Introducción

Las páginas que siguen van dirigidas a realizar una primera evaluación de los objetivos y contenidos de la “nueva alianza para las Américas” que, desde su campaña electoral hasta la actualidad, ha venido propugnando el gobierno temporal del demócrata-liberal estadounidense Barack Obama.[1]

Para cumplir ese propósito se han tomado como referencias el discurso que –sintomáticamente— pronunció en Miami el 23 de mayo del 2008 ante la Fundación Nacional Cubano-americana (Obama, 2008), el poco divulgado documento sobre su política hacia América Latina y el Caribe que distribuyó el equipo de su campaña electoral unas semanas después de la alocución antes mencionada (Obama, 2008a), la proclama que ya estando en la presidencia difundió en los días previos a la celebración de la 5ta. Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago a mediados de abril del presente año (Obama, 2009) y el edulcorado discurso que pronunció el 17 de abril del 2009 ante ese conclave hemisférico (Obama, 2009a).

También se han tomado en consideración las principales acciones hacia América Latina y el Caribe emprendidas por esa administración desde el 20 de enero del 2009, hasta los primeros momentos del golpe de Estado que, a partir del 28 de junio de ese año,  comenzó a desarrollarse en Honduras; pasando por la actitud asumida por la Secretaria de Estado, Hilary Clinton, en las discusiones de la resolución de la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada a comienzos de junio del 2009 en San Pedro de Sula, Honduras, que derogó la ilegal resolución de esa organización que, en enero de 1962, había proclamado “la incompatibilidad” del Gobierno Revolucionario cubano con la mayor parte de los órganos del Sistema Interamericano (Lechuga, 1991).[2]

En razón del relativamente inmutable carácter socio-clasista y de la manera “bipartidista” en que históricamente se han elaborado las políticas internas y externas de Estados Unidos (Castro y otros, 2003; Sánchez Parodi, 2008; Gandáseguí, 2009), esta valoración sintetizará mis apreciaciones acerca de las continuidades y los cambios de esas estrategias respecto a otras administraciones estadounidenses y, en particular, respecto a las estrategias  impulsadas por George H. Bush (1989-1993), William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) con vistas a institucionalizar lo que reiteradamente he denominado “un nuevo orden panamericano” (Suárez, 1995, 1995a, 2003, 2006 y 2007; Suárez y García Lorenzo, 2008).

La “renovación del liderazgo” estadounidense

En ese sentido y sin desconocer la ruptura que su elección significó en la bicentenaria y racista historia estadounidense, ni en otras dimensiones de la proyección externa de esa potencia imperialista,[3] lo primero que hay que resaltar es que, a la saga de sus antecesores demócratas y republicanos, desde su campaña electoral hasta la actualidad, y tratando de atender los reclamos de los sectores de las clases dominantes, así como del “unipartidista” establishment de la política económica, de seguridad, de defensa y exterior norteamericana que lo respaldan, Barack Obama se planteó expresamente  renovar “el liderazgo”, “la credibilidad” y “la influencia” de su país sobre el hemisferio occidental. Todas ellas deterioradas –según su sesgado y “desmemoriado” diagnóstico— porque la administración de George W. Bush “se embarcó en una guerra desquiciada con Irak” y abandonó su promesa de “hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia” (Obama, 2008).[4]

En consecuencia, su política habría sido “de negligencia hacia nuestros amigos, inefectiva con nuestros adversarios, desinteresada por los problemas que sufre la gente e incapaz de hacer avanzar nuestros intereses en la región”. Ese “vacio” –a decir de Obama— habría sido ocupado por “demagogos como Hugo Chávez” y sus aliados hemisféricos, así como por otros países de Europa y Asia; entre los que destacó a la República Popular China e Irán (Obama, 2008). Tal enfoque fue reiterado por el ratificado Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, en la audiencia que sostuvo con una comisión del Senado a fines de enero del 2009. Según la información disponible, expresó su preocupación por las “actividades subversivas” que presuntamente está desarrollando el gobierno iraní en América Latina (BBC, 2009). En primer lugar por las estrechas relaciones oficiales que ha venido estableciendo con los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela (RBV); argumento que también ha sido empleado en diversas ocasiones por la secretaria de Estado, Hilary Clinton.

Con vistas a enfrentar esas situaciones y a “liderar el hemisferio en el siglo XXI”, Obama anunció que emprenderá la que indistintamente denominó una “diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida” hacia todos “los gobiernos amigos, adversarios y enemigos” del hemisferio occidental, incluidos en estas dos últimas categorías los de Cuba y la RBV. Entre sus acciones al respecto –como su disposición a emprender en el momento que él considere oportuno un dialogo directo con los actuales presidentes de ambos países—[5] y siguiendo algunas de las recomendaciones de la bipartidista Comisión para una Potencia Inteligente respaldada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos (Nye Jr., 2008), Obama también anunció que –sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos del hard power (la coerción y la fuerza)— potenciará algunos de los componentes del llamado soft power. Entre ellos, la Diplomacia Pública utilizando a “los emigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos” (incluidos los cubano-americanos),[6] el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los integrantes de los controvertidos Cuerpos de Paz que –desde la administración de John F. Kennedy— han venido actuando en ese continente (Obama, 2008a).

