Ecuador

Breves reflexiones en torno a la Asamblea de la CONAIE

Víctor Hugo Jijón

25/02/2010

Opinión

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La Asamblea Extraordinaria de la CONAIE a realizarse en la ciudad de Ambato los días 25 y 26 de Febrero de 2010 plantea varios desafíos para la dirigencia indígena a fin de que sus Resoluciones respondan realmente a las exigencias de la coyuntura política y económica nacional e internacional, por una parte, y, por otra, a que se establezcan las pautas estratégicas que permitan al movimiento indígena delinear sus acciones a mediano y largo plazo, en los diferentes espacios políticos, institucionales u organizativos, sin sucumbir a premuras inmediatistas. Entre estos aspectos, de por sí numerosos dada la situación de discriminación, pobreza y represión, se pueden priorizar cuatro grandes campos prioritarios: la construcción del Estado Plurinacional, la relación CONAIE – Gobierno, la situación del movimiento indígena y de su instrumento político (Movimiento Pachakutik), y la política económica y social del gobierno.

A su vez, el tratamiento de estos temas y de los subtemas que le son inherentes requiere no incurrir en conocidos defectos que impiden un salto cualitativo en el análisis y en la toma de decisiones: a) la repetición quejumbrista de diagnósticos por demás conocidos que impide profundizar alternativas de solución, y b) un etnocentrismo indigenista que impide abordar en profundidad otros puntos necesarios para la transformación económica y política y que obstaculiza la formulación de una política de alianzas con otros sectores sociales que comparten la misma situación de opresión y explotación y que tienen objetivos comunes de cambio.

A partir de estas consideraciones iniciales, se pueden señalar algunos criterios para el debate, con la debida dimensión crítica y autocrítica.

1. La construcción del Estado Plurinacional

Este es un proceso ya iniciado oficialmente una vez aprobada la nueva Constitución de la República, dentro de una problemática que se puede desbrozar en tres ejes relacionadores:

· Una relación Constitución – Institucionalidad – Políticas Públicas

· Una relación Constitución – Presupuesto General del Estado – Presupuestos GAD

· Una relación Ejecutivo – Asamblea Nacional – Control Social

Es decir que el conocimiento y estudio del texto constitucional se vuelve una necesidad muy urgente. Si los logros alcanzados en Montecristi no son debidamente valorados y aplicados, por insatisfactorios que sean algunos de ellos, cualquier planteamiento político corre el riesgo de no ser ejecutable o de incurrir en impedimentos legales que se pueden evitar. O se puede también cometer el desaprovechamiento de postulados favorables para cambiar las condiciones de vida, defender los recursos naturales o impedir su saqueo. Por lo mismo, surge como primera decisión establecer un Programa de difusión y análisis de la Constitución en forma tal que las bases de las organizaciones y sus mandos medios tengan el suficiente conocimiento de las garantías y derechos allí contemplados y de sus formas de defensa. Igualmente, se podrán desarrollar iniciativas para hacer cumplir varios aspectos relacionados con el Régimen de Desarrollo y el Sumak Kawsay.

Sin embargo, lo importante es el relacionamiento indicado en los ejes señalados. En efecto, el Estado Plurinacional cobra vida en la medida en que ocurre una reestructuración institucional a nivel macro, y en ese sentido uno de los puntos en debate es la conformación de los Consejos Nacionales de Igualdad y el destino del CODENPE. Al respecto, existen dos posibilidades: tratar de mantener prácticamente la misma institución actual sólo que más inflada y con atribuciones de incidencia en políticas públicas y un supuesto manejo presupuestario para pequeños proyectos; o pensar una transversalización de la plurinacionalidad a fin de que las políticas públicas para pueblos y nacionalidades sean formuladas y aplicadas en todas las instancias del Estado, tanto a nivel ministerial como en las instituciones autónomas o adscritas, así como en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD. En la primera opción, se corre el riesgo de auto-aislarse de las demás instancias ministeriales o similares, por ejemplo de la SENPLADES, y reducirse a una suerte de gueto administrativo de indígenas para indígenas, con el consecuente peligro de sufrir presiones o chantajes desde la Presidencia de la República u otras instancias estatales. ¿Es acaso eso lo que se desea como realización de la plurinacionalidad?

