El Estado Plurinacional como posibilidad hacia el autocentramiento de los pueblos y nacionalidades indígenas

Introducción

El presente artículo tiene relación de continuidad con dos artículos anteriores a los cuales remitimos al lector interesado (Romero 2009a y 2009b). En el primero habíamos tocado cuestiones globales y generales (globalización capitalista, nueva dependencia, desarrollo primario-exportador). En el segundo nos ocupamos de dos cuestiones importantes del autocentramiento: la transición y el mercado. Toda esta reflexión previa la hicimos en el marco del Estado dependiente latinoamericano, teniendo como principal referencia al Perú.

La presente contribución concentra la atención un caso real y de candente actualidad: la protesta y movilizaciones de los pueblos indígenas amazónicos, demandando la derogatoria de los decretos legislativos que concesionan -mediante la “puesta en valor”- sus territorios a la expoliación de las transnacionales del petróleo, la minería y la actividad maderera (García 2009; Lora 2009a). Esta protesta acaba de ser reprimida a sangre y fuego por el gobierno de García en la madrugada del 5 de junio, pero en los dos últimos meses estuvo ocupando el centro del escenario sociopolítico del país.

Dada la fragmentación existente de los sectores populares y sus conflictos (locales, sectoriales, territoriales) el Perú, como seguramente en muchos lugares de América Latina, es hoy un hervidero de “pequeñas” situaciones catastróficas, y un mosaico de intereses expresados como “movimientos sociales” (Bebbington, Scurrah y Bielich 2008) que aun no encuentran adecuada expresión política y organizativa. Para Bolívar Echeverría (2007) el estancamiento económico, la ingobernabilidad política y la crisis de identidad, no representan por si mismas situaciones “catastróficas” en América Latina. Entre los rasgos asociados a una situación de catástrofe destaca: i] los estados de postración, abandono, miseria y/o desamparo experimentados de manera colectiva, unitaria (i.e. al mismo tiempo sentidos por todos y todas, así sea con diferentes intensidades) y violenta, situaciones de hecho irresolubles desde el poder con los métodos existentes e instrumentos disponibles. En el Perú esto se aprecia al menos sectorialmente a través de los conflictos mineros (Tanaka; Huber et. al. 2007); ii] las aspiraciones o compromisos, de alcance mundial, concernientes p. ej. a la crisis ambiental, la pobreza y seguridad alimentaria, que son sucesivamente postergadas o seudo resueltas por las fuerzas económicas y políticas de la globalización, priorizando más bien la planetarización de las fuerzas productivas que el capital, a la larga, las vuelve destructivas para todo entorno, medio o recurso natural, así como los intereses globales del capital financiero; iii] superar una situación de catástrofe exige “salir del continuum histórico dentro del cual ocurren”, es decir, un proceso de ruptura con el sistema prevaleciente y el inicio -a nuestro entender- de una transición histórica. Como el mismo autor sostuvo muchos años antes, en un trabajo previo (Echeverría 1986: 14):

«[…]lo que está en cuestión radicalmente […] no es el logro y la distribución de los “bienes terrenales”, no son las posesiones del Hombre […], sino lo humano mismo, esta entidad histórica peculiar que está en trance de desaparecer una vez que todas las virtudes que desarrolló a costa de cruentas mutilaciones se convierten una a una en vicios nocivos para él mismo y para la naturaleza».

