En lo que va corrido del año, los conflictos sociales en el país arrojan un saldo de 53 muertos, 233 heridos y cerca de 500 detenidos.

El miércoles, 12 de febrero de 2003, la ciudad de La Paz, capital política de Bolivia, se convirtió en un escenario dantesco: ocurrió una terrible masacre, luego que el gobierno mandara a reprimir un motín policial con efectivos del ejército, desatando un enfrentamiento entre los uniformados en plena Plaza Murillo y prácticamente en la puerta del Palacio de Gobierno. El saldo fue de 16 muertos y más de 125 heridos, entre policías,  militares y civiles, y la descontrolada reacción popular. 

La población se lanzó a las calles y fueron incendiados varios edificios de la administración pública (el de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Trabajo, el Palacio de Comunicaciones, las oficinas de Electropaz, las instalaciones de la Aduana, la Alcaldía municipal en la ciudad de El Alto y la sede del Tribunal Militar).  Se destrozaron e incendiaron las sedes de los partidos políticos de la actual coalición de gobierno y del principal partido del gobierno anterior.  Se procedió a la toma física de decenas de centros comerciales, bancos, trancas de peaje, retenes, y de algunas empresas (la Cervecería Boliviana Nacional y Aguas del Illimani).

Los pedidos de calma y solidaridad eran las voces dominantes en los medios de comunicación. Algunos, ante las amenazas, tuvieron que suspender sus emisiones.  Las manifestaciones callejeras continuaron.  Se habían iniciado en horas de la mañana, se mantuvieron hasta altas horas de la noche y se reprodujeron a lo largo del día siguiente en varias ciudades del país.  La ciudad de La Paz fue militarizada desde el miércoles en la noche. Aviones de la Fuerza Aérea realizaban vuelos rasantes, tanques y carros de asalto se desplazaban por calles y avenidas y tomaron la Plaza Murillo, repitiendo cuadros vistos en épocas dictatoriales. Decenas de francotiradores apostados en puntos estratégicos disparaban a mansalva.

El jueves 13 de febrero, marchas multitudinarias se realizaron en todas las ciudades del país. En La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, la población continuaba incendiando y saqueando edificios y almacenes, y las sedes del partido de gobierno. También fue incendiado el Palacio de Justicia. El saldo de la segunda jornada fue de 17 muertos y 48 heridos.

El origen inmediato del conflicto.

Tres días antes de la refriega, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció la aplicación de un impuesto al salario en escalas que gravan hasta un 12.5 % del mismo a partir de 880 bs. (US$ 116.4), argumentando la necesidad de disminuir el déficit fiscal.

Las reacciones fueron inmediatas desde todos los sectores sociales y económicos, pues dicha medida afectaría la ya esmirriada economía de los trabajadores y sumiría aún en mayores condiciones de pobreza a la población boliviana.

De acuerdo con estudios de organismos internacionales, el salario promedio mensual en Bolivia es el más bajo de toda Latinoamérica. El salario mínimo nacional es de 440 bolivianos (US $ 58.2) y, según datos del censo 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el salario promedio mensual es de 933 bolivianos (US $ 123.41). De un total de 1.041.000 asalariados en Bolivia, que no alcanza al 20% de la población en edad de trabajar, 597.660 quedarían gravados con el impuesto 12.5% sobre sus ingresos a partir de los Bs. 880 (US$ 116.4/mes).

Ingresos Población Asalariada[1]

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001

El anuncio del “impuestazo” al salario, vino luego de que aparentemente se resolviera el conflicto generado por los campesinos con el bloqueo de caminos realizado a mediados del mes de enero.  La injusticia de la medida se hizo más patética cuando el propio Ministro de Desarrollo Sostenible, José Guillermo Justiniano, reconoció frente a los medios de comunicación que los Ministros y Viceministros seguirían percibiendo sus jugosos emolumentos, incrementados con un pago extra o plus exento de impuestos, que se pagan de una cuenta de “gastos reservados”.

La Central Obrera Boliviana convocó a una marcha de protesta el día martes en la ciudad de La Paz y la Policía decidió un amotinamiento a nivel nacional contra el impuestazo, pidiendo más bien un aumento del 40% en sus sueldos que venían reclamando meses atrás.

La Policía es uno de los sectores peor pagados. Los policías rasos reciben un salario líquido de 455 bolivianos (US $ 60.18) y un bono adicional cada 3 meses de 200 bolivianos (US $26.45). 

