San Salvador

La adopción de medidas cada vez más severas como respuesta privilegiada del gobierno para afrontar la ola de violencia que padece El Salvador, podría hacer “correr el riesgo” de que la justicia se transforme en una herramienta de venganza más que de aplicación de leyes acordes a un Estado democrático de derecho, advierten jueces y especialistas.

El juez sexto de Instrucción, Roberto Arévalo, manifestó a ContraPunto que “existen signos alarmantes” de que la justicia salvadoreña transite de una punitiva a una de carácter vengativa, ya que hay “gente interesada” en que se adopte ese enfoque, entre éstos, algunos jefes policiales y funcionarios.

El propio ministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa y su viceministro, Astor Escalante, frecuentemente hacen énfasis en sus discursos a la represión, particularmente contra las pandillas, y a la construcción de más cárceles como forma de afrontar la delincuencia.

Arévalo también señaló que “periodistas de algunos medios” contribuyen a la justificación de ese enfoque, al difundir comentarios, fotografías y vídeos con imágenes denigrantes, en referencia a la cobertura periodística de operativos policiales en los que tras derribar puertas con uso de fuerza excesiva, la policía maltrata a los sospechosos ya sometidos, presentando esos procedimientos como normales.

El acuerdo de paz de 1992 firmado entre el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contempló la democratización de la sociedad, el respeto a las libertades básicas y el establecimiento de un Estado de derecho, entre otros aspectos.

El pacto estableció reformas constitucionales para renovar el sistema de justicia, con el objetivo de superar la impunidad y corrupción.

Tras la aprobación de esas reformas en el parlamento (1994-1997), entre las que se destacaron cambios al código penal y procesal penal, éstas “permitieron la evolución del sistema inquisitivo a uno acusatorio”, dejando atrás décadas de dictaduras militares, manifiestan las fuentes consultadas.

Pero antes de que fueran completamente puestas en práctica, el gobierno del ex presidente Armando Calderón (1994-1999) comenzó a introducir varias modificaciones en 1997. Sus sucesores han aplicado la misma receta, en un proceso que se ha extendido hasta la fecha.

En los últimos nueve años, el Ejecutivo ha logrado la introducción de más de 300 reformas a la legislación penal, lo que según Jaime Martínez, director de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constituyen "un revés" para los avances logrados en los acuerdos de paz.

Los gobiernos del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) y del actual mandatario Antonio Saca han señalado que se requieren leyes que permitan a la PNC y a la Fiscalía ser más eficaces en la lucha contra la ola delictiva, ya que tal cual estaban diseñadas favorecían más a los delincuentes que a la población honrada.

En 2003 Flores implementó el plan Mano Dura y luego logró la aprobación de la ley Antimaras, en tanto Saca llevó al máximo este enfoque con la ejecución del plan Súper Mano Dura, principalmente dirigidas contra pandilleros, los cuales fueron criticados por organismos defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales por considerarlos violatorios de las garantías ciudadanas y el debido proceso.

Ambos planes facultaban a la PNC para capturar a miembros de pandillas por su vestimenta, comunicación con señales y conformación de grupos, y no por la comisión de hechos delictivos.

“Esta ´contrarreforma´ adoptada en los últimos años tienden a reducir las garantías del ciudadano frente al poder estatal y constituyen los principales retrocesos a las "garantías al debido proceso" cuando se realiza una detención, agregó Martínez.

Antes de la modificación de las leyes, todos los arrestos “debían realizarse con orden escrita de autoridad competente y exhibirse a la persona a la que se iba a detener”, pero actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) “si no quiere no la muestra”, subrayó el abogado, quien en 2005 publicó el libro “Reforma penal y Acuerdos de Paz: Límites democráticos al poder penal –reformas de la seguridad pública y de la justicia penal-.

En esencia, la contrarreforma es autoritaria. Vulnera derechos humanos y está orientada a recortar lo que parecerían garantías excesivas; “incrementa penas y concede más atribuciones a la PNC y los fiscales, elevando su poder de control sobre la población”, subrayó Martínez.

De acuerdo con el estudio "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica", del estatal Consejo de Seguridad Pública (CNSP), al aplicar las cifras del nuevo censo de población (5,744,113 habitantes), la tasa de homicidios en 2006 alcanzó casi 68 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica y el mundo.

Datos que podrían indicar que estas políticas no sólo no han disminuido los índices de la criminalidad sino que por el contrario los aumentaron, ya que “violencia genera más violencia”, opinan los consultados.

Para el jurista Henry Campos, la PNC “ha pasado de un esquema de policía comunitaria a uno de seguridad pública militarizado y represivo”, mientras los órganos de investigación tienden a cometer “abusos y excesos de fuerza” sobre las personas capturadas.

Contra los sospechosos o responsables de delitos “se tiende a tomar una especie de venganza”, añadió el también catedrático de la Universidad Centroamericana, UCA, tras subrayar que las cárceles no tienen las condiciones para cumplir con la rehabilitación de los reos, y se han convertido “en centros de sufrimiento” de los reos y sus familiares.

Para Martínez el Estado implementa una política criminal “fundamentalmente punitiva y ‘retaliativa’ (vengativa)”.

Lo punitivo es la aplicación de la ley pero en el marco de lo que ésta establece, pero esta política va más allá. Por ejemplo, actualmente no basta con detener a los sospechosos sino que se les debe humillar; se les exhibe desnudos frente a las cámaras de televisión, atados de pies y manos, con claras muestras de haber sido golpeados y torturados, explica el funcionario de la CSJ.

Durante el procesamiento, además, existen disposiciones que permiten aplicar penas anticipadas: pasan detenidos por un buen tiempo sin ser juzgados y son encarcelados en condiciones infrahumanas, expuestos a que mueran por cualquier enfermedad o durante una riña.

Es un enfoque que no aplica justicia sino venganza, agregó Martínez.

Es imperante definir “políticas de Estado criminal” basadas tanto en la eficacia como en la racionalidad y depurar el sistema de justicia: policía, fiscalía y jueces”, concluyen los especialistas.

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