INTRODUCCIÓN

La apuesta por la construcción de un modelo de Estado autoritario

El análisis de lo que será Colombia en el mediano plazo, debe tener en cuenta que Álvaro Uribe Vélez ha venido construyendo su proyecto de Estado desde hace varios años, amasándolo además, al calor de los escenarios internacionales de globalización, lucha contra el terrorismo fortalecimiento de megaproyectos, puesta en marcha de ALCAs, etc. Es decir, estamos asistiendo no sólo al rutinario cambio de gobierno sino al inicio de un proceso en el cual el establecimiento colombiano se juega la consolidación de un modelo de país “viable” para el concierto internacional.

En cien días de gobierno ha quedado claro que el unanimismo logrado en torno al liderazgo de Uribe Vélez, y especialmente frente a las tesis de recuperación del orden público y la seguridad democrática, permiten generar un ambiente autoritario en su gestión y allanan el camino para la imposición, más que para la concertación, de su modelo.

Si bien es cierto que amplios sectores de la sociedad reclamaban el fortalecimiento y presencia del Estado, así como la recuperación del monopolio legítimo de las armas por parte del mismo, esto no debería llevar a que la sociedad legitime y participe en la construcción de un Estado autoritario y políticamente excluyente.

Las encuestas dicen que al cumplir los cien días de gobierno, Uribe alcanza el 75% de imagen favorable y que incluso un 71% de los encuestados están de acuerdo con la restricción de ciertas libertades y derechos y un 84% comparte la creación de la red de informantes.

No resulta tan extraño, en la medida en que los formadores de opinión, es decir, los medios masivos de comunicación tomaron partido por un solo bando de la guerra y están cumpliendo a cabalidad su tarea de informar parcialmente, cuando más, desinformar y tergiversar como constante.

Algunos medios dicen que la “gente” está contenta porque hay Presidente, porque en materia de guerra, él está dando directamente las órdenes y los nombres de los guerrilleros que hay que capturar o dar de baja, porque a través de los consejos comunitarios saluda de mano, uno a uno de los participantes y hasta recuerda su nombre, porque es un líder, en fin, esa gente olvidó rápidamente, entre muchas cosas, que en el período anterior no tuvimos Presidente y como lo grafica un reciente chiste popular pasamos del “inútil al intenso”.

Sería mucho más satisfactorio ver al Presidente ordenando investigaciones por los atropellos cometidos por la fuerza pública contra ciudadanos comunes y corrientes señalados como “supuestos” guerrilleros y terroristas, o señalando por su nombre a los paramilitares que las autoridades deberían capturar, o priorizando los problemas reales y estructurales del país y no sólo los detalles y minuciosidades, o respetando las autoridades locales y regionales sin avasallar los procesos y las comunidades o recuperando el territorio pero sin desplazar a los campesinos y pobladores.

En la apuesta de ganar legitimidad para su modelo e involucrar a la población civil en sus estrategias, el Presidente ha dedicado cien días a propinar “golpes psicológicos” a la población a través de virtudes como el liderazgo personal, la austeridad, el trabajo. Sembrar la sensación de que vamos ganando la guerra, a través de caravanas como “vive Colombia, viaja por ella” o que se están renovando las costumbres políticas porque se ampliará el período de los alcaldes y gobernadores y está en marcha un referendo y generar confianza en la reactivación de la inversión privadas una vez se recupere el orden público.

Como podrá observarse adelante, uno de los peligros de esta apuesta lo correrán las expresiones del movimiento social democrático, que se niegan a hacer parte de la euforia guerrerista y que mantengan en alto consignas como la solución política y negociada y el respeto por la autonomía de la sociedad civil. Los allanamientos a la sede de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y de otras organizaciones de derechos humanos y sociales, del ámbito regional y nacional, son la mayor evidencia.

Desde la campaña electoral Álvaro Uribe Vélez, entregó a la opinión pública un manifiesto  denominado “los cien puntos del programa de gobierno”. Estos puntos son el derrotero de la administración de Uribe Vélez y el Departamento Nacional de Planeación los ha retomado para elaborar las pautas del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio.

De alguna forma, los escenarios para la recuperación económica del país, la aplicación de la seguridad democrática y la implantación de la reforma política no son compartimentos sino partes de todo un “sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un número limitado de categorías únicas, obligatorias, organizadas de manera jerárquica y diferencias a efectos funcionales, reconocidas, autorizadas y/o creadas por el estado”, según Schmitter, 1974. En otras palabras, configuran el enfoque Neo-corporativista del Estado, consistente en la construcción y existencia de relaciones privilegiadas o exclusivas entre un número relativamente reducido de grupos o gremios y el Estado. 

De esta manera entendemos los desfases que se observan entre algunos de los postulados axiológicos de Uribe en los temas centrales de su política de Estado y las fórmulas concretas de aplicación. Por ejemplo, anunciar la opción por un Estado Comunitario cuando en realidad lo que se busca es el fortalecimiento del Estado neoliberal, en el que la ciudadanía y sus formas de participación y organización se supeditan a la jerarquización de los intereses de los grupos minoritarios, como ya ha sido señalado.

1.   MODELO DE ESTADO DE URIBE VÉLEZ

1.1 Estado Neoliberal, ¿comunitario o neo-corporativo?

Al momento del empalme entre la administración de Pastrana y Uribe los analistas económicos expresaron que la economía colombiana estaba en cuidados intensivos. Desde 1999 el promedio de crecimiento no ha pasado del 0.5% anual; el ingreso actual, por habitante, es equivalente al que tenían los colombianos en 1992, el desempleo llega al 18% (el más alto de América Latina), dos terceras partes de la población se encuentran en la pobreza y el 23% vive en condiciones de miseria; las finanzas públicas muestran un saldo en rojo equivalente al 6% del producto interno bruto y en consecuencia la deuda del sector público ha pasado del 27% en 1996 al 57% en el 2001.

A pesar de este panorama, el presidente Uribe se comprometió con el aumento de la inversión social, fortalecimiento del gasto en seguridad y la reactivación de la economía.

–   El objetivo es recuperar la confianza inversionista en Colombia, asegurando el control del orden público y buen manejo macroeconómico; priorización y especialización en sectores estratégicos claves por su importancia en el mercado internacional y por la capacidad del país de desarrollarlos con una política industrial que lleve a la reconversión productiva y al apoyo a sectores nuevos y tecnológicamente avanzados.

–   Inteligencia de mercados a través de una investigación y seguimiento permanente adelantada por el Estado con las Universidades y Centro de Investigación, con miras a detectar aquellas ramas de la producción que mayor dinamismo muestran en el mercado nacional e internacional.

–   Enfoque regional y no sólo sectorial, que sea eje de un nuevo modelo de desarrollo. Modelo en el que se aprovechen las ventajas comparativas de cada región y de acuerdo a sus potencialidades, sus fortalezas y debilidades se desarrollen ventajas competitivas respetando su vocación e identidad.

