El Perú es uno de los países latinoamericanos donde la extracción de sus recursos naturales es fuente de interminables conflictos sociales que nos devuelven viejas contradicciones en tiempos modernos donde esta vez el capital económico internacional se enfrenta al derecho al desarrollo de las comunidades locales.

 

En este escenario de contradicciones donde los instrumentos de participación administrativa de las instituciones del estado central en la aprobación de los proyectos mineros no logran encontrar salidas a los conflictos, una vez más son las instancias locales del estado que encuentran mecanismos democráticos para consultar a sus vecinos con respecto a la realización de actividades mineras en su jurisdicción.

 

 

Esta vez fue en la provincia de Islay, región de Arequipa, en la costa sur del país, donde se ubica el proyecto “Tía Maria” de la empresa Southern Copper Corporation (SCC), bajo control del Grupo México. En el proyecto se invertirían más de US$ 950 millones y tendría una duración de 21 años para extraer cobre a través de dos tajos abiertos; asimismo utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el valle del río Tambo.

 

Para los pobladores locales, según información difundida por la CONACAMI, el proyecto afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika en el valle del río Tambo. Esta situación motivó la oposición de los pobladores al proyecto minero que se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

En el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, el proyecto debía ser presentado en audiencia pública a fines del mes de agosto a la población del distrito de Cocachacra. Sin embargo, debido a la oposición de la población la audiencia fue suspendida. Posteriormente las autoridades locales iniciaron la convocatoria a la consulta vecinal para decidir sobre la realización del proyecto minero.

 

La provincia de Islay tiene seis distritos en los cuales se realizaron consultas vecinales con la finalidad de conocer la opinión de los ciudadanos con respecto al proyecto minero y la utilización de las aguas subterráneas. El domingo 27 de septiembre, día de la consulta, sus promotores adelantaron resultados al reportar la participación de 7,439 pobladores en tres distritos.

 

En Cocachacra con la participación total de 3,131 pobladores, en promedio más de 2,900 se pronunciaron en contra de la minería; en el distrito de Punta de Bombón, participaron en total 2004 pobladores, de los cuales más de 1,800 expresaron su oposición a la minería; y en el distrito de Dean Valdivia, 2,211 lo hicieron en el mismo sentido que sus vecinos.

 

 

Llevamos tres experiencias de consulta: Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007), Candarave y Tarata (2008). La característica común entre ellas ha sido la participación de gobiernos locales y/o municipales en su promoción a través de la creación de la consulta vecinal como uno de los mecanismos de participación ciudadana, además amprada por la Constitución y la legislación municipal.

 

Un aspecto central de la resistencia a los proyectos mineros es la relación de sus impactos negativos con la producción agropecuaria y el uso del agua para la minería. Esta claro que hay una valoración creciente de las actividades productivas propias y los recursos naturales del que depende la vida y la subsistencia local.

 

Sin embargo, no todas las consultas han tenido el impacto esperado para detener los proyectos mineros. Tambogrande, podría ser una excepción donde, tras una victoria contundente del “no a la minería”, rápidamente el gobierno desistió de continuar apoyando el proyecto de la minera canadiense Manhattan. En Ayabaca y Huancabamba, a dos años de su realización el proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper no ha logrado avanzar y sus accionistas encaran procesos legales por violación a los derechos humanos de los pobladores.

 

En ambos casos destacan una amplia movilización y respaldo nacional e internacional a los procesos de resistencia en general. Por otro lado, la realización de consultas en estos ámbitos han generado polarización, tanto mediática como a nivel local, que coloco en discusión el tema de la democracia local versus las inversiones mineras en nombre del interés nacional.

 

Mientras que en Candarave y Tarata, las consultas no se realizaron con especificidad sobre un proyecto minero, hecho que limita observar el impacto de sus resultados. En el caso de Islay, donde es esperada una victoria provincial del “no” contra el proyecto minero, el final aún es incierto y dependerá de las fortalezas acumuladas en el proceso por los actores de la resistencia porque la empresa anunció que insistirá en obtener el respaldo local.

 

De las experiencias, con excepción de Tambogrande, creemos que el desafío de las consultas vecinales no es su carácter vinculante para las instancias locales que las promueven sino la necesidad de reafirmar y fortalecer el modelo de desarrollo local que sus pobladores defienden porque constituye su fuente de subsistencia y vida.

 

La movilización que generan las convocatorias a consultas vecinales podría a su vez ser aprovechadas para que después del “no a la minería” se consensúen políticas locales que construyan la alternativa propia y se realice la autodeterminación de los pueblos en términos del derecho al desarrollo que aspiran. El fondo del debate alrededor de las consultas no debe ser el proyecto minero sino el desarrollo local y regional.