Ni la izquierda ni las fuerzas políticas de la transformación “ni se oyen ni se ven”, menos aun, “no suenan ni truenan”, a excepción de las marchas de protesta que organiza la CGTP. [1] Esta respetable e histórica organización, promovida por José Carlos Mariátegui a fines de los años 20, que terminó siendo apropiada por los estalinistas y sus herederos políticos después de la muerte de aquél, produce a través de sus actuales líderes sindicales un discurso que se mueve en la falsa disyuntiva de Estado versus Mercado, eligiendo una opción estatalista (reforzar el poder estatal y reclamarle como oposición la atención de las necesidades sociales). La izquierda sigue “hecha pedazos” así como lo está el país (Hildebrandt 2009). Por su parte, los nacionalistas ejercen una oposición atrapada en las cuatro paredes del Congreso, donde los apristas -secundados por los fujimoristas- son los capos de las maniobras dilatorias ante cualquier denuncia o decisión política importante para las mayorías del país; mientras que el principal líder y candidato presidencial del “nacionalismo” para el 2011, Ollanta Humala, se ha desplazado al centro-centro, que es el limbo donde nadie es “ni chicha ni limonada”, promocionándose en las entrevistas de televisión como un político concertador y respetuoso de los inversionistas y sus grandes inversiones. El sr. Humala ha abandonado la política de oposición por la campaña electoral y mediática para reforzar su candidatura presidencial, lo cual es muy diferente. Se ha vuelto más candidato que opositor.

Ya empezaron a sonar las campanas para que los sectores populares empiecen a tomar conciencia que solamente de sus propios esfuerzos puede surgir la organización que necesitan, y alcanzar un peso político propio para que en el Perú hayan cambios de verdad ¿Para qué ponerse en función de la aparición de “salvadores” o de la “buena voluntad” del régimen de turno? El frente anticapitalista y antineoliberal en el Perú se presenta todavía como un abigarrado arco iris de conflictos sociales. Sobre toda esta dispersión de fuerzas destacan los pueblos originarios y nacionalidades indígenas amazónicas, proyectándose a la altura de las exigencias de la historia (cf. Declaración de Mama Quta Titikaka 2009).

Breve recuento del conflicto

En mayo-agosto 2008 la protesta indígena concentró sus fuerzas contra los decretos legislativos (DL) 1015 y 1073 los cuales, sin embargo, hacían parte de todo un paquete legislativo de más de 100 decretos producidos por el gobierno, abusando de las facultades que generosamente le fueron concedidas por el Congreso, y preanunciados en los famosos artículos del “perro del hortelano” del presidente García. La carta bajo la manga consistía en trastocar todo el ordenamiento jurídico del país, especialmente en materia económica y social, para “adecuarlo” al TLC suscrito con los EEUU. [2]

En el presente año el conflicto fue aguzado por la dación del DL 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin haber sido consultado con los afectados, tal como lo recomienda el articulado del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado peruano el 5 de diciembre de 1993. A fines de abril 2009 se llegó a una situación de tensión con la toma pacífica de dos estaciones de distribución de Petroperú, en Loreto y  Amazonas; acción que un mes después fue completada con el bloqueo de varios tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry, y la toma del puente Corral Quemado que da ingreso a la ciudad de Bagua Chica. El clímax lo vino a constituir la materialización de la “crónica de una masacre anunciada”, en la madrugada (5 am) del 5 de junio (Día Internacional del Medio Ambiente), y la consagración de Alan García como un presidente genocida, por la matanza ocurrida en su primer gobierno de senderistas y otros presos en los penales (19 de junio 1986); y por la reciente matanza de nativos e indígenas awajun, wampis, aguarunas, huambisas y pobladores amazónicos (5 de junio 2009).

Previamente a esa fecha, el 9 de mayo, el gobierno de García decretó el “Estado de Emergencia” por 60 días en distritos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. El clima ideológico de los días previos al 5 de junio, mediante declaraciones del mismo presidente García, de sus partidarios más adeptos y algunos de sus ministros, ya insinuaba que habría represión; actitud oficial que fue camuflada con el manido argumento de “restablecer el orden”, exigencia que era agitada asimismo por los diarios adictos a la sacrosanta economía de mercado y la propiedad privada.

El escenario de violencia de hace pocos días ocurrió -en simultáneo- en tres ciudades de dos regiones amazónicas: Jaén (Cajamarca), Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas). El mayor número de caídos en ambos lados se habría producido en la provincia de Bagua, teniendo como lugar de inicio la zona conocida como “Curva del Diablo”, en uno de los tramos de la carretera Fernando Belaunde. [3]

El arte y baile del “hueveo”

El mismo fin distractivo de la verdadera respuesta que iba a dar el régimen lo cumplieron las reuniones de la “mesa de diálogo” y las sesiones plenarias del Congreso.

