De no llevarse a cabo una efectiva intervención por parte del Estado colombiano a la región del Alto Andágueda, en límites entre los departamentos de Chocó y Risaralda, continuará el éxodo de indígenas a municipios del suroeste antioqueño empeorando así la situación social que se vive en varias localidades de esta subregión del departamento.

Así lo conceptúan expertos en temas indígenas, quienes coinciden en afirmar que la tensa situación que se registra actualmente entre los habitantes del municipio de Andes y los 350 indígenas Emberá Embera-chamí asentados en la vereda Chaparrala de este poblado, constituye sólo la “punta de la pirámide” de una serie de graves problemáticas sociales que tienen como origen la difícil situación en la región del Alto Andágueda.

A las denuncias de robos de alimentos, mendicidad, invasión a predios privados, ataques a campesinos e incluso asesinatos por parte de los indígenas se suma la preocupación de las autoridades municipales de que se registren nuevos éxodos masivos desde esta región del occidente colombiano, en la que se calcula habitan por lo menos unos 14 resguardos pertenecientes a las comunidades Emberá-chamí cuya población podría ascender a los 3.000 indígenas.

Las indagaciones de la Personería Municipal de Andes señalan que los Emberás-chamí asentados en la Chaparrala, provenientes en su totalidad del Alto Andágueda,  manifiestan huir de las fuertes hambrunas, las severas epidemias y las muertes infantiles por desnutrición.

Lo anterior es corroborado por Carlos Augusto Salazar, director de la Gerencia Indígena de Antioquia, quien asegura tener conocimiento de la presencia de serios problemas de salud entre la población indígena, que tienden a complicarse debido a la dificultad de acceso a la región.

Los problemas no paran allí. Debido a la ausencia de Estado y a las condiciones geográficas, el Alto Andágueda ha sido zona de tránsito para los grupos armados ilegales, quienes también han generado desplazamientos colectivos en algunos resguardos. En la Personería de Andes reposa la denuncia de un indígena Emberá, quien afirma “salió desplazado con su familia por amenazas de la guerrilla en octubre del año anterior”.

Pero sin duda uno de los aspectos más complejos al interior de los resguardos  tiene que ver con las denuncias formuladas en febrero de 2008 por la Organización Nacional Indígena (Onic), la Asociación Orewa del Chocó y recogidas por la Gerencia Indígena de Antioquia que dan cuenta del tráfico de personas con fines de mendicidad.

De acuerdo con estas organizaciones, en épocas de festividad las mujeres y los niños, a veces en delicado estado de salud, son enviados a lugares estratégicos con el fin de hacerlos pasar por desplazados para pedir limosna durante el día y al final de la jornada, los recursos son entregados a los hombres.

Según Salazar, el tema ya ha sido tratado con líderes indígenas y gobernadores de los cabildos quienes aseguran que la profunda descomposición social ha hecho que varios miembros de la comunidad “no acaten ni respeten las tradiciones y normas del pueblo Emberá”.
 
Ante este complejo panorama cabe la pregunta ¿qué hacer entonces para mejorar las difíciles condiciones de vida de los aborígenes asentados en el Alto Andágueda?

La minería, la opción

Para Jaime Arbeláez, concejal y ex alcalde de Andes, una salida a la crisis puede ser la reactivación de la actividad minera en la región, suspendida en el año 1990 como parte de los compromisos suscritos entre varios resguardos indígenas para alcanzar la paz en una zona que por años, vivió una cruenta guerra por el oro.

La historia cuenta que en 1975, el descubrimiento de una mina de oro en las selvas del Río Azul, jurisdicción de Bagadó, departamento de Chocó, por parte del indígena Aníbal Murillo y cuya propiedad fue reclamada por el hacendado antioqueño Ricardo Escobar, generó fuertes disputas entre las autoridades chocanas, los Emberá-chamí y los hacendados allí residentes.

Lo que siguió a lo largo de dos décadas fue una cruenta guerra entre los propios indígenas y de estos con los capunes (nombre dado por los Emberá a los mestizos) por el control y explotación de la mina, bautizada “Dabaibe”, que dejó centenares de muertos, miles de desplazados y una fuerte ruptura del tejido social.

Tras infructuosos intentos por alcanzar la paz, esta sólo llegó el 27 de enero de 1990. Ese día, delegados de las etnias indígenas, representantes de la Iglesia católica y del Gobierno nacional se reunieron en Andes para firmar un documento que llevó la paz a los pueblos del Andágueda. Allí se determinó que, para lograr la convivencia armoniosa entre los Emberá-chamí y los “capunes” lo mejor era cerrar definitivamente la mina, como efectivamente se hizo.

Para Arbeláez, quien participó en la comisión que logró el acuerdo de Andes, la paz lograda allí tuvo un costo muy alto para algunas comunidades indígenas. 

“El resguardo compromete a los departamentos de Risaralda y Chocó. Cuando se da el cierre de la mina, el departamento de Risaralda destina ayudas importantes para capacitar en técnicas agropecuarias a los indígenas de su jurisdicción, para que generen alternativas de ingresos distintas a la minería. No pasó lo mismo con las comunidades pertenecientes al Chocó, que prácticamente quedaron sumidas en el abandono”, señaló el Concejal.

Luego de firmado el acuerdo, y por espacio de 10 años, la Gobernación de Antioquia, a través del Programa Aéreo de Salud (PAS), envío ayudas humanitarias consistentes en alimentos, vacunas, sueros antiofídicos y demás,  a los resguardos chocoanos del Andágueda, tales como Conondo, Ocotungo, Cascajal y Río Colorado. 

“Eso contuvo por unos años a los indígenas, pues ellos venían hasta el pueblo, se les daba la ayuda humanitaria y se devolvían a sus resguardos”, agregó Arbeláez. Sin embargo, la intensidad de las ayudas ha disminuido y hoy los Emberá se sienten más desprotegidos que nunca.

Intervención concertada

Por otro lado, Carlos Augusto Salazar considera que reactivar la actividad minera en el Alto Andágueda podría ser aún más contraprudecente, dado los antecedentes históricos que generó esta actividad.

De ahí que para Salazar las soluciones de fondo que permitan mejorar las condiciones de vida de los Embera, que redunde a su vez en la disminución del éxodo indígena, sean la ejecución de acciones concertadas con los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, el Ministerio del Interior y la Agencia Presindencial para la Acción Social.

“Tenemos que reconocer que coordinar propuestas entre departamentos es una proeza, pero esa debe ser la propuesta”, manifestó el funcionario. Pero mientras esto llega, desde la Gobernación de Antioquia se buscan medidas que tiendan, primero, al control de los desordenes sociales que están generando los indígenas en los municipios del Suroeste antioqueño y, segundo, a atender los graves problemas de salud que se registran en el Alto Andágueda.

“Hay una propuesta para crear una comisión de trabajo con la Alcaldía de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el cabildo Chibcariwak para hacer control de la mendicidad en Medellín”, agregó.

Lo único claro de esta situación es que para dar respuestas efectivas a los campesinos de Andes no bastan las medidas represivas y que, sin una decidida intervención del Estado, todo quedará en soluciones paliativas en las que saldrán perdiendo las comunidades indígenas. `

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia.  www.ipc.org.co