazo podría sobrevivir a la enfermedad.
Funcionarios del Ministerio de Salud aseguraron que las autoridades médicas no están obligadas a rendir información y han ignorado la solicitud, hecha por organismos defensores de los derechos de las mujeres, sobre poder conocer las medidas que aplicarán los médicos en el caso de la joven embarazada.
Asimismo, aseguraron que las acciones respecto a Amalia cursarán respetando las leyes existentes en el país y "los beneficios que deben prevalecer tanto en la madre como el hijo", por lo que seguirían lo estipulado en los procedimientos y protocolo del Ministerio de Salud.
De igual manera aseguraron que, antes de completar el dictamen sobre el caso de la paciente, se tiene que agotar una serie de estudios clínicos y puntos de vistas de especialistas médicos que forman parte de la comisión especial. La decisión final la determinará la Comisión Médica, compuesta por especialistas e integrada por ginecólogos, oncólogos y gineco-obstetras del Ministerio de Salud.
Por su parte, las organizaciones y familiares de la joven expresaron su preocupación respecto a que las autoridades estarían dando largas al asunto para dar tiempo a que el producto del embarazo creciera más y cerrar totalmente las oportunidades de tratamiento para la mujer. No obstante, en total secreto, el viernes 25 las autoridades trasladaron a Amalia a un hospital especializado en cáncer.
Este mismo día, la procuradora de la mujer, Debora Grandison, afirmó que los médicos le mencionaron que el traslado a Managua se debía a que le darían una mejor atención y el tratamiento contra el cáncer, que podría salvarle la vida. La Procuradora de la Mujer explicó que, de hecho, la quimioterapia afectará al feto de apenas 10 semanas, pero en ningún momento se ha pensado que se penalizará a los médicos que la están atendiendo.
Amnistía Internacional también instó al gobierno nicaragüense a que brinde apoyo médico.
La investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica, Esther Major, se declaró "sorprendida" de que Nicaragua "niegue a una paciente de cáncer la posibilidad de salvar su vida con un tratamiento porque está embarazada".
La prohibición en Nicaragua de los abortos terapéuticos es un escándalo de derechos humanos que se burla de la ciencia médica, convirtiendo la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica básica a las mujeres embarazadas y niñas, reprochó Amnistía Internacional.
Movimientos feministas entienden que Amalia está en grave peligro: el cáncer está bastante avanzado y cada día que se retrasa el tratamiento la paciente tiene menos posibilidades de seguir viviendo; exigen la interrupción del embarazo y la aplicación de un tratamiento de quimioterapia que podría alargar la vida de la paciente.
Bertha Sánchez, del Grupo Feminista de León, de donde es originaria Amalia, y que ha estado al frente de los plantones, declaró a SEMlac que "el movimiento feminista está consciente de que los médicos nicaragüenses están atados de manos por una ley injusta, que penaliza el aborto terapéutico, y que por esa ley que fue derogada desde 2006 han muerto más de 100 mujeres por carecer del derecho al aborto terapéutico".
https://www.alainet.org/es/active/36712
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