El 19 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso había aprobado por mayoría (apenas 1 voto de diferencia a favor) declarar mediante un dictamen la inconstitucionalidad del DL 1090. Sin embargo, dos días después, la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva impidieron, mediante argucias reglamentarias, que el pedido de derogatoria de dicho DL ingresara a la agenda legislativa del pleno del Congreso, en la sesión del 21 de mayo, postergando su discusión hasta la siguiente semana. En el pleno del 28 de mayo una intervención del congresista nacionalista Werner Cabrera fue interpretada como “ofensiva” y aprovechada por la mayoría gobiernista (APRA-Fujimoristas-Unidad Nacional) para levantar la sesión, postergando así la votación de la derogatoria del DL 1090. El 4 de junio (1 día antes de la ofensiva policial en Bagua) una nueva maniobra (otro “peloteo”) bajo la figura de “cuestión previa”, interpuesta por el congresista oficialista Mulder, propuso suspender el debate hasta conocer el informe de la Comisión Multisectorial, formada por el Ejecutivo para “pelotear” a Pizango y la AIDESEP de un lado a otro, como parte del alargue de tiempo mientras se preparaba y consumaba la respuesta armada del régimen. La “cuestión previa” se sometió rápidamente a votación, sin esperar la presencia de todos los integrantes del Partido Nacionalista (había solamente 8 de un total de 33), consumando de este modo otra dilación que -a la luz de los acontecimientos- estaba perfectamente coordinada con los preparativos de la represión, la campaña de desinformación sobre los caídos, el ocultamiento/ desaparición de cadáveres y la satanización-persecución-enjuiciamiento contra Pizango.

El Perú es un Estado desterritorializado y transnacionalizado

El verdadero fondo de la cuestión consiste en que a través del Paro Amazónico los indígenas y sus aliados se enfrentan a la transnacionalización del Estado peruano, que como proceso histórico viene ocurriendo desde la década de los 90, el cual comenzó con la oleada de privatizaciones y venta de empresas públicas, continuó con la “flexibilización” del mercado laboral y la “desregulación” generalizada de los principales mercados (servicios financieros, servicios públicos, comercio exterior); todo ello en los 90. En la primera década del s. XXI se ingresa a un contexto donde destacan la economía estabilizada mediante el control (monetario) de la inflación y la “puesta en orden” de las finanzas públicas; el sometimiento de toda forma de  protesta y resistencia de los trabajadores a la racionalidad tecnocrática del manejo económico “responsable”; el establecimiento de un consenso social y político que se apoya fuertemente en los postulados neoliberales, consenso neoliberal materializado en las orientaciones generales del Acuerdo Nacional. Bajo este contexto interno, el proceso de transnacionalización económica ha venido operando mediante grandes inversiones en sectores extractivos, afectando a poblaciones y territorios extensos cuyos recursos son incorporados a los circuitos internacionales de acumulación de esas inversiones, y experimentando los territorios afectados un proceso de desterritorialización en el sentido de su desarticulación o desacoplamiento de los procesos locales de desarrollo, proceso que es deliberadamente reforzado, además, por la débil presencia estatal. En no pocas áreas extractivas y territorios colindantes, el verdadero poder local es la empresa minera, petrolera o de otra índole (hidroeléctrica, de servicio público, etc.).

Todo aquello es justificado con el argumento fantasioso de que esas inversiones generarán empleo y progreso “a todos los peruanos y peruanas”. Fantasioso porque su fundamento es la teoría -igualmente fantasiosa- de los mecanismos automáticos del mercado abstracto.

Los decretos legislativos emitidos tras los artículos denigrantes del “perro del hortelano” están inscritos en esa línea directriz -la transnacionalización de espacios y territorios- que constituye la orientación última, el fin supremo de las aspiraciones delirantes del presidente García que desea fervientemente, a toda costa y a cualquier costo, pasar a la inmortalidad como premio a su servilismo y obsecuencia con los intereses de los grandes capitalistas internacionales y sus aliados incondicionales (los potentados criollos). En la coyuntura actual el problema -no los delirios de García sino el otro- adopta el siguiente interrogante: ¿puede la derogatoria de los decretos legislativos, impugnados por los indígenas, eliminar la amenaza que se cierne sobre tierras, ecosistemas, otros recursos naturales, bosques y biodiversidad, existentes todavía en sus territorios?

