Telarañas peligrosas para la democracia

Yira Plaza

23/11/2009

Opinión

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El escenario colombiano se debate entre irregularidades, corruptelas gubernamentales dirigidas por el presidente Uribe y su gente, e intrincados caminos legales.

Las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para mayo del 2010, empiezan a mover el debate en el contexto de una nueva ola de escándalos e irregularidades, que involucra a miembros del gobierno y a los impulsores del referendo reeleccionista.

El peso real de estas irregularidades sobre el proceso electoral y su incidencia en el futuro político colombiano están por verse, hasta ahora configuraban un panorama donde los miembros del uribismo aparecían mediáticamente como indestructibles.

El último escándalo está relacionado con el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS) un programa del ministerio de Agricultura, que tiene por objeto -según lo establece su página oficial-, “reducir la desigualdad en el campo y promover la competitividad”. El programa, paradójicamente, terminó otorgando créditos millonarios a la campaña del referendo reeleccionista del presidente Álvaro Uribe, a la multinacional Philip Morris y a varias familias de empresarios en Colombia.

Este caso del AIS hace parte del cuadro de corrupción e impunidad que ha caracterizado al gobierno y que tiene diversidad de expresiones: falsos positivos, parapolítica, espionaje de los organismos de seguridad hacia magistrados y miembros de la oposición, fortalecimiento del paramilitarismo, fosas comunes, entrega de la soberanía nacional a los intereses estadounidenses, entre otros.

Sin embargo la opinión está dividida entre quienes observan que este último escándalo sí puede significar el quiebre en la carrera reeleccionista de Uribe -y del uribismo-, y quienes consideran que la aceptabilidad del presidente es inmune a todas esas evidencias de corrupción y autoritarismo.

Entre quienes creen en la inmunidad del gobierno, se encuentra la politóloga y columnista colombiana Laura Gil, quien advierte que: “No hay razón todavía para creer que el teflón (refiriéndose al blindaje de la figura presidencial) está perdiendo”. Con respecto a la última encuesta de Invamer Gallup, donde Uribe baja el índice de aceptación, la analista apunta: “Lo sorprendente no es que Uribe haya perdido 10 puntos; lo verdaderamente sorprendente es que, con crisis económica y escándalo de Agro Ingreso Seguro, haya logrado el 64 por ciento”.

Lo cierto es que un tema como Agro Ingreso Seguro podría despertar en el país la necesidad de debatir sobre el problema del campo, que es uno de los grandes problemas estructurales de la nación colombiana, pero los medios sólo lo abordan en función del efecto que pueda provocar sobre las candidaturas presidenciales. La discusión en la agenda pública no está enfocada sobre la situación de los campesinos que dejaron de recibir los subsidios, o sobre cómo se ha agudizado el problema de ineq uitud en la distribución de la tierra durante los dos gobiernos de Uribe.

Una sola imagen resume el cinismo de las autoridades: la sonrisa del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias (ahora precandidato a la presidencia por el partido Conservador), abanderado en el caso Agro Ingreso Seguro durante la mayor parte del mandato de Uribe.

El gesto de alegría del ex ministro que divulgan los medios es una expresión de complacencia por el hundimiento de la moción de censura que la oposición había promovido en contra de su actual sucesor en la cartera, Andrés Fernández, y que en efecto no fue aprobada por la mayoría oficialista del congreso. Una vez más, un caso de corrupción -con precandidato presidencial involucrado- termina por resolverse en medio del uribismo que hace mayoría en el Congreso.

En tanto, el trámite del referendo que busca crear la forma legal que permita un tercer mandato de Uribe completa el panorama con los enredos jurídicos que enfrenta. Posterior a la aprobación en el Congreso de la República, el referendo ha tenido que pasar por el examen legal de otras instancias, antes de llegar al dictamen final de la Corte Constitucional.

El primer tropiezo aparece con la decisión de los conjueces nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes invalidaron las firmas que respaldan la propuesta, al considerar que se violaron los topes de financiación.

Los conjueces sostienen que la organización que lleva el nombre de Colombia Primero y promueve el referendo, invirtió 1.900.000.000 pesos, cuando sólo podía invertir 330 millones. Además, declaran que la organización mintió en los reportes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que constituye un fraude procesal.

En respuesta, los promotores del referendo hicieron uso del derecho de recusación, argumentando que la decisión es una extralimitación de las funciones del CNE e interpusieron tutelas en su contra. El paso que sigue es que la sala plena del CNE decida si se acoge o no a la decisión de los conjueces.

El enfrentamiento jurídico apenas empieza porque si bien la mayoría de los magistrados del CNE son arribistas, y declararían nulo el fallo de los conjueces, no pueden emitir una decisión hasta que se resuelva la recusación interpuesta por los promotores.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el fallo de los conjueces tiene dos grandes consecuencias. La primera es que la Corte Constitucional debe resolver si la anulación de las firmas afecta la constitucionalidad de la ley del referendo. El asunto es que ya la Corte le pidió al CNE el envío del fallo de los conjueces para su estudio, dentro de las pruebas que se tendrían en cuenta para pronunciarse sobre el proyecto.

La otra gran consecuencia es sobre los procesos penales que la Corte Suprema de Justicia colombiana adelanta contra los 86 congresistas que votaron afirmativamente el proyecto de ley de referendo y que fueron denunciados por el congresista del opositor Polo Democrático Alternativo, Germán Vargas Talero. En este caso, la decisión de los conjueces enfatiza el argumento de la denuncia, que señala que los 86 políticos incurrieron en prevaricato al aprobar un proyecto que no contaba con el visto bueno de la organización electoral que aún revisa la legalidad de la recolección de firmas.

A ese escenario de denuncias e irregularidades se suma que la Imprenta Nacional legitimó ante la Corte Constitucional que el decreto que convocó a las sesiones extras del Congreso, donde se aprobó el proyecto del referendo en la cámara de Representantes, fue publicado después de la votación legislativa. La irregularidad consiste en que, según lo establecido por la norma, la convocatoria a la sesiones extras debe realizarse antes de la votación.

Como se constata, el tablero político electoral colombiano se debate entre irregularidades, corruptelas gubernamentales e intrincados caminos legales.

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La autora de esta nota es estudiante de periodismo colombiana. Cumple una pasantía en la Redacción de APM.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

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