Desde Naciones Unidas, por parte del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, secundado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, se ha instado a Perú a que establezca una “Comisión especial e independiente” para la “investigación exhaustiva, objetiva e imparcial” de los sucesos ocurridos en Bagua “el 5 de junio de 2009 y días posteriores”, comisión a ser “conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente con representación indígena”, además de con “participación de actores de la comunidad internacional”. El 9 de septiembre se ha creado la “Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua”. A la luz no sólo de la recomendación procedente de tales instancias de Naciones Unidas, sino también de la simple lógica de sus propios objetivos, resulta una Comisión realmente extraña.
Las referidas instancias de Naciones Unidas se dirigían al Gobierno del Perú, pero no es exactamente el Gobierno quien responde con el establecimiento de la Comisión. El procedimiento utilizado resulta algo enrevesado. Pocos días después de los sucesos de Bagua, lo que el Gobierno decidió crear, mediante Resolución Suprema de los Presidentes de la República y del Consejo de Ministros, fue un “Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos” formado por siete Ministerios (el de Ambiente, el de Energía y Minas, el de la Mujer y Desarrollo Social, el de Salud, el de Educación, el de Transportes y Comunicaciones y el de Vivienda, Construcción y Saneamiento), por los once gobiernos regionales con algún territorio amazónico (Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Cusco, Huanuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cajamarca), y por una decena de representantes indígenas. Este Grupo Nacional es el que, a principios de septiembre, tras algún intento fallido, adopta el acuerdo definitivo de crear la Comisión Especial sobre Bagua, lo cual se formaliza mediante Resolución Ministerial del departamento que ejerce la Presidencia del Grupo, el Ministerio de Agricultura. Es todo un extraño rodeo que, desde luego, encierra su intención y arrastra sus consecuencias.
La iniciativa comienza por comprometer muy relativamente al Gobierno y más bien nada a la Presidencia de la República, como tampoco al Congreso. Es un asunto ministerial, de un solo Ministerio, que ni siquiera pretende estar respondiendo al requerimiento de Naciones Unidas, al cual ni se hace referencia por la Resolución del caso. Ni siquiera responde la misma a la exigencia de consulta con instancias representativas de los pueblos indígenas del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo cual es más grave pues éste es un tratado internacional ratificado por Perú y obligatorio para su Gobierno. En el caso, habría de tratarse de la necesidad de contar como principal contraparte con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), pues ésta es la organización acreditadamente representativa de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Aunque hagan el amago, ni el Grupo Nacional ni la Comisión Especial cuentan en rigor con ella. Muy al contrario, el Gobierno está al tiempo alentando la persecución política, policial y judicial de dirigentes de AIDESEP y de la asociación misma, llegando hasta el extremo de intentar fraccionarla y anularla con una AIDESEP paralela.
La Resolución Ministerial que crea la Comisión Especial manifiesta que procede para crear un “espacio de diálogo” con ánimo y “fines de reconciliación”, lo cual resulta sencillamente inverosímil, por no decir que ofensivo, mientras que se mantenga dicha política de persecución de dirigentes indígenas. Sin entrar en absoluto en valoraciones personales, puede decirse que quienes han aceptado formar parte de dicha Comisión no ofrecen garantías de que vaya a conducir a una “investigación exhaustiva, objetiva e imparcial” desde el momento en que no han planteado como cuestiones previas ni la de atenerse a los compromisos internacionales del Perú en relación a los pueblos indígenas ni la de dar muestras previas de que el objetivo de la reconciliación no se proclama en vano y va en serio. Se le formula tan sólo para dejar excluido que la Comisión Especial pudiera revelar hechos conducentes a procesamientos por la justicia. El Presidente del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez Camacho, quien forma parte de la Comisión Especial, ya se ha adelantado a afirmar que el informe será “absolutamente objetivo” en el esclarecimiento de los hechos de Bagua. Difícil parece cuando la Resolución Ministerial ni le encomienda dicho objetivo ni le dota de medios para satisfacerlo.
Pese a su nombre completo, el objetivo de la Comisión Especial Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua se centra en lo segundo, en el análisis, y no en lo primero, en la investigación, como si ésta no fuera necesaria para aquel, la investigación para el análisis. La Resolución Ministerial concreta “el objeto” de la Comisión en estos términos: “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos” de los sucesos de Bagua (la descoordinación gramatical es de la propia Resolución). Más parece mirar a trabajo de gabinete que a indagación sobre el terreno, lo cual guarda congruencia con la postura del Gobierno de dar, respecto a los hechos, por definitivo el informe apresurado de la Defensoría del Pueblo tras su visita a Bagua a poco de acontecer la masacre. Y a lo cual puede responder la llamativa circunstancia de que no se dote de fondos a la Comisión Especial. Ha de funcionar con partidas del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura, con las que éste pueda y tenga a bien participarle. En estas condiciones, ¿qué investigación va a poder conducirse sobre el terreno? ¿Cuántas comunidades indígenas van a poder visitarse, mediante qué criterios de selección y contándose con cuánto tiempo? La Resolución Ministerial fija el periodo más bien corto de noventa días, a partir del 10 de septiembre, para la entrega del informe final al Ministro de Agricultura.