La segunda opción implica pensar la presencia indígena en todas las instancias de decisión para garantizar que realmente se formulen esas políticas públicas y se las aplique a través de sus respectivos programas y proyectos, cuya ejecución demanda una lucha tenaz para su financiamiento, es decir, para pelear desde adentro los respectivos presupuestos y lograr que consten en el Presupuesto General del Estado, PGE. Hay que recordar que éste se arma propiamente en el Ejecutivo y va a la Asamblea Nacional para su aprobación sin que los montos asignados puedan ser cambiados.

Esto lleva a su vez a plantearse la pregunta clave de toda la perspectiva. Si bien hay todavía mucho que pensar y elaborar en el Qué? y en el Cómo? de la construcción del Estado Plurinacional, lo más importante y decisivo es Con quién o Con quienes? Y en esto es necesario reconocer el enorme retraso en que se ha incurrido en la formación de profesionales técnicos y administrativos, y en general, en el descuido de la formación de cuadros que puedan asumir las grandes responsabilidades de la administración pública, ya sea a nivel del gobierno central o en las provincias, cantones y parroquias.

A parte de esta lamentable situación, a veinte años del Levantamiento de 1990, a catorce años de la creación del Movimiento Pachakutik y de disponer de autoridades electas, es inevitable preguntarse: ¿En dónde están las estructuras de acogida de los jóvenes profesionales indígenas que egresan de las universidades ecuatorianas? A dónde vendrán a trabajar los becarios graduados en el exterior? Y aquí cabe una pregunta complementaria: ¿Cuántos profesionales indígenas están empleados o empleadas en la actualidad como funcionarios en las Prefecturas y Alcaldías con autoridades indígenas?

En verdad, cualquier cambio político o económico sustancial implica serias confrontaciones con la oligarquía y con el mismo personal administrativo actual, en buena parte obsoleto y corrupto.

A parte de esto, es muy importante revisar el Régimen de Competencias contemplado en la Constitución, allí constan aspectos sustanciales para el quehacer político en función de los intereses de pueblos y nacionalidades, en particular combinándolo con todo lo que se refiere al ordenamiento territorial y autonomía. La conformación de las provincias amazónicas como región con su propia ley, prevista en el artículo 250 de la Constitución, requiere de una estrategia unitaria delicada a fin de que este proceso no alimente al gutierrismo y pueda ser direccionado por las tres prefecturas de Pachakutik.

El segundo eje relacional es más bien pragmático, y demanda repensar el financiamiento de los GAD desde el Estadio Central, es decir reformular los Planes de Desarrollo con Identidad y los Presupuestos Participativos con una dimensión regional y de mancomunidad. Hay que recordar de que ya no existen pre-asignaciones y que todo va vía PGE. Esto a su vez exige una suerte de presión social y cabildeo institucional a fin de que esos requerimientos de fondos provinciales o cantonales sean tomados en cuenta en los respectivos ministerios. Esto implica, evidentemente, un rol más incisivo de la AME y del CONCOPE, por lo mismo, una reformulación de su accionar. Al respecto, como espacio propio ya vigente algún tiempo, es de preguntarse ¿Cuál es el papel que puede y debe jugar la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos? ¿Qué evaluación se está haciendo del Proyecto FORMIA? Qué resultados ha dado esa cooperación internacional y tanto viaje de alcaldes a España?

En este aspecto, el principal desafío para las organizaciones de la CONAIE reside en establecer el tipo de participación comunitaria que realmente permita o facilite el seguimiento y monitoreo de las autoridades electas, que exija una rendición de cuentas transparente, sean o no autoridades electas por Pachakutik. Y desde luego, que en verdad se desarrolle una política de fortalecimiento de las organizaciones desde las juntas parroquiales, municipios o prefecturas.

En cuanto al tercer eje, referido a la relación del Ejecutivo con la Asamblea Nacional y de ambas instancias con el llamado Quinto Poder, el Control Social, lo esencial radica en la elaboración de leyes y la fiscalización. Este es un aspecto que con el actual Presidente y la mayoría gobiernista en la AN se ve entorpecido y alterado en su carácter democrático. En realidad es muy poco lo que la AN puede hacer por su propia cuenta, casi no hay proyectos de ley originados en su seno y que hayan sido aprobados; todo proviene de Carondelet y es pensado desde el enfoque tecnocrático de la SENPLADES y de los asesores derechistas de la Presidencia. Esto vuelve determinante la movilización social como factor de presión para que las leyes recojan al menos en parte las demandas ciudadanas.