El amotinamiento inicial se realizó en las instalaciones del Grupo Especial de Seguridad (GES) ubicado a media cuadra de la Plaza Murillo, sede del palacio de Gobierno. El Gobierno instruyó disolver el motín policial con la intervención del Ejército, y comenzaron los gases lacrimógenos y posteriormente las balas. El Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín, denunció que, por encargo del Poder Ejecutivo, se trasladaba con los oficiales de la Policía a la Presidencia de la República para “dialogar”, cuando fueron sorprendidos por la balacera desplegada por francotiradores apostados en el Palacio de Gobierno y, según versiones de prensa, en los campanarios de la Catedral Metropolitana de la ciudad de La Paz.  Se desató entonces el enfrentamiento mientras el Ministro de Gobierno anunciaba en los medios de comunicación que no dialogaría bajo presión.

Antecedentes: Proyecto de Reforma Constitucional y Tregua Social

En rechazo a que las decisiones nacionales sean adoptadas por los partidos políticos de las coaliciones de gobierno, y por unos poderes públicos deslegitimados y cuestionados por la corrupción y la ineficiencia, amplios sectores sociales y partidos políticos actualmente en la oposición, reclamaban una Reforma Constitucional para incorporar el mecanismo de la Asamblea Constituyente, eliminar el monopolio político partidario e incorporar la participación social en la adopción de las decisiones de interés nacional.

Durante los meses de mayo y junio de 2002, una multitud de indígenas y campesinos de diferentes puntos del país marcharon hacia la sede de Gobierno para que dicho proyecto de Ley de Reforma fuera concertado con los sectores sociales, y así quedó comprometido en el acta suscrita el 21 de junio que puso fin a la marcha. Las elecciones del 30 de junio, en las que fueron elegidos más de 40 representantes campesinos e indígenas, traían además el mensaje explícito de que la nueva gobernabilidad debía basarse en la concertación entre el Estado y la sociedad civil.

Pese a lo anterior, y aún antes que fuera elegido Presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada forzó la aprobación de un Proyecto de Reforma Constitucional en el Parlamento saliente.  El proyecto aprobado no incorporó los reclamos de la población, y además, cerró aún más el círculo de poder en el sistema partidocrático.  Por un lado, establece una mayor subordinación del Poder Judicial al Parlamento, y, por el otro, dispone que las decisiones sobre el ejercicio de los poderes públicos y otras de gran trascendencia nacional se aprueben por la mayoría simple de los miembros de las cámaras legislativas.  Con esto, la coalición de gobierno garantiza la exclusión de la recién elegida bancada indígena - campesina y demás miembros de la oposición.

Según denuncias de parlamentarios que se opusieron a la aprobación de dicho Proyecto de Reforma, ésta se logró gracias al pago de un jugoso “incentivo” económico. Sin embargo, la aprobación de la reforma constitucional está en suspenso, debido a que los parlamentarios de la coalición de Gobierno, no reúnen los dos tercios de votos que se requieren para su aprobación final.

Ante un panorama de creciente descontento popular, una vez posesionado, el Presidente Sánchez de Lozada solicitó una “tregua social” de 90 días para presentar su programa anticrisis, tiempo que fue respetado por organizaciones sociales y partidos de oposición. 

Pero antes del vencimiento de dicho de plazo, el nuevo Gobierno comenzó a soltar medidas económicas contenidas en la receta fracasada del Fondo Monetario Internacional, medidas de choque, antipopulares y devastadoras de la economía nacional. La primera de estas medidas fue el ajuste del tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar, la cual tuvo que revertir rápidamente por la fuerte reacción que generó. 

Para cumplir una promesa electoral, decidió el pago de una pensión anual para los de la tercera edad comprometiendo los fondos de jubilación de los trabajadores asalariados. A pesar de las críticas de analistas económicos y las protestas de los trabajadores por disponer de fondos de su propiedad, la medida fue impuesta por el rodillo parlamentario instaurado por la nueva coalición de Gobierno. Una propuesta alternativa fue presentada por la bancada parlamentaria indígena-campesina proponiendo aumentar el monto de la pensión anual y pagarla con cargo a un aumento de impuestos a los hidrocarburos, para no afectar el fondo de los trabajadores.  Pero la misma ni siquiera fue discutida por el Parlamento.