Según se infiere de las palabras de Obama, la participación de esos “voluntarios” en actividades dirigidas a “disminuir la pobreza, a combatir enfermedades como la malaria y a apoyar el desarrollo de la sociedad civil” estará orientada a contrarrestar el negativo impacto que han tenido “en la influencia de Estados Unidos” en varios países latinoamericanos y caribeños los diversos programas sociales emprendidos por Cuba y la RBV, tanto de manera bilateral, como dentro de los marcos de la actualmente denominada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) y de los acuerdos ALBA-Caribe.

La redefinición de “la democracia”

A la recuperación de esa “influencia” también apunta la redefinición de “la democracia” pregonada por el actual mandatario estadounidense. Así, haciendo referencias expresas a la situación de la RBV y retomando algunos de los pretextos utilizados por la administración de George W. Bush para agredir la revolución bolivariana (Golinger, 2005; CFR, 2006), durante su campaña electoral Obama señaló: “Sabemos que la libertad a través del hemisferio debe ir más allá de las elecciones […] Hugo Chávez es un líder elegido democráticamente. Pero también sabemos que él no gobierna democráticamente. Él habla del pueblo, pero sus acciones sólo sirven a su propio poder”. Y agregó: “Debemos impulsar una visión de la democracia que vaya más allá de las urnas. Debemos incrementar nuestro apoyo a legislaturas fuertes, sistemas judiciales independientes, prensa libre, vibrante sociedad civil, policía honesta, libertad de religión y el imperio de la ley” (Obama, 2008).

Como ha denunciado Eva Golinger, con vistas a cumplir esos propósitos la actual administración estadounidense ha continuado y continuará financiando a través del Centro de la Empresa Privada Internacional (CIPE), de  la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la reaccionaria National Endowment for Democracy (NED), fundada en 1983 por la administración de Ronald Reagan, sus diversos programas dirigidos a “fortalecer la sociedad civil venezolana” (Golinger, 2009). Es decir, aquellas instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que –desde la administración de George W. Bush— han venido tratando de derrocar o desestabilizar al gobierno de ese país. Entre ellas, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), cuyo 20 aniversario se celebró en Caracas a fines de mayo del 2009 con financiamiento oficial estadounidense y con la presencia de prominentes figuras políticas e intelectuales de diversos países del continente que sistemáticamente participan en las campañas orquestadas por los “medios de desinformación masiva” (MDM) controlados por Estados Unidos y otras potencias imperialistas contra los procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se están desarrollando en diversos países latinoamericanos y caribeños; en primer lugar, contra las revoluciones bolivariana, boliviana, ecuatoriana y cubana.

En este último caso, invocando reiteradamente la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA en el año 2001, Obama convocó expresamente a los demás gobiernos latinoamericanos y caribeños, así como a “todos los amigos [de Estados Unidos] en las Américas” a que se unieran a su gobierno “para apoyar la libertad, la igualdad y los derechos humanos de todos los cubanos” (Obama, 2009). Con tal fin, siguiendo la lógica de las administraciones precedentes, desconociendo el repudio universal que acompaña a esa vetusta política estadounidense y a pesar del generalizado reconocimiento de su fracaso, el nuevo mandatario demócrata, al igual que otros altos funcionarios de la Casa Blanca –entre ellos el vice-presidente Joseph (Joe) Biden y la secretaria de Estado Hilary Clinton— han reiterado que mantendrán “el embargo” contra Cuba hasta que no se produzcan cambios (por supuesto, aceptables para los grupos dominantes en Estados Unidos) en el sistema político edificado por la Revolución Cubana. Según indicó Obama durante su campaña electoral, “el embargo” y el despliegue de “una diplomacia fuerte, inteligente y principista” posibilitará que su administración le presente “al régimen [cubano] una elección”: si “toman significativos pasos hacia la democracia [liberal-burguesa-representativa], comenzando con la liberación de los presos políticos, nosotros daremos pasos para normalizar relaciones”. Y concluyó: “Esa es la manera para producir cambios en Cuba” (Obama, 2008).

Cual ha planteado Esteban Morales, de lo dicho se infiere que las acciones emprendidas por esa administración hasta junio del 2009 (incluidas la ampliación de las autorización de los viajes de los cubano-estadounidenses y de las remesas que estos le envían a sus familiares radicados en Cuba) estratégicamente van dirigidas a tratar de socavar el apoyo popular al gobierno revolucionario y, por tanto, a “subvertir al país, supuestamente de manera pacífica” (Morales, 2009). Ello se confirma en las decisiones ya adoptadas por Barack Obama de continuar financiando a los “grupos disidentes cubanos” y las trasmisiones de Radio y TV Martí. Igualmente, en las sanciones que les sigue imponiendo la OFAC a los empresarios estadounidenses y de otros países del mundo que, sin su autorización, han desarrollado y quieren desarrollar relaciones económicas con Cuba. También en las limitaciones que perduran en los intercambios culturales, científicos y académicos cubano-estadounidenses, así como en el silencio que rodea las actividades del “Coordinador para la Transición en Cuba” nombrado en el 2004 por George W. Bush, así como cuya existencia y labores –a diferencia de las “leyes del embargo” aprobadas por el Congreso estadounidense— sólo depende de decisiones del poder ejecutivo (Castro, 2008).

