Esta es la pregunta que se hace el intelectual catalán Joan Martínez Allier, al analizar el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno ecuatoriano. Afirma que Correa “comparte la idea de que es necesario desarrollar a cualquier costo las fuerzas productivas y crecer, crece y crecer”, sin responder claramente a sus graves consecuencias.

El Ecuador intentó a partir de los años ’60, de siglo XX, implementar el modelo de desarrollo basado en la industrialización, financiado en parte con deuda externa pero, sobre todo, con la explotación petrolera. La ansiada industrialización no se dio, mucho menos el crecimiento económico, aumentando únicamente la deuda externa: de 380,4 millones de dólares en 1973 73, para 1984 debíamos 6.949,2 millones, año en que se clausuró definitivamente dicho proyecto.

La propuesta del Gobierno de financiar el crecimiento económico con la ampliación de la frontera petrolera y la apertura de una etapa minera a gran escala, planteamiento sostenido por los tres últimos gobiernos, ha provocado reacciones desde muchos sectores. Desde los movimientos populares, particularmente desde el movimiento indígena, se hacen varias observaciones y propuestas alternativas, tanto al modelo gubernamental como a los contenidos de los proyectos de leyes que lo viabilizarían: el de soberanía alimentaria, de aguas y minería. La respuesta del Gobierno no ha sido precisamente la apertura al debate con estos sectores, pero con los empresarios sí lo hemos visto almorzar y conversar en varias ocasiones.

“¿Acaso es esa la diferencia entre una revolución socialista y la revolución ciudadana?”

Estos tres proyectos de ley dieron pie a respuestas encontradas. Por un lado, ante la actitud crítica y entrega de propuestas alternativas por parte del movimiento indígena y otros sectores sociales, los sectores empresariales, particularmente los mineros, comerciales, petroleros y agroindustriales, que atacan y dialogan con el Gobierno, fuera de la escena pública, arremeten contra las organizaciones populares. Luego de la movilización del 19 de noviembre pasado en el sector de Cajas, donde la CONAIE presentó sus proyectos de leyes de agua y soberanía alimentaria, se realizó en Cayambe una reunión de floricultores y hacendados para diseñar estrategias cuyo objetivo es “contrarrestar la fuerza indígena”, por considerarla una amenaza para sus intereses. A propósito del paro minero sostenido por las comunidades afectadas por la explotación minera, se dieron hechos de violencia rechazados por los propios dirigentes, pero el Gobierno en lugar de investigarlos, utiliza sin ninguna ética esas imágenes para deslegitimar y criminalizar la resistencia popular.

¿Cómo entender que desde Cuba, que celebra 50 años de revolución, se agreda a organizaciones de izquierda que no son sumisas al Gobierno? Desde el país socialista se amenazó con encarcelar a los trabajadores que quieran reclamar y defender sus derechos. Desde la patria que ha sostenido la dignidad de los pueblos oprimidos, calificó de delincuentes y criminales a los luchadores sociales.

¿Acaso es esa la diferencia entre una revolución socialista y la revolución ciudadana?

Publicado en la edición impresa de El Telégrafo del 15 de enero del 2009