El fin de la tregua social: erradicación de cultivos de coca  y Plan Tierra

Para desactivar el descontento social que se iba sucediendo tras cada una de sus medidas, el Gobierno anunció una pausa en la erradicación de cultivos de coca a la espera de los resultados de un nuevo estudio sobre el consumo legal de la hoja.  El anuncio fue rápidamente retractado, gracias a que no agradó a los Estados Unidos.

Vencido el plazo de la “tregua social” sin que el Gobierno presentara su plan anticrisis, los sectores sociales comenzaron a reclamar las medidas que no llegaban. Los cocaleros reclamaban la pausa en la erradicación y definir concertadamente las condiciones para la realización del estudio de consumo legal. Los sectores empresariales del agro demandaban medidas para la reactivación de su sector, entre ellas, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.  Por su parte, los indígenas, campesinos, colonizadores, campesinos sin tierra y pueblos originarios, reclamaban el cumplimiento de numerosos acuerdos suscritos por gobiernos anteriores para la dotación de tierras a sus comunidades.

Las políticas de tierras que se ejecutan en el país en los diez últimos años adolecen de graves irregularidades y presentan signos inequívocos de corrupción, que favorece a terratenientes y traficantes de tierras, varios de ellos articulados directamente al aparato estatal. La estructura de tenencia de tierras del país es una de las más concentradas del mundo y ello ha llevado en los últimos años a que los pobladores rurales, reclamen la reversión de los latifundios improductivos[2] y de las propiedades obtenidas mediante fraude.  Junto a la dotación de tierras, indígenas y campesinos vienen exigiendo que se sanee el Instituto Nacional de Reforma Agraria para que no persista la corrupción en la distribución de tierras y para que se apliquen las disposiciones legales y constitucionales que establecen sus derechos sobre la tierra.

Las denuncias por la aplicación distorsionada de la reforma agraria y las graves irregularidades del proceso y el constante reclamo de tierras por parte de los campesinos, han sido respondidos en los últimos años con la violencia ejercida por mercenarios contratados por latifundistas y supuestos ganaderos, encubiertos por la indiferencia estatal. En el mes de noviembre, se activaron nuevamente los conflictos por la tierra y cobraron la vida de cuatro campesinos en la localidad de Yapacaní, oriente boliviano, totalizando doce personas asesinadas en un año. La violencia por la tierra ha alcanzado también a las instituciones que velan por la protección de los derechos humanos y a la propia Iglesia Católica que fue también objeto de agresiones por parte de ganaderos en el Departamento de Beni durante el mismo mes.

Ante la reactivación de la violencia por la tenencia de la tierra, el Gobierno anunció la ejecución de un “Plan Tierra”, que en el fondo está dirigido a eliminar las conquistas alcanzadas por indígenas y campesinos en los últimos años, consolidar los latifundios ociosos y mantener la corrupción que ha acompañado la distribución de tierras en los últimos 50 años. 

El anuncio del Plan Tierra, junto a la decisión de mantener la erradicación de cultivos de coca y desacuerdos con los cocaleros frente a la realización del estudio de consumo legal, desató nuevamente las protestas indígenas y campesinas. Además de la pausa en la erradicación de los cultivos de hoja de coca y la dotación de tierras, los sectores rurales exigían que se consulte la definición de los temas estructurales y nacionales: venta del gas, integración al Tratado de Libre Comercio de las Américas – ALCA, medidas económicas y presupuesto nacional, y amenazaban con iniciar el bloqueo de caminos.  El Gobierno se negó a dialogar por considerar que los voceros no eran representativos de los sectores sociales inconformes y el bloqueo de caminos comenzó el 13 de enero.

La respuesta fue la militarización del país, con fuerzas combinadas de la policía y el Ejército, movilizando más de 22.000 efectivos (casi el 50 % de las tropas del país).  Al cabo de un saldo de 13 muertos, 60 heridos y cerca de 200 detenidos ilegalmente, el Gobierno accedió al diálogo a través de siete mesas temáticas, que hasta ahora no arrojan ningún resultado.

