Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Bávaro, República Dominicana, 29-31 de enero 2003) Panel sobre estudio de las características de los marcos regulatorios necesarios para el desarrollo de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe.

Ponencia de Sally Burch*

Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS)

Este proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información está cruzado por distintas visiones de lo que es la sociedad de la información. Es importante dilucidar estas diferencias, pues de acuerdo con la visión de la cual se parte, variarán las metas de lo que se quiere lograr, y por lo tanto, las estrategias para alcanzarlas. Con el riesgo de tener que simplificar, propongo brevemente resumir dos visiones distintas que están presentes, para luego explorar algunas de sus implicaciones en el plano de los marcos regulatorios.

Un primer enfoque de la sociedad de la información hace referencia a un nuevo paradigma de desarrollo, que asigna a la tecnología un rol causal en el ordenamiento social, ubicándola como motor del desarrollo económico. Bajo este concepto, la "sociedad de la información", se circunscribe al ámbito digital: lo que no está digitalizado quedaría fuera de esta nueva sociedad. Para los países en desarrollo esto implica que la transición hacia la sociedad de la información es esencialmente una cuestión de tiempo y de voluntad para crear las condiciones adecuadas. Algo parecido sucedería con los sectores sociales excluidos, a los cuales habría que incluir, mediante programas de acceso universal. Al colocar a la tecnología al centro de este modelo, la industria de telecomunicaciones sería la llamada a liderar su desarrollo. Por su parte, la industria productora de servicios y contenidos digitales asumiría una influencia inédita.

Pero hay otro enfoque que entiende a la sociedad de la información como una nueva etapa del desarrollo humano, caracterizada por el predominio que han alcanzado la información, la comunicación y el conocimiento en la economía y el conjunto de actividades humanas. Desde este enfoque, la tecnología es el soporte que ha desencadenado una aceleración de este proceso. Sin embargo, no es un factor neutro, ni su rumbo es inexorable, sino que el propio desarrollo tecnológico es orientado por los juegos de intereses. Desde esta visión, la sociedad de la información no concierne únicamente al ámbito digital, sino que entiende a lo digital como una nueva dimensión de la realidad, que interactúa permanentemente con la realidad física y estas dos dimensiones se influencian mutuamente.

Este enfoque supone que, dependiendo de cómo se orienta el desarrollo de las tecnologías y cómo se las aplica, ellas pueden tener un gran potencial para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, como también para mejorar la educación, para fomentar la creatividad, diversidad e intercambio cultural. Pero con igual facilidad, pueden ser desarrolladas en función de proyectos de control y vigilancia de carácter autoritario, o para concentrar la propiedad de la producción y difusión de contenidos.

¿Cuáles son las implicaciones en el marco regulatorio? Si se parte de un enfoque centrado en la tecnología y circunscrito al ámbito digital, las prioridades en el plano regulatorio se asignan a aspectos como:

- Una regulación mínima de la industria para favorecer la inversión

- La seguridad jurídica de los actores

- Los derechos de propiedad intelectual de las empresas intermediarias, más que de los/as creadores/as.

- El acceso universal

Si partimos de una visión centrada en metas sociales, el énfasis en términos regulatorios es distinto. Implica, entre otros aspectos:

- Abordar la brecha digital, no solo desde el acceso universal, sino desde un entendimiento de cómo la información, la comunicación y el conocimiento pueden incidir en la solución de las brechas sociales y crear las condiciones para que ello se dé.

- Crear las condiciones para garantizar mayores niveles de participación de la sociedad y de las comunidades en el control y gestión de las tecnologías y los recursos de información y comunicación; no solo las digitales, sino también otros recursos que han demostrado su efectividad, como son las radios comunitarias.

- Crear mecanismos para fomentar la pluralidad y la diversidad de los contenidos y garantizar que puedan difundirse.

Pero también hay otras consideraciones. Cuando se concibe a la sociedad de información relacionada únicamente al ámbito digital, se corre el riesgo de una simplificación excesiva de las complejas relaciones entre éste y la dimensión física. Transplantar información y actividades desde el mundo físico hacia el digital, sin tener en cuenta las transformaciones que ello implica en el primero, puede conducir a errores costosos. Una expresión de ello es la moda de anexar la "e" de electrónico a todo lo que se digitaliza, sin diferenciar entre las áreas de actividad que, siendo en su esencia información y comunicación, son susceptibles de esta transposición, como el correo electrónico y otras donde la información y la comunicación son apenas un componente, como gobierno o salud. Entiendo que muchos fracasos del llamado "e-comercio" se deben a esta falta de claridad.

