La Oficina del Alto Comisionado (en realidad Alta Comisionada) de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene establecida hasta el momento sólo once oficinas de países a todo lo ancho del mundo, concretamente en Angola, Bolivia, Camboya, Colombia, Guatemala, México, Nepal, Kosovo, Palestina, Togo y Uganda. La oficina de Bolivia (OACNUDHBO) se acordó con el gobierno constitucional encabezado por Evo Morales a mediados de febrero de 2007 y se ratificó formalmente a continuación por el Congreso mediante ley. Tras los trabajos de instalación, ya está en teoría a pleno rendimiento. En la práctica su desempeño está resultando más bien desconcertante por poco comprometido con los derechos humanos en igualdad y sin discriminación, por no muy respetuoso con el objetivo en este sentido de las modificaciones constitucionales del país anfitrión y, en definitiva, por entre tímido y sesgado, cuando no sencillamente mal informado, en sus manifestaciones públicas.

Piedra de toque es la matanza de indígenas en el Departamento de Pando a mediados de septiembre del 2008, sobre la que la OACNUDHBO ahora se pronuncia en base a un informe de su oficial encargado de Bolivia en Ginebra (Pedro Vera, español), emitido a finales del año, cuyo contenido sólo ha venido realmente a transcender cuando el jefe de la OACNUDHBO (Denis Racicot, canadiense) debe informar sobre Bolivia al Consejo de Derechos Humanos. De la Agencia de Noticias del Chaco es el mérito de haber publicado la información. La publicación oficial de los informes en su integridad por escrito sigue pendiente. No encuentro trazas en el sitio de Naciones Unidas en Bolivia (http://www.nu.org.bo/Inicio.aspx). Cuando el informe de Pedro Vera se anunció en diciembre por parte de la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (Yoriko Yasukawa, japonesa), se aseguró que coincidía con el informe clarificador sobre la misma masacre de la Unión de Estados Suramericanos (UNASUR). De aquí proceden sin duda unos datos, pero en el contexto en el que se les intenta ubicar y explicar no hay tanta coincidencia.

Con una distancia que ya es de medio año, tras que instituciones internas como el Defensor del Pueblo y organizaciones internacionales como la UNASUR ya hubieran emitidos informes solventes, tales pronunciamientos de la oficina boliviana se producen. En sustancia, quedaba con dichos informes acreditado que la masacre fue organizada por grupos armados vinculados a las prefecturas departamentales en rebeldía contra las reformas constitucionales en curso, las que intentan establecer un sistema garante de derechos humanos en igualdad y sin discriminaciones. A estas alturas, ante este resultado de las respectivas indagaciones, sólo mandantes, cómplices y encubridores ponen en entredicho dentro y fuera de Bolivia que no se trató de un enfrentamiento entre dos partidas, sino de una masacre indiscriminada con episodios incluso de asesinatos a quemarropa y sangre fría.

La OACNUDHBO presenta ahora los hechos tal y como si tales informes no fueran enteramente fiables. Su posición tiende a ser de una cierta equidistancia entre gobierno constitucional y departamentos anticonstitucionales de Bolivia. Da por bueno el resultado positivo del referendo constitucional de finales de enero, pero al mismo tiempo trata a los departamentos rebeldes como si fueran autónomos en virtud de unos referendos sin tomar en cuenta su carácter inconstitucional y manipulado. La diferencia existente entre el compromiso efectivo con los derechos humanos de la parte constitucional y el atropello sistemático de los mismos por las actitudes racistas y los procedimientos terroristas de la parte anticonstitucional parece que no interesa a la OACNUDHBO, a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia. El citado sitio en internet resulta bastante descompensado en sus críticas al gobierno. Es lo que corresponde ciertamente, pues representa al Estado que es sujeto del derecho internacional, pero el momento de Bolivia requiere mayor finura en consideración de los derechos de todos y todas.

En particular, los derechos de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas, justamente tan importantes para la nueva Constitución de Bolivia, no constituyen prioridad ninguna para la OACNUDHBO. No parece estar entre sus preocupaciones. No ha emitido pronunciamiento público ni siquiera sobre la existencia en Bolivia de comunidades indígenas cautivas en estado prácticamente de esclavitud, pese además esto a que otras instancias de Naciones Unidas, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, no han dejado de hacerlo. Del mismo informe del Relator sólo consta en el sitio de internet de Naciones Unidas en Bolivia una nota preliminar y no el texto íntegro. El descuido es bien sintomático. ¿Que se pensaría hoy de esta tibieza respecto al apartheid si persistiera?

En un contexto tan descompensado se sitúa la apreciación por parte de la OACNUDHBO de esa piedra de toque que es la masacre de Pando. Como tal, como masacre, la describe descendiendo incluso a detalles, pero elude la condición indígena de las víctimas y así la posibilidad de que estemos ante un genocidio a cuyas responsables hubiera de perseguirse ante la Corte Penal Internacional. La impresión de conjunto vuelve a dibujarse en términos de colisión entre partes con resultado lamentable de muertes, como si la responsabilidad no recayera en un concreto racismo terrorista con nombres y apellidos. Como si tal posibilidad de genocidio no fuera ni siquiera pensable, el jefe de la OACNUDHBO declara ahora que no es misión de Naciones Unidas identificar responsables, lo cual además le sirve de cobertura para ignorar bastante más que responsabilidades. Ignora datos ya acreditados por los informes disponibles. Uno de la OACNUDHBO ni siquiera es a estas alturas necesario. Y aún menos con ese tenor.

Bolivia no se merece este trato por parte de agentes de Naciones Unidas presuntamente expertos en derechos humanos. Bolivia tiene ratificados los tratados mayores de derechos humanos, desde los dos grandes Pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, a las Convenciones sobre la eliminación de todas las formes de discriminación racial y contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención contra la tortura, entre otros instrumentos de semejante calibre, los mismos que se atropellan de continuo en Bolivia principalmente por facciones no gubernamentales ante la mirada miope de las agencias de Naciones Unidas. Los comités de derechos humanos, a los que corresponde el escrutinio sobre el cumplimiento de dichos tratados, se muestran, por fortuna, más informados y menos ciegos. Recordemos que Bolivia también ha ratificado a su modo, mediante ley de incorporación, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Naciones Unidas, uno de los desencadenantes fundamentales de la rebelión de algunas autoridades departamentales que no acaba todavía de ceder.

Esto último es lo que por supuesto hace la posición de la OACNUDHBO especialmente incomprensible, por no decir que llanamente irresponsable. ¿Qué hay todavía en la mirada de un informante español radicado en Ginebra y otro canadiense destinado a La Paz para que no vean lo que está tan a la vista de investigadores e investigadoras de Bolivia y Suramérica como sea que la masacre de Pando no fue el efecto de un enfrentamiento? ¿Qué estrabismo no se contagia así a la misma Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a su protección internacional?

Como ahora se escucha en Bolivia ante el reto que la nueva Constitución afronta, también las mentes necesitan descolonizarse para que se acabe de una vez y por todas con el colonialismo. Naciones Unidas no sólo son instituciones, sino también personas.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.  (http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1209)