–   Elevación sustancial de la productividad y competitividad de la economía en términos globales y específicamente en los sectores productivos, con énfasis en el sector industria, manufacturero y en el sector agroindustrial. Tal elevación supone la creación de un marco jurídico y macroeconómico estable y favorable que reduzcan al mínimo posible los costos de transacción.

–   Ampliación y desarrollo, a todo lo largo y ancho del país, de las nuevas formas modernas de organización productiva que ya han comenzado a establecerse, como son los clusters y cadenas productivas promisorias, integrándolas al aparato productivo global.

–   En el campo del crecimiento económico, la meta es lograr una tasa de crecimiento sostenido por encima del 5%. Para ello se debe asegurar un desarrollo amplio de capital social, hacer un manejo tributario que no frene la iniciativa empresarial ni distorsione el ámbito de los mercados, promover un ritmo acelerado y permanente de ahorro privado.

Los cien días de una economía contra el bolsillo de los colombianos

El economista Luis Jorge Garay, al hacer el balance de los primeros cien días en el componente económico y la estrategia de ajuste, resalta la ausencia de una estrategia concertada entre diferentes grupos de la sociedad para la búsqueda de un ajuste fiscal estable y duradero y algunos “tumbos” que la estrategia gubernamental ha dado en la materia:

“Con relación a la reforma tributaria, por ejemplo, en un comienzo se argumentó la necesidad de recaudar un monto de recursos cercano a los cuatro billones de pesos, que fue rebajado muy rápidamente a 1,5 billones para la próxima vigencia y nuevamente elevado hace pocos días con el argumento de que era necesario garantizar los recursos requeridos a lo largo del cuatrienio, hasta alcanzar cerca de cinco billones en 2006”.

Además, el enfoque tributario ha oscilado entre avanzar drásticamente en el desmonte de exenciones y privilegios, y otras alternativas como ampliar la base del IVA, incluyendo los servicios públicos y bienes de la canasta con tarifas diferenciales; elevar, al menos temporalmente, la tasa nominal del impuesto a la renta, y mantener por unos años el impuesto sobre el patrimonio, para no citar sino unos ejemplos. Se nota la ausencia de una posición clara sobre la conveniencia, si no necesidad, de corregir problemas esenciales de la estructura de la tributación (como prebendas injustificadas a favor de algunos), en aras de la equidad, el progreso y la eficiencia del sistema tributario, no obstante el ambiente que se había venido creando con las recomendaciones de la Misión de Ingresos y de trabajos de la Contraloría General de la República, entre otros.

El análisis de Garay concluye que “una de las razones para modificaciones tan drásticas reside en los cambios en la estrategia gubernamental. Justo antes de entregar el primer proyecto de reforma tributaria, se tomó la decisión de darle mayor énfasis al recorte del gasto público, especialmente a la congelación transitoria de gastos salariales, al punto de que el punto se incluyó en la temática del referendo con la convicción de que se lograrían ahorros sustanciales en el corto plazo. Infortunadamente, la composición del empleo público (en especial del Gobierno central que tiene un 80% del personal en los sectores de defensa y justicia, un 60% en personal operativo y cerca de un 16% entre profesional y ejecutivo) hace que este tipo de medidas no tenga un impacto fiscal significativo ni duradero para aliviar la dinámica del déficit en un mediano plazo. Aquí reside una de las razones que explican por qué dentro de un ajuste de las finanzas públicas, los recientes anuncios sobre la política de reforma del Estado se concentran ahora más en la reestructuración de entidades nacionales, regionales y locales, y menos en el mero ahorro fiscal de recortes de personal”.

Los analistas económicos han coincidido en que la estrategia económica es la que más lunares presenta al cabo de cien días de gestión. En la primera semana de gobierno, al amparo del estado de conmoción se decretó el impuesto al patrimonio con el fin de recolectar 2 billones de pesos para la estrategia de seguridad. A continuación el gobierno dio a conocer el paquete completo de del apretón económico: la reforma tributaria, más años de trabajo para la jubilación, menores pensiones y congelación de salarios, aplicación del IVA a más productos de primera necesidad y una sobre tasa temporal del 10% al impuesto a la renta.

El crecimiento del país llegará apenas al 1.7% este año, mientras el desempleo acaba de superar el 17%. El ajuste fiscal propuesto por el gobierno del 1.9% del PIB es todavía insuficiente lo que hace que la economía siga muy vulnerable a mediano plazo, como ya se señaló, el ajuste está desequilibrado, le da mucho peso al aumento en los tributos y muy poco al recorte en el gasto público. El principal logro, en opinión de los gremios económicos, fue haber alcanzado el compromiso de los organismos multilaterales para financiar, por unos 3 billones de dólares, los requerimientos externos para el año entrante.

En lo referente al Estado Comunitario, los puntos programáticos del gobierno aluden a que:

–   El modelo de Estado se construirá a partir de “la participación comunitaria en la definición de tareas públicas y planeación; ejecución de recursos públicos; y, supervisión y vigilancia de la gestión estatal” (punto 5). No se trata de plantear tan sólo un conjunto de postulados axiológicos positivistas, los propósitos deberían apuntar a sentar las bases ciudadanas para planear el bienestar para todos a largo plazo.

–   La justicia social se construirá a partir de la puesta en marcha de siete herramientas: revolución educativa, ampliación y mejoramiento de la seguridad social; impulso a la economía solidaria; manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, desarrollo de la pequeña empresa y calidad de vida urbana (punto 45)

–   Financiamiento de pequeña empresa, créditos asociativos y préstamos a través de fundaciones. (propuesta de organización en cooperativas a 82 mil madres comunitarias para atender a un millón cuatrocientos mil niños).

–   “El municipio es el primer encuentro del ciudadano con el Estado”. Si bien es importante que en el programa de gobierno aparece el tema de la descentralización y la opción por el fortalecimiento de las autonomías regionales llama la atención (incluso despista) lo preocupante es que se ponga en función de las estrategias de seguridad y de los enfoques del llamado “Estado Comunitario”. Más aún, en los primeros días del gobierno y a través de los llamados “comités municipales de gobierno”, con la presencia y coordinación del Presidente, lo que ha sucedido, en la práctica, es el desconocimiento  de las propuestas regionales y de los planes de desarrollo municipal y departamental, que en muchos casos fueron elaborados con la participación ciudadana y consultando las necesidades reales de las comunidades.

Cien días de consejos comunitarios de gobierno

Definitivamente, Uribe tiene experiencia en estrategias para legitimar formas autoritarias de ejercicio del poder. Una de ellas es la mezcla de autoritarismo con populismo en la que quede la sensación de que al Presidente le interesa y le duele la gente, como lo describe Hernando Gómez Buendía: “son virtudes de finquero”.

