El rechazo el año pasado de tres universidades nacionales argentinas a recibir fondos mineros, inició un debate sobre la pertinencia de aceptar financiamiento proveniente de actividades que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Algunos plantean que ese dinero puede significar una intervención de las empresas en los planes de estudio, mientras que otros consideran que aporta al presupuesto universitario.

 

A lo largo del 2009, tres universidades nacionales —Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC) y Luján (UNLu)—, 26 facultades y tres unidades académicas rechazaron los fondos mineros. La oposición comenzó en el 2008, cuando la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" no aceptó el dinero. Entre otros argumentos el Consejo Asesor Zonal de dicha universidad enfatizó que el pueblo de Esquel rechaza ampliamente la megaminería por ser una actividad contaminante —como lo manifestó en el 2003 cuando en una consulta popular el 81% de la población votó por la no explotación de un yacimiento de oro cercano a la localidad—, y que dicha unidad académica no era ajena a la voluntad de la ciudadanía.

 

En ese momento las utilidades mineras recibidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —instancia de coordinación de políticas universitarias—, para administrar entre las 40 universidades nacionales del país, ascendían a 50 millones de pesos (US$13.2 millones).

 

En el contexto del proceso de movilización popular, iniciado en el 2002, contra el emplazamiento de proyectos de megaminería a cielo abierto en la Cordillera de los Andes, la distribución de 36.8 millones de pesos ($9 millones) entre las universidades nacionales, correspondientes a las utilidades de la explotación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD), agitó las aguas en la comunidad académica.

 

 

En 1948 fue descubierta en la provincia noroccidental de Catamarca la mina de oro y cobre Aguas de Dionisio, cuya propiedad quedó en manos del gobierno catamarqueño, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado Nacional, que conformaron el organismo interestadual YMAD. A mediados de la década de 1990, en el marco de una reforma neoliberal del Estado impulsada por el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-99) que generó condiciones ventajosas para el desarrollo de proyectos mineros, el YMAD se asoció a Minera Alumbrera Ltd., perteneciente a la corporación suiza Xstrata Plc (50%) y las canadienses Goldcorp Inc. (37.5%) y Yamana Gold (12.5%), para la explotación del yacimiento.

 

Desde 1997 esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) opera en Bajo La Alumbrera. El sector privado se alza con el 80% de las utilidades, mientras que al organismo interestadual le corresponde el 20%. Según la ley 14.771 de 1958, que legisla al YMAD, el 60% de los beneficios son para la provincia de Catamarca y el 40% se divide en partes iguales entre la UNT y el Estado Nacional, que está obligado a destinar los fondos al sostenimiento de las universidades públicas. En síntesis, el 4% de las utilidades de la explotación de la mina llega al CIN.

 

En los últimos 10 años se sucedieron denuncias contra el emprendimiento minero por filtración de drenajes ácidos y derrames por roturas del mineraloducto de 316 km de largo que transporta un caldo mineral hasta la provincia de Tucumán. En mayo del 2008 la Cámara Federal de Tucumán Nº 2 procesó al vicepresidente de Minera La Alumbrera, Julián Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, causa que aún sigue abierta.

 

 

El 10 de junio último el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al CIN y a los rectores de todas las universidades nacionales pidiendo el rechazo de los fondos porque "provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento".

 

Un argumento similar esgrimió Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de la UNC, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente y uno de los artífices del "no a los fondos minero" de la Universidad Nacional de Córdoba. En sus intervenciones insistió en que la explotación del yacimiento demanda diariamente 95 millones de litros de agua en una región semiárida.

 

"El rechazo incluye la capacidad de escucha, el respeto y la sensibilidad de la comunidad universitaria ante las voces ciudadanas, los reclamos colectivos y las afecciones intersubjetivas [cambios a nivel cultural, de valores, de formas de relacionarse con el territorio] que produce la implementación del modelo extractivo de la megaminería. Estas últimas van más allá de los impactos ambientales, para anclarse en el núcleo de los lazos sociales, la diversidad cultural, los derechos humanos y el sufrimiento psíquico de pobladores", sostuvo Mirta Antonelli, docente investigadora de la Facultad de Filosofía e Humanidades de la UNC, en diálogo con Noticias Aliadas.

 

"Los ejes del debate procuraron dar cuenta de todos los aspectos implicados en el modelo de la megaminería: las leyes que la rigen desde los 90, los impactos ambientales, sanitarios, patrimoniales, culturales; las modalidades de cooptación, compra de conciencia de las empresas y la connivencia de gobiernos de distintas jurisdicciones", señaló.

 

En tanto, los sectores que aceptaron los fondos plantearon diferentes argumentos, desde la formalidad de cumplir con lo que manda la ley 14.771 a la puesta en duda o el rechazo de los impactos negativos derivados de la explotación de dicha mina.

 

"No incorporar ese dinero al presupuesto —que como todo dinero puede ser considerado sucio, o como se lo quiera tildar, ya que hablamos de la madre de las mercancías del sistema capitalista— nos llevaría lógicamente a renunciar al presupuesto mismo de las universidades públicas que, como todos sabemos, se compone de otros dineros procedentes de actividades muy cuestionables. Por ejemplo, el que proviene de las retenciones a la producción sojera", relativizó Hugo Trinchero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de un comunicado difundido a fines de agosto.

 

Por su parte, Antonelli subrayó que esta polémica "abre a una discusión más amplia: cuáles son las políticas científicas que se han diseñado, sus relaciones con el sector empresarial —no sólo minero—, y qué semántica del ‘desarrollo’ se viene institucionalizando para avalarlas".

 

Consultado por Noticias Aliadas, Jair Zolotow, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA —la única que rechazó los fondos dentro de esa universidad—, señaló que "si bien la plata es parte del 20% que recibe el Estado Nacional por YMAD, aceptarla es una forma de legitimar las actividades empresariales y dejarse intervenir por las empresas, que terminan marcando la agenda de los planes de estudio [ya que los adecuarían a las necesidades de las empresas]. El dirigente estudiantil afirmó que "hay casi 5,500 convenios de empresas privadas con las universidades públicas".

 

Fuente: Noticias Aliadas. www.comunicacionesaliadas.org/