Antes de que comenzaran los bloqueos, el Gobierno lanzó otra medida, esta vez dirigida a la desdolarización de la economía, pero empezando por la renta que perciben  los jubilados, quienes vieron de un día para otro menguados sus ya magros ingresos. Los ancianos rentistas iniciaron una marcha, para exigir del Gobierno la reversión de esa medida, pero la respuesta que inicialmente recibieron fue también la represión a su protesta pacífica.  Los marchistas fueron obligados violentamente a subir a buses para regresar a sus lugares de origen.  Uno de los buses, contratados a un amigo del Ministro de la Presidencia, presentaba fallas técnicas y protagonizó un accidente de tránsito en el que murieron 7 de los ancianos trasportados a la fuerza.  El escándalo obligó al Gobierno a permitir que culminaran la marcha hasta la ciudad de La Paz y una vez allí abrir un diálogo para solucionar sus demandas. Pero ya había muertos.

En ambas movilizaciones (bloqueo de caminos y marcha de los rentistas), como en el amotinamiento de la policía del miércoles 12 de febrero, el Gobierno sostenía públicamente que no negociaría bajo presión.

La solución a los conflictos: el diálogo

Otros hechos similares han enlutado la historia del país, como la masacre de las minas de Amayapampa y Capacirca, ocurrida en diciembre de 1996, precisamente durante la pasada administración de Sánchez de Lozada.  Luego de que las minas fueran vendidas a un consorcio norteamericano-canadiense, los trabajadores tomaron las minas reclamando el cese de los despidos masivos y el mantenimiento de condiciones laborales con los nuevos dueños. Mientras sus reivindicaciones se discutían con el Gobierno, una acción militar se produjo en las minas, dejando un saldo de 10 muertos.

Durante los acontecimientos de los últimos días, que cobraron la vida de 34 personas entre policías, militares y civiles, el Presidente reiteró a la ciudadanía que los problemas se resuelven a través del diálogo, anunció la reversión del “impuestazo” y, finalmente, llegó a un acuerdo con la Policía sobre el incremento salarial. 

El presupuesto nacional, en el cual se establecía el anulado impuesto al salario, era uno de los temas de las Mesas de Diálogo que se conformaron con los sectores sociales movilizados el pasado mes de enero.  Mientras esta Mesa “dialogaba”, el Gobierno presentó al Parlamento el proyecto de presupuesto, para su aprobación por el rodillo de los partidos de la coalición.  La reversión de la medida estuvo probablemente determinada, más que por las muertes y la violencia desatada, por las declaraciones públicas de varios de los parlamentarios de la coalición informando que no aprobarían el proyecto de ley, con lo que la precaria mayoría del Gobierno quedaba diluida.

El día jueves 13 de febrero el Ministro de Gobierno declaró que los hechos se suscitaron por la presencia de supuestos agitadores infiltrados en la policía y el ejército y por vándalos que aprovecharon la situación para cometer asaltos.  Acusó al partido de Evo Morales de haber hecho el cronograma de la revuelta popular y de ser el jefe de los francotiradores. El Vicepresidente de la República, Presidente nato del Congreso, anunció una investigación para determinar responsabilidades respecto a los francotiradores, aduciendo que no eran del Gobierno.  Sin embargo, las imágenes televisivas muestran que quienes disparaban desde puntos estratégicos en la ciudad de La Paz, eran militares uniformados.

Los partidos políticos de la coalición de gobierno, a pesar de pequeñas fisuras internas, insisten en que estos son los “costos de la democracia” y mantienen su estrategia de control del poder político a costa de la represión armada contra el pueblo.

En su alocución la noche del mismo día, el Presidente Sánchez de Lozada, se quejó ante el país entero de que se había hecho mucho daño a la economía nacional y que se requiere un compromiso de todos para que esto no vuelva a suceder y no haya más muertes.

Algo sobre la economía nacional, a la que se le ha hecho mucho daño.

De acuerdo a la información procesada del censo nacional de población y vivienda del 5 de septiembre de 2001, el 58.6% de la población boliviana, porcentaje que equivale a 4.695.464 habitantes, se encuentra en condiciones de pobreza.  Los mayores índices están en el área rural, donde el 90% de la población es pobre y un 60% se encuentra en condición de extrema pobreza. El informe de Desarrollo Humano del año 2002, elaborado por el PNUD, da cuenta de que nuestro país se encuentra en el puesto 104 de un total de 162 países.  Con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.648, Bolivia está lejos del promedio de América Latina (0.760), superando solamente a Nicaragua, Guatemala, Honduras y Haití.

Los ciudadanos nos preguntamos, ¿cómo es posible que seamos tan pobres al tiempo que nuestro país cuenta con importantes riquezas naturales y teniendo una de las mayores reservas de gas del continente?