La estrategia del presidente Uribe de escuchar de viva voz, con sus Ministros, los problemas del país a través de consejos comunitarios, en los que participan campesinos, empresarios, funcionarios públicos, tenderos y otros representantes de la sociedad, ha cautivado a una buena audiencia de Señal Colombia los sábados y domingos. En tres meses de gobierno han asistido 4.000 personas, que han podido hablarle de frente al Presidente de Colombia. Ese estilo del primer mandatario no es nuevo. Viene desde la época en que fue gobernador, cuando realizó estos consejos en los 126 municipios de Antioquia. Con el de Santa Marta, ya son 10 los que se han organizado en el país: Pasto, Riohacha, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, San José del Guaviare y el de San Andrés.

Hay quienes dicen que los consejos fueron diseñados para que el gobierno participe con el pueblo sobre las necesidades de sus departamentos. Pero veamos cómo es que se da esa llamada participación: El moderador siempre es el presidente Uribe. El gobernador y el alcalde tienen una hora para sus respectivas intervenciones y han sido advertidos de que no pueden hacer discursos retóricos sino conferencias basadas en cifras exactas y demostrables. Por ejemplo, carencia de cupos educativos y bibliotecas, número de kilómetros de carreteras por pavimentar, cubrimiento del Sisbén o pago a los pensionados.

Los otros funcionarios departamentales y municipales (concejales, diputados) tienen 15 minutos para exponer sus puntos y todos los demás que quieran intervenir y plantear sus quejas (quiere decir, la gente, el pueblo, la población) tiene máximo dos minutos para hacerlo. Como es de esperarse, este escenario se ha convertido en una avalancha incontenible de denuncias y reclamos frente a los incumplimientos del Estado y el desgreño de los funcionarios públicos.

En estos espacios, el Presidente se concentra en los detalles, dicta órdenes al por menor, regaña a las autoridades locales y a ciudadanos cuando hacen planteamientos que no le agradan, le da órdenes directas a un sargento de policía, decide inversiones al calor de una visita, establece la red de informantes... y, después de las preguntas de los participantes, su respuesta está claramente dirigida a imponer sus estrategias y decisiones predeterminadas:

“alguien en el recinto informó que en Soledad, la segunda ciudad más importante del Atlántico, existe sólo una escuela primaria. De inmediato Uribe preguntó: "¿Y cuánto les vale aquí, la Contraloría?". Alguien contestó: "1.900 millones de pesos al año, Presidente". "Pues ahorren esa plata y se la llevan para educación", dijo, y de inmediato se escucharon los aplausos”.

Si bien es importante el acercamiento de un gabinete eminentemente tecnocrático y con una visión macro de la política, con el país micro y con las necesidades estructurales, sin embargo estos consejos dejan algunas preocupaciones:

–   Quitarle dientes a la democracia: así, estos consejos se saltan los conductos regulares que tiene la democracia para resolver los problemas de la comunidad, como lo son los alcaldes, las asambleas departamentales, los concejos municipales, las fuerzas vivas de la comunidad. En varios de estos consejos se ha dejado el mensaje de que si no está el Presidente la democracia no funciona. Y esto en el mediano plazo apunta a la  desinstitucionalización de la toma de decisiones públicas para concentrarlas cada vez más en la figura del Presidente.

–   Fortalecer un sistema Presidencialista, en donde el equipo de gobierno cumple órdenes y desempeña tareas, pero no tiene iniciativa. El Presidente aparece como el interlocutor válido y efectivo de todas las demás instancias y personas del Estado y la sociedad.

–   Aplicar un modelo de microgestión: aunque se quiere dar la sensación de un interés por la región, no se respeta ni se incluyen las propuestas y planes alternativos de desarrollo regional y los procesos de construcción social de las regiones que desde hace tiempo e vienen adelantando. Se impone la estrategia de microgestión, de respuestas a problemas coyunturales y desconocimiento de la particularidad cultural, identidad, vocación productiva y procesos sociales de las regiones.

Un tema a destacar en los consejos comunitarios además de la seguridad democrática, es el de la “Revolución Educativa” como estrategia privilegiada del Presidente para la consolidación de la confianza y la paz. El Ministerio de Educación actúa en un sector descentralizado, en el cual las entidades territoriales resultan cruciales. Las metas de la ampliación de cobertura son ambiciosas: 1’500.000 cupos en educación básica y media, y 400.000 en la superior. La ministra Cecilia María Vélez viene insistiendo en la posibilidad de generar muchos de los cupos propuestos con una mejor utilización de la actual capacidad instalada. En consecuencia, se expidieron decretos que han hecho posible que los departamentos con calendario B (Valle y Nariño) logren generar 80.000 nuevos cupos en sus matrículas de septiembre. Para la ampliación de la cobertura en la educación superior, ya se anunció la negociación con el Banco Mundial de importantes recursos que se empezarán a desembolsar en febrero de 2003.

1.2   Seguridad Democrática

“Política de defensa y seguridad democrática” se denomina el documento que plasma los escenarios y estrategias del gobierno en este campo. Los objetivos planteados son: control del territorio por la fuerza pública allí donde el Estado lo había perdido o nunca lo había tenido; articulación de los distintos organismos del Estado que tiene que ver con el tema de la seguridad y el orden público; obtener la colaboración y participación ciudadana y la erradicación total de los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas.

Estos propósitos guardan total coincidencia con los planteados por los Estados Unidos, veamos:

Después de la ruptura de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Pastrana un informe sobre Colombia, del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, sugirió que Colombia necesitaba un plan nacional de guerra; un liderazgo político para la guerra a través del Presidente de la Republica; un mayor esfuerzo coordinado de todas las ramas de la fuerza publica; un marco legal apropiado con leyes de emergencia y más fondos económicos.

El mismo documento planteaba que el Ejército colombiano estaba solo y carecía de los medios necesarios para derrotar a la guerrilla.

Recomendaba, como única salida, la creación de “fuerzas locales de civiles armados” que pudieran asegurar el territorio una vez el Ejército tenga que desplazarse a nuevas zonas. “Ninguna guerra contrainsurgente se puede ganar de otra forma”, afirma el documento.

Fortalecer la fuerza pública y recuperar el orden público

Sin duda alguna, ésta es la prioridad para Uribe Vélez: “El Presidente será el primer soldado de la nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”. Alfredo Rangel, experto en los temas de seguridad y conflicto, señala que mostrar resultados en este frente es “una carrera contra el tiempo porque la guerrilla estaría interesadas en deteriorar de manera catastrófica la situación y quebrantar la voluntad del gobierno de doblegar a los violentos”.

El fortalecimiento de la fuerza pública se propone por lo menos en tres campos: el presupuestal, el institucional y el aumento del pie de fuerza.

