El radiante resultado del referendo constitucional en Bolivia es un poderoso estímulo para las fuerzas populares de América Latina y su repercusión influirá mucho en los futuros desarrollos de la región. Pero no es el caso solazarse con la victoria puesto que cada una obtenida es otro punto de partida hacia nuevos enfrentamientos con las fuerzas reaccionarias.

Así lo confirma la desfachatada actitud sediciosa asumida por la oposición oligárquica frente a la  aprobación en impecable consulta democrática de la nueva Constitución. Y es que por voluntad popular expresada con el voto el viejo orden encomendero y expoliador queda sin sustento legal, un extraordinario hito en la historia de Bolivia y en el difícil trayecto hacia la auténtica democracia latinoamericana. Esa que está  surgiendo de las luchas populares del Bravo a la Patagonia y ha logrado importantes avances en los procesos de cambios revolucionarios en ese país, Venezuela y Ecuador. Los electores también se pronunciaron  por limitar la tenencia privada de la tierra a 5000 hectáreas, principio jurídico indispensable para liquidar el latifundismo en que una reducida elite ha sustentado por siglos su hegemonía. 

La nueva Carta Magna sienta las bases jurídico-políticas para lo que Evo certeramente califica de “refundación” del Estado boliviano. Es decir, la trasformación radical de la república oligárquica, racista y colonial, secuestrada tras la primera independencia, en una plurinacional, comunitaria, de los trabadores, donde se reconocen la cultura, la identidad y el poder para decidir su destino  de las mayorías indígenas, privadas desde la Conquista -al igual que los otros sectores oprimidos- de los más elementales derechos económicos, políticos y sociales. Consagra, asimismo, el control de los recursos naturales por el Estado, su papel rector de la economía y prohíbe las bases militares extrajeras.

El triunfo es más meritorio porque ha exigido una brillante demostración de talento e imaginación políticos de Evo Morales y los movimientos sociales para desmantelar los continuos embates subversivos de la oposición. Es sorprendente su paciencia, claridad y firmeza de propósitos y, a la vez, flexibilidad negociadora e irrestricto respeto por las formas democráticas frente a una oligarquía que conserva casi intacto su poder económico, cultural e ideológico y disfruta del apoyo del sistema de dominación imperialista. Esa ejecutoria mereció el respaldo de todos los gobiernos suramericanos, agrupados en UNASUR, en su histórica decisión de condena al golpismo contra el gobierno de La Paz.

Pero la oligarquía reitera su naturaleza antidemocrática pues no había terminado el conteo de votos y vuelve a la carga amenazando con desconocer y obstaculizar la instrumentación de la nueva Constitución. Atrincherada en las prefecturas y los comités “cívicos” de la llamada Media Luna, su reclamo de autonomía departamental no se sostiene, justo cuando la nueva ley de leyes la proclama como derecho de todas las comunidades y pueblos, pero edificada desde abajo. Lo que subyace en su fraudulenta petición de autonomía es el afán de perpetuar sus indignantes prebendas. Así como antes los dueños de Bolivia arrebataron a su pueblo, la tierra, la plata y luego el estaño esta pandilla fascista pretende ahora no sólo conservar sus inmensos latifundios sino que sean las transnacionales quienes usufrutúen los ricos yacimientos de gas boliviano.

Lo que está en juego es el derecho de los pueblos a disponer de sus recursos naturales y el precedente que está sentando Bolivia de que es posible conquistarlo con el voto. Los oligarcas separatistas lo saben y por eso ofrecen sus servicios al imperio a cambio de apoyo político para su agenda antinacional. Es muy reveladora la curiosa cobertura del referendo por los periódicos de la Sociedad Interamericana de Prensa, sus homólogos españoles  y CNN, que cuestiona nada menos que la legitimidad de una Constitución aprobada por más del 60 por ciento del electorado, pues según ellos “divide” al país.

Sería un día de fiesta para los pueblos de las democracias “avanzadas” cuando su voto sea tomado en cuenta para adoptar las decisiones fundamentales que los afectan, como es norma hoy en Bolivia, Venezuela y Ecuador.