La explicación de esta paradoja la dan algunos analistas[3]: La “capitalización” (privatización) de las empresas del Estado, determinó una drástica reducción de los ingresos nacionales, especialmente de los provenientes de la explotación de hidrocarburos.  Para empezar, cuando se hizo la “capitalización” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante la anterior gestión de Sánchez de Lozada (1993-1997), la empresa fue avaluada en 843 millones de dólares, siendo que sus reservas “vivas” estaban avaluadas en 13.000 millones de dólares.

Las investigaciones señalan que grandes negocios entraron en juego en torno a la venta de la empresa petrolera estatal, que involucran a grandes compañías mineras, petroleras, financieras y constructoras. Otros datos publicados reiteradamente durante la pasada campaña presidencial, señalan que el negocio de la capitalización de YPFB, lo suscribió Gonzalo Sánchez de Lozada en los Estados Unidos con una empresa que no existía jurídicamente en Bolivia.

La capitalización vino además, acompañada de modificaciones al régimen de explotación. La Ley de Hidrocarburos, promulgada el 30 de abril de 1996, contrario a como lo establece la Constitución Política, dispuso que el Estado es propietario de las reservas mientras se encuentran en el subsuelo y una vez extraídas pasan a propiedad de la empresa contratista. Con este cambio, el Estado “renunciaba” a las utilidades por la explotación de su recurso estratégico y pasaba a percibir sólo el impuesto.

Pero además, la Ley clasificó los campos hidrocarburíferos en “campos nuevos” y “campos existentes”.  Estos últimos, conformados por las reservas probadas y probables en producción, mantendrían el pago del 50% por participación e impuestos, y para los “campos nuevos”, el porcentaje fue reducido al 18%. Las reservas probables, que quedaban amparadas como “campos existentes”, para entonces ascendían a 5,69 trillones de pies cúbicos de gas, y a 200 millones de barriles de petróleo.

Una posterior modificación a esta Ley, del 26 de junio del mismo año, redefinió los “campos existentes”, dejando en ellos sólo las reservas probadas en producción, y las reservas probables quedaron como “campos nuevos”.  Luego de aprobada la Ley de Hidrocarburos y su modificación, se “descubrió” que, milagrosamente,  esas “reservas probables” pasaban de 5,69 a 52,29 trillones de pies cúbicos de gas, y de 200 a 929 millones de barriles de petróleo.[4]

El Ministerio de Desarrollo Económico de la anterior administración gubernamental reconoció que el país había perdido en los últimos cinco años más de tres mil millones de dólares sólo por la rebaja del 50 al 18% en la explotación de hidrocarburos.  De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, los excedentes generados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fueron reduciéndose a partir de la capitalización, de 365.8 millones de dólares en 1996, a 149.4 millones en 1998, 15.2 millones en 2000, y 0.0 en 2001[5].

Este manejo que se ha hecho de las riquezas nacionales explica en gran parte la situación de pobreza del país frente a sus numerosos recursos naturales.  El más importante recurso del país, el gas natural, ya no es propiedad de los bolivianos, porque las reformas reseñadas entregaron su propiedad a las transnacionales petroleras.  Así lo reconoció recientemente el propio Viceministro de Hidrocarburos en una de las mesas de diálogo instauradas con los sectores sociales movilizados el pasado enero.

Los hechos, a pesar de múltiples denuncias formales ante las instancias competentes, nunca han sido investigados.  Así mismo, se mantienen impunes innumerables casos de fraude y corrupción cometidos por los altos dignatarios, gracias a que las acusaciones son tramitadas ante el Parlamento, controlado por los partidos de Gobierno. 

En estas circunstancias no puede dejar de advertirse el significado de que la ciudadanía haya canalizado su furia de los días pasados, destruyendo y prendiendo fuego a las sedes de los principales Ministerios de la actual gestión de Gobierno, de la Vicepresidencia de la República que ejerce la presidencia del Congreso y de la Palacio de Justicia.  También a la oficina de Aduanas, símbolo de la corrupción en la administración pública.  Los ataques a estas edificaciones y a las sedes de los partidos políticos de la coalición de gobierno, no pueden interpretarse solo como actos de vandalismo.  Expresan un profundo descontento popular con el ejercicio de los poderes públicos, el sistema político y la corrupción.