En el presupuestal, se necesita pasar del  2,5% del PIB en gastos de defensa al 4,0%, con un impuesto de guerra de todos los ciudadanos y un esfuerzo tributario de la clase económica y dirigente del país, además de la ayuda de Estados Unidos.

En el campo institucional, por un lado se requiere mejorar, sustantivamente, la profesionalización del pie de fuerza en tecnología e inteligencia y mostrar resultados contundentes. Por otro lado, Uribe busca crear unas relaciones distintas de la Fuerza Pública con la población, que le permita legitimarse y de paso involucrar a la población civil en las tareas de la guerra. Las campañas cívico-militares constituyen un importante instrumento para el logro de este objetivo.

Respecto al aumento del pie de fuerza y el involucramiento de la población civil, los puntos 38 y 39 del mencionado manifiesto programático del Presidente, así como las medidas ya implementadas, señalan: la conformación de una red de informantes, compuesta por un millón de ciudadanos; un contingente de 25.000 “soldados campesinos”; formación de frentes locales de seguridad en los barrios y el comercio, de redes de vigilantes en carreteras y campos, todos coordinados por la fuerza pública. Existe un plan de concertación con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de calles y carreteras. Cada carretera tendrá un coronel del ejército o de la policía responsable de la seguridad. El lunes será el “día de la recompensa” que pagará el gobierno a los ciudadanos que en la semana anterior hayan ayudado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista y capturar al responsable.

Desde el mes de junio pasado se aplazó el licenciamiento de los contingentes de soldados regulares, lo que le permite al ejército disponer de 10.000 soldados efectivos adicionales que serán destinados a la protección del sector energético y vial. El gobierno dispuso la activación de dos brigadas móviles cada año (ocho al terminar esta administración), que tendrán en sus filas 2.600 soldados profesionales.45.000 nuevos soldados profesionales. A la policía se integrarán 100.000 nuevos agentes y 10.000 carabineros que serán distribuidos en más de 200 municipios del país donde no hay presencia policial. El objetivo final es conformar una fuerza pública de 400.000 agentes 

Uribe perfila el escenario de mediano plazo, al señalar, en el mencionado documento de seguridad, que el gobierno seguirá afinando las herramientas políticas, jurídicas y técnicas necesarias para desarrollar, a partir de junio del próximo año, el “plan de choque 2003” consistente en una “ofensiva sistemática contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico”. En el marco de esas estrategias se plantea la captura o muerte de los principales jefes guerrilleros en un término de dos años y la destrucción total de los cultivos ilícitos en 48 meses.

Comentarios al documento marco de la política de seguridad

El pasado 8 de octubre en Washington, mientras Colombia gestionaba el acuerdo que podría abrir la inteligencia técnica de los satélites de rastreo estadounidense a la lucha contrainsurgente y anti-paramilitar, la Casa Blanca tuvo la primera copia la estrategia marco de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe.  La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, entregó el informe de 30 páginas. 'Política de Defensa y Seguridad Democrática' circuló las últimas semanas entre 14 intelectuales y fue expuesto a 86 congresistas citados por la Ministra Ramírez al Hotel Tequendama.

Algunos de los que conocieron el texto oficial, piensan que el documento esboza acciones genéricas y macro, sobre todo, en materia de inversión social y plantea como máxima prioridad garantizar la presencia permanente del Estado en regiones tradicionalmente abandonadas y bajo la influencia de grupos armados. La estrategia parece tan obvia y el documento es en sí mismo tan global que los senadores estadounidenses demócratas Sam Farr, Bill Delahunt, Paul Wellstone, y Patrick Leahy de Vermont y más de un crítico en Colombia han considerado la Política como un conjunto de medidas inapropiadas y excesivamente vagas.

Estas son algunas de las críticas:

*   Vacíos de la inteligencia

Los autores del análisis coinciden en que los organismos de seguridad del Estado: Dijín, Sijín, DAS, B-2 e inteligencia de la Armada, entre otros, han destinado esfuerzos importantes a hacerse inteligencia entre sí y a ocultarse mutuamente información crítica. "La revisión que hemos realizado durante seis meses muestra que hay grupos dedicados a espiar ilegalmente a otras fuerzas, a políticos, a personalidades, a periodistas. Hasta información clave sobre narcotráfico se ha compartimentado y otra se ha ocultado", explica uno de los artífices de la estrategia.

La competencia ha impedido quebrar estructuras financieras y logísticas de la guerrilla, las autodefensas y los carteles del narcotráfico y explica la falta de seguimiento profesional perfectamente diseñado y encaminado a la captura o muerte de jefes de estas organizaciones, tanto en la parte rural como urbana.

Ni siquiera internamente los organismos han tenido continuidad para desarrollar la inteligencia. Un comandante sucede a otro, sin identidad en las prioridades. ¿Alternativas? A juicio de los expertos, la estabilidad de los oficiales de inteligencia en cada zona y en cada misión, las reuniones e intercambios permanentes de información por parte de los responsables de las distintas fuerzas, la existencia de un único informe final de cada sesión y la definición de metas y resultados concretos en un tiempo determinado constituyen una prioridad.

*   Vaguedad de funciones

Tropas de la Armada están asignadas al cuidado de torres de comunicaciones o infraestructura eléctrica, unidades de la Policía al combate en la jungla, patrullas aéreas a trabajos de inteligencia en tierra y tropas del Ejército a casos de Policía en áreas urbanas. La distorsión de funciones se ha traducido en dislocación de esfuerzos y dispersión de responsabilidades frente al conflicto. ¿Alternativas? Es necesario redefinir la función y responsabilidad de cada fuerza. De la Armada, en el control de costas y en las operaciones fluviales; del Ejército, en la vigilancia de las fronteras y el control rural; de la Fuerza Aérea, en la vigilancia y el apoyo aéreo y de la Policía en materia de seguridad ciudadana y urbana. Por su parte, el DAS y otros organismos de seguridad se deben dedicar a la inteligencia.

*   Errada distribución territorial

Un análisis geográfico y estratégico sobre la ubicación y actual distribución de las guarniciones militares ha puesto en evidencia enormes inconsistencias en materia operativa.  La seguridad de departamentos como Cundinamarca, Antioquia o Caquetá, sólo por citar tres casos, es responsabilidad simultánea de tres brigadas diferentes, que en ocasiones reportan también a dos divisiones militares distintas. Estas, a su vez, responden a dos o más mandos militares y civiles.

En el caso de Antioquia, que consta de 125 municipios y enfrenta amenazas guerrillera y paramilitar en el Urabá, la llamada 'Vuelta de oriente', el Magdalena Medio y la zona de Paramillo, las tareas de custodia son responsabilidad de las brigadas IV, XVII, y XI y la Infantería de Marina. Sin embargo, la Brigada XVIII con sede en Carepa (Antioquia), tiene como prioridad el departamento del Chocó y no Antioquia.