Lo dicho, al igual que la ambivalente (y a la postre derrotada) conducta que mantuvo el Departamento y la Secretaria de Estado antes y durante la XXXIX Asamblea General de la OEA frente a las demandas latinoamericanas y caribeñas de derogar las acuerdos de esa organización que en 1962 establecieron “la incompatibilidad” del régimen socialista cubano con el Sistema Interamericano,[7] induce a pensar que, en el futuro previsible, la nueva administración solo emprenderá aquellas acciones hacia Cuba que no le generen costos políticos con los sectores derechistas y anticubanos que actúan en el sistema político estadounidense. Tal es el caso de las reiniciadas conversaciones migratorias que se habían venido desarrollando hasta el 2004, siempre que estas no conduzcan a la derogación de las disposiciones jurídicas estadounidenses dirigidas a estimular la emigración (legal e ilegal) de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos y creen las condiciones para la cooperación –demandada por el gobierno cubano— en otras áreas de interés mutuo como el combate al “narcotráfico”, al terrorismo y la prevención de los mal llamados “desastres naturales”.[8]

La “nueva” alianza de las Américas

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan las afirmaciones anteriores, lo cierto es que utilizando la misma retórica de sus antecesores sobre “la interdependencia”, “la prosperidad”, “la seguridad”, “la libertad”, “la democracia”, los “intereses compartidos” y los “valores comunes”, todas las acciones antes referidas –y otras que veremos más adelante— formarán parte intrínseca de la que el nuevo presidente estadounidense ha denominado “una nueva alianza” entre los Estados Unidos y los gobiernos del hemisferio occidental que él considere “democráticos”. En sus enunciados públicos esa “alianza” retoma ciertos elementos de la que –antes, durante y después de la primera Cumbre de las Américas— William Clinton denominó “relación madura” con los gobiernos de América Latina y el Caribe: el presunto respeto a la soberanía y la autodeterminación de los estados-nacionales de esa región, así como un enfoque “multilateral modular” para desarrollar sus relaciones con los gobiernos de ese continente (Suárez 1995a). Igualmente retoma las condicionalidades laborales y ambientales que –según dijo Clinton y ahora repite Obama— “deben incluir todos los tratados comerciales que firme Estados Unidos” (Obama, 2008).

Desde ese presupuesto y tomando en cuenta que esos tratados “no han creado los empleos y el bienestar prometidos” para los ciudadanos y los trabajadores estadounidenses (ahora gravemente afectados por la crisis económica-financiera-inmobiliaria y los altos índices de desempleo), en su campaña electoral Obama elogió el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Perú [e implícitamente con Chile]; pero se pronunció por “enmendar” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También expresó su oposición al TLC con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés)  y al TLC con Colombia, ambos negociados por la administración de George W. Bush. En el primer caso porque, a decir del actual presidente de los Estados Unidos, las necesidades de los trabajadores [centroamericanos] no son lo suficientemente atendidas” y en el segundo en razón de “la persistente violencia e impunidad” existente en el mencionado país suramericano (Obama, 2008a). Sin embargo, ya estando en el gobierno, Obama no ha emprendido ninguna acción para “revisar”, ni enmendar ninguno de los tratados antes mencionados. Más aún anunció que colocará en la agenda del congreso del 2009 la aprobación del TLC con Colombia (IADPG, 2009).

Merece consignar que, previamente, Obama había convalidado los principales componentes de las represivas e intervencionistas estrategias de seguridad hacia México, Centroamérica y la región andino-amazónica impulsadas por George W. Bush. En efecto, durante su campaña electoral se comprometió públicamente a continuar apoyando y a actualizar la Iniciativa Regional Andina dirigida  a “batallar contra todo tipo de violencia en Colombia”, tanto la proveniente de “los paramilitares derechistas” como de la que calificó como “brutal insurgencia terrorista” encabezada por las FARC y el ELN. Con tal fin, también apoyó “el derecho” del gobierno colombiano a “atacar terroristas que busquen paraísos de seguridad a través de sus fronteras”.  Asimismo, vindicó “el derecho” del gobierno de Estados Unidos a “arrojar luces sobre cualquier apoyo a las FARC [y del ELN] que venga de los gobiernos vecinos”, al igual que a condenar, aislar y, si fuera necesario, sancionar unilateralmente a los gobiernos que incurran en esas prácticas (Obama, 2008a); en primer lugar, a los de Cuba y la RBV, sistemáticamente acusados en los informes anuales sobre los derechos humanos y sobre “el terrorismo” elaborados por el Departamento de Estado (DE).

Contra el ALBA-TCP

Tales acusaciones fueron reiteradas en los informes al respecto difundidos por ese departamento en marzo y abril del 2009, respectivamente. Ese último informe, además de Irán, Siria y Sudán, mantuvo en su antojadiza lista de gobiernos “patrocinadores del terrorismo” (aquellos que, a su decir, proporcionan “apoyo crítico a grupos violentos” y, por tanto,  no pueden  recibir  ayuda económica de Estados Unidos ni gozar de  beneficios  comerciales,  ni  de tratados financieros), a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y de la RBV. En este último caso porque, a decir del DE, su gobierno  no "patrulla sistemáticamente su  frontera  con Colombia para prevenir el  movimiento  de  los  grupos  armados” que la cruzan para “descansar y reagruparse, así como  para  extorsionar  y secuestrar venezolanos para financiar sus  operaciones". Repitiendo los argumentos de la administración precedente, indicó que tal conducta estaría motivada “por  la  simpatía ideológica  entre  el  presidente  Hugo  Chávez  y  los grupos insurgentes colombianos”. A ello agregó “el escaso  control  migratorio  a  personas  que llegan en vuelos  procedentes de  Irán  y  Siria  y  la  facilidad para obtener documentos de identificación”, lo que hace de Venezuela “un lugar de paso potencialmente atractivo para los terroristas" (URL, 2009).