La responsabilidad en los hechos recientes no puede quedar impune

La sociedad boliviana no puede aceptar que pasen al olvido los hechos acaecidos durante los primeros días de este año, que cobraron más de 50 víctimas fatales. Las autoridades gubernamentales, han anunciado investigaciones exhaustivas, a la vez que acusan de los hechos a uno de los partidos de oposición.  Mientras un informe provisional de la Policía Técnica Judicial da cuenta de que la mayoría de las muertes de estos dos días se produjeron con proyectiles de guerra, el Gobierno pedía a la OEA investigar un supuesto plan para asesinar al Presidente Sánchez de Lozada[6].

No existe confianza en las instituciones nacionales encargadas de realizar dichas investigaciones y establecer responsabilidades, gracias a que innumerables casos de corrupción y de responsabilidad de altos dignatarios han dejado una estela de impunidad. Semanas atrás todos los partidos de oposición, con el objetivo de que se inicie juicio de responsabilidad por la muerte de los 13 campesinos durante el bloqueo de caminos en enero, presentaron una interpelación parlamentaria a los Ministros responsables de las decisiones.  El Parlamento, por mayoría, decidió que no había lugar a iniciar el juicio. 

¿Es creíble una investigación de la responsabilidad gubernamental por los muertos de este año, cuando los tres poderes del Estado son controlados por el Gobierno?  ¿Es creíble una democracia en la que el Gobierno usa la represión y francotiradores contra las demandas sociales para aceptar luego el “diálogo”? ¿Es legítimo un Gobierno que se absuelve a sí mismo acusando a un partido de oposición de ser el autor de los conflictos?

Esto nos llama a pedir, en bien del país y la democracia, y en honor a todos los campesinos, policías, militares, dirigentes y ciudadanos del común, asesinados en la lucha por mejores condiciones de vida para todos los bolivianos, la integración de un Tribunal Internacional que asuma las investigaciones y establezca las responsabilidades que correspondan.

Hechos que deben ser investigados:

1. El Gobierno tenía conocimiento del amotinamiento policial antes de anunciar el “impuestazo”?

2. Quién dio la orden de atacar las instalaciones del Grupo Especial de Seguridad (GES) donde se encontraban los policías amotinados?

3. Quién da la orden de utilizar armas de guerra para disolver protestas sociales?

4. Existe una sección del Ejército que obedece exclusiva y privativamente al Presidente de la República, que constituye su aparato de inteligencia?

5. Hay francotiradores en esta supuesta sección de inteligencia?

6. Quién ordenó la emboscada por francotiradores a los oficiales de la policía cuando se dirigían a dialogar al Palacio de Gobierno, denunciada por el Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos?

7. Hubo una nueva emboscada de francotiradores al medio día del miércoles 12 de febrero, cuando, en cumplimiento de una tregua acordada, los policías de unidades ajenas al GES iban a abordar los vehículos enviados por el Gobierno para que se replegaran a sus respectivas unidades?

8. Donde se encontraban y que actuaciones asumieron el Presidente de la República y los Ministros de Defensa y de Gobierno, una vez comenzaron los enfrentamientos entre la policía y el ejército?

9. En qué circunstancias se produjo el ataque a una ambulancia que atendía heridos en la Plaza San Francisco al mediodía del jueves 13 de febrero, dejando como saldo una enfermera muerta y una médica herida?

10. Han participado en los operativos conscriptos militares menores de edad y por órdenes de quién?

11. Se ha prolongado el período del servicio militar obligatorio a los jóvenes bachilleres con el fin de hacerle frente a los conflictos sociales?

12. Fueron llevados al Palacio de Gobierno los militares muertos y heridos en el enfrentamiento del día 12 de febrero, y hubo algún herido que murió allí por falta de atención médica?

13. Los francotiradores que reprimieron la manifestación de la Central Obrera el día 13 de febrero en la ciudad de La Paz, fueron bajados por helicópteros militares a los puntos estratégicos donde se apostaron?

14. Existe alguna relación entre los francotiradores que actuaron en los hechos del 12 y 13 de febrero, con los mercenarios que, según denuncias de la Defensoría del Pueblo, actuaron en el Chapare durante los conflictos de fines del 2001?

15. Qué responsabilidades tiene el Gobierno por el accidente de tránsito en el que murieron 7 ancianos rentistas que marchaban pacíficamente hacia La Paz?

Santa Cruz de la Sierra, 17 de febrero de 2003

* Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS