¿Uruguay será algún día viable?
El Estado y la insustentable perversidad de una política económica
18/02/2003
- Opinión
¿A alguien le queda dudas de que es imprescindible reducir el peso del
Estado? ¿Qué ello es sustancial para el desarrollo armónico del país en el
marco de una economía sana? Por supuesto que las respuestas a estas preguntas
están más que claras. Solamente algún nostálgico del estatismo batllista, o
de otros "estatismos" perimidos, puede sostener hoy que hay que mantener todo
congelado, intocable y no encarar de una vez por todas las necesarias
reformas que determinen que nuestro país se convierta, alguna vez, en viable.
En base a este concepto y para reafirmarlo, es un buen ejercicio hacer un
repaso de la página de la Presidencia de la República en que aparecen los
sueldos de los funcionarios públicos, la que aclara perfectamente la cuantía
de la distorsión, que es otro ejemplo palpable de lo mal que funciona el
Estado históricamente timoneado por blancos y colorados. Ejemplo descarnado,
si los hay, de politiquería barata y clientelismo desembozado, que fueron
aplicados por años. ¿Qué lógica tiene que un ministro de Estado cobre un
sueldo de 33 mil pesos, cifra inferior a la de la totalidad de los gerentes
de ANTEL que tienen ingresos que van desde 87 a 67 mil pesos. El comandante
en jefe del Ejército percibe un sueldo de 26 mil pesos, el jefe de Policía de
Montevideo uno de 21 mil mientras el gerente general de ANCAP llega a la
irritante suma de 83 mil pesos. Para detectar un sueldo algo parecido al del
teniente general tenemos que bajar en el escalafón de la Administración
Nacional de Puertos al grado de Técnico de IV.
Los sueldos más rutilantes son los que se abonan en el Banco Central, donde
el gerente general – siempre según a la página del Poder Ejecutivo- gana 87
mil pesos. ¿Qué diremos ante la máxima desproporción que se observa? Un
profesor titular de la Universidad de la República, cuyo nivel de
conocimiento y de antecedentes académicos es superior a la de la mayoría de
esos gerentes, además de haber llegado a ese nivel por estricto concurso, en
su máxima categoría (grado 5), con cuarenta horas de dedicación semanal llega
a un sueldo que supera en algo los 19 mil pesos.
Estos datos, obviamente, muestran que en el Estado las cosas no marchan
justamente bien. ¿Y si fuéramos a los gastos? ¿Qué tendríamos que decir de
ANCAP, en que las utilidades del último balance conocido (año 2001), empatan
con los gastos irrecuperables que afrontara esa empresa pública para
financiar los desastrosos negocios concretados en asociaciones con la
actividad privada tanto en la Argentina como en Uruguay?
¿No valdría la pena pensar, para manejar otro ejemplo de actualidad, en cual
será la obvia respuesta del gobierno ante la posibilidad de que los
vehículos, vía instalación de sistemas de gas natural, abaraten su consumo?
¿Es posible que las necesidades del Estado sean tan pesadas que impidan que
algo funcione mejor en el país?
Es evidente que la tarea de reformar este Estado, el que está perjudicando a
todos los uruguayos, es prioritaria. Pero, ¿ello quiere decir que se lo
privatice, traspasándole la propiedad a empresas multinacionales al capital
multinacional? ¿Qué para evitar las brutales distorsiones salariales se
cierren unidades ejecutoras y se "despida" a los trabajadores? ¿Qué, en
definitiva, se utilice la medicina que es requerida en la receta que el FMI?
.
La misma que se ha extendido a todos los países de la región, de que se
extranjericen activos que hoy están bajo la administración del Estado. Una
cosa es poner punto final al derroche, a la presión de los grupos
corporativos y a la acción de los políticos tradicionales que son los
responsables de las distorsiones y otra, muy distinta, es transferir la
propiedad de los bienes que son de todos, al capital extranjero.
Cuando se plantea una discusión sobre este asunto se deben tener en cuenta
los instrumentos a aplicar para reducir ese peso del Estado ¿No sería un buen
camino para comenzar a reducir la distorsión salarial, además de adoptar
medidas de reordenamiento administrativo, que se instrumente un adecuado
impuesto a la renta de las personas físicas, que tendería a que la sociedad
en su conjunto sea más justa?
Hablar de estas cosas, en este momento, parece propio de un pensamiento
despistado, porque estamos ante nuevos y dramáticos acontecimientos: el
gobierno pretende pagar la descomunal deuda externa - de alrededor de 10 mil
millones de dólares, cifra a la que se llegó para "salvar al sistema
financiero" y que quedó en bolsillos todavía no plenamente identificados -
reduciendo sueldos y jubilaciones, tanto de esos privilegiados gerentes de
muchas reparticiones estatales, como de quienes ya están por debajo de la
línea de la pobreza, aquellos que ya no tienen para alimentarse y que son
miles y miles. Y se sostiene que el camino es "sustentable"
No desconocemos la crisis, pero afirmamos que se llegó a ella por las
deficiencias de una política económica recesiva y que es producto de recetas
típicamente fondomonetaristas. Por el camino de la pobreza se llega al
dafault y nuestro gobierno, empecinadamente, recurrió y aplicó las ideas que
llevan a la miseria a cada vez más uruguayos. Ello se manifestó, con
irresponsabilidad superlativa, en la política de "salvataje" del sistema
financiero, que igualmente murió en su carácter de "paraíso fiscal",
reduciendo su actividad, en tan solo un año, a la mitad.
Ahora en el marco de la crisis, no se atina a nada nuevo. Lo más evidente,
más allá de que se sostenga la "sustentavilidad" del pago de la deuda, es que
el camino reiterado, haciendo crecer la pobreza de la gente, determinará
ingresar en el mecanismo perverso que llevó que las cuentas del gobierno
terminaran el año pasado con un déficit del 5 % del PBI. ¿Cree realmente el
ministro Atchugarry que con la reducción de salarios y jubilaciones o
llegando a los extremos de la eliminación de "unidades ejecutoras" de gasto
y de "puestos de trabajo" mejorarán las cuentas del gobierno y, así, se
demostrará que la deuda es "sustentable"? ¿Si se echa a la mitad de los
funcionarios públicos, además de condenar a familias enteras al exilio o la
muerte, quién aportará al BPS, quién pagará IVA, quién consumirá carne, fruta
o verdura? ¿No es lógico suponer que las necesarias reformas estructurales
deben ser encaradas no para sortear una agónica crisis, sino para modernizar
al país en un marco de relativa estabilidad?¿Que la reversión de la recesión
se debe buscar oponiendo al ciclo de la recesión otro de reactivación? ¿Es
qué ni el ministro de Economía ni su equipo económico han advertido que por
este camino morderán de nuevo el polvo del fracaso?
Lo peor, porque ello está más allá de lo malo, es que algunos sigan
sosteniendo que con la política de reducción salarial que se concreta en la
administración pública - otra de las "ideas" que propuso el FMI - se está
intentando una reducción del peso del Estado. Diríamos que es más bien una
salvaje política económica recesiva - sin entrar a analizar sus perfiles
éticos - que seguirá deteriorando al país y, especialmente, al aparato
productivo que se achicará en la misma proporción que caiga la capacidad de
compra de la gente.
*Carlos Santiago. Secretario de redacción de Bitácora.
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