Sostenemos que la eventual derogatoria, anulación o reformulación legislativa de esos decretos por el Congreso y aun “en diálogo” con las poblaciones afectadas, en el mejor de los casos, postergaría por un tiempo el conflicto de los indígenas con el Estado peruano, detrás del cual se escudan las transnacionales, pero no elimina el problema: el imperialismo por desposesión de las grandes empresas y corporaciones, cuyo poder de apropiación y desposesión está amparado, reforzado y legitimado por  acuerdos de “libre comercio”.

Mientras el capitalismo salvaje los aceche cual animal depredador sobre su presa, los indígenas, etnias y comunidades verán que sus territorios y recursos -del suelo y subsuelo- siempre estarán bajo la presión y amenaza del capital y su infinita sed de ganancias, que pretende volatilizar dichos territorios y recursos en mercancías para el mercado mundial. Lo demuestra el hecho que la amazonía peruana ha sido convertida en un inmenso “mapa petrolero” y de otras concesiones (ver imagen), donde el 68% de la extensión de bosques amazónicos “ya está lotizada” y 4 millones de has están “en proceso de venta” para la producción de biocombustible (Rumrrill 2009).

La lucha de fondo es contra un patrón de acumulación mundializado y el patrón global de poder, colonial y eurocéntrico, que lo acompaña. Es una lucha al mismo tiempo civilizatoria, ya que está también amenazado un modo de vida que ha permitido la convivencia pacífica con la naturaleza, su conservación y manejo realmente sustentables, lo cual ha alimentado un acervo de conocimientos invalorables que el capital se los pretende igualmente arrancar.

En el plano interno, desde que empezó la protesta y movilización indígenas contra los decretos legislativos, atentatorios de sus condiciones y modos de vida, Pizango y los demás dirigentes de AIDESEP debieron saber que no enfrentaban solamente a un régimen “entreguista” y a un político como García, quien en el pasado fue capaz de decisiones abominables (ordenó la matanza de los rendidos en los penales). Debieron también tener en cuenta que el Estado peruano está organizado en torno al poder colonialista y despótico de sus elites, expoliador de riquezas en lo económico y segregador de etnias, razas, género o condición social. Ese mismo poder -desde la colonia- siempre ejerció su dominación con brutalidad y barbarie sobre los reclamos de justicia de “los de abajo”, y más aun si, agotada la vía pacífica sin obtener nada, esos reclamos daban lugar a manifestaciones de rebeldía o de insurgencia popular. Los ejemplos en la historia del Perú abundan y están llenos de tragedia.

El “modo de producción” indígena-amazónico y la disputa por el “desarrollo”

Proponemos que las poblaciones de la Amazonía se conviertan en socias de estas inversiones y obtengan un paquete accionarial para que se establezca una nueva forma de transformar el crecimiento económico en desarrollo sostenido y sostenible. [4]

Partamos de la siguiente premisa. Todo discurso adscrito a la perspectiva occidental del desarrollo y la modernidad, por tanto eurocéntrico, es un discurso exógeno a la realidad propia de los pueblos, nacionalidades y etnias que habitan en la cuenca amazónica, existiendo con miles de años de anterioridad a la creación de los Estados-nación. Esta verdad de principio es inconmovible por más que las ideas, conceptos, visiones y otras categorías relacionadas, que dan expresión discursiva al paradigma occidental del desarrollo, así como su instrumentación práctica en forma de pasos metodológicos, métodos iterativos, racionalidades, variables e indicadores, planes y proyectos, hayan sido el resultado de experiencias previas en otras latitudes (similares o no) donde fueron probadas y validadas. [5]