De acuerdo con los analistas, tal dispersión impide a gobernadores, alcaldes y al propio Gobierno Central definir responsabilidades y hace imposible la planeación estratégica por regiones y la definición de indicadores de gestión y de resultados. "En ocasiones no se han tenido en cuenta ni siquiera los accidentes geográficos a la hora de operar y hasta se ha permitido que se conviertan en obstáculo y frontera de las operaciones. La jurisdicción militar no puede terminar en la margen de los ríos Guaviare o Caquetá o en los Farallones de Medina, entre Meta y Cundinamarca cuando hay una operación en curso", observa un militar de alto rango hoy retirado y asesor del Gobierno.

¿Alternativas? Los expertos consideran prioritario revisar las actuales jurisdicciones de las guarniciones, de cara a las necesidades que plantea cada zona del país, y garantizar la efectiva existencia y permanencia de brigadas móviles sin límites territoriales.

*   Oficiales y personal de escritorio

Para empezar, dice uno de los gestores de la estrategia, “hay sin número de oficiales y suboficiales empleados en actividades propias de las relaciones públicas, asignados a congresistas y políticos, como enlaces y no como jefes de seguridad".

Otros están siendo utilizados como escoltas, sin que tal servicio fuese avalado por algún estudio de seguridad, o están dedicado a cuidar entidades que deben proveerse su seguridad, como las sucursales bancarias y hasta a algunos restaurantes. Ello, sin incluir militares y policías dedicados a tareas de recepcionistas, digitadores o guías, en ministerios y entidades descentralizadas. Más grave aún es el caso de oficiales de altos grados (coroneles y generales) que están entrenados en la parte operacional y ocupan cargos administrativos.

Algunos generales, preparados en el terreno de la inteligencia o la operación militar, han terminado asignados a compra de equipos, una labor respecto de la cual no tienen ni la formación ni el interés.

¿Alternativas? Asegurarse que, salvo casos excepcionales, las entidades privadas asuman sus asignar civiles a funciones de carácter administrativo y garantizar que los oficiales puedan dedicarse, con continuidad, a las tareas para las que realmente han sido preparados. "Debe haber una reorganización de funciones de los comandantes, principalmente dentro de la estructura del Ejército. Cada cual en la tarea que le corresponde: los oficiales del arma de ingeniería, especializados en infraestructura, no pueden ser los asignados a las contraguerrillas", observa uno de los analistas.

*   Desconocimiento de la especialización

Durante las últimas dos décadas, cada fuerza ha ido concibiendo aisladamente grupos especializados, que de haber existido una política coherente estarían adscritos a otras fuerzas.

Así, la Policía creó comandos jungla selváticos a nombre de la fumigación de cultivos ilícitos y bloques de búsqueda en las ciudades para hacer frente al narcotráfico. El Ejército terminó asignado en zonas urbanas al cuidado de cárceles, edificios de multinacionales y empresas, torres de energía y hasta centrales de comunicaciones. Inclusive, a sedes diplomáticas. Y la Armada ha puesto en operación comandos urbanos de inteligencia y rurales de vigilancia. A esa distorsión se suma una equivocada reasignación de militares y policías especializados. Así, por ejemplo, contraguerrillas del Ejército terminan en las ciudades y policías antidrogas, inclusive de inteligencia, en la selva.

¿Alternativas? La redefinición de funciones debiera permitir que se articulen los escuadrones especializados y que su crecimiento obedezca a las funciones propias de cada fuerza y no a las necesidades que cada una cree percibir. La existencia de pequeñas flotillas aéreas en Policía, Ejército y Armada, cuando el apoyo estratégico debiera ser función de la Fuerza Aérea, es una de las inquietudes en este frente.

*   Desarraigo de oficiales

Aunque parece un problema menor, es quizá el más crítico en cuanto a conocimiento de terreno, adaptación y versatilidad. "Soldados de Nariño y Boyacá, que son de climas fríos, son asignados al sur de Bolívar, en donde no conocen la región, se superan los 40 grados de temperatura y no encuentran afinidad de ninguna clase ni siquiera con costumbres básicas de alimentación o cultura. A su vez, barranquilleros han terminado en el Páramos del Sumapaz, en donde hasta la neumonía y los problemas respiratorios causan bajas", dicen los expertos.

En la misma línea, funcionarios del Gobierno observan que el desarraigo de las zonas ha creado un problema adicional: la desprotección de policías y soldados.  "Si usted tiene un Policía del municipio o del barrio, tiene un número significativo de cooperantes que están listos a protegerlo: su familia, su novia, los amigos del colegio, los vecinos. En un territorio desconocido, nadie se siente responsable".

¿Alternativas? Examinar, principalmente en el terreno de la inteligencia estratégica, la distribución de oficiales y cuidar de que en el caso del nuevo pie de fuerza campesino e inclusive de las tropas regulares exista mayor coherencia en la asignación de zonas.  "Un asunto son los soldados profesionales, dispuestos y entrenados para combatir en cualquier zona y otro el pie de fuerza ordinario de cada región".

*   Presencia del Estado

El último eslabón es quizás el más crítico. No se puede, enfatiza textualmente un experto, cometer el mismo error del pasado: “llegar a una zona, instalar las tropas por dos meses y después salir, sin que exista inversión social en salud, educación o infraestructura, sin restablecer los puestos de Policía destruidos y sin instalar a las autoridades civiles y judiciales".

A ese respecto, las zonas de rehabilitación de Arauca y Sucre y Bolívar son quizá la punta de lanza y la prueba piloto de lo que espera obtener el Gobierno Álvaro Uribe: instalación y permanencia de tropa y Policía en cabeceras municipales, operación selectiva de las brigadas en las áreas rurales e inyecciones sociales de choque, cuya inversión tenga un cuidadoso seguimiento del Gobierno central.

1.3 Estado de conmoción y estatuto antiterrorista contra los civiles

El 11 de agosto, el Presidente Uribe declaró el estado de conmoción bajo el decreto 1837 del 2002 argumentado cuatro razones para ello: los ataques contra los ciudadanos indefensos, el terrorismo contra la infraestructura de servicios públicos, la presión contra las autoridades locales, regionales y nacionales, las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cometidos por los grupos armados al margen de la ley.

En el marco del estado de conmoción el gobierno, dictó el decreto 2002 del 2002, que constituye la columna vertebral del andamiaje jurídico para desarrollar la estrategia de guerra. Ya en los mencionados cien puntos programáticos de gobierno, Uribe señalaba:

“Hoy, violencia política y terrorismo son idénticos” (punto 33) y recientemente, después de haber puesto en marcha el decreto 2002 dijo: “No se descarta que haya que darle más facultades a la fuerza pública, facultades que se presentarán en la reforma constitucional que estamos preparando”.