Por su parte, en el caso de Nicaragua la acusación del DE se refirió a las “cercanas relaciones” que mantuvo su actual presidente,  Daniel  Ortega, con las FARC; mientras que la acusación a Bolivia se fundamentó en las “estrechas relaciones” con Irán que ha venido desarrollando el gobierno presidido por Evo Morales. A su vez –siempre según la misma fuente— el gobierno de Cuba es sindicado de patrocinar el terrorismo a causa de la permanencia en su territorio de miembros de la organización independentista vasca conocida como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que llegaron a ese país mediante un acuerdo con el gobierno español presidido por Felipe González (1982-1996), al igual que de las FARC y del ELN de Colombia. Asimismo, porque en las palabras del DE: “en Cuba han encontrado refugio prófugos de la justicia de EE UU”; entre ellos, luchadores por la independencia de Puerto Rico, como son los casos de algunos militantes del llamado Ejército de Liberación Boricua, más conocidos como Los Macheteros. Además porque “el  sistema  bancario  cubano es muy opaco”, lo que –aunque reconocen que no tienen prueba alguna— pudiera ser utilizado para “operaciones de lavado de  dinero  vinculado al terrorismo” (URL, 2009).

Sin negar la novedad de los contactos directos que, durante la más reciente Cumbre de las Américas, desplegó el presidente Barack Obama con los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y la RBV, así como de las conversaciones que después de esa cita se han emprendido entre funcionarios estadounidenses de diversas jerarquías con sus correspondientes contrapartes de Bolivia y Cuba, lo dicho en los párrafos anteriores sería suficiente para demostrar otras de las continuidades de la política hemisférica de Barack Obama respecto a la de George W. Bush. Pero a ello hay que agregar la continuidad de las sanciones económicas impuestas a Nicaragua en razón del presunto “fraude” cometido por el gobierno de Daniel Ortega en las elecciones municipales del 2008, la reiteración por parte del DE de sus nunca demostradas “preocupaciones” porque “simpatizantes de [las organizaciones palestinas y libanesa] Hamas y Hezbolá recauden fondos en la triple frontera  entre  Argentina,  Brasil  y  Paraguay”. También sus saludos a los "serios  esfuerzos” que han desarrollado para prevenir y prepararse para la lucha antiterrorista los  gobiernos de Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay y México (URL, 2009). Este último –junto al gobierno de Canadá— tradicionalmente calificado como “un socio clave” para combatir el terrorismo.

Las dimensiones militares y de seguridad de la “nueva” alianza de las Américas

Esto explica el respaldo que –en sus diálogos bilaterales con el premier Stephen Harper y con el presidente Felipe Calderón— le ha ofrecido la administración de Obama a la denominada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Igualmente, a la cruenta y cada vez militarizada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por ese mandatario mexicano y a la llamada Iniciativa Mérida, todas impulsadas por la administración de George W. Bush. En efecto, desde su campaña electoral, el actual presidente estadounidense se comprometió a ampliar esa iniciativa hacia Centroamérica, donde –a su decir— ella “no invertía lo suficiente” y donde comienza “mucho del tráfico [de drogas] y las actividades gansteriles” que afectan el territorio de México y Estados Unidos (Obama, 2008). La primera asignación de fondos para esa multimillonaria iniciativa se concretó en los 405 millones dólares aprobados, a solicitud de la Casa Blanca, por el Congreso en marzo del 2009.  De ellos, 300 millones se destinaran a México y el resto a Centroamérica, Haití y República Dominicana. Todo parece indicar que la probable distribución de esos fondos se abordó durante la reunión que a comienzos de abril del 2009 sostuvo en San José de Costa Rica el vice-presidente estadounidense, Joseph (Joe) Biden, con la mayor parte de los mandatarios centroamericanos y con el Primer Ministro de Belice,[9] así como durante las visitas realizadas a México tanto por Hilary Clinton como por Barack Obama. Esta última se produjo el 16 de abril del 2009.

En esa ocasión y retomando algunos elementos planteados en su campaña electoral, Obama anunció que –en contraste con su antecesor— emprenderá “acciones agresivas” dirigidas a reducir la demanda de drogas en Estados Unidos, así como a interrumpir el tráfico ilegal de armas, dinero y vehículos robados que, provenientes de ese país, alimentan a “los reyezuelos de las drogas” que actúan en México. Ese compromiso fue reiterado en el discurso que pronunció ante la Quinta Cumbre de las Américas. En este –además de mencionar la necesidad de combatir las causalidades sociales del consumo y el “comercio de drogas”— también señaló que a diferencia de las administraciones de William Clinton y George W. Bush convertirá en una prioridad de su proyección externa la ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados aprobada por la Asamblea General de OEA en 1997 (Obama, 2009a): instrumento jurídico que siempre ha sido rechazado por los productores y comercializadores de “armas ligeras” estadounidenses; la mayor parte de los cuales operan en los estados fronterizos con México.