Ante la realidad amazónica el bagaje occidental de conocimientos y principios guías para la transformación y ordenamiento del mundo se encuentra -y confronta- frecuentemente con un conjunto distintivo de saberes originarios, estrechamente asociados dentro de una cosmovisión de la vida humana desarrollándose en armonía con la naturaleza, pues esta ha sido interiorizada como resultado de un largo periodo evolutivo. Desde este punto de vista, el “desarrollo” en la cosmovisión indígena amazónica no significa única ni exclusivamente producción material, “progreso”, o intercambio exterior, tal como viene adscrito en la noción del desarrollo occidental. En la cosmovisión indígena el desarrollo -si este término existiera en su lengua- esta relacionado con la idea de un proceso de adaptación humana a las condiciones del entorno natural y sus leyes de funcionamiento, adaptación asociada a siglos de evolución. Se puede demostrar que el alcance del desarrollo, en la cosmovisión indígena, es mucho más amplio y complejo que la noción mecanicista-economicista de su respectiva contraparte occidental.

Aun reconociendo lo anterior, ¿es “correcto” preguntarnos por un modelo de desarrollo adaptado a los requerimientos de las comunidades indígenas de la amazonía?, ¿cuáles son los alcances (o impactos) reales de ese “modelo” en términos económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos?; ¿conocemos realmente los “requerimientos” de las comunidades?; ¿el saber occidental está en condiciones de adaptarse a ellos?; al revés, ¿son los requerimientos, necesidades y demandas indígenas los que deben ser reconvertidos al patrón occidental, aun cuando este se presente (sea presentado) bajo la forma de “desarrollo sostenible”?

De manera muy amplia, los requerimientos de las comunidades indígenas en todos los países que comparten la cuenca amazónica, están relacionados con el reconocimiento de territorios y territorialidades, su respeto y autonomía. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, se trata de un viejo problema, reconociendo que en los dos primeros se han producido avances mucho más significativos en el sentido señalado. Los indígenas y sus comunidades manejan territorios y ecosistemas, son conservacionistas, gestionan admirablemente los recursos naturales y practican la agricultura itinerante. Su propia idea de lo que significa “producir” es mucho más rica y diversa que la tradicional idea de “producción” occidental. Producción significa además producción de vida, producción y reproducción del territorio, la naturaleza y la “madre tierra” (pachamama); todos ellos inseparables de su cultura milenaria en la matriz de comprensión del mundo indígena. [6] Una concepción adecuada del desarrollo no deja de lado esta totalidad, que llamaremos modo de producción indígena-amazónico.

En cambio, las visiones “modernas” del desarrollo con las que se está incursionando en los espacios amazónicos, persiguen la incorporación-articulación de estos territorios, no necesariamente con el aparato productivo existente de cada país, pero sí directamente con las cadenas de valorización mundial del capital. En el mejor de los casos, la “misión evangelizadora” que se proponen hacer los grandes capitalistas, sus operadores tecnocráticos y políticos, así como sus portavoces ideológicos, con relación a los indígenas y sus comunidades, consiste en reducirlos a un rol meramente mercantil: el de convertirlos en “pequeños productores agropecuarios”.

El énfasis de una estrategia y política verdaderamente alternativas, en el espacio amazónico, debería consistir en el manejo del bosque y sus productos, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. Un requisito clave es la preservación de la unidad de cada territorio étnico, junto al reconocimiento de su autonomía, en lugar de pretender desmembrarlo separando los recursos del suelo y subsuelo que contiene. Esto último es una aberración y un extravío, explicable en mentalidades trastornadas como las de García y su principal escudero político (Mauricio Mulder); siendo más bien lamentable escuchar o leer parecida opinión de quien fuera reconocido como una “autoridad científica” en cuestiones amazónicas (el Dr. Antonio Brack, actual ministro del ambiente). Frente a la política gubernamental de “hacer prevalecer la ‘soberanía del conceder’ sobre los derechos pre-existentes de los pueblos” (Wiener 2009), tenemos que contraponer la soberanía del “buen vivir/vivir bien”; y esto último implica integridad territorial, manejo y conservación de territorios, no su enajenación, expoliación ni saqueo. El Sr. Ollanta Humala debería tener un poco más de cuidado al pronunciarse sobre estos temas, al haber sugerido que las comunidades amazónicas “se conviertan en socias” (sic!!) de las inversiones.