En lo que se refiere a la Participación Ciudadana y Control Social, el proceso de elección del respectivo Consejo ha sido y es duramente cuestionado por la injerencia del Ejecutivo en el Consejo Nacional Electoral para que en la recalificación se favorezca a candidatos de Alianza PAIS, perjudicando a mucha personas con mejores méritos o cualidades.

Sin embargo, al margen de estos desatinos y autoritarismos, aunque el movimiento indígena no haya presentado candidatos para este Consejo, es muy importante que participe en lo que prosigue del proceso ya que de allí saldrán las autoridades de control y fiscalización, Procurador, Fiscal, Presidente de la Judicatura, así como el Defensor del Pueblo, y esto incidirá en puntos cruciales del manejo económico y de la administración de justicia, lo cual impacta seriamente en la vida comunitaria..

2. La relación CONAIE - Gobierno

La experiencia del pasado Diálogo gobierno – CONAIE muestra varias limitaciones: poca acogida a los planteamientos de las organizaciones indígenas por delegaciones gubernamentales sin poder de decisión, reticencias en las comisiones legislativas para plasmar en artículos de ley lo que se pudo consensuar, fuertes discrepancias con autoridades ministeriales (como la del agua), acceso limitado a información importante para dimensionar los requerimientos, discrepancias radicales con el gobierno en aspectos de autonomía institucional, circunscripciones territoriales y autogobierno.

La ruptura del Diálogo obedeció a una justa reacción de descontento e indignación ante la actitud gubernamental poco receptiva y manipuladora. Sin embargo, es necesario pensar una estrategia de interlocución e incidencia ya que no puede quedar el proceso en un punto muerto y tampoco se puede reanudar un diálogo en las mismas características que el anterior. Por lo mismo, es importante considerar qué aspectos son los que más conviene tratar con el gobierno al más alto nivel, qué condiciones y modalidades se plantean como garantía de realización y ejecución de los consensos a los que se pueda llegar, en qué plazos se plasmarán los resultados de la discusión.

Es importante tomar en cuenta el calendario legislativo que el gobierno debe cumplir por mandato constitucional y cuáles son las leyes que se deben aprobar en ese lapso. La derecha apuesta a una desestabilización política desde la movilización popular y al no tener la organización adecuada su expectativa radica en lo que puedan realizar las organizaciones indígenas, estudiantiles o campesinas. Como se ha visto, la movilización urbana derechista sólo puede ocurrir en pocas ciudades, dispersa, falta de verdadero liderazgo y sin mayor impacto real sino sólo mediático. Esto hace que algunos voceros del gobierno planteen a los movimientos sociales contestatarios de “no hacerle el juego a la derecha”, sin embargo, esto no puede ser un argumento para desmovilizarse.

No obstante, hay que preguntarse: ¿Movilización o levantamiento para qué?

Cualquier acción popular se da en búsqueda de un resultado deseado y que constituye una demanda sentida y una aspiración colectiva justa. Esto determina que se lleven a cabo actividades de motivación y preparación de las bases, la disponibilidad de medios o recursos, el análisis del terreno donde aquella acción va a ocurrir, el análisis del adversario y de su capacidad de respuesta, medidas precautelatorias de la seguridad de los participantes, campañas de comunicación para sensibilizar a la opinión pública y obtener su simpatía o apoyo favorable. En función de lo cual se fijan los márgenes de negociación y sus alternativas (Plan A, Plan B…).

Actualmente se está en la época de “la protesta con propuesta” y la principal lección del pasado diálogo es que no se tenían suficientemente claras algunas de las propuestas y tampoco se miró adecuadamente los diferentes filtros para que ellas se lleven a efecto. En verdad, una cosa era llegar a acuerdos en una determinada Mesa, luego esperar que ello tenga la aprobación del Presidente Correa, y luego, cuando eran artículos de ley, esperar que la respectiva Comisión Legislativa lo apruebe, para finalmente esperar la suerte que le depare la sesión del Pleno, donde la mayoría es gobiernista...