El Decreto 2002, expedido el 10 de septiembre al amparo de la conmoción interior para el control del orden público, tiene tres ejes fundamentales.  Primero, crea una coordinación en el terreno entre la Fiscalía, la Procuraduría y los militares. Para ello dispone que un fiscal, agentes del CTI y un agente especial del Ministerio Público acompañen de tiempo completo a cada uno de los pelotones de las Fuerzas Militares en las zonas de orden público.

Segundo, amplía el poder de las Fuerzas Militares para que adelanten funciones de Policía Judicial cuando exista una "urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro". En esos casos extremos les permite, con la sola autorización verbal de un fiscal o sin ninguna orden judicial, realizar allanamientos, requisar lanchas, carros o aviones y capturar personas sospechosas de haber cometido o de tener planes para cometer delitos.

Y como tercer eje contempla la creación de unas zonas de rehabilitación y consolidación. En esos territorios, que son los más afectados por el conflicto armado y serán delimitados por el Presidente, se restringirán los derechos de los ciudadanos con el objetivo de recuperar la seguridad del lugar. Dichas medidas serán:

–   "El derecho de circulación o residencia podrá limitarse, mediante medidas como el toque de queda, retenes militares, indicativos especiales para la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia restringida o prohibida de personas o vehículos en horas y lugares determinados".

–   "El Gobernador podrá, dentro del territorio de su jurisdicción, adoptar medidas para exigir a personas determinadas que comuniquen con una antelación de dos días, ante la primera autoridad civil del municipio y, en su defecto, ante el comandante de estación o subestación de Policía de la respectiva localidad, todo desplazamiento fuera de la misma cuando se trate de su residencia habitual".

–   "El Comandante Militar (...) queda facultado para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que transiten o ingresen a la misma".

–   "En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, la persona que no porte su documento de identificación, será retenida mientras se verifica su identidad".

Cien días ‘conmocionados’, contra los derechos humanos

El decreto 2002 contradice convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y limita derechos fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y la no-discriminación. Creemos, junto con otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, que las medidas que el gobierno del presidente Uribe Vélez adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y control del orden público, deben estar basadas en el pleno respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia.

Las consideraciones y las medidas específicas del decreto 2002 incriminan a la población civil como la responsable del conflicto; se la señala como abierta colaboradora de los grupos al margen de la ley, y por tanto, es contra ella que se dirigen las medidas. Resulta clara la intencionalidad de estigmatizar y criminalizar a la población civil, de manera particular aquella que vive en zonas de presencia de los grupos insurgentes. El peso riguroso de la represión se va aplicar a los que no son y las medidas no apuntan específicamente a conjurar las causas de la perturbación.

El presidente Uribe ha expresado en varias ocasiones que la mejor política (de Estado) en materia de derechos humanos es su política de seguridad y altos funcionarios del gobierno se han pronunciado respecto a que población debe aceptar restricción de sus derechos si quiere que el Estado recupere el orden y garantice seguridad. Según el Presidente “el día en que la seguridad democrática se enseñoree en todo el territorio de la Patria, no se cometerá un atentado más contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales”. Muy por el contrario, creemos que una política de seguridad, realmente democrática, se construye sobre el respecto irrestricto y la garantía plena de los derechos humanos, en su integralidad.

Existe ya una larga lista de casos de violaciones derechos fundamentales, quejas, denuncias y atropellos cometidos contra pobladores y ciudadanos inocentes sobre los cuales el Presidente Uribe debería ordenar, así como ordena directamente la captura de reales o supuestos cabecillas de la guerrilla, investigaciones y hacer también cumplir sus postulados filosóficos de dispositivos de control y transparencia de las actuaciones de la Fuerza Pública:

“...estamos trabajando para que todos los ciudadanos de bien cooperen mediante la información oportuna y confidencial con la Fuerza Pública...¿Por qué descalificar a priori un instrumento que tiene pleno respaldo en el deber constitucional de colaborar con la acción transparente de la autoridad legítima? ¿Qué razones pueden esgrimirse para prejuzgarlo como esquema de concierto entre el Gobierno y las organizaciones criminales?...

Los eventuales riesgos que para el ciudadano de bien podría surgir del sistema de colaboración civil con la Fuerza Pública, deben ser minimizados y conjurados mediante dispositivos de control y transparencia. El Gobierno está abierto a escuchar propuestas y a tramitar todas las quejas y denuncias fundadas”.  (Carta de respuesta del Presidente Álvaro Uribe Vélez a las ONG de Derechos Humanos, Octubre 16 de 2002)

Los órganos judiciales y de control del Estado resultan articulados como parte de la estrategia de guerra, integrando y acompañando operaciones militares.

A propósito, el Defensor del Pueblo señaló con preocupación que "el guerrero y el juez, fundidos en un solo cuerpo es el camino más breve que puede conducir a la disolución del Estado de derecho".

Para varias organizaciones defensoras de derechos humanos ha sido preocupante el papel que están jugando los órganos de control y judiciales frente a la aplicación de las medidas de conmoción por la fuerza Pública. Distintas autoridades (Procuradurías, Personerías) han manifestado que:

“hasta la fecha no han acompañado a la Fuerza Pública en ninguna operación por circunstancias que escapan a la voluntad de nuestros funcionarios ya que la fuerza pública no ha informado de dichas diligencias”

En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, el más reciente informe de Human Rigths Watch sustenta que el Fiscal general debilita las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en la medida en que esta Institución ha tomado un “giro erróneo”, desde la misma posesión de Luis Camilo Osorio.  En sus primeras declaraciones públicas, el alto funcionario había afirmado:

“una guerra se estaba librando a nivel internacional para desacreditar a las autoridades, no solo de las fuerzas militares sino también del sistema judicial. Se trata de un movimiento internacional no solo de ONG sino de algunos Estados europeos como Suecia y Noruega, Francia en el pasado y algunos grupos en Estados Unidos, incluidos algunos congresistas demócratas”. En tal sentido prometió corregir lo que describió como “atención excesiva a las acusaciones contra oficiales militares por parte de los fiscales”.

En el marco del decreto 2002, el pasado 21 de septiembre fueron decretadas las dos primeras zonas de consolidación y rehabilitación Sucre y Bolívar, la primera, bajo el mando militar del capitán de navío Luis Alejandro Parra Rivera y Arauca la segunda, bajo el mando del Brigadier General Carlos Homairo Lemus Pedraza. Estas dos zonas comprenden 27 municipios (15 en Sucre, 9 en Bolívar y 3 en Arauca. Inmediatamente, el gobierno dispuso la concentración militar de seis batallones de contraguerrilla del Ejército y de la Armada y de tres brigadas móviles, con cerca de 3.600 soldados, para estas dos zonas, además de los fiscales y agentes del CTI que harán parte, con los militares, de las operaciones. De acuerdo con el decreto 2002, en estas zonas se pueden restringir los derechos de circulación y residencia, censos de la población, prohibiciones a la movilización de personas y vehículos, penalizar desplazamientos no autorizados, decretar toques de queda, suspender permisos de porte de armas, la permanencia de extranjeros en estas zonas estará sujeta a permisos especiales.