En este contexto, la variable clave no es la “competitividad” sino la productividad de los ecosistemas y territorios que son manejados por las comunidades amazónicas. En la amazonía la escala territorial parte de la finca familiar, pasa por los “centros” (agrupamientos de varias fincas), hasta llegar al territorio étnico. Así como en el caso del espacio andino se reconocía -al menos por la investigación académica- la existencia de una particular racionalidad en función de pisos ecológicos, en el espacio amazónico nos referimos a diferentes escalas territoriales con sus respectivas lógicas diferenciadas de manejo-producción-conservación-reproducción de vida.

El punto de partida para cualquier apuesta de desarrollo endógeno y autocentrado en la amazonía (atención: no confundirlo con desarrollo del mercado interno) lo constituye lo que anteriormente denominábamos el modo de producción indígena-amazónico. Postulamos un proceso de desarrollo y transformación que venga desde adentro, donde los mismos indígenas y sus comunidades sean los protagonistas de esa creación, sin confinar su actuación al rol de demandantes / receptores pasivos del apoyo estatal, cualquiera sea la índole de este apoyo.

El desarrollo así entendido debería ser una creación propia de las comunidades, y cualquier “apoyo” que se les plantee (en términos, p. ej., de tecnologías o producción) debiera ser indesligable del mejoramiento del manejo y la productividad de los territorios y ecosistemas amazónicos. Las políticas y estrategias de seguridad y soberanía alimentarias, por ejemplo, deberían ser replanteadas en esa dirección.

Colofón de preguntas para heréticos

¿De qué nos sirve tener luz, agua, teléfonos satelitales, si vemos a nuestras comunidades destruidas e inundadas por las plagas sociales como el alcoholismo y la prostitución?

La cita anterior fue parte del pronunciamiento público leído el 15 de mayo por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, organización que viene conduciendo la protesta indígena y el paro amazónico (Caballero 2009). Podemos darle un alcance más amplio, con relación al conflicto que dicha organización mantiene con el Estado peruano, preguntando: ¿De qué sirve permitir la explotación extractiva de recursos naturales y el supuesto “desarrollo” que traería aparejado, si eso va a significar la destrucción y desaparición de extensas áreas de bosque, especies, ecosistemas y -por consiguiente- la pérdida de los territorios indígenas en la Amazonía (peruana en este caso), considerada “patrimonio de la humanidad”? ¿De qué sirve que por esa explotación las poblaciones amazónicas y sus gobiernos regionales reciban más canon y con ello contar con más caminos, carreteras, puentes, en suma modernizarse a la manera capitalista, cuando el costo social a pagar por ello será la proletarización de las comunidades y etnias, su empobrecimiento social y espiritual, la pérdida de sus valores y costumbres ancestrales y milenarias? Nos parece que en estas preguntas y otras similares se encuentra la disyuntiva que se juega detrás del conflicto mencionado.

El reconocimiento de los territorios indígenas y su autonomía, en consonancia con la constitución del Estado Plurinacional es un camino que no se divorcia de la vía autocentrada. Más bien confluyen. Pero observando también el entorno regional: ¿cabría la formación de “Estados Plurinacionales Comunitarios” en los países que conforman la cuenca amazónica? ¿Es dable pensar en la Cuenca Amazónica como un gran Estado Plurinacional, una confederación de territorios y territorialidades indígenas? ¿No sería esta la mejor garantía para la preservación de los bosques y su legado a las “generaciones futuras” (la humanidad que nacerá dentro de 50 años, cuando las actuales generaciones seamos historia)? Esta preguntas -así escandalicen a las mentes atrofiadas y alienadas por el pensamiento único- son muy pertinentes frente a la doble amenaza para los indígenas, sus comunidades y territorios, proveniente tanto desde adentro de los “estados-nación” (en el caso peruano, los decretos que concesionan la selva a las transnacionales) como desde afuera (la globalización capitalista; el imperialismo por desposesión). ¿Qué viabilidad puede tener la existencia de un Estado Plurinacional, en un país determinado, si en los países vecinos se persiguen, reprimen, aniquilan y desaparecen a sus propias nacionalidades indígenas, pueblos originarios o etnias aborígenes (indígenas awá en Colombia; mapuches en Chile); si se arrasa con el bosque amazónico para transformarlo en pasturas y enormes plantaciones para el agro business (Brasil)?

