En los últimos días hemos sido testigos de la agudización del conflicto entre los mapuche, la sociedad y el Estado chileno. La muerte de Edmundo Lemun, joven mapuche de Ercilla, en un enfrentamiento con Carabineros, fue seguida de una serie de hechos de violencia, incluyendo el ataque a predios particulares, la quema de una retroexcavadora en el vertedero de Boyeco, el apedreamiento a locales comerciales en Temuco – aparentemente en venganza de la muerte de Lemun – y la detención de 25 personas, en su mayoría mapuche que participaban en una marcha no autorizada convocada por las organizaciones indígenas. La violencia en el marco de este conflicto interétnico no es un fenómeno nuevo. Ella ha estado presente en historia de la Araucanía desde su creación. Lo nuevo, sin embargo, al menos en las últimas dos décadas, es que el conflicto cobra una victima fatal, el joven Lemun, quien – de acuerdo a las investigaciones realizadas a la fecha- falleció como consecuencia de un impacto de bala de Carabineros. Para los mapuche Edmundo Lemun es el primer mártir del conflicto con las empresas forestales. Así lo señalaron sus dirigentes en su entierro. En la misma oportunidad exigieron el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Importante además, señalaron que no querían que sus adversarios corrieran la misma suerte. Advirtieron, sin embargo, que frente a futuras represiones de la fuerza publica ejercerían el derecho de autodefensa. Desde la sociedad chilena se han alzado múltiples voces responsabilizando a los mapuche por los hechos ocurridos, hechos que – a juicio de diferentes sectores - serian consecuencia de la estrategia de violencia de algunos sectores del movimiento indígena. Autoridades de gobierno han señalado que la violencia a nada conduce, pidiendo la investigación de la muerte de Lemun, así como la aplicación de la ley antiterrorista para garantizar el estado de derecho. Parlamentarios de oposición han denunciado el rol que en estos hechos estarían jugando sitios web mapuche, los que estarían vinculadas a grupos como las FARC y otros haciendo “instrucción de guerrilla.” En la ciudadanía no indígena se percibe un rechazo creciente a los mapuche, los que son progresivamente temidos y demonizados por sus acciones. Así por ejemplo, vecinos de Padre Las Casas piden el cierre del hogar mapuche allí existente. Los medios de comunicación difunden tales planteamientos y percepciones, dejando poco espacio para la opinión de los mapuche. Tampoco han realizado hasta ahora una reflexión mas profunda del contexto que gatilla estos hechos. Poco se dice acerca de la responsabilidad que como chilenos tenemos en lo que esta ocurriendo. Tampoco se habla del proceso de arrinconamiento y despojo del que los mapuche han sido victimas por tanto tiempo, proceso que con la expansión de las inversiones forestales, hidroeléctricas, carreteras al sur del Bio Bio, esta siendo hoy revivido por sus comunidades. Nada se ha señalado sobre la negativa – ya por mas de una década - de algunos sectores políticos a dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y a sus culturas, y a ratificar el Convenio 169 de la OIT, Convenio que precisamente contiene normas que regulan los derechos indígenas sobre tierras y recursos naturales hoy en conflicto con comunidades mapuche y permite a los indígenas mayor decisión sobre sus vidas. En fin, poco se señala respecto a las limitaciones de la política publica en la materia, del agotamiento de CONADI como espacio de dialogo y de busca de solución a este conflicto. Sin duda estamos viviendo un momento crítico de la relación pueblo mapuche-sociedad chilena. Resulta evidente que, si desde la sociedad chilena no hacemos un esfuerzo mayor por entender las causas que generan estos hechos, por escuchar a los descendientes de los primeros habitantes de este país, si respondemos a sus demandas anteponiendo nuestro estado de derecho y nuestros valores – como lo hemos hecho hasta ahora -, lo mas probable es que el conflicto se agudice y cobre mas vidas, mas propiedades, cause mas dolor a todos los que compartimos este espacio territorial. Llama la atención que mientras nuestro país asume un liderazgo en la región en materia económica, comunicacional, educacional - por mencionar algunos ámbitos – nos encontremos hoy tan a la zaga de otros países de la región y del mundo en el abordaje de la relación con los pueblos indígenas, en la creación de mecanismos de dialogo para la resolución de los conflictos interétnicos, en el reconocimiento de los derechos culturales, políticos y territoriales que hoy reclaman los pueblos indígenas. Países como Bolivia, Brasil, Colombia y Panamá, en la región, y Nueva Zelanda y Canadá, fuera de ella, nos muestran de que es posible avanzar en el establecimiento de estados multiculturales, basados en la participación y no en la exclusión, y en el reconocimiento de espacios territoriales – los que incluyen no solo la tierra sino también los recursos naturales- en los que los indígenas puedan no solo sobrevivir, sino desarrollarse materialmente y culturalmente como pueblos. Tal como señalara en otro contexto – Canadá - un ministro de la Corte Suprema de ese país en un fallo histórico dictado por esta instancia judicial en 1997 reconociendo a los pueblos indígenas el título originario sobre sus tierras y recursos hasta ahora no cedidos por tratados: “enfrentémoslo: estamos todos acá para quedarnos”. Si aceptamos la validez de esta última afirmación en el caso nuestro, entonces como no aprender de hechos tan dolorosos como la muerte de Edmundo Lemun? Como no vamos a ser capaces de determinar la verdad de lo ocurrido y sancionar a los responsables, cualquiera sea su investidura? Como no ser capaces de sentarnos a la mesa y escucharnos, y entendernos, poniendo fin a la relación subordinada del pasado, dando paso a una convivencia basada en el respeto mutuo que nos merecemos como pueblos y culturas diferenciadas? Sino lo hacemos, no aleguemos mas tarde por las consecuencias que ello pueda tener. Temuco, Noviembre 2002 * José Aylwin, Coordinador Programa de Derechos Indígenas, Instituto de Estudios Indígenas Universidad de La Frontera