La tarde del día seis de mayo el Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, y la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, han celebrado una conferencia de prensa en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ofreciendo nuevas muestras, por decir poco, de la inconsciencia y el empecinamiento del Gobierno peruano. Dieron estas cifras de víctimas mortales de la masacre de Bagua: 31 personas, de las cuales 22 policías y nueve indígenas. Son las cifras que alega el Presidente del Gobierno, Yehude Simón, para hacer una desafiante pregunta: “¿Quién comete el genocidio?”. Es para él una pregunta retórica pues da por hecho que los genocidas, por nueve contra veintidós, son los indígenas. He ahí el interrogante que en este momento efectivamente procede. Genocidio se ha cometido o, mejor dicho, se está cometiendo. La cuestión es esa otra de quiénes lo cometen.

Primero, los datos. Es una irresponsabilidad absoluta darlos por sabidos antes de que una comisión de investigación, preferiblemente internacional, los averigüe sobre el terreno. En segundo y principal lugar, según todas las evidencias, el propio Gobierno ha dado órdenes de que las víctimas indígenas se oculten al tiempo que rinde honores a las que se han producido de policías. Testimonios indígenas no sólo hablan de más muertes entre los suyos, sino también de que hay cadáveres retirados e incinerados por la policía. Hay testigos claves huidos y ocultos. Con todo esto, debe ante todo recabarse y contrastarse informaciones, lo cual, dadas las circunstancias, no puede en absoluto confiarse al Gobierno del Perú. Estamos ante un caso de manual de necesidad perentoria de una comisión imparcial de investigación.

Dato relevante también es el de la forma de producirse la masacre. Indígenas estaban bloqueando comunicaciones para impedir el desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, actividades cuyo régimen de concesión por el Gobierno ha sido considerado inconstitucional por la Defensoría del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria creada al efecto en el Congreso, además de ser cuestionado por el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto se conoce y se alega de parte indígena para recurrir a las medidas extraordinarias de bloqueo en defensa de sus derechos frente al empecinamiento del Gobierno en sostenerla y no enmendarla. Sin salida jurídica ni nacional ni internacional, no hay que descartar la fundada sospecha de que se ha buscado el derramamiento de sangre por el propio Gobierno para provocar un cierre de filas contra indígenas que le ayude a capear el temporal y salir del atolladero.

Las declaraciones gubernamentales se sitúan en esta línea. Mientras que se derramaba la sangre, el Presidente de la República, Alan García, hacía unas encendidas declaraciones en las que, entre otras hirientes ocurrencias, contraponía los derechos ciudadanos de millones de peruanos con los intereses egoístas de cientos de miles de indígenas, como si éstos fueran alienígenas en su propia tierra, como si el Estado peruano no tuviera la responsabilidad internacional de defender sus derechos humanos, los de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas. Se trata en efecto de intereses contra derechos. Intereses frente a derechos son los de las empresas concesionarias impulsadas y amparadas por el Gobierno. Derechos frente a intereses son los reconocidos a los pueblos indígenas por el derecho internacional de los derechos humanos que vinculan desde luego al Perú.

La responsabilidad por la decisión de provocar las hostilidades utilizándose los medios más letales es dato también esencial. Según noticias de testigos presenciales, el ataque lo inician las fuerzas armadas, más en concreto la policía con el reforzamiento del ejército. Se ha bombardeado desde el aire y se ha disparado con metralletas empleándose así material y personal militar. Repárese en que a la conferencia de prensa concurre el Ministro de Defensa y que la misma se celebra en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La militarización de la Amazonía peruana es anterior a los acontecimientos y se ha incrementado severamente desde las vísperas de la declaración del estado de emergencia que se produjo el 8 de mayo. Al estado de excepción por la zona amazónica, se añade ahora en Bagua el toque de queda desde las tres de la tarde a las seis de la mañana. Y la parte que así actúa es la que se viene negando a atenerse a términos de derecho, el Gobierno del Perú.

Según los propios términos de la Convención de Naciones Unidas sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. 2.c “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial), el Gobierno del Perú viene cometiendo este delito de lesa humanidad desde antes de recurrir al derramamiento de sangre, a este serio agravamiento de la propia conducta delictiva. La pregunta del Presidente del Gobierno resulta realmente retórica. La respuesta está dada de antemano. Basta con que se mire al espejo para que vea ante sí una pieza de evidencia de la responsabilidad y del negacionsimo.

No es nueva esa sangrienta ocurrencia de imputar el genocidio a las víctimas. Existe en Estados Unidos algún exponente académico que sesudamente defiende al colonialismo europeo de la acusación de genocidio imputándoselo a los indígenas. Serían éstos quienes, soñando por ejemplo con la reconstitución del Tawantinsuyu, habrían abrigado el designio de eliminar de raíz la presencia en el caso española, mientras que ésta última, si ciertamente produjo mortandad indígena, habría sido sin intención ninguna, sin responsabilidad genocida alguna. Ya se ve que la estupidez interesada puede suceder al crimen flagrante. Ésta es la retorsión a la que acude ahora el Gobierno peruano. ¿De verdad piensa que los policías muertos son víctimas de genocidio?

Bien mirado, lo son. No confrontemos cifras de muertos entre indígenas y policías. No distingamos. No hay nueve contra veintidós ni veintidós contra nueve. Hay más y todos víctimas del genocidio gubernamental. Como un episodio entre tantos del genocidio en curso, el Gobierno del Perú ha enviado a la muerte a personal propio. Honremos a todos los muertos, indígenas y no indígenas. Exijamos justicia en nombre de todos ellos. Los policías y los soldados de a pie, bastantes de ellos y ellas además indígenas, no son responsables de la política genocida del Gobierno peruano.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org