Una comunidad puede estar sentenciada por un proyecto de inversión que ni siquiera conoce, pero que lleva años gestándose en las oficinas de las transnacionales y sus socios. Esto es posible porque la democracia representativa aleja de los centros de planificación y decisión a las comunidades, cuyos integrantes deben limitarse a votar cada determinado tiempo unos supuestos mandatarios y representantes elegidos, mientras desconocen todo el funcionamiento de los centros reales de poder. Para las trasnacionales la tierra es una mercancía incorporaba a sus inversiones, para las comunidades la tierra es su vida. Son dos enfoques. Las comunidades deberían tener toda la opción para hacer valer el suyo, pero generalmente van a la saga, limitándose a resistir a posteriori cuando los hechos se abalanzan sobre ellas. Colombia está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales integrantes de Plan Puebla-Panamá PPP, el Canal Atrato-Truandó (y/o Atrato - San Miguel) y la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur América IIRSA. Estos complejos que unirán América Latina con Estados Unidos, interconectarán desde las carreteras y vías fluviales hasta las redes eléctricas. Si las mercancías norteamericanas se derramaran por Suramérica, el petróleo, el gas, la electricidad, los recursos genéticos y especies tropicales fluirán en sentido inverso. El sector agropecuario es condenando a muerte mediante la libertad de importaciones con excepción de algunas plantaciones como las de palma africana cuya extensión interesa a las trasnacionales para saturar el mercado mundial de aceite como antes lo hicieron con el de café, o de los monocultivos de especies introducidas de árboles para explotaciones madereras o producción de papel o cartón, o por supuesto, de los cultivos transgénicos controlados por la respectiva transnacional. La concentración de la propiedad de la tierra en las manos de 5 mil latifundistas ya no tiene como fin la producción agropecuaria, sino la mera especulación con el precio de la tierra, que se espera ir al alza gracias a los proyectos de inversión trasnacional o estatal. Es en estas condiciones que la violencia ha vuelto a resultar rentable como medio de desplazamiento de las comunidades rurales. Ya había ocurrido durante la conquista española, de nuevo en las guerras civiles del siglo XIX y en la Violencia de 1946 a 1958, cuando 2 millones de personas fueron desplazadas y 200 mil asesinadas, mientras se expandían la caña de azucar y el algodón y subían los precios del café. Pero ahora para los latifundistas no se trata de producción, sino de mera especulación para recoger las migajas de los grandes proyectos transnacionales. En Colombia el Magdalena Medio fue el área piloto de este tipo de desplazamiento a raíz de la construcción de llamada "Carretera de la Paz" en los años 80. Este modelo se aplicó despues y se sigue aplicando en las áreas estratégicas: Atrato-Truandó, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá -Venezuela, proyectos hidroeléctricos y zonas petroleras. El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el estado colombiano) y/o Atrato-Cacarica-San Miguel (variante propuesta por Estados Unidos) es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de alto calado y en torno a él la violencia golpea a los afrodescendientes y demás pueblos del Chocó. Las encuestas agropecuarias permiten detectar la concentración de la tierra en las explotaciones de ese departamento en los últimos años. la titulación colectiva para las comunidades es una carrera contrarreloj frente al desplazamiento. El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de origen japonés que ahora hace parte de IIRSA y que busca llevar la carga de Bogotá hasta el Orinoco y de ahí al Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se proponen privatizar el río y proyectan el puerto sobre el resguardo indígena a'chagua, uno de los pocos lotes que los grandes propietarios no han dominado. El Putumayo, cuyo territorio está cuadriculado por los lotes petroleros, es la salida noroccidental del eje fluvial Amazonas-Río de la Plata, que comunicar mediante canales y drenados ese departamento con Buenos Aires, Montevideo y la desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la costa Pacífica. Es el proyecto más ambicioso de la IIRSA. Antioquia además de convertirse como el Cesar en paso estratégico entre Venezuela Urabá, el nuevo canal y el Pacífico, está en el área de mayor generación y potencialidad de generación eléctrica rápidamente interconectable con América central y Norteamérica gracias al PPP; actualmente se proyecta en Antioquia la construcción de la más grande de las represas, Pescadero-Ituango. Casanare tiene el mayor campo petrolero en explotación. Un estudio de la Contraforía General de la Nación identifó al occdente colombiano como la región de más alta concentración de la propíedad rural y al Valle del Cauca como el departamento donde más se