De acuerdo con la información oficial y las denuncias de organizaciones no gubernamentales,  se puede concluir que, las medidas aplicadas en las dos "zonas de rehabilitación y consolidación" de Sucre/Bolívar y Arauca, demuestran lo que ya se preveía: que tales medidas, por lo vagas y genéricas, por la inexistencia de control judicial antes, durante y después, llevarían a la violación de derechos humanos de población civil (ciudadanos inocentes) y en muy pocos casos a los propósitos de recuperar el orden público y castigar a los delincuentes.

En el caso de las zonas de Sucre y Bolívar, la información oficial señala que, desde que comenzó a funcionar la zona de rehabilitación:

- Se ha detenido a 269 indocumentados

- Capturados con orden judicial 15

- Extranjeros retenidos 7

- Se ha censado al 10% de la población

- Ocho extranjeros fueron enviados a Bogotá para que certifiquen su presencia en el país, Se inmovilizaron 94 vehículos y motocicletas por falta de documentos

- Narcoterroristas capturados 11

- Se ha logrado la incorporación de 8.032 personas a la red de informantes, la meta es de 49.627 para los 24 municipios incluidos en las zonas de rehabilitación.

En cuanto a la zona de Arauca:

–   Por los retenes realizados en la vía Caño Limón- Arauquita, las autoridades han concluido que "nos hemos podido dar cuenta de que 80 por ciento de la población campesina está indocumentada. La mayoría no ha tenido cédula por primera vez y otros ni siquiera han registrado a sus hijos".

–   Durante la existencia de la zona de rehabilitación, la ciudad de Arauca y los municipios de Arauquita y Saravena han sufrido 15 atentados con cilindros de gas y cargas explosivas, 17 hostigamientos con armas de fuego a patrullas militares y de Policía, y varios retenes indiscriminados de la guerrilla sin mayores consecuencias.

–   Los informes de inteligencia militar indican que los frentes 10, 45, y la columna móvil 'Alfonso Castellanos' de las FARC-EP fueron reforzados por 300 guerrilleros y milicianos del frente 'Héroes del Caguán'. Así mismo, que el frente 'Domingo Laín' del ELN inició un plan de reclutamiento 'voluntario', para revivir sus milicias populares.

–   Por su parte, las paramilitares, que han penetrado al departamento por Fortúl y Cravo Norte, aseguran que "no se correrán un centímetro, así haya zona de rehabilitación y que su pelea será por la recuperación de Saravena". Los tres grupos han delimitado sus áreas de acción, al punto de distribuirse algunas carreteras y zonas ganaderas.

Por otro lado, algunas autoridades entre Alcaldes y Gobernadores se han pronunciado en rechazo a que sus territorios sean declarados como nuevas zonas de rehabilitación y consolidación, pues consideran que antes que detener incrementa la violencia en la región. Así lo declaró el alcalde de El Carmen de Bolívar: "...desde que el Carmen fue declarado dentro de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, hemos sido blanco de la violencia. Se han incrementado los robos, los atracos a almacenes en horas nocturnas"

Otro de los escenarios para la aplicación de las estrategias de guerra ha sido las grandes ciudades. Las operaciones desarrolladas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, a través del ametrallamiento aéreo y combate abierto en centros poblados, que dejaron como saldo final más de 6 civiles muertos, 40 heridos y más de dos centenares privados de la libertad, contravienen los postulados de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza, exigidos por el derecho internacional humanitario, con lo cual se atentó y puso en riesgo la vida e integridad de la población civil.

La implantación, por la vía de hecho, de la Comuna 13 de Medellín, como "zona de rehabilitación y consolidación", a través de mecanismos que restringen la libre circulación de quienes allí residen, así como el empadronamiento de sus habitantes, bajo el argumento de promover planes de desarrollo. La tendencia que se ha hecho manifiesta, a través de diversas operaciones de la Fuerza Pública en otras ciudades capitales (Cali, Bogotá y Cúcuta), permiten prever una agudización de la crisis humanitaria en los centros urbanos, así como el incremento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y el desplazamiento forzado intraurbano.

Continúa siendo preocupante la forma en que viene siendo restringida la libertad en las "zonas de rehabilitación y consolidación", tal como lo refleja el reporte dado por la Procuraduría Regional de Sucre, la cual da cuenta que durante el primer mes de existencia de esta "zona de rehabilitación y consolidación" 502 personas fueron privadas de la libertad, de las cuales tan solo un 2.6%, tenía un requerimiento judicial, lo que revela una violación abierta, masiva e indiscriminada del derecho a la libertad.

Dicha situación se torna más grave si se tiene en cuenta que en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, fueron privadas de la libertad más de 200 personas en solo 6 días, las cuales fueron judicializadas, con fundamento en informes de la Fuerza Pública carentes de soporte probatorio, donde se ha revelado la ausencia de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y de control que acompañaron la "Operación Orión".

Los allanamientos se han convertido en la modalidad privilegiada del Estado de "seguridad nacional" que se está implantando. Cientos de allanamientos realizados, entre ellos el de la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el pasado 25 de octubre,  reflejan la arbitrariedad del gobierno y el incumplimiento de los procedimientos establecidos, incluso por el decreto 2002, en el marco de la conmoción interior. En el mencionado allanamiento, como en muchos otros, no ha habido presencia de la Fiscalía ni de la Procuraduría, además de causar daños materiales, intimidaciones y terror psicológico, contrario a la "transparencia y respeto" de los que hablan el Presidente Uribe y el General Mora. Estas acciones constituyen una clara persecución política contra organizaciones democráticas de la sociedad civil que tienen un trabajo público y reconocido, nacional e internacionalmente, en defensa de los derechos humanos, construcción de la paz y ampliación de la democracia.

1.4 El camino para legalizar el Paramilitarismo

Respecto del paramilitarismo Uribe Vélez ha sintonizado con las declaraciones del subsecretario de Estado, de Estados Unidos, para el Hemisferio Occidental, Otto Reich quien señaló que Colombia debe negociar también con los grupos paramilitares y que estos deben ser tenidos en cuenta en un eventual proceso de paz.

Puede colegirse, fácilmente, que en el modelo del actual gobierno el paramilitarismo cumple un papel de trascendencia. Para ello, Estado y paramilitares se han propuesto concertar los escenarios para la legitimación y en cierto sentido, para lo que Alfredo Rangel denomina la “desarticulación gradual”,  en condiciones de favorabilidad jurídica, política y social.