- Antonio Romero Reyes es Economista político; consultor e investigador en desarrollo económico regional; especialista en planificación y economía urbana. Colaborador de ALAI.

* Enlace relacionado con este artículo: http://alainet.org/active/25883&lang=es

Notas

[1] Hace algún tiempo un amigo emigrado preguntaba desde París, en un artículo de opinión: “La izquierda ¿cuándo llegará, cuándo llegará?” (12 de agosto 2008). La respuesta a esta pregunta depende de si hablamos de una izquierda que surge desde y con el pueblo organizado o de una izquierda que va a su encuentro buscando representarla como una “fuerza exterior”. Desde este último punto de vista, no deberían sorprender declaraciones antojadizas como las de Alan García y de empresarios como Dionisio Romero autodefiniéndose “de izquierda” o “centroizquierda” (cf. La Primera, 1 de marzo 2009 y El Comercio del 5 de abril 2009, respectivamente).

[2] «La visión mercantilista del TLC es pavorosa, convierte a la naturaleza en un simple reservorio de materias primas explotables, como se demuestra en las inversiones petroleras, de gas natural, de minerales, biodiversidad, de agua, y otros, para lo cual demanda y exige eliminar los instrumentos jurídicos de los pueblos y comunidades indígenas, sean campesinas o nativas para defenderse de los proyectos de inversión que atentan contra la calidad de vida y la cultura. La apertura del mercado para las tierras comunales, se produce en una situación de catástrofe en que se halla el país con las empresas mineras; estas se encuentran encima de la mitad de 6,000 comunidades andinas en las cabeceras de cuencas de agua para la costa, y petroleras en el 70% de la amazonía y encima de más de 1,000 comunidades.» (Lema Tucker 2008).

[3] «Hay un antes y un después en la vida de García. El hito lo marca la masacre de Bagua. El culpable de la matanza de “El Frontón” sabe que en Bagua han muerto, según información del programa televisivo Pro & Contra de Loreto, 150 nativos, y que éstas muertes van a pesar en su futuro político y en la memoria colectiva. En el Oriente peruano él es ya un cadáver político.» (Lévano 2009). Para más detalles sobre los acontecimientos véanse las ediciones especiales de La Primera (www.diariolaprimeraperu.com) y La República (www.larepublica.pe), ambas del 6 de junio.

[4] Declaraciones de Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, recogidas con el título de “Hay que llevar el desarrollo”. La Primera, 20 de mayo 2009.

[5] «Históricamente, la idea de desarrollo ha sido validada a partir de falsas premisas, falsas promesas y soluciones inadecuadas. A través de regímenes de poder que controlan factores estratégicos de naturaleza material y simbólica, diferentes imperios han subordinado a personas, grupos sociales, comunidades, sociedades, economías, regiones y hasta continentes. Para legitimar las injusticias que emanan de las contradicciones que les son inherentes, estos imperios establecen un discurso hegemónico —para justificar su régimen de poder— del cual emanan reglas, premisas, prácticas sociales, objetos, verdades, realidades, etc., para institucionalizar su “derecho” a la dominación.» (De Souza Silva 2009).

[6] «Proceso civilizatorio es lo mismo que destrucción de la personalidad cultural de los pueblos, liberalismo equivale a dominio de las trasnacionales, Estado-nación a opresión colonial de los pueblos y homogenización, igualdad equivale a exclusión e injusticia, individuo a unidimensionalidad; sin embargo, la cultura originaria puede ser socavada pero no aniquilada, pues equivale a universos de vida diferenciada» (Lora 2009b).

Referencias

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