Quién quiere dominar los territorios?
18/11/2002
- Opinión
Una comunidad puede estar sentenciada por un proyecto de inversión que ni
siquiera conoce, pero que lleva años gestándose en las oficinas de las
transnacionales y sus socios. Esto es posible porque la democracia
representativa aleja de los centros de planificación y decisión a las
comunidades, cuyos integrantes deben limitarse a votar cada determinado tiempo
unos supuestos mandatarios y representantes elegidos, mientras desconocen todo
el funcionamiento de los centros reales de poder.
Para las trasnacionales la tierra es una mercancía incorporaba a sus
inversiones, para las comunidades la tierra es su vida. Son dos enfoques. Las
comunidades deberían tener toda la opción para hacer valer el suyo, pero
generalmente van a la saga, limitándose a resistir a posteriori cuando los
hechos se abalanzan sobre ellas.
Colombia está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales
integrantes de Plan Puebla-Panamá PPP, el Canal Atrato-Truandó (y/o Atrato -
San Miguel) y la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur
América IIRSA. Estos complejos que unirán América Latina con Estados Unidos,
interconectarán desde las carreteras y vías fluviales hasta las redes
eléctricas. Si las mercancías norteamericanas se derramaran por Suramérica, el
petróleo, el gas, la electricidad, los recursos genéticos y especies tropicales
fluirán en sentido inverso.
El sector agropecuario es condenando a muerte mediante la libertad de
importaciones con excepción de algunas plantaciones como las de palma africana
cuya extensión interesa a las trasnacionales para saturar el mercado mundial de
aceite como antes lo hicieron con el de café, o de los monocultivos de especies
introducidas de árboles para explotaciones madereras o producción de papel o
cartón, o por supuesto, de los cultivos transgénicos controlados por la
respectiva transnacional.
La concentración de la propiedad de la tierra en las manos de 5 mil
latifundistas ya no tiene como fin la producción agropecuaria, sino la mera
especulación con el precio de la tierra, que se espera ir al alza gracias a los
proyectos de inversión trasnacional o estatal.
Es en estas condiciones que la violencia ha vuelto a resultar rentable como
medio de desplazamiento de las comunidades rurales. Ya había ocurrido durante la
conquista española, de nuevo en las guerras civiles del siglo XIX y en la
Violencia de 1946 a 1958, cuando 2 millones de personas fueron desplazadas y 200
mil asesinadas, mientras se expandían la caña de azucar y el algodón y subían
los precios del café. Pero ahora para los latifundistas no se trata de
producción, sino de mera especulación para recoger las migajas de los grandes
proyectos transnacionales.
En Colombia el Magdalena Medio fue el área piloto de este tipo de desplazamiento
a raíz de la construcción de llamada "Carretera de la Paz" en los años 80. Este
modelo se aplicó despues y se sigue aplicando en las áreas estratégicas:
Atrato-Truandó, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá -Venezuela, proyectos
hidroeléctricos y zonas petroleras.
El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el estado
colombiano) y/o Atrato-Cacarica-San Miguel (variante propuesta por Estados
Unidos) es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de alto
calado y en torno a él la violencia golpea a los afrodescendientes y demás
pueblos del Chocó. Las encuestas agropecuarias permiten detectar la
concentración de la tierra en las explotaciones de ese departamento en los
últimos años. la titulación colectiva para las comunidades es una carrera
contrarreloj frente al desplazamiento.
El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de origen japonés que ahora
hace parte de IIRSA y que busca llevar la carga de Bogotá hasta el Orinoco y de
ahí al Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se proponen
privatizar el río y proyectan el puerto sobre el resguardo indígena a'chagua,
uno de los pocos lotes que los grandes propietarios no han dominado.
El Putumayo, cuyo territorio está cuadriculado por los lotes petroleros, es la
salida noroccidental del eje fluvial Amazonas-Río de la Plata, que comunicar
mediante canales y drenados ese departamento con Buenos Aires, Montevideo y la
desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la costa Pacífica. Es el
proyecto más ambicioso de la IIRSA.
Antioquia además de convertirse como el Cesar en paso estratégico entre
Venezuela Urabá, el nuevo canal y el Pacífico, está en el área de mayor
generación y potencialidad de generación eléctrica rápidamente interconectable
con América central y Norteamérica gracias al PPP; actualmente se proyecta en
Antioquia la construcción de la más grande de las represas, Pescadero-Ituango.
Casanare tiene el mayor campo petrolero en explotación.
Un estudio de la Contraforía General de la Nación identifó al occdente
colombiano como la región de más alta concentración de la propíedad rural y al
Valle del Cauca como el departamento donde más se incrementó entre 1895 y 1996.
