¿Delinquir no paga?
- Opinión
En Colombia cualquier esfuerzo por generar cultura de la legalidad se va al traste con los mensajes erráticos que envía el Gobierno al ciudadano común. No es para menos. Y que más puede pensar el personaje de a pie cuando enciende su televisor y mira cualquier noticiero, en donde la información del día son los jugosos beneficios destinados a los compungidos combatientes que desertan de las filas más por el hambre y el cansancio que por la sincera decisión de enmendar sus culpas y rehacer su camino. Ello se reduce a una política del Gobierno cortoplacista de resultados más que de procesos.
Este esquema de premiar y subsidiar a aquellos que se desviaron de la ruta, como al hijo pródigo de la parábola del Evangelio, no sólo es aplicable a los delicados asuntos de la guerra y la paz. A los miles de estafados por las empresas captadoras de dinero se les tira un flotador y se les ayuda a recomponer sus vidas, pese a los antecedentes de ambición y codicia que impulsaron su proceder. Los planes de créditos blandos y flexibilidad en los pagos para aquellos que se endeudaron con bancos para intentar vivir holgadamente de la renta, contrastan con la indiferencia del Gobierno de turno frente a la grave situación vivida en los años 1999 y 2000 por cuenta de la disparada del UPAC.
Fue en aquellos años azarosos donde miles de familias colombianas, con un ideal tan legítimo como el de tener vivienda propia, vivieron la peor de sus pesadillas al ver como sus cuotas mensuales se incrementaron en montos hasta del 300%, lo que generaba el dilema de pagar la casa o comer; como el estómago no da espera, el atraso con los bancos no se hizo esperar. Se conoce el caso real de una familia, para citar tan sólo un ejemplo, que para el año de 1994 hizo un préstamo en una entidad bancaria por 43 millones y en 1999, la deuda ascendía a 52 millones de pesos.
Esa fue la cuota inicial del calvario. Luego vino la demanda ejecutiva hipotecaria, los esfuerzos por renegociar, la sentencia del juzgado, el remate del inmueble y el poco honroso reporte en las centrales de riesgo de manera vitalicia.
De los damnificados del UPAC casi nadie se acordó. Solo cuando ellos mismos recurrieron a la Corte Constitucional para que declarara inexequible la ley que creó el perverso sistema de capitalizar intereses y la formula de cálculo del UPAC, aparece lo que nunca debió haber ocurrido en un Estado Social de Derecho: que una alta corte le tenga que decir al Ejecutivo como manejar su política económica y financiera, lo que para muchos fue un esperpento jurídico que casi raya con el prevaricato de los Magistrados.
Menos mal la Corte Constitucional se atrevió, sin ánimo de cuestionar su ínfulas de legislador, y expidió la sentencia C-747 de 1999, que tumbó el UPAC y ordenó al Gobierno a crear un nuevo sistema de financiación de vivienda de largo plazo basado en la inflación y no sometido a la DTF, como lo era hasta el momento.
Hoy indigna ver en la página Web de un reconocido banco del país la célebre noticia de la creación de Centros de Atención Especializada para atender a los afectados de la crisis económica y piramidal que vive el sur del país ofreciendo reestructuración de sus créditos y facilidades de pago adicionales. Y más doloroso es pensar que hasta ciertos padres de la patria, haciéndose llamar «Bancada del Sur», estén proponiendo destinar recursos del 4 por mil a los damnificados de las pirámides. Es decir que con los impuestos de todos los usuarios del sistema financiero, se subsidie la irresponsabilidad y el facilismo de los mal llamados «inversionistas». Que bueno hubiera sido que esto se hubiese pensado 10 años atrás para todos aquellos a los que el UPAC les arrebató los sueños, la familia, la felicidad, pero que sobre todo, que no incurrieron en ninguna ilicitud.
Al parecer en Colombia, donde “Los buenos somos más”, ya no hay motivación alguna para seguirlo siendo. Cuando se pagan millones por la mano ensangrentada de algún jefe guerrillero o los bancos son compasivos con el deudor que ferió su patrimonio para obtener dinero fácil, asalta la pregunta al buen ciudadano: ¿De qué sirve ser tan bueno?
Mauricio Castaño H.
Historiador
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva
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