Cuando el 17 de octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de Bolivia, y parte de sus ministros huyen del país tras haber ordenado una acción militar contra la propia ciudadanía que produjo decenas de muertos y centenares de heridos, nadie hubiera dicho que, cinco años y medio más tarde, la Corte Suprema de Justicia habría iniciado juicio por aquellas responsabilidades, como efectivamente ha ocurrido en estas últimas semanas. Aquella represión sangrienta pretendía salir al paso de unos bloqueos de comunicaciones que ante todo respondían a un movimiento de oposición a la almoneda gubernamental de recursos naturales a favor de empresas extractivas. La mayoría de las víctimas fueron indígenas. ¿No recuerda todo esto a Perú incluso en el detalle de que el juicio parecía impensable cuando se produjeron los hechos?

La historia no se repite por supuesto. No todo es igual, porque sea parecido, en un caso y en el otro, el boliviano y el peruano. En Bolivia, comparativamente con Perú, el comportamiento gubernamental y militar fue al principio, no al final, algo menos, tampoco mucho, despreciativo de la vida humana. Por parte del Gobierno y de algunos de sus ministros, hubo intentos de diálogo, si no enteramente sinceros, ciertamente comprometidos. Y las fuerzas armadas no comenzaron a disparar a muerte a la primera orden del Gobierno. Bien al contrario, los militares bolivianos exigieron una orden por escrito del Presidente Sánchez de Lozada antes de asumir la responsabilidad de emplear medios letales contra la ciudadanía. Con lo uno y con lo otro, había tantos militares como políticos queriendo guardarse las espaldas por supuesto, pero también cierta conciencia de la gravedad del paso de la intervención armada. En Perú se ha tenido el gatillo más fácil. Alguna relación guarda con una inferior conciencia, si alguna hay en Perú, de solidaridad ciudadana interétnica. No digo que Sánchez de Lozada la tenga, sino que en la propia nomenclatura alguna existía en Bolivia. No es un eximente del crimen, sino una explicación de diferencias.

El juicio comienza en Bolivia sin poderse desarrollar respecto a todos los imputados. Sánchez de Lozada huyó a los Estados Unidos, como también lo hicieron algunos de sus ministros, el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, y el de Agricultura, Guido Núñez. Al Perú huyeron otros, la ministra de Participación Popular, Mirtha Quevedo, y los ministros de Salud, Javier Torres, y de Desarrollo Económico, Jorge Torres. De ninguno se ha logrado aún la extradición, dándose el agravante de que los huidos al Perú gozan de reconocimiento como refugiados por parte de organismos locales de Naciones Unidas. Entre los miembros de aquel Gobierno, afrontan el juicio los ministros de Asuntos Financieros, Dante Pino, de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes, y de Trabajo, Adalberto Kuajara. En cuanto a los huidos, son declarados en rebeldía, a la espera de que sean aprehendidos. El juicio así procede con respecto a políticos y militares que no han contado con facilidades para la huida o que han tenido más dignidad que los huidos. Es notorio que la Embajada de Estados Unidos estuvo detrás del Gobierno, apoyándolo hasta el final, incitándole a que no cediera a diálogos perniciosos para los intereses empresariales. No hay ningún estadounidense acusado, ni siquiera en rebeldía. La condición diplomática no ampara en crímenes de sangre.

Sánchez de Lozada, como responsable superior y autor de la orden por escrito, es uno de los que está acusado de genocidio, lo que en el derecho boliviano actual, el que habrá de aplicársele aunque se reforme el Código Penal, tiene una pena máxima no muy rigurosa para tratarse de un delito de lesa humanidad, la de veinte años. En todo caso, por derecho internacional, se trata de un delito imprescriptible, aparte de que la declaración de rebeldía ya produzca la interrupción de la prescripción. Aunque, al contrario que Bolivia, Estados Unidos no sea signatario del Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo es de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, lo mismo que Bolivia. Tiene la obligación internacional de extraditar a Sánchez de Lozada ahora que la acusación se formula y motiva por parte de la Corte Superior de Justicia. No ha sido fácil desde luego llegar a este punto. El arranque, decisión, empeño y la constancia de familiares de las víctimas, de alguna organización no gubernamental como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de abogados como Rogelio Mayta han conseguido que el juicio finalmente se abra.

Es una lección para la sociedad civil del Perú, para la incontaminada de racismo que puede recibirla y hacerse cargo. En casos tan atroces, precisamente en éstos, no es fácil poner a la justicia en marcha, ni en Perú ni en Bolivia ni en tantos sitios. Hace de verdad falta arranque, decisión, constancia y empeño. También es aconsejable actuar en nombre de todas las víctimas, si esto se consigue de ellas o, para las fallecidas, de sus familiares, pues todas lo son de un mismo crimen.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.