La Comisión Legislativa ecuatoriana, que funge de poder legislativo, aprobó en el mes de marzo de 2009, una ley denominada “Ley de tipificación de los delitos de genocidio y etnocidio”. Prima facie, parecería que la aprobación de esta Ley da cuenta de que, al menos en el caso ecuatoriano, se intentan realizar aportes a la legislación mundial a propósito del genocidio y el etnocidio, y que el proceso político ecuatoriano ha abierto espacios importantes de discusión y debate sobre uno de los temas fundamentales y que interpelan directamente al proyecto civilizatorio de Occidente: el estatuto de la diferencia radical en la modernidad inherente a la definición de etnocidio.

Sin embargo, la aprobación de esta Ley se hizo sin la participación del movimiento indígena, sin las consultas a los pueblos indígenas y a sus organizaciones, y sin tomar en consideración el debate que se está suscitando sobre el etnocidio como una figura jurídica-política en la cual puedan caber las prácticas de la modernidad.

Una Ley que se aprueba de forma apresurada, sin debate público, sin consultas con los expertos y sin considerar aquellas discusiones que se están realizando al tenor de la Corte Penal Internacional y su estatuto, no es una ley tan legítima que se diga. Además, esta Ley se aprueba cuando ocurre el genocidio al pueblo Awa realizado en Colombia, al tenor de la guerra civil que asola a este país y sin que en el debate parlamentario se haya mencionado este hecho. La Comisión Legislativa ecuatoriana tenía, por consiguiente, un momento y una oportunidad en la cual retomar los debates y las reflexiones propuestas por el movimiento indígena a propósito de esta Ley.

En efecto, el movimiento indígena ecuatoriano había realizado una interesante reflexión sobre el etnocidio asimilándolo a la categoría de “genocidio cultural”. La definición realizada por la CONAIE, en un documento entregado en el año 2006 al Relator Especial de NNUU para Pueblos Indígenas, es reveladora: “acogemos el concepto de genocidio como muerte a la diferencia”.  Los pueblos indígenas se saben y se asumen diferentes, y sitúan esa diferencia en términos de civilización. Los pueblos indígenas saben que al interior de la matriz cultural de Occidente no hay espacios ni para el encuentro de culturas, ni para el diálogo de saberes. La voluntad moderna es una voluntad de poder. En esa voluntad de poder no hay espacio para aquellos que reivindican sus diferencias radicales. Son diferencias radicales porque son irreductibles, porque perderlas implica la muerte cultural como preámbulo para la muerte social. Los pueblos indígenas son la evidencia más concreta de que Occidente intenta por todos los medios asimilarlos a su propio proyecto cultural a riesgo de su exterminio físico y cultural. Para Occidente, sus referentes de consumo, de egoísmo, de búsqueda del provecho individual, de acción estratégica sobre los otros individuos, son referentes civilizatorios, de tal modo que aquellos pueblos que piensan y actúan de forma diferente, por definición, tienen que ser “civilizados” e integrados a la matriz cultural de Occidente. En ese sentido, el desarrollo y la modernización no son más que las retóricas dulcificantes que legitiman y justifican la voluntad de poder moderna.

El hecho de que durante cinco siglos los pueblos indígenas hayan resistido a esa asimilación de Occidente, da cuenta de que la matriz cultural de los pueblos indígenas también es fuerte. Los pueblos indígenas han avanzado mucho en su reconstitución política e histórica en estos últimos años. La resistencia Mapuche en Chile, la resistencia a la guerra silenciosa de Perú, la sobrevivencia al exterminio al que fueron sometidos en Guatemala, la guerra de resistencia en la selva Lacandona, sus incursiones en el sistema político liberal, como el caso de Bolivia, entre otras experiencias, les han enseñado mucho en estos últimos años y les han convertido en el sujeto político que interpela y cuestiona al capitalismo y a la modernidad en su episteme fundamental.

Se reconocen como la diferencia radical al capitalismo. No quieren ni pretenden ser asimilados a la modernidad porque las promesas emancipatorias de la modernidad no son del tamaño de sus sueños. Ese camino recorrido por el movimiento indígena de Abya Yala, le ha llevado a disputar los sentidos de la realidad, del saber y de la historia en un plano que las elites del poder habían tratado siempre de escamotear.

Los pueblos indígenas han empezado a deconstruir los discursos desarrollistas y productivistas de la modernidad, porque a más desarrollo, más violencia, más depredación, más despojo, más pobreza, más muerte. Ellos han testimoniado con su vida las desgarraduras que produce el desarrollo, que produce el progreso.