En reciente cumbre de comandantes paramilitares, acordaron, según declaraciones públicas de Carlos Castaño:

“manifestarle al gobierno, a través de monseñor Giraldo la disposición de acatar el ofrecimiento que nos hizo en días pasados de iniciar un proceso de diálogos, con la mediación de la Iglesia y del Alto Comisionado para la Paz...que conduzcan a una desmovilización de las AUC en la medida en que las fuerzas armadas reemplacen nuestra función en las diferentes regiones del país donde ejercemos presencia política, militar y social”.

La estrategia de seguridad, ya reseñada, facilita un cierto giro en el estatus de los paramilitares: ahora actuaran como miembros de la red de informantes, recibirán las recompensas, se mimetizarán en los proyectos de retornos o reasentamientos como “población desplazada”, se incorporarán al contingente de “soldados campesinos”, “policías carabineros”,jugarán un importante papel en las zonas de “rehabilitación y consolidación”... hasta que finalmente queden incorporados en la nueva fuerza pública del Estado y en el esquema de defensa y seguridad.

A pesar de lo anterior, no se niega que en estos momentos reina una cierta incertidumbre frente al tema, especialmente por el pedio de extradición que Estados Unidos ha hecho sobre Carlos Castaño acusado de narcotráfico y terrorismo.

La tendencia y propósito de “legalización” de los paramilitares queda al descubierto con lo que ha sucedido en las zonas de rehabilitación y consolidación.

Todo indica que de tiempo atrás se venían preparando estas zonas para facilitar la presencia y consolidación del paramilitarismo. Cabe recordar que en años anteriores, se conocieron informes de organizaciones nacionales e internacionales que denunciaron los asesinatos sistemáticos de líderes cívicos, comunales, sindicales y defensores de derechos humanos, cometidos por paramilitares con la aquiescencia de la Fuerza Pública y de organismos de seguridad privada pertenecientes a las compañías petroleras de la región.

Así, lo alertaba la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en el Informe Anual Sobre Colombia, presentado durante el 58 Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos se refirió a la problemática del paramilitarismo en el departamento de Arauca, en los siguientes términos:

"79. Durante el año 2001 se hizo manifiesto que con ciertas ejecuciones extrajudiciales buscaban los paramilitares castigar a las víctimas por sus ideas, opiniones o actividades de carácter político o social ... Tal fue el caso de Octavio Sarmiento, representante a la Cámara, víctima de homicidio perpetrado en Tame (Arauca), el 2 de octubre.

145. La Oficina ha recibido testimonios según los cuales durante operativos militares, miembros del ejército amenazaron a la población civil, anunciando la llegada inminente de los paramilitares. La Oficina recibió información en este sentido en relación con los operativos militares que se desarrollaron en el departamento de Arauca durante el mes de julio. 206. Manifestaciones de la expansión del paramilitarismo son, sin duda, la aparición de los llamados grupos de autodefensa en regiones donde antes su presencia no fue significativa...

207. Finalmente, en el mes de agosto se produjo el ingreso de unos 1.000 integrantes de las AUC al departamento de Arauca, tras la concentración de tropas en el norte del departamento del Casanare. Las alertas lanzadas no lograron impedir la comisión de varios homicidios, entre ellos el de un congresista". (E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002).

Declaraciones de los delegados directos del Presidente de la República, General Lemus Castro y del Coronel ® José Emiro Palencia, gobernador (e) del departamento, en las que señalan que: "después de un análisis minucioso de la situación y hablar con mucha gente, se llenaron de motivos" para decidir que no debían incluirse en la zona de rehabilitación los municipios con control paramilitar; que con esta medida: "con seguridad lo que concluyeron es lo mejor", develan claramente la intencionalidad de la estrategia.

1.5 Plan Colombia, política antidrogas y guerra

Un componente importante de la política del actual gobierno y de la agenda multilateral con Estados Unidos es la lucha contra las drogas. Uribe se ha propuesto entregar al final de su mandato “un país sin drogas”. Para ello es importante “mejorar el Plan Colombia y extenderlo a otras zonas del país”.

Desde julio del 2000 cuando Clinton firmó la ley que multiplicó por cuatro veces la ayuda norteamericana a Colombia, hasta el pasado 11 de octubre cuando Bush determinó que esa ayuda, además de usarse contra las droga podía emplearse para la guerra, se han aprobado 1.519,6 millones de dólares (sin contar lo prometido para el 2003).

Sólo el 20% de las familias vinculadas a cultivos de uso ilícito ha sido cubierta con los proyectos de “desarrollo alternativo”, todos evaluados como fracasados.  Aunque la Contraloría reconoce que hay proyectos en “renglones promisorios” como palmito, palma africana, cítricos, tomate de árbol, tabaco y piscicultura, sin embargo nada garantiza su éxito por las dificultades de mantenerse en el mercado.

La propuesta de Uribe es pagar cinco millones de pesos por año, como compensación para el sostenimiento de cada familia que cambie coca por árboles comerciales.  Su meta es involucrar 50 mil familias en la producción de árboles. Especialistas en la materia han señalado que la productividad de estos árboles puede alcanzarse hasta los 15 años, lo  que genera un interrogante frente a la viabilidad de mantener los subsidios durante tanto tiempo, además dl poco empleo que genera el manejo de bosques, sin mencionar las consecuencias ambientales de esta propuesta.

El 21 de septiembre, en Nueva York, Uribe se comprometió con la meta de erradicación de 150 mil hectáreas al finalizar este año y 200 mil en el 2003 y dijo que la fumigación y erradicación no tiene reversa y se extenderá a otras regiones del país. Durante el 2000 se fumigaron en el país 58.000 hectáreas, en el 2001 la cifra fue de 84.000 hectáreas y 70.000 en el primer semestre del 2002. Dichas fumigaciones afectaron, aproximadamente, a 36.000 familias, la mayoría de las cuales se vieron forzadas al desplazamiento.

Además de la fumigación, el gobierno desarrollará una ofensiva en la interdicción aérea y marítima. El tema de la interdicción aérea sigue siendo de interés para el gobierno de Colombia en momentos que la solicitud para la Iniciativa Regional Andina, IRA, del Presidente Bush, es de US$ 731 millones para el 2003 para Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil. Por su parte, el Comité de Apropiaciones del Congreso aprobó US$ 500 millones para fumigación, para el soporte de la Brigada XVIII (Arauca) y para la creación de una Segunda Brigada Anti narcóticos. Mientras tanto, Estados Unidos tiene 170 asesores militares y 228 civiles en Colombia. En cuanto al acuerdo de preferencias arancelarias ATPA, Perú, Colombia y Bolivia pasaron las pruebas de elegibilidad para beneficiarse del mecanismo, mