Es muchas veces bueno, especialmente cuando se está sumergido en una crisis de la magnitud de la uruguaya, tratar de separar las aguas para poder, de alguna manera observar con la mayor claridad posible, los elementos que conforman la coyuntura. Sí así lo hacemos llegaremos a comprender que en ocasiones nuestros gobernantes, especialmente durante el período extenso y nefasto del contador Alberto Bensión al frente de la cartera de Economía, actuaron con una dinámica propia y favoreciendo intereses sectoriales, aunque ello fuera un desatino y en definitiva hasta nos produjera una erosionada relación con el FMI. No contentos con ello hoy se ha comenzado a visualizar otro fenómeno similar que se advierte en algunas empresas públicas en las que, sus directorios, aparecen abocados a una tarea con un objetivo nuevo: su vaciamiento. ¿De qué otra forma se puede calificar lo que está ocurriendo en ANCAP, en donde se suma a las enormes pérdidas de 250 millones de dólares por sus fallidos negocios en la Argentina, una específica política destinada a favorecer a empresas vinculadas a su presidente, hombre de negocios que tiene intereses no solo en nuestro país sino en empresas papeleras de la Argentina? Una empresa pública que pagó el año pasado dos millones y medio de dólares por la opción de compra de una petroquímica, también de propiedad de la fallida Solpetróleo, que volvió a pagar en enero de este año 350 mil dólares para mantener esa prioridad, otra suma similar en febrero. En el pasado mes de marzo ANCAP pagó 11 mil dólares al día y en abril está pagando 12 mil al día. El plazo vence el próximo viernes 25, pero es posible que se pida una prórroga. Todo esto en un país en donde está restringido el aporte oficial a los hospitales. Si a estos manejos le sumáramos la irracional política tarifaria que llevó a los combustibles a precios inalcanzables para la mayoría de los uruguayos, sin siquiera tomar en cuenta otros hechos que serán trasladados al lector en otra oportunidad, la conclusión a la que se arriba es casi indiscutible. El directorio de ANCAP está aplicando una política clara, determinada, encaminada al deterioro de la empresa que no podrá resistir mucho tiempo más una situación de caída tan aguda. ¿Será una alternativa a la fallida política de privatizaciones? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es evidente que el camino emprendido no es el mejor para los intereses del país y cabe una explicación esclarecedora sobre lo que se está haciendo. ¿Cuál es el sentido de esta dinámica tan singular, cuyo objetivo económico no se puede escudriñar? ¿Cómo es posible que el gobierno embarque a las empresas públicas en políticas tan negativas, por ejemplo la tarifaria, que determinan perjuicios gigantescos para ellas mismas? La rebaja del precio de las naftas tuvo el objetivo de desprenderse de un acumulado de ese combustible que, de lo contrario, debía venderse a precios ruinosos en el mercado argentino. ¿Por qué no se rebajó también el gas oil? Las explicaciones sobre ello son tan endebles como inaceptables. Se afirma que no se redujo su precio para mantener un equilibrio en la región en donde el combustible tiene un valor, medido en dólares, similar. Qué lamentable conclusión y que falta de sustento técnico, porque si miramos el asunto desde el punto de vista de los ingresos, del volumen de dinero en circulación en la sociedad, podremos llegar a la conclusión que el precio del gas oil es más oneroso en el Uruguay para las posibilidades económicas del país que en Argentina y Brasil. Aquí, por lo que definiríamos como un conservadurismo a ultranza, se prefiere seguir con el mismo mecanismo tarifario, castigando a la población y, evidentemente, perjudicando a ANCAP. La gente que ya no puede pagar boleto, que no sube a taxis, que utiliza la bicicleta para desplazarse, los camioneros que hacen menos viajes agrupando cargas con destinos cercanos y mil ejemplos más, demuestran la desmesura de una política que tiene como resultado el deterioro de ANCAP. ¿Ello no lo ve nadie en el gobierno? Tampoco advierten estos señores, en relación a ANTEL, que las familias siguen tratando de economizar en el uso del teléfono, cuando no lo han abandonado lisa y llanamente. ¿No se han dado cuenta que los uruguayos no utilizan ya el teléfono celular? ¿Por qué vamos a esto? Leamos lo que ha dicho Michel Mussa, economista jefe del FMI, un oficialista vinculado a la más rancia tecnocracia fondomonetarista. Afirma que "una de las más importantes conclusiones con relación a las crisis recientes ha sido la percepción de que los esfuerzos precedentes para afrontar tales crisis, utilizando programas de ajuste y paquetes de ayuda organizados por el FMI, de hecho, han empeorado las cosas". ¿Será que el gobierno y los directores de las empresas públicas, en su afán de lograr las guiñadas del FMI, llevan adelante posturas que ya estaban fuera de época y que hoy ni siquiera son contempladas como válidas por lo propios tecnócratas del FMI? Mussa sostiene que esas políticas "han empeorado las cosas", sin embargo aquí, con una constancia brutal, sin tener en cuenta la destrucción de riqueza que continúan provocando, se aplican de manera implacable. Es evidente que los técnicos de ese organismo advirtieron que Uruguay se había convertido en un barril sin fondo, (recordemos que en semanas desapareció una primera partida de setecientos millones de dólares, destinados a cumplimentar la política de "honrar las deudas del país") ¡700 millones de dólares! Era obvio que para entregar más dinero plantearían nuevas condiciones que restañaran de alguna manera la sangría permanente de dinero que, obviamente, se trasladaba al exterior. Hoy el país está ante una similar disyuntiva. O funciona el canje de deuda o el FMI no entrega las partidas convenidas. Esa posición también coincide con otros elementos de la realidad que sigue siendo grave, quizás por una comprobación que ya es indiscutible que da cuenta de la absoluta caducidad del modelo, que no hace pie en ningún punto de la realidad uruguaya. Por más buena voluntad que ponga el actual ministro Alejandro Atchugarry, el deterioro seguirá acentuándose, especialmente cuando se han comenzado a perfilar aspectos de una política desesperada, la del "sálvese quién pueda" (vaciamiento), que puede tener gravísimas consecuencias, a través del deterioro de las empresas públicas, para el país. Este es un tema que abordaremos. Los uruguayos deben conocer las consecuencias de lo que se está haciendo y las responsabilidades de cada uno de estos chapuceros puestos a gobernantes. * Carlos Santiago. Secretario de redacción de "Bitácora".