También observó una concentración alta en Antioquia, Sucre y Cesar. El estudio
de Claudia Rincón sobre el catastro detectó que el proceso de concentración
entre fue mayor en Cesar, Bolívar, Valle,
Quindío, Caquetá y Putumayo; en tanto que las Encuestas Agropecuarias del Dane
identificaron procesos de concentración de las explotaciones agropecuarias en
Meta, Casanare y Chocó.
Lo más grave está en que los megaproyectos hasta ahora comienzan y la violencia
creciente en Colombia puede ser el motor de nuevos y mayores desplazamientos
masivos.
No se trata de proyectos de inversión aislados sino de la infraestructura del
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas ALCA, cuya vigencia espera establecer
Estados unidos el 2005. El tratado norteamericano que lo precedió, el llamado
NAFTA por su siglas en inglés, impuso a México previo a su ingreso la
eliminación de la inalienabilidad de la tierras comunales y los ejidos, que
estaba garantizada por la Constituci¢n de 1917. La respuesta fue la insurrección
zapatísta en Chiapas y una serie de luchas en otras partes del país, como la que
culminó recientemente con la victoria de los campesinos de San salvador de
Atenco contra el intento de expropiar su ejido para construir un nuevo gran
aeropuerto internacional.
Los campesinos de Atenco se negaron a recibir una abultada indemnización por sus
tierras. "La tierra es permanente, el dinero se esfuma" era su consigna. Los
inversionistas debieron resignarse.
En Colombia se aplasta con violencia luchas como la de Atenco, pero los
indígenas Embera-Katío contra la represa de Urrá y los U'wa contra la
explotación petrolera han marcado la pauta.
Los campesinos colombianos han comenzado a reclamar también el derecho a la
tierra, que desde el punto de vista de la comunidad rural no es solamente el
derecho a un lote o parcela sino a un territorio, que incluye el medio ambiente,
los ecosistemas y las relaciones políticas y culturales con el espacio. Este
derecho nace de la existencia misma de las comunidades rurales para las cuales
la tierra es el espacio para la subsistencia física, social y cultural.
La Constitución colombiana en el artículo 64 dice que "el Estado promoverá el
acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asociativo". Es una tímida declaración de un derecho sobre la
tierra, es decir a la propiedad privada individual o asociativa de los
campesinos. Pero el derecho a la tierra no es lo mismo que el derecho sobre la
tierra o propiedad privada de ella.
En el caso de los campesinos, la Constitución concibe la tierra a la manera de
los recetarios de moda, como un ingrediente de una pequeña empresa, al que hay
que añadir la "educación, salud, vivienda, seguridad social, recreaci¢n,
crédito, comunicaciones, comercializaci¢n de los productos, asistencia técnica y
empresarial".
Pero, como enseñan los indígenas, la tierra es la madre y para el caso es el
cimiento sobre el cual se construyen los derechos de la comunidad rural. No
solamente el derecho a la subsistencia física, sino los derechos políticos y
culturales.
Hoy, así como los pueblos indígenas en forma decidida han optado por la
propiedad colectiva de los resguardos y conquistado su inalienabilidad y las
comunidades afrocolombianas avanzan en la titulación colectiva, los campesinos
han comenzado a exigir titulaciones protegidas. Lograron que se estableciera en
la ley la figura de las reservas campesinas, de las cuales ya han sido
constituidas seis y se encuentran en proceso de constitución adelantado dos m s
y en varias diversas etapas desde la solicitud hasta el trámite. La movilización
campesina del 16 de septiembre de 2002 exigió la inalienabilidad de las reservas
campesinas.
La historia de Colombia es la del desplazamiento. La organización masiva de las
comunidades es la garantía principal para la resistencia. La organización
nacional indígena, campesina y afrocolombiana y la unidad con los sectores
populares urbanos permitir triunfos como la de los campesinos de Atenco en
México. La violencia es desde luego el obstáculo número uno. Las normas
jurídicas que reconocen los derechos de las comunidades, comenzando por las
constitucionales, son de una gran ayuda, como lo demuestra la experiencia
indígena. Por lo mismo vale la pena luchar por la inalienabilidad de las
tierras, la defensa de la diversidad, la integridad cultural, el patrimonio
genético y los demás recursos naturales. Por lo mismo hay que mantener la
conquista de la acción judicial de tutela para defender los derechos colectivos,
económicos, sociales y culturales.
Si la crisis colombiana sirve de pretexto para el desarraigo violento de las
comunidades, será también el pretexto para imponer el ALCA a sangre y fuego a
los pueblos latinoamericanos que en todas partes se movilizan por sus derechos.
Si en Colombia las comunidades logran resistir, se unir n al gran movimiento que
en Latinoamérica transformar la sociedad en beneficio de sus pueblos.
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