El desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada; las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales y la utilización por parte de las Fuerza Pública en operativos militares hacen parte de la cotidianidad de muchos niños y jóvenes en diversas regiones de Colombia.

Lo preocupante es que no existen las suficientes herramientas normativas y jurídicas para proteger los derechos de la niñez y la juventud de los efectos del conflicto armado colombiano. Así quedó en evidencia durante la jornada inicial del Encuentro Nacional de Experiencias: iniciativas locales por los Derechos de la Niñez, que tiene lugar desde este 15 de mayo en el Hotel del Parque Superior de la ciudad de Bogotá.

El Encuentro, que se extenderá hasta el 16 de mayo, reúne a cerca de 100 jóvenes afectados por el conflicto armado provenientes de regiones como San Onofre y Sincelejo, departamento de Sucre; Oriente de Antioquia; Cúcuta y Tibú, Norte de Santander; el distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali y la localidad de Ciudad Bolívar de la capital del país, quienes vienen participando en la campaña Juguemos en Serio a la Paz, que ejecutan las organizaciones no gubernamentales Fundación Cultura Democrática (Fucude) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Allí, Los testimonios de los jóvenes reflejaron que el conflicto armado persiste y la violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado continúan presentándose en muchas regiones, afectando su desarrollo social y personal.

“Aquí en Cúcuta la presencia de las Águilas Negras está afectando mucho a los jóvenes. En muchos barrios de Ciudadela Atalaya (una de las más populosas de la capital nortesantandereana), los menores de edad no pueden estar en la calle después de las 10:00 de la noche porque corren peligro. Eso está ocurriendo actualmente y lo preocupante es que los jóvenes se están vinculando a esos grupos”, dijo un joven proveniente de la ciudad fronteriza.

Una situación similar plantearon los menores de edad provenientes de Medellín y el Valle de Aburrá, quienes sienten que la presencia de bandas delincuenciales en los barrios viene afectando el acceso a derechos como la educación. “Esas bandas están haciendo presencia en los colegios y están intimidando a los estudiantes y a los profesores”, comentó a su vez un adolescente oriundo del municipio de Itagüí, Antioquia.

Otro de los aspectos considerados por los presentes como problemáticos fue la falta de oportunidades laborales y educativas dirigidas a los jóvenes, lo que se convierte en factor de riesgo frente la vinculación de esta población a las distintas expresiones de violencia.

“En Cali, por ejemplo, los jóvenes no cuentan con opciones laborales, no tienen muchos espacios de participación, no hay aprovechamiento del tiempo libre y por eso terminan involucrados con las Oficinas (estructuras de delincuencia organizada al servicio del narcotráfico)”, señaló una adolescente residente de la capital del Valle del Cauca.

Políticas públicas: la opción

Los asistentes coincidieron en afirmar que si bien muchas de estas cosas ocurren con frecuencia en las regiones, no son lo suficientemente visibilizadas ante la opinión pública. De ahí que una de las primeras acciones sugeridas para evitar que la niñez siga siendo utilizada en el conflicto sea el reconocimiento en las regiones de la problemática.

Junto a esto, también se planteó la necesidad de replantear las políticas públicas existentes dirigidas a la protección de la niñez y la juventud y en abrir espacios de participación efectivos, donde su voz sea escuchada, valorada y respetada.

“También se evidencia que en muchas ciudades, el joven no es escuchado, no es tenido en cuenta, es visto como un enemigo y es perseguido y atropellado por las autoridades oficiales”, manifestó Luz Dary Ruiz, coordinadora de la Campaña y responsable del evento.

Y es precisamente respeto por sus visiones de mundo y sus elecciones personales, políticas, culturales y sociales es lo que más reclaman la juventud del país. La exposición hecha por jóvenes bogotanos sobre la Objeción de Conciencia, que coincidencialmente conmemoraba su día clásico este 15 de mayo, fue un claro ejemplo de ello.

Julián Ovalle es un joven de Bogotá que hace cuatro años se declaró objetor de conciencia frente al militarismo. Su relato mostró el hastío que sienten muchos jóvenes por la guerra. “Simplemente no quiero hacer parte de ningún ejército, sea legal o ilegal. No estoy de acuerdo con la guerra”, señaló Julián, quién espera que algún día, esta opción sea legitimada desde lo constitucional.

“Es que no quiero ni hacer parte de la guerra ni dar plata para ella. Por eso no quise hacer los trámites para la libreta militar y he tenido problemas por ello, máxime en este país, donde es obligatorio prestar el servicio militar y donde quien cuestione el militarismo es visto como sospechoso”, declaró el joven.

No obstante las dificultades normativas que existen en Colombia para los objetores de conciencia, esta opción de tipo político, que básicamente consiste en rechazar el cumplimiento de determinadas normas jurídicas por considerarlas atentatorias o contrarias a posturas éticas o creencias religiosas, viene ganando adeptos entre los jóvenes del país.

En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, la Coordinadora Juvenil agrupa a un número amplio de organizaciones de las 20 localidades que posee la capital, quienes desde la Noviolencia y la Objeción de Conciencia rechazan la vinculación a cualquier ejército, incluso de carácter legal. En Medellín existe la Red Juvenil, organización que desde hace 15 años promueve este trabajo en las comunas centro-orientales de la capital antioqueña.

Experiencias como esta también vienen surgiendo en ciudades como Cali, donde el grupo Objetarte ha logrado involucrar a las adolescentes en este tema. “Si bien las mujeres no tenemos que ir al Ejército, somos las mujeres las que parimos los hijos para la guerra, y no compartimos eso”, explicó Lorena Callejas, integrante de Objetarte.

“Si se trata de robarle jóvenes a la guerra, la Objeción de Conciencia puede ser una opción. Lo importante es que la sociedad, el gobierno, la Ley, respeten nuestra decisión”, sentenció Julián.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co