Hay preguntas previas por supuesto. ¿Qué confianza va a granjearse esta Comisión Especial entre las comunidades para descubrir algo más de lo que malamente ya se sabe y el Gobierno además no reconoce? ¿Y qué no ha podido hacer el Gobierno mismo para alterar evidencias en los más de tres meses transcurridos desde los sucesos de Bagua? ¿No viene interponiendo todo tipo de impedimento frente a la investigación de las responsabilidades de quienes, de parte policial, provocaron muertes en Bagua o, de parte militar y política, dieron las órdenes? Para contrarrestar todo esto, venía desde las instancias de Naciones Unidas el requerimiento de una “credibilidad” muy vinculada con “representación indígena” y con “participación internacional”. Tres miembros de los siete que forman la Comisión Especial se presentan como de parte indígena y puede que más de uno o de una mantengan en efecto sintonía, pero ninguno cuenta con credencial de representatividad. Uno de ellos, el profesor awajún Jesús Manacés Valverde, ha sido elegido Presidente de la Comisión por su voto unánime. Participación internacional no hay en absoluto. Hasta el derecho internacional con vigencia en Perú ya hemos visto que se ha excluido completamente.
En la forma como la Resolución Ministerial concreta el objetivo de la Comisión Especial podría verse algo positivo: “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos”, sic como ya sabemos. Se trata entonces de analizar causas y consecuencias, algo realmente necesario que pudiera además estar al alcance de la Comisión. Pero hay al menos dos problemas. El primero está dicho. Tal y cómo se presenta todo esto por la Resolución Ministerial, el objetivo del análisis de gabinete sustituye al de indagación sobre el terreno en vez de complementarla. Para lo segundo, para hacer la investigación seriamente, ni siquiera se dotan medios. El otro problema es el de la forma como se relacionan de antemano los diversos órdenes, el socio-cultural, el económico, el político y el religioso, de las causas y consecuencias a ser identificadas y analizadas.
A los sucesos de Bagua se ha llegado por causas netamente políticas, de una política económica que, con todo empecinamiento, ha venido en el último par de años desmantelando mecanismos de garantía de derechos indígenas para acelerar y potenciar la invasión empresarial de la Amazonía en pleno curso sin el debido consentimiento de parte indígena. Es la política que, con sus visibles consecuencias depredatorias del hábitat amazónico, condujera en forma directa a una firme resistencia indígena con el desenlace de la masacre de Bagua como efecto más inmediato de una intervención policial no descontrolada, sino decidida y dirigida desde el Gobierno. Ésta es la principal vía para investigar y analizar causas de los sucesos de Bagua.
Obsérvese sin embargo dónde se sitúa el factor de la política por la Resolución Ministerial: causas y consecuencias de orden socio-cultural, económico, político y religioso, por este orden. La anteposición de lo socio-cultural responde a la mala idea de la peor antropología conforme a la cual el problema principal recae de parte indígena, de su presunta incapacidad social y cultural para desarrollo económico ninguno. No es pensable que la causa socio-cultural, la primera, se refiera a parte no indígena. Frente a lo que asegura Walter Gutiérrez, la orientación del informe viene prefigurada por la Resolución Ministerial. Si sinceramente no lo detecta, es porque comparte dicha composición de factores que cargan de antemano los problemas sobre la parte indígena.
AIDESEP se ha pronunciado. Lo ha hecho su Vicepresidenta, Daysi Zapata Fasabi (el Presidente, Alberto Pizango Chota, sigue en la situación de exilio forzado en Nicaragua), mediante una carta formal dirigida al Ministro de Agricultura, Alberto de Córdova Vélez, en la que le insta a la rectificación de la medida de creación de la Comisión Especial apelando a compromisos contraídos por el propio Gobierno. Por una parte, habría de efectuarse la creación mediante Resolución, no Ministerial, sino Suprema, para que quedase debidamente comprometido no sólo un Ministro, sino el Gobierno en su integridad, inclusive la Presidencia de la República. Por otra parte, las funciones de la Comisión habrían sido también objeto de negociación y acuerdo, a lo cual tampoco se ha dado cumplimiento. No tendrían nada que ver con esa vaguedad sesgada de estudiar causas y consecuencias de orden socio-político, económico, político y religioso. En fin, respecto a la creación de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, el Gobierno habría comenzado por faltar a su propia palabra.
A la carta formal de la Vicepresidenta de AIDESEP al Ministro de Agricultura responde informalmente el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velasquez Quesquén. No desmiente las alegaciones de Daysi Zapata en nombre de AIDESEP. Lo que declara es que sus reclamaciones no son más que “exquisiteces legales”. Esta frivolidad, si revela algo, es el ínfimo grado de seriedad y compromiso del Gobierno del Perú para con sus propias obligaciones internacionales y para con los derechos de los pueblos indígenas.
- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas http://clavero.derechosindigenas.org/?p=3238#more-3238
Anexo: Resolución Ministerial de creación de la Comisión Especial