Para el caso en donde no iba a la Asamblea Nacional se debían llegar a acuerdos con autoridades ministeriales y aquí todo dependía de quien estaba al frente, viviéndose situaciones muy diferentes: por ejemplo, una cosa era tener la receptividad del Ministro de Agricultura y otra muy diferente enfrentar la tozudez y reticencias del responsable de SENAGUA.

Por tal motivo, cualquier nueva negociación con el gobierno implica al menos cuatro aspectos de carácter interno y cinco de carácter externo:

Interno:

1) Unidad de criterios y de estrategia al interior de la CONAIE, independientemente de las diferentes prioridades que asignen las regionales a cada tema (unos dan más importancia a la Ley de Aguas, otros al Código Territorial, otros a la Educación Intercultural Bilingüe, etc.).

2) Formulación de una Agenda abarcativa que vaya más allá de los puntos tratados hasta el momento y que se obtengan decisiones del más alto nivel del Ejecutivo con carácter vinculante, es decir que las autoridades respectivas en quienes recaiga una resolución no evadan su responsabilidad ni boycoteen la ejecución del acuerdo.

3) Conformación de equipos técnicos permanentes para elaborar las propuestas en todos su aspectos: técnicos, jurídicos, económicos, humanos, etc. Esto requiere un financiamiento adecuado.

4) Elaboración de un Plan de Acción que incorpore tanto las actividades interinstitucionales como los Talleres y Asambleas informativas en cada Regional y las medidas de presión para cada punto en discusión.

Externo:

1) Derogatoria de todos los Decretos emitidos por el Presidente Rafael Correa y que atentan a los derechos de los pueblos y nacionalidades.

2) Publicación previa de las propuestas gubernamentales para cada punto en debate y la predisposición de que, en caso de tratarse de una Ley, la mayoría oficialista aprobará los textos acordados sin alterarlos.

3) Suspensión definitiva de toda persecución legal o policial a los dirigentes o miembros de las nacionalidades y pueblos injustamente inculpados y procesados por motivo de las movilizaciones de septiembre del año pasado.

4) Reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la muerte del Profesor Bosco Wisuma y cumplimiento de todas las obligaciones que de ello se deriven.

5) Aceptación gubernamental de que el PNUD actúe como Veedor en las reuniones que se aprobaren entre el Gobierno y la CONAIE.

3. La situación del movimiento indígena

Es fundamental partir de la constatación de que los niveles de organicidad y liderazgo varían de una región a otra, y que en buena parte requieren de un urgente proceso de fortalecimiento. Las causas para estos desfases son distintas: falta de formación de nuevos líderes; participación desarticulada en los procesos electorales y generación de rivalidades y resentimientos; ubicación de dirigentes en la institucionalidad sin la aprobación de las bases; desinformación sobre las políticas públicas para pueblos y nacionalidades; desinterés de las autoridades electas en fortalecer a las organizaciones, emigración de miembros de las comunidades a las grandes ciudades y al exterior, entre otras.

Al respecto, ya se han tomado varias resoluciones pero en general no han sido cumplidas o no se las ha cumplido adecuadamente. Es urgente actualizarlas y designar responsables.

A más de lo señalado, actualmente se está produciendo una intromisión perniciosa del gobierno para dividir a las comunidades en base a ofrecimientos de sus programas de atención social y microcréditos, con lo cual se sirve de la situación precaria de las familias indígenas para implantar su política asistencial y clientelar. La súbita generosidad de ofrecer catorce frecuencias radiales luego de haber clausurado arbitrariamente la Radio Shuar Arutam va en el mismo sentido. Igualmente, trata de reclutar miembros para sus supuestos Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana, con lo cual altera las reivindicaciones y demandas propias de pueblos y nacionalidades y desvía la actividad de dirigentes y bases.

Así mismo, ocurre una campaña soterrada de vinculación de dirigentes indígenas comunitarios al partido populista Sociedad Patriótica en base a ofrecimientos de ayuda económica y de participación electoral como candidatos en los futuros procesos electorales.

Estos factores plantean la necesidad de establecer un Plan de Acción Política en el cual, a más de las actividades ya definidas en los respectivos Consejos de Gobierno, se contemple una Estrategia de Retaguardia a fin de preservar la integridad comunitaria y el proyecto político propio, definiendo actividades locales más vinculadas a la producción y a las preocupaciones económicas de las familias.