Por eso es interesante constatar que en el documento que la CONAIE entregó al Relator de NNUU en el año 2006, se haya expresado lo siguiente: “El etnocidio no adopta una actitud violenta sino una actitud que entiende al otro como el buen salvaje que puede ser mejorado”. Mejorar al Otro, reducirlo a las coordenadas del saber moderno, inscribir su vida y su subjetividad en la trama de control y vigilancia del poder, convertir la vida del Otro en un espacio de disputa y de normalización, todo ello releva de la biopolítica del capitalismo moderno. La propuesta de la CONAIE, en definitiva, era una insurgencia contra esa deriva biopolítica del capitalismo y de la modernidad.

Es por ello, que al interior de esta matriz de interpelación y cuestionamiento hecha por la CONAIE, el desarrollo económico es etnocidio, las políticas públicas de los Estados que no respetan a la diferencia de los pueblos indígenas y los convierten en objetos de intervención y asimilación, son etnocidio. El discurso del “etno-desarrollo” del Banco Mundial y del BID, son etnocidio. Los programas de reforma estructural del Banco Mundial que privatizaron los territorios indígenas, que privatizaron el agua y crearon los pagos por servicios ambientales para privatizar los páramos andinos, son etnocidio. Los proyectos contenidos en los corredores multimodales del IIRSA son etnocidio. Los proyectos de minería a gran escala y extractivismo que lesionan el derecho sobre los territorios, son etnocidio. Las políticas posneoliberales son etnocidio.

La CONAIE, como puede verse, apuntaba alto con su propuesta del etnocidio como “genocidio cultural”. Pero la misma CONAIE estaba clara que en el estatuto de Roma no había ningún espacio para el “genocidio cultural”, por ello también plantearon conjuntamente con el “genocidio cultural”, el genocidio étnico en los términos de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y en conformidad con la Corte Penal Internacional. Su apelación al genocidio étnico es para defender a los últimos clanes de la etnia wao que resisten a toda forma de contacto con la modernidad.

Desde una retórica arrogante, la modernidad los ha denominado como “pueblos no-contactados” o, más cortésmente, como “pueblos en aislamiento voluntario”. Los pueblos indígenas waos, a sus hermanos tagaeri y taromenane que resisten el contacto y a la modernidad, los llaman “pueblos libres”. La CONAIE ha adoptado esta definición de “pueblos libres”, y ahora la literatura jurídica los reconoce también como “pueblos indígenas libres”. La apelación al genocidio étnico en los términos de “matanza”, “lesión grave”, “sometimiento intencional”, etc., es el recurso último al que han acudido las organizaciones indígenas para salvar a sus hermanos que resisten la modernidad.

La Asamblea Constituyente ecuatoriana recogió esas demandas de la CONAIE y las incorporó en su texto Constitucional en la parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; es allí en donde se establece que la afectación de cualquier manera a los pueblos en aislamiento voluntario es susceptible del delito de etnocidio, aunque este delito no haya estado tipificado en la legislación penal ecuatoriana.

Es en ese espacio de ambigüedades jurídicas en donde se inscriben las intenciones del poder y la Comisión legislativa ecuatoriana hace una Ley en la cual se conserva la definición de genocidio cultural y genocidio étnico solamente para los casos de pueblos en aislamiento voluntario. De esta manera, todo el rico debate suscitado por la CONAIE y sobre el cual cuestionaba e interpelaba la matriz moderna, desaparece.

De esta manera, los pueblos indígenas ven desaparecer uno de los cuestionamientos centrales a la modernidad, a la que acusaban de “genocidio cultural” o etnocidio en sus vertientes de consumo, mercado, desarrollo, intervención social, productivismo, extractivismo, neoliberalismo, etc. De acuerdo con la ley aprobada, los únicos casos de etnocidio son aquellos que hacen referencia a “lesiones graves”, “matanzas”, “sometimiento intencional”, “alteración de la cultura”, de los pueblos en aislamiento voluntario.

Con la aprobación de esta Ley por parte de la función legislativa ecuatoriana, la CONAIE, y con ella los pueblos indígenas del continente y porqué no decirlo del mundo, han perdido posiciones en su confrontación al capitalismo más despiadado y feroz. Pierden una significativa batalla, cuando esa misma Comisión legislativa ha aprobado una Ley de Minería que hace tabula rasa de todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y el derecho a la autodeterminación y a sus territorios; cuando esa misma Comisión legislativa ha aprobado una Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que abre el paso para la privatización de los alimentos y se inscribe de lleno en el discurso de la seguridad alimentaria de la FAO y del agro-negocio, sin que la CONAIE haya siquiera tenido la capacidad de respuesta que tenía en años anteriores. Han perdido una batalla en uno de los temas más sensibles y que acota sus posiciones estratégicas en un contexto en el que el gobierno de Alianza País, ha dado un giro radical hacia posiciones extremas de derecha. Esta Ley, no es solo una derrota para la CONAIE, es un retroceso para los pueblos indígenas del continente que habían empezado a cuestionar la violencia sistémica de los Estados, sobre todo cuando se disfrazaban de desarrollo y crecimiento económico bajo la cobertura de un discurso nacionalista y progresista.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.