Llama la atención que, previo a esos anuncios de Obama, visitó México, por primera vez en la historia, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael Mullen (Saxe-Fernández, 2009), y que días después de esa visita el subjefe de esa dependencia, general James Cartwright, anunció públicamente que el Comando Norte de las fuerzas armadas estadounidenses  (NORTHCOM) se implicará en “la lucha contra los cartels de las drogas” que actúan en México. También confirmó el inicio el 20 de abril en la base naval de Mayport, Florida, de las maniobras navales UNITAS Gold-09. En estas participaron, también por primera vez en la historia de las relaciones militares de ambos países, “más de 350 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México”. Como ya es tradicional en los ejercicios UNITAS,  sistemáticamente organizados por la Marina de Guerra estadounidense, a esas unidades mexicanas se unieron “destacamentos castrenses de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay” (La Jornada 2009). Fragatas de algunos de esos de esos países, al igual que de Estados Unidos posteriormente “visitaron” Cartagena de Indias, Colombia: país que –en razón de su privilegiada posición geográfica (además de “custodiar” el Canal de Panamá, tiene fronteras terrestres o marítimas con 12 Estados del continente)— sigue siendo considerado “estratégico” para los intereses geopolíticos y de la cacareada “seguridad nacional” de Estados Unidos (CFR, 2004).

En ese contexto, merece resaltar que la dimensión militar de las relaciones interamericanas ha estado sospechosamente ausente de los enunciados públicos de la “nueva alianza entre las Américas” propugnada por Barack Obama. A pesar de sus ambivalentes criticas al empleo de la tortura por parte de funcionarios de la CIA (ninguno fue sancionado), este tampoco se ha pronunciado contra los Tratados Bilaterales de Inmunidad (que prefiero llamar de “impunidad”) para los funcionarios civiles y militares estadounidenses que cometan crímenes de lesa humanidad fuera del territorio estadounidense signados por la administración de George W. Bush con los gobiernos de varios países latinoamericanos y caribeños (García Rivero, 2003). Esto –junto a otros elementos ya referidos— induce a pensar en la continuidad de las estrategias de defensa y seguridad desarrolladas por su antecesor.

Sobre todo por los voluminosos fondos asignados al presupuesto militar estadounidense (IAEDPG, 2009), por la ya referida ratificación del secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Robert Gates, por el mencionado respaldo que Obama le ha dado a los principales planes político-militares emprendidos por esa administración en el hemisferio occidental, así como por la confirmación pública de las gestiones emprendidas por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses (SOUTHCOM) con vistas a trasladar hacia el territorio colombiano (en particular hacia el aeropuerto de Palanquero), las principales “facilidades” que hasta hace poco tenían disponibles en la base de Manta, Ecuador (Robledo, 2009; Díaz, 2009).

A tal fin la Casa Blanca le ha solicitado al Congreso 46 millones de dólares (IAEDP, 2009a), los que se unen a los 513 millones de dólares de “ayuda” a Colombia solicitados por la Casa Banca para el presupuesto federal del 2009-2010 (El Tiempo, 2009). Esas asignaciones –al igual que los fondos destinados a la Iniciativa Mérida-- no incluye los recursos financieros que –sin control del Congreso— ha venido destinando el Pentágono a apoyar las fuerzas armadas de los países implicados en la Iniciativa Regional Andina; en primer lugar a Colombia y Perú (Isaacson, Olson y Hangaard 2005); cuyo actuales mandatarios siguen siendo considerados por la Casa Blanca como sus mejores interlocutores en la región andina.

El “nuevo” pacto para la seguridad pública de las Américas

Por consiguiente, lo “nuevo” parece ser que, en el futuro, el pretexto legitimador de esas y otras acciones político-militares (al menos el hemisferio occidental) no será la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por las administraciones de Ronald Reagan, George H. Bush y William Clinton, ni la “guerra preventiva contra el terrorismo” impulsada por George W. Bush, sino la elaboración de un “nuevo” pacto para la “seguridad pública de las Américas”. Esto se infiere de los planteamientos al respecto realizados por Obama tanto antes, como después de su victoria electoral. Así, durante el referido discurso sobre su futura política hacia América Latina y el Caribe que pronunció en Miami el 23 de mayo del 2008, el actual presidente de los Estados Unidos anunció que, en el primer año de su mandato, instruiría al Fiscal General y al Secretario de la Seguridad Nacional para que se reúnan con sus “contrapartes en las Américas” con vistas a elaborar una “estrategia regional” y una “nueva alianza” para combatir “el tráfico de drogas, la actividad de delictiva doméstica y transnacional”, “el crimen organizado”, el “tráfico humano” y la “inmigración ilegal”. Según sus enunciados, esa “alianza hemisférica contra el crimen y por la seguridad” debe incluir, entre otras cosas, la cooperación en materia de inteligencia y de investigación de las actividades criminales, el fortalecimiento de “las fuerzas de la ley” y de las instituciones judiciales, así como la salvaguarda de estas contra la corrupción (Obama, 2008a): componentes ya presentes en el discurso y la praxis de todos sus antecesores demócratas y republicanos.