Por otra parte, las prioridades reivindicativas y políticas también varían de un región a otra o de un pueblo o nacionalidad a otra, esto demanda un esfuerzo de coordinación y compaginación para darle coherencia a las propuestas generales, ya sean estas relacionadas con el agua, la tierra, los territorios, la salud, la educación, la producción, etc.

Es importante formular una serie de Talleres de Elaboración de Políticas Públicas y Planes de Desarrollo a fin de no ser absorbidos por reivindicaciones pequeñas que mantienen a las comunidades en situación de sobrevivencia. Igualmente, es importante pensar los problemas involucrando a todos los actores que los viven; por ejemplo, mucho se ha descuidado en la acción unitaria alrededor del agua y no se han dado acercamientos con la Juntas de Regantes. Ello ha repercutido en divisiones, actuaciones separadas y un consiguiente aislamiento y dispersión al momento de constituir candidaturas exitosas; lo cual ha favorecido a la derecha o a alianza PAIS.

4. La política económica y social del gobierno

Es por demás conocido que el actual gobierno mantiene en gran parte las políticas neoliberales de gobiernos anteriores pese a que en algunos aspectos ha entrado en choques con los monopolios empresariales y ciertas fracciones de la oligarquía.

Igualmente, mantiene una posición extractivista de los recursos naturales y bajo el pretexto de que necesita dinero para la llamada “revolución ciudadana” ha incurrido en contrataciones perjudiciales para el Estado con empresas chinas o de otros países. Esto ha sido denunciado por varias personas pero sin mayores efectos de fiscalización por parte de las autoridades correspondientes ni tampoco de los Asambleístas de Pachakutik. Existen temas que no se visibilizan en la actividad legislativa y de fiscalización lo cual ha determinado que la bancada de Pachakutik pase prácticamente desapercibida en el acontecer político nacional.

A su vez, no existe un análisis del Plan del Buen Vivir 2009 – 2013, en donde está fraguada la política a largo plazo de Alianza PAIS, incorporando en doce grandes Objetivos algunas demandas populares y de pueblos y nacionalidades pero dejando de lado muchas otras. Esto deja la vía libre para que incluso los gobiernos locales asuman comportamientos colaboracionistas con Carondelet con tal de que no les priven de los presupuestos anuales u otras ayudas.

Sin embargo, lo esencial radica en la filosofía que rige ese Plan, sobre todo en aquello relacionado con la situación indígena y es por demás evidente que los postulados se alinean con la política del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que ya en el año 2004 definió un Marco Estratégico para el Desarrollo Indígena, el mismo que contempla tres grandes campos:

1) Fortalecer las tierras, el territorio y la gobernabilidad de las sociedades y economías tradicionales indígenas en los territorios y comunidades rurales de origen, en base a la identidad étnica y la seguridad alimentaria.

2) Reducir la marginalización y la exclusión, para facilitar mayor acceso, calidad y pertinencia sociocultural de los servicios sociales y financieros, los mercados laborales y las oportunidades del desarrollo.

3) Potenciar las ventajas comparativas de los pueblos indígenas basadas en su capital natural, cultural y social para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Como se ve, muchas de las propuestas de ese Plan e incluso del movimiento indígena están allí, en una estrategia del BID que funciona en armonía con el Banco Mundial y el FMI. El “Desarrollo con Identidad” es el principal eje conceptual de esta estrategia, la misma que contiene numerosos lineamientos que contentarían a no pocos dirigentes.

Este es un caso típico de “recuperación” o “apropiación” institucional de las reivindicaciones populares por parte de las grandes agencias internacionales o de los gobiernos, con el fin de desmovilizar o contentar temporalmente a ciertos sectores activos. Sin embargo, lo que hay que preguntarse es qué mismo se está haciendo como administración pública “con identidad” como para decir que se están propiciando rupturas con el modelo neoliberal. Aquí cabe entonces el interrogante para las autoridades indígenas electas, si están haciendo cambios sustanciales en su gestión pública o simplemente están administrando la pobreza un poquito mejor que autoridades de cualquier otro signo ideológico.

En definitiva, la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE tiene la oportunidad de enmendar muchos de los errores o desvíos acontecidos, y enrumbar las acciones futuras dentro de una perspectiva realmente transformadora. Esto sólo puede acontecer si se asumen unitariamente los desafíos y si se define una estrategia de alianzas con otros sectores sociales que comparten la misma esperanza emancipadora.

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