La elección de Lula a la presidencia de la República no significa la consagración de la democracia brasileña. No será un gobierno del pueblo. Pero daría un gran paso hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas si fuera un gobierno para el pueblo. En nuestra historia republicana las raras ocasiones en que las clases subalternas obtuvieron beneficios reales, como en los gobiernos de Vargas y de JK, fueron con motivo de reordenamientos coyunturales, como la sustitución de las importaciones (2ª Guerra Mundial, implantación de la industria automovilística, construcción de Brasilia, etc.), que favorecieron la industria nacional y por consiguiente a los trabajadores. Nunca tuvimos un gobierno que asumiera como prioridad de su actuación política la cuestión social. Además, ésta siempre fue considerada como un asunto privativo de la primera dama. Lula dejó claro, en el programa de gobierno y durante la campaña electoral, que su administración tendrá como prioridad la lucha contra el hambre y el desempleo, a través de las reformas: tributaria, agraria, preventiva, laboral y política. Los datos sociales del país son estremecedores: 54 millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza; 80 millones no tienen condiciones de consumir cada día las dos mil calorías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; 119 millones tienen una renta mensual inferior a tres salarios mínimos; la renta del 50 % de los más pobres coincide con la del 1 % de los más ricos; el 1 % de los propietarios rurales posee el 44 % de las áreas cultivables, etc. Habrá quien pregunte: ¿ y con qué recursos pretende Lula atenuar la exclusión social? La respuesta quizá sea negativa si la premisa de que Lula ocupará la silla presidencial sin alterar la gramática del poder fuera equivocada. Ahora bien, no se trata de mera sustitución de personas. Se trata de una inversión de métodos y de objetivos, de estilos y de criterios. Aunque Lula no pueda cambiar la naturaleza del poder, la estructura burguesa del Estado, la lógica capitalista, etc., ciertamente el carácter de su gobierno será otro muy distinto. Y eso implica redimensionar desde los recursos financieros disponibles en el presupuesto federal hasta el modo de administrar el país. Otro desafío al gobierno de Lula será el de asegurar la gobernabilidad con el apoyo del Congreso Nacional, pero también de los movimientos sociales, de los que él mismo es resultado. Es la red de esos movimientos, con profunda capilaridad en el territorio nacional, la que garantizará la aplicación efectiva de los proyectos sociales, como el de Hambre Cero. El ejercicio del poder en Brasil siempre fue un juego entre amigos, a base de favoritismos y cambalacheo, ajustes corporativistas y privilegios. Todo eso cambiará con un gobierno que mantendrá los canales abiertos con los movimientos sociales, echará 'pie a tierra' y favorecerá el fortalecimiento y la representatividad de la sociedad civil organizada. El gesto afectivo de quien le encanta abrazar al pueblo se traducirá en vínculos efectivos con las clases subalternas. Quizás el mayor desafío externo sean las relaciones con el gobierno de Bush, incluyendo el ALCA; la integración de los países del Continente (incluyendo el bloqueo de los EE.UU. a Cuba); el fortalecimiento del MERCOSUR; y el carácter belicista de la política exterior de la Casa Blanca. Lo cual exigirá del gobierno de Lula una política exterior agresiva, tanto desde el punto de vista económico, con la ampliación de las exportaciones, como político, estrechando lazos con las naciones europeas y rescatando la histórica cohesión de los países no alineados que configuran el llamado Tercer Mundo. (Traducción de José Luis Burguet)