Aunque sin ofrecer detalles al respecto, esa idea se reiteró en el referido mensaje que Obama difundió previo a la 5ta Cumbre de las Américas (Obama, 2009). También en el discurso que pronunció en esa cita. En este recalcó su intención de construir una alianza “contra la violencia y la inseguridad sin importar de donde provengan”. Asimismo, anunció una nueva iniciativa para invertir 30 millones de dólares para fortalecer la cooperación en materia seguridad con los gobiernos del Caribe (Obama, 2009a). Aunque no ha trascendido públicamente, se supone que la distribución de esos fondos fue abordada en la reunión que,  a puertas cerradas, sostuvo el 17 de abril con todos los mandatarios de los países integrantes de la CARICOM. También se supone que en esa reunión se hayan actualizado los compromisos adquiridos en el 2007 entre esos mandatarios y el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Según la información oficial de esa reunión, con vistas a promover “la prosperidad y seguridad” de esa región, los mandatarios caribeños se comprometieron a cumplir los diferentes acuerdos en esa última materia signados con la administración de William Clinton. A cambio, George W. Bush prometió “trabajar con el Congreso para extender y actualizar” la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) impulsada desde 1983 por la reaccionaria administración de Ronald Reagan (1981-1989), al igual que el Acuerdo Marco de Inversiones y Comercio (AMIC) firmado en 1991 por George H. Bush (Joint Statement, 2007).

Por otra parte, se supone que Obama les haya explicado a los mandatarios de la CARICOM las dificultades que tiene para emprender la reforma migratoria reiteradamente prometida durante su campaña electoral y que –en razón de las graves afectaciones económicas y de seguridad que les causan— le ha sido demandada por los gobiernos de los países de la Cuenca del Caribe; entre ellos el Primer Ministro de Belice y los dignatarios centroamericanos que participaron en la referida reunión con Joseph (Joe) Biden. Sin embargo, merece recordar que después de esa reunión, los negociadores oficiales estadounidenses, mexicanos, centroamericanos y caribeños –al igual que de otros países del hemisferio— aceptaron que en el llamado Compromiso de Puerto España que debía haber aprobado la 5ta. Cumbre de las Américas se incluyera un acápite y varios párrafos dirigidos a “reforzar la seguridad pública en las Américas” (GRIC, 2009).

El análisis crítico de ese cuestionado documento trasciende el objetivo de estas páginas; pero es conveniente señalar que en este todos los mandatarios participantes en esa cita debían haber expresado con sus firmas (cosa que no hicieron) “su voluntad de implementar el Compromiso con la Seguridad Pública de las Américas” adoptado en la Primera Reunión de Ministro de Seguridad Pública (MISPA) efectuada en México en octubre del 2008. Igualmente debían haberse comprometido a implementar “los acuerdos emanados de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) previamente efectuadas”. Asimismo, estaba previsto que le solicitaran a la Secretaria General de la OEA que en la próxima Cumbre de las Américas (se celebrará en Colombia en el año 2013) presentara un informe sobre “el avance en el cumplimiento” de los compromisos asumidos en las REMJA o en las reuniones de MISPA ya celebradas o que se efectúen en los años venideros (GRIC, 2009).

Hay que destacar que algunas ideas al respecto expresadas o apoyadas por Obama tanto antes como durante la 5ta. Cumbre de las Américas parecen inspiradas en las definiciones sobre la “seguridad multidimensional” adoptadas en la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica realizada en México en octubre del 2003. Por tanto, “lo nuevo” es la sistemática incorporación de esas definiciones al discurso del actual mandatario estadounidense. Este –a diferencia de sus predecesores “neoliberales”, conservadores y “neo-conservadores”— también ha incorporado a los enunciados de su política interna y exterior varios términos provenientes del legado keinesiano y reformista del renombrado presidente demócrata estadounidense Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). Igualmente, del discurso desarrollista, ambientalista y asistencialista aprobado, a partir de la década de 1990, por diversas conferencias especializadas de la ONU. Entre ellas, la que en el 2005 analizó los “desafíos del Milenio” y adoptó un plan de acción dirigido a disminuir antes del 2015 la galopante pobreza crítica y crónica que afecta a diversos países del todo el mundo; incluidos los del hemisferio occidental.

La alianza “verde” de las Américas

Sin dudas, en ese orden, Obama ha asumido públicamente un compromiso más firme que su antecesor republicano, ya que constantemente ha criticado la regresiva distribución de los ingresos existentes en América Latina y el Caribe. Para tratar de mitigarla (sin resolver las causas estructurales que la determinan) y luego de reconocer el negativo impacto social de “la crisis económica y financiera” en curso, en su discurso en la Cumbre de las Américas reiteró que había solicitado al Congreso 448 millones de dólares dirigidos a ofrecer asistencia inmediata a “las poblaciones vulnerables”. También anunció que trabajará con sus “aliados del G-20 para asignar recursos considerables para ayudar a los países a sobrellevar momentos difíciles” (Obama, 2009 y 2009a).

No obstante, no realizó ningún otro compromiso para incrementar los menguados fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo que ofrece Estados Unidos a los países del hemisferio occidental. Esto a pesar de que en sus discursos en la campaña electoral se había comprometido a duplicar esa ayuda para el año 2012. En su lugar, resaltó que exhortaría a todos los accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –entre ellos a los 22 Estados latinoamericanos y caribeños que lo integran— a que “maximicen los préstamos y reanuden el flujo de créditos”. También expresó la disposición de su gobierno a examinar la demandada re-capitalización y modernización de esa institución financiera controlada en cerca de un 50% por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por los gobiernos de otros países extra-hemisféricos (Bounomo, 2009).