La CMSI tiene la responsabilidad de ayudar a esclarecer los conceptos y no profundizar las confusiones con terminologías inadecuadas. Considerar a la sociedad de información como una dimensión separada de la realidad, que requiere de un marco legal y regulatorio exclusivo, podría incluso ser peligroso. ¿Vamos a definir otra ciudadanía que habite ese otro mundo? ¿Cuáles serán los parámetros democráticos que rijan el debate, la definición, el control y la vigilancia de este marco legal?

Si bien puede ser cierto que las particularidades del ciberespacio hacen necesarios otros mecanismos de implementación de las leyes y reglamentos, cuestionamos la conveniencia de dotarle de un marco legal propio. Eso sí, al facilitar una alta concentración del control de los procesos de comunicación, hacen falta nuevas garantías y derechos de la ciudadanía, en particular lo relacionado con el derecho a la comunicación y la protección de la privacidad; pero éstos no deben aplicarse solamente dentro del ciberespacio, sino en la sociedad en su conjunto.

Con esa preocupación se impulsó la Campaña CRIS, (Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información), para poner por delante propuestas en este sentido en el marco de la Cumbre y de nuestras respectivas sociedades. CRIS argumenta que no se puede hablar de la sociedad de la información, sino de sociedades de la información, pues no existe un único modelo. De lo que se trata es de construir sociedades de la información, nacionales, regionales, que respondan a nuestras realidades y necesidades particulares. Cuando se ha debatido la orientación de las políticas en el marco de este proceso de la Cumbre, de hecho ha predominado un consenso de que la dimensión humana y social debe orientar el desarrollo de la sociedad de la información y no la tecnología como fin en sí misma. Es lo que dicta el sentido común y nos alienta verlo reflejado en las diversas declaraciones de principios. Pero estaremos vigilantes de cómo esta visión se traducirá en los planes de acción.

Implicaciones para el marco regulatorio en América Latina

Desarrollar sociedades de la información en América Latina implica adoptar políticas conforme a nuestras realidades propias, no dictadas desde fuera. A nuestro entender, ello tiene implicaciones en términos del fomento de una industria propia, orientada a las necesidades y características de la región, tanto en las telecomunicaciones, como en el software, contenidos, y otras áreas. Entre las áreas donde se requiere desarrollar un marco regulatorio y políticas públicas, se incluye:

- Medidas para que una parte de las ganancias de un sector que se ha vuelto altamente especulativo sean revertidas a iniciativas de corte social. Tales iniciativas incluirían el acceso a la tecnología y a la información. También incluirían, por ejemplo, actividades de capacitación en manejo, no solo de la tecnología, sino también de la información, que es uno de los grandes retos de la sociedad de la información.

- Medidas de fomento de la creatividad, la pluralidad y la expresión de la diversidad cultural. Medidas para asegurar un control democrático y equilibrio geográfico en las instancias regionales que gobiernan el Internet.

- El establecimiento de estándares técnicos comunes; políticas de aliento al uso de códigos de fuente abierta particularmente en las instituciones públicas y educativas.

- Medidas de desarrollo y protección del dominio público de la información.

- El fomento de medios de difusión en el dominio público; o sea, medios independientes de los poderes políticos y económicos, con participación ciudadana en su gestión y acción.

- Protección de usuarios/as de Internet, especialmente respecto a la privacidad de las comunicaciones, al correo no deseado y al monitoreo no autorizado de la navegación en Internet.

- Políticas democráticas para la asignación del espectro radioeléctrico y garantías para la creación y operación de radios comunitarias.

En la medida en que el desarrollo de la sociedad de la información incida en el conjunto del desarrollo social, y siendo que la intención es orientar el desarrollo de las tecnologías al bienestar del conjunto de la sociedad, entonces requerimos abrir un muy amplio debate público en los ámbitos nacionales y regionales sobre qué sociedad de información queremos construir. Y eso no lo estamos viendo, ni en nuestros países, ni en los medios de difusión. Tampoco hemos encontrado en esta conferencia el espacio suficiente para que una amplia gama de actores puedan debatirlo. Si los gobiernos de la región tienen realmente la voluntad de aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, entonces el proceso de esta Cumbre Mundial tendría que ser mucho más abierto e incluyente.

* Sally Burch es Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI–. Integra el grupo coordinador de CRIS.