Más que armas y soldados, nuestra región requiere construir un nuevo tejido social, sobre la base de la extraordinaria riqueza cultural y natural del istmo.

Armas para el desarrollo?

Andrés Mora Ramírez

07/02/2010

Opinión

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“Una nación que continúa gastando, año tras año, más dinero en la defensa militar que en programas de sostén económico, está acercándose a la muerte espiritual”. Martin Luther King.

El presidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, presentó, el pasado 1 de febrero, el presupuesto militar para el año 2011. Se trata, como lo consignaron diferentes agencias de noticias, del plan de gastos más elevado de la historia: $708 mil millones de dólares. Nunca antes se había previsto gastar tanto dinero para alimentar la máquina de la guerra infinita y las cuentas bancarias del complejo militar-industrial, en lugar de satisfacer las necesidades más elementales del pueblo norteamericano (sobre todo de ese Tercer Mundo que vive en el Primer Mundo), o de los pueblos de otras regiones del planeta.

Si bien la partida global destinada a América Latina sufrió recortes, sobre todo para los dos principales aliados de los Estados Unidos: México y Colombia; en cambio, el monto destinado a Centroamérica, que se presenta bajo el título de “cooperación y ayuda militar y al desarrollo”, fue el único que reportó un aumento. Un dato sumamente revelador del lugar que ocupan los países centroamericanos en la estrategia militar de Washington para la región latinoamericana y del Caribe.

articular atención merecen los casos de El Salvador y Honduras, emblemáticos ambos de las posibilidades de construcción social y popular en Centroamérica, y por eso mismo, objeto de asedio por parte de los grupos oligárquico-empresariales criollos y de la potencia del Norte, que cuidan de sus intereses recurriendo a buenas o malas maneras.

Para El Salvador, donde el presidente Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sortean las contradicciones internas del ejercicio del gobierno, así como las presiones de la embajada estadounidense en San Salvador, que pretende alejarlos a toda costa del bloque de países del ALBA, se anunció que la “asistencia militar y policial” norteamericana pasará de los $2,7 millones de dólares del 2010, a $6,6 millones de dólares en 2011[1].

Y en Honduras, la bota militar y el “civismo” reaccionario, que nuevamente salieron de sus cavernas en junio de 2009 para dar un golpe de Estado, serán recompensadas con ayuda económica por $65,9 millones de dólares, mucho más que los $48 millones de dólares asignados para el 2010[2], y que se aprobaron cuando Manuel Zelaya todavía era presidente constitucional. Sin duda, un premio de los Estados Unidos al golpismo hondureño y a los promotores de su “blanqueo” a nivel internacional.

El proyecto de Washington para Centroamérica, que se complementa con el Plan Mérida (al que asignará $410 millones de dólares) y el nuevo proyecto en ciernes: la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (de la que la ocupación de Haití puede ser el primer paso), no es otra cosa sino la alternativa de la guerra: al narcotráfico, al crimen organizado, al terrorismo y, ahora también -y esto es quizá lo más peligroso- añade un nuevo componente a sus objetivos estratégicos: el combate al “disturbio social”[3], categoría de fronteras borrosas y, por lo tanto, sujeta a las interpretaciones arbitrarias y coyunturales.

Recientemente, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez describió la situación de inseguridad y pobreza que experimenta Centroamérica, la región más violenta del mundo según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la imagen de “una red llena de huecos”[4], donde los esfuerzos que realizan los Estados, en términos de políticas públicas de prevención y combate al delito y la inseguridad, simplemente resultan insuficientes.

Frente a esta situación, nuestras élites políticas, sumisas y sin sentido crítico ni conciencia histórica de la condición centroamericana, han optado por sumarse, sin reparos, a las iniciativas geopolíticas de los Estados Unidos, que privilegian las soluciones represivas, la intervención policial y, como lo hemos visto recientemente en El Salvador, también la participación de los militares en el combate a la seguridad ciudadana. En cambio, son menos entusiastas cuando se trata de emprender reformas que, por ejemplo, garanticen una más justa distribución de la riqueza, o la profundización de la democracia participativa.

Lo cierto es que la opción represiva de las guerras infinitas, contra el terrorismo y el narcotráfico, como lo ilustran los casos de Colombia y México, crea más problemas de los que soluciona.

Esa “red llena de huecos” que es hoy Centroamérica, no será reparada por los ejércitos –“nacionales” o extranjeros- con fusiles, bayonetas o radares de alta tecnología, sino por el protagonismo de los pueblos. Más que armas y soldados, nuestra región requiere construir un nuevo tejido social, sobre la base de la extraordinaria riqueza cultural y natural del istmo, y que apueste más al desarrollo humano integral y sostenible, que a las tesis de aquellos políticos y empresarios que sueñan con convertirnos en una inmensa zona franca, repleta de maquilas al servicio del capital transnacional.

Esa es nuestra alternativa.