En esa lógica, Obama ensalzó los acuerdos adoptados al respecto por la Asamblea de Gobernadores del BID efectuada en ocasión de su 50 Aniversario (marzo del 2009).  También los acuerdos adoptados en la reunión del G-20 efectuada en Francia a comienzos de abril del 2009; pero insistiendo explícitamente que su primera tarea era impulsar la recuperación de la economía estadounidense. Al hacerlo –agregó—“ayudaremos a estimular el comercio, la inversión, las remesas y el turismo”, lo que le dará una base más amplia a la creación de empleos, al flujo de créditos y a la “prosperidad común del continente” (Obama, 2009 y 2009a). Desde ese falaz y nunca demostrado presupuesto, así como siguiendo algunos de las recomendaciones de la referida Comisión para una Potencia Inteligente, el actual presidente estadounidense se detuvo en la explicación de la que probablemente sea su propuesta más innovadora: la institucionalización de una “alianza de las Américas” para la producción y el transporte de energía renovable y para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático.

No tengo espacio para definir y explicar todos los enunciados y componentes de la susodicha alianza; pero a los efectos de esta contribución basta decir que –en el discurso de Obama— esa formaría parte constitutiva de los componentes de “la seguridad multidimensional” y de “la prosperidad” de los países del hemisferio occidental que acepten incorporarse a ella bajo el liderazgo estadounidense; en tanto –a su decir— esa “alianza pragmática” y presuntamente despojada de “las controversias ideológicas del pasado” ayudará por igual a Estados Unidos y a los países de América Latina y el Caribe a ser “mas independientes en materia de energía” y a promover su “crecimiento sustentable” mediante el incremento de fondos dirigidos a la investigación y desarrollo de tecnologías “limpias de carbón”, así como de una nueva generación de “biocombustibles sustentables” y de energía eólica, solar y nuclear. También a coordinar el transporte de “energía verde” a través de las fronteras nacionales y a crear “mercados adicionales” para los biocombustibles y para las “tecnologías verdes” que se produzcan en todo el continente y en particular en Estados Unidos, Brasil y México (Obama, 2008a).

Para ello Obama se comprometió ante sus electores estadounidenses a crear un Programa de Transferencia de Tecnología dentro del Departamento de Energía dedicado a “exportar tecnología amistosas con el clima”; incluida la construcción de “edificios verdes” y de tecnologías avanzadas en la producción de nuevos automóviles que “ayuden a las naciones de América Latina y el Caribe a combatir el cambio climático”. También se comprometió a invertir en proyectos de producción de energías bajas en carbón en “el mundo en desarrollo”. Asimismo, a ofrecer incentivos para mantener y explotar de manera sustentable las extensas áreas boscosas existentes en América Latina y en particular en América del Sur. A tales fines respaldó la Alianza para la Producción y la Exportación de Biocombustibles (ALEP) firmada en el año 2007 entre los gobiernos de George W. Bush y Luiz Inácio (Lula) da Silva; quien –dicho sea de paso— también se ha convertido, junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en uno de los “interlocutores privilegiados” de Obama en el continente. A tal grado que –según trascendió— el canciller brasileño, Celso Amorín, pretende actuar como “mediador” entre la Secretaria de Estado Hilary Clinton y los cancilleres de los gobiernos integrantes del ALBA-TCP, incluido el de Cuba.

Como se recordará esa ALEP y sus implicaciones negativas para la ecología, la seguridad alimentaria y las deterioradas condiciones de vida de los trabajadores brasileños fue duramente criticada por diferentes fuerzas sociales y políticas de ese país (entre ellos, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra), al igual que por importantes sectores de la izquierda política, social e intelectual de América Latina y el Caribe. Haciéndose eco de esas críticas la declaración de Cumaná aprobada por los mandatarios integrantes del ALBA-TCP en la Cumbre Extraordinaria que realizaron previo a la 5ta. Cumbre de las Américas señaló, entre otras cosas, las siguientes: “Las soluciones a las crisis energética, alimentaria y del cambio climático tienen que ser integrales e interdependientes. No podemos resolver un problema creando otros en áreas fundamentales para la vida. Por ejemplo, generalizar el uso de agro-combustibles solo puede incidir negativamente en los precios de los alimentos y en la utilización de recursos esenciales como el agua, la tierra y los boques” (ALBA-TCP, 2009)

Algunas reflexiones finales

Como se demostró en la Quinta Cumbre de las Américas, esos y otros enunciados de la Declaración de Cumaná difieren de las posiciones adoptadas por otros gobiernos latinoamericanos y caribeños. Mucho más porque a diferencia de estos, entre los gobiernos integrantes del ALBA-TCP existe la justificada percepción de que --con independencia de su retórica y de sus buenas maneras diplomáticas (profundamente contrastantes con la ineptitud de su antecesor)— la antes referida “alianza entre las Américas” propugnada por la administración de Barack Obama está orientada al fortalecimiento del “liderazgo estadounidense” y, por tanto, del sistema de dominación oligárquico, plutocrático e imperialista instaurado en el continente americano.

