“Cerramos las puertas (de la inmigración) y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse”, declaró el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Esa declaración, de por sí agresiva contra familias enteras que buscaron mejores horizontes en otras tierras, es sólo la muestra de una discriminación característica del fascismo que dominó ese país en la primera mitad del siglo pasado.

Recordemos la decisión del Parlamento Europeo, hace pocos meses, conocida como “directiva de retorno”. Esa disposición convierte, a los inmigrantes que no tienen documentación aceptada y a quienes se llama ilegales, en sujetos de expulsión en condiciones humillantes. Esto último, porque los Estados europeos que aplicarán tal directiva, se reservan el derecho de mantener detenido hasta por 6 meses a la persona que no haya salido del país cuando se le ordenó.

Al gobierno de Roma no le parece suficiente este procedimiento. Por ley que aprobó su parlamento, si se encuentra a un inmigrante en esta condición, se le cobrará una multa que va de 5 a 10 mil euros y, a continuación, podría ser sometido al arresto que fija la directiva de retorno. La fobia contra los llamados inmigrantes ilegales va más allá y da la impresión de que reaparece la policía secreta de los tiempos de Mussolini. La ley aprobada autoriza que se formen “asociaciones de ciudadanos” que realicen rondas para señalar las alteraciones al orden público y registrar a los sin techo, es decir, a las personas que carecen de vivienda. La pobreza y, sobre todo, la pobreza del inmigrante es ahora un delito grave.

Hace ya mucho tiempo que se usa el término ilegal, aplicado a las personas llegadas a un país en busca de oportunidades que no encuentran en el suyo. Estas personas han sido utilizadas masivamente en las épocas de desarrollo económico. En cuanto se detiene ese proceso, como ocurre periódicamente en el sistema capitalista, aquellos inmigrantes pasan a la categoría de indeseables, de ilegales y comienza una caza para expulsarlos. El señor Berlusconi lo dice claramente: volveremos a abrir las fronteras cuando los necesitemos para trabajar.

La Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Organización de Naciones Unidas, dice en su artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. No dice que deba ser sólo en el Estado en que nació ni mucho menos que necesita permiso de un gobierno para residir en cualquier territorio. Entonces, ¿cómo ha ocurrido que los firmantes de esta Declaración, desconozcan la justicia de este derecho?

Pero no se trata sólo de desconocer, en el sentido de rechazar, sino de retroceder a los tiempos del nazi-fascismo que llevó a la humanidad a un conflicto con casi 100 millones de muertos. Porque, aquel proceso criminal comenzó con la discriminación de ciertos grupos sociales y fue ampliándose cada vez más; primero fue a los que eran, luego a quienes los cobijaban, después a quienes no los denunciaban y en última instancia a quienes tenían relaciones con los no denunciantes. La cadena ha comenzado con la ley del parlamento europeo, luego se endurece con la norma acordada en el parlamento italiano. ¿Qué viene después?

Es cada vez más urgente que, los países empobrecidos, de donde salieron los inmigrantes hoy día amenazados en Europa, conformemos mecanismos de defensa de todos los inmigrantes llamados ilegales. Hay que condenar tal calificación; nadie puede ser declarado ilegal por haberse trasladado a otro país sin cumplir con los costosos y lentos procedimientos burocráticos.

¿Qué habría ocurrido hace 70 u 80 años si los inmigrantes italianos que llegaron a varios países latinoamericanos hubiesen sido perseguidos y expulsados? Los descendientes de aquellos que desembarcaron en tierras donde sus abuelos fueron recibidos sin exclusiones, deben encabezar esta cruzada en contra del renacer fascista en la Italia de Berlusconi.

- Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.