incrementó entre 1895 y 1996. También observó una concentración alta en Antioquia, Sucre y Cesar. El estudio de Claudia Rincón sobre el catastro detectó que el proceso de concentración entre fue mayor en Cesar, Bolívar, Valle, Quindío, Caquetá y Putumayo; en tanto que las Encuestas Agropecuarias del Dane identificaron procesos de concentración de las explotaciones agropecuarias en Meta, Casanare y Chocó. Lo más grave está en que los megaproyectos hasta ahora comienzan y la violencia creciente en Colombia puede ser el motor de nuevos y mayores desplazamientos masivos. No se trata de proyectos de inversión aislados sino de la infraestructura del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA, cuya vigencia espera establecer Estados unidos el 2005. El tratado norteamericano que lo precedió, el llamado NAFTA por su siglas en inglés, impuso a México previo a su ingreso la eliminación de la inalienabilidad de la tierras comunales y los ejidos, que estaba garantizada por la Constituci¢n de 1917. La respuesta fue la insurrección zapatísta en Chiapas y una serie de luchas en otras partes del país, como la que culminó recientemente con la victoria de los campesinos de San salvador de Atenco contra el intento de expropiar su ejido para construir un nuevo gran aeropuerto internacional. Los campesinos de Atenco se negaron a recibir una abultada indemnización por sus tierras. "La tierra es permanente, el dinero se esfuma" era su consigna. Los inversionistas debieron resignarse. En Colombia se aplasta con violencia luchas como la de Atenco, pero los indígenas Embera-Katío contra la represa de Urrá y los U'wa contra la explotación petrolera han marcado la pauta. Los campesinos colombianos han comenzado a reclamar también el derecho a la tierra, que desde el punto de vista de la comunidad rural no es solamente el derecho a un lote o parcela sino a un territorio, que incluye el medio ambiente, los ecosistemas y las relaciones políticas y culturales con el espacio. Este derecho nace de la existencia misma de las comunidades rurales para las cuales la tierra es el espacio para la subsistencia física, social y cultural. La Constitución colombiana en el artículo 64 dice que "el Estado promoverá el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativo". Es una tímida declaración de un derecho sobre la tierra, es decir a la propiedad privada individual o asociativa de los campesinos. Pero el derecho a la tierra no es lo mismo que el derecho sobre la tierra o propiedad privada de ella. En el caso de los campesinos, la Constitución concibe la tierra a la manera de los recetarios de moda, como un ingrediente de una pequeña empresa, al que hay que añadir la "educación, salud, vivienda, seguridad social, recreaci¢n, crédito, comunicaciones, comercializaci¢n de los productos, asistencia técnica y empresarial". Pero, como enseñan los indígenas, la tierra es la madre y para el caso es el cimiento sobre el cual se construyen los derechos de la comunidad rural. No solamente el derecho a la subsistencia física, sino los derechos políticos y culturales. Hoy, así como los pueblos indígenas en forma decidida han optado por la propiedad colectiva de los resguardos y conquistado su inalienabilidad y las comunidades afrocolombianas avanzan en la titulación colectiva, los campesinos han comenzado a exigir titulaciones protegidas. Lograron que se estableciera en la ley la figura de las reservas campesinas, de las cuales ya han sido constituidas seis y se encuentran en proceso de constitución adelantado dos m s y en varias diversas etapas desde la solicitud hasta el trámite. La movilización campesina del 16 de septiembre de 2002 exigió la inalienabilidad de las reservas campesinas. La historia de Colombia es la del desplazamiento. La organización masiva de las comunidades es la garantía principal para la resistencia. La organización nacional indígena, campesina y afrocolombiana y la unidad con los sectores populares urbanos permitir triunfos como la de los campesinos de Atenco en México. La violencia es desde luego el obstáculo número uno. Las normas jurídicas que reconocen los derechos de las comunidades, comenzando por las constitucionales, son de una gran ayuda, como lo demuestra la experiencia indígena. Por lo mismo vale la pena luchar por la inalienabilidad de las tierras, la defensa de la diversidad, la integridad cultural, el patrimonio genético y los demás recursos naturales. Por lo mismo hay que mantener la conquista de la acción judicial de tutela para defender los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales. Si la crisis colombiana sirve de pretexto para el desarraigo violento de las comunidades, será también el pretexto para imponer el ALCA a sangre y fuego a los pueblos latinoamericanos que en todas partes se movilizan por sus derechos. Si en Colombia las comunidades logran resistir, se unir n al gran movimiento que en Latinoamérica transformar la sociedad en beneficio de sus pueblos.