En las presentes circunstancias, esa estrategia conllevará la implementación por parte del poderoso aparato estatal estadounidense de acciones dirigidas a continuar institucionalizando el antes mencionado “nuevo orden panamericano” y, por tanto, a entorpecer los promisorios acuerdos que se han venido elaborando en los marcos de la Unión de Nacionales del Sur (UNASUR), del Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro y de la primera Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, efectuada en Salvador de Bahía, Brasil, a fines del año 2008. En primer lugar, sus acuerdos dirigidos a fundar en la Segunda Cumbre que se desarrollará en México en febrero del 2010 una organización de estados latinoamericanos y caribeños totalmente independientes de los vetustos órganos del Sistema Interamericano.

Con independencia de la actitud positiva –pero también ambivalente— adoptada por la administración de Barack Obama frente al golpe de Estado que se produjo en Honduras el próximo pasado 28 de junio,[10] lo antes dicho también implica que la mencionada administración estadounidense continuará sus acciones dirigidas a “contener”, aislar y, si fuera posible, derrotar (roll back) por vías predominantemente “pacíficas” y “democráticas” a algunos o todos los gobiernos fundadores o integrantes del ALBA-TCP. En particular, a los gobiernos de Cuba y de la RBV. De ahí que –como hemos visto a lo largo de este artículo— estos hayan sido los principales blancos de la “diplomacia directa, fuerte, agresiva y principista” que, desde el 20 de enero del 2009, ha venido desplegando la Casa Blanca.

A ello se une la reiterada disposición de Barack Obama a encabezar “alianzas modulares y pragmáticas” con los demás gobiernos latinoamericanos y caribeños que él considere “democráticos”, tanto en materia de defensa y seguridad pública, como de energía renovable y mitigación del cambio climático. En primer lugar, con los gobiernos de Brasil y México, socios minoritarios –junto al gobierno de Argentina— del G-20 y del BID. Sin negar las diversas contradicciones que afectan sus correspondientes relaciones con Estados Unidos, ni las diferencias existentes entre uno y otro, ellos –junto a los actuales gobiernos de Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y de otros países del Caribe— pudieran contribuir a la “neutralización” de las posiciones más radicales y antiimperialistas que actualmente se debaten tanto dentro de los diferentes foros oficiales latinoamericanos y caribeños, como en diferentes ámbitos del Sistema Interamericano.

Así se evidenció en las reuniones efectuadas por el Consejo de la OEA con vistas a analizar la situación creada en Honduras en los días previos al golpe de Estado del 28 de junio. Tendencia que también se había expresado durante la XXXIX Asamblea General de la OEA efectuada en San Pedro de Sula. No obstante “la histórica derrota” sufrida en esa cita por el gobierno de Estados Unidos en la elaboración de la resolución que –luego de 47 años— dejó sin efecto la exclusión del gobierno de Cuba del Sistema Interamericano (OEA, 2009),[11] sobre la base de los diversos protocolos y pactos interamericanos previamente aprobados por esa organización (García Collada, 2005), en esa asamblea se aprobaron cerca de 90 resoluciones (20 de ellas, relacionadas de una u otra forma, con diferentes temas de “la seguridad multidimensional del hemisferio occidental”) que garantizan la continuidad de las acciones multilaterales emprendidas por las administraciones de William Clinton, George W. Bush y, de manera más reciente de Barack Obama, con vistas a fortalecer “la hegemonía” estadounidense en el hemisferio occidental. Como dejó consignada la delegación de Nicaragua, en algunas de esas resoluciones se endosan de manera inadecuada los principales contenidos del llamado Compromiso de Puerto España, a pesar de que este –a causa del activismo de los gobiernos integrantes del ALBA-TCP— no fue firmado por los mandatarios asistentes a la Quinta Cumbre de las Américas (OEA, 2009a).

De todo lo antes dicho se desprende que la posibilidad de que en el futuro más o menos próximo la administración de Barack Obama logre o no el cumplimiento de sus principales objetivos hemisféricos y en primer lugar la pretendida “renovación” del  “liderazgo estadounidense” será directamente proporcional a los avances o retrocesos de las multiformes resistencias estatales y no estatales al sistema de dominación hemisférico que se están desplegando en América Latina y el Caribe. Y, en particular, de la movilización y unidad de los diversos movimientos sociales y políticos, así como de los gobiernos de raigambre popular en sus luchas dirigidas a convertir en realidad las utopías unitarias y libertarias de los que José Martí llamó los “tres héroes” de las luchas contra el colonialismo español (Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo) y de los próceres y mártires de la que el propio Martí denominó “segunda independencia” de Nuestra América frente a la Roma Americana.

La Habana, 1ro de julio de 2009

Nota: Este artículo es una de las partes de un excelente ensayo que próximamente será publicado, en forma de folleto, por la Editorial Ocean Press-Ocean Sur bajo el título: “Las estrategias hacia hemisferio occidental del gobierno temporal de Barack Obama: “lo nuevo” y “lo viejo”. El director.

- Dr. Sc. Luis Suárez Salazar es Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Asimismo, escritor y Profesor Titular (a tiempo parcial) del Instituto Superior de Relaciones Internacionales adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, al igual que de la Facultad de Filosofía e Historia, de la Cátedra Che Guevara y de la Cátedra del Caribe de la Universidad de La Habana. A su  vez, integra el Grupo de Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

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