La Junta Nacional de Usuarios de Riego ha lanzado una Huelga Nacional Agraria. ¿Su demanda? Hacer retroceder las maniobras del gobierno por privatizar el manejo del agua. Se trata de un bien público –precioso para la vida– que no puede ser manejado como simple objeto de lucro sino como un derecho humano. Un asunto vital y de fondo para el país. Más aún, se trata de un tema que el Congreso se había comprometido a resolver cambiando sustancialmente la Ley de Aguas impuesta por un DL de García –gracias a facultades delegadas por su Congreso aprofujimorista– con la excusa adecuarnos al TLC con los EEUU. Un conflicto social de envergadura y un asunto sustantivo para el país, no solo para los agricultores sino para los usuarios de agua en las zonas urbanas, las familias, los comercios y los industriales.

Pero el gobierno, en lugar de atender esta demanda, pone a Yehude Simon –cual santero– a exorcizar a Alan García (“no es el diablo”) y exorcizarse a sí mismo (“yo lo garantizo”), promoviendo un insulso debate sobre la viabilidad de una alianza entre el APRA –expresión de una abusiva, tramposa y corrupta alianza continuista con el fujimorismo y la derecha– y quienes batallan por un cambio de rumbo para un Perú más justo, soberano y democrático.

Por otro lado, el país se entera de la inaceptable y prepotente decisión del consorcio concesionario del Gas de Camisea de priorizar la exportación del gas al extranjero y negarse a abastecer del gas que requieren a generadoras de electricidad y a empresas que operan en el Perú. Se entera de que ello implica consumir rápidamente las escasas reservas probadas que tenemos y que, además, conduce a una elevación de costos de la energía eléctrica. El malestar es evidente, entre empresarios y amplios sectores sociales. Ello se agrava con el abandono en que el gobierno ha mantenido a Petroperú y la –hasta hace poco– paralizada modernización de la refinería de Talara.

Pero el gobierno, en lugar de atender un asunto que tiene carácter estratégico y toca la soberanía nacional sobre el manejo de nuestros recursos, en lugar de revisar los contratos irregulares suscritos y las normas arbitrariamente cambiadas en beneficio de las concesionarias (según señala la Contraloría de la República), pone a su “Thatcher peruana”, doña Mercedes Cabanillas, a la trascendente labor de sancionar a un grupo de policías femeninas que –hace tres años– se filmaron en su habitación y fuera de servicio, jugando en paños menores.

Todos hemos sido testigos del escándalo de corrupción en la asignación de lotes petroleros, los petroaudios, los informes de Contraloría que evidencian graves irregularidades, el involucramiento de Petro Tech y la inmediata venta de la empresa a un consorcio colombo-coreano fuera del país. A la vez, hemos visto cómo la Comisión del Congreso y el pleno terminaron exculpando a los ministros y funcionarios del entorno más estrecho de García de responsabilidades.

Ahora observamos cómo, con argucias judiciales y leguleyadas, la investigación se traba y se comienza a perder en la atención pública, mientras García pone en el banquillo de los acusados –como trabas al funcionamiento del país– a los órganos de control y específicamente a la Contraloría. El mundo al revés. Una fábrica de cortinas de humo está cubriendo la verdadera agenda nacional, los problemas que hay que enfrentar, con firmeza y decisión.

Es hora de poner esa verdadera  agenda ante el país a través de la acción. Así lo está haciendo la Junta de Nacional de Usuarios de Riego, como lo plantea –en el terreno de la corrupción– la Marcha de Mujeres del 6 de marzo y la Movilización del 12 que impulsan la Coordinadora de DDHH y diversas organizaciones sociales y populares contra la impunidad y por la sanción a los crímenes contra los DDHH de Fujimori, Montesinos y compañía. Es hora de forjar el Frente de Defensa de nuestros recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua…) para evitar que estos sirvan simplemente al afán de lucro de grandes transnacionales, dejándonos migajas y negándonos el derecho de definir su destino prioritario (como ocurre en el caso del gas de Camisea). Es hora de recuperar plena soberanía sobre lo nuestro y usarlo en función del desarrollo, de acabar con una Constitución que convierte al Estado en minusválido frente a los intereses de la gran empresa privada y que ni siquiera puede regular, menos aún intervenir, en la actividad económica y de servicios estratégicos.

Mientras García ofreció el impuesto a las sobreganancias sobre las empresas que explotaban nuestros recursos naturales con altísimos precios e incumplió, vendiéndose a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Barack Obama acaba de establecer este tributo para las petroleras, cumpliendo lo que ofreció. Además ha reducido impuestos a los más pobres y los aumentó a los más ricos, a la inversa que en el Perú del “izquierdista” García. Parece que ya estuvo bueno de cortinas de humo, ¿no creen? Es hora de reaccionar.

La República, 02 de marzo de 2009

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/03/02/19/pagina/10