Mientras Estados Unidos tenía bases militares en Panamá, participó en dos guerras mundiales, sostuvo conflictos en Corea y Veitnam, auspició algunos "conflictos de baja intensidad" y protagonizó contiendas cortas pero de altísima intensidad, como la del Golfo Pérsico. Sin que Panamá participara en esas contiendas, dichas bases facilitaron sus comunicaciones, y se usaron para entrenar tropas, probar equipos y realizar prácticas de bombardeo aéreo y terrestre. De eso resultó una peligrosa contaminación ambiental de origen militar, luego de 96 años de acumular proyectiles y explosivos no detonados, por motivos ajenos a la "protección y defensa del Canal" que fue el pretexto para crear tales bases. El problema de la contaminación militar últimamente ha aflorado en varios países, luego de dramáticos informes sobre las secuelas de los campos minados y de los proyectiles no detonados, susceptibles de estallar bajo el paso del transeúnte, el arado del campesino o la curiosidad de los niños, pues la población civil pone la inmensa mayoría de las víctimas. Sin haber escenificado ninguna de esas contiendas, en los últimos años Panamá ha tenido 21 muertos y decenas de heridos y lisiados. Allí las bases militares ocuparon 34 mil hectáreas sobre las riberas del Canal, usándose unas 22 mil para entrenamiento, de las cuales 15 mil fueron campos de tiro o de impacto. El área afectada es parte de 4 municipios donde viven unas 150 mil personas, en la periferia de la zona metropolitana. Por su ubicación, esas tierras están entre las más valiosas de la República, pero aprovecharlas es riesgoso y caro. Por ejemplo: se proyecta un nuevo puente sobre el Canal, pero descontaminar el corto corredor de acceso cuesta 3 millones de dólares. Así, pese a que el retiro de las bases extranjeras le devolvió al país su integridad territorial, ahora tal espacio resulta vedado para ampliar el Canal, expandir las actividades portuarias e industriales, o para el crecimiento urbano. Además, allí una incalculable masa de desechos militares de todo género se descompone en el terreno, contaminando aguas y suelos. En los Tratados Torrijos-Carter, por los cuales el Canal pasó al patrimonio panameño y las bases militares desaparecieron, Estados Unidos se obligó a remover de ellas "toda amenaza a la vida, salud y seguridad humanas". Además, así se lo exigen igualmente dos convenciones internacionales, la de Armas Químicas y la de Desminado, que prescriben que "quien contamina, limpia". Sin embargo, en Panamá los norteamericanos atendieron ese compromiso de modo superficial e incompleto, con la excusa de restricciones presupuestarias. Pero hay más. Hasta poco después de la II Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos ocupó otros 134 puntos de la geografía panameña, dejando secuelas adicionales. Uno de ellos es la paradisíaca isla de San José, donde probó armas químicas. En el 2001, el organismo de la ONU para la proscripción de las armas químicas todavía encontró abandonadas allí varias bombas, probablemente de gas mostaza. Otras pueden verse bajo las límpidas aguas que bordean la isla, que por esto ha sido desalojada y aislada. Pero tampoco allí quien ensució ha aceptado limpiar. Cuando amigos puertorriqueños interesados en el caso de Vieques me preguntaron qué es lo que el gobierno panameño debiera hacer en el suyo, contesté: "Pues volverse a subir los pantalones", ya que tres años de servil obsecuencia de nada le han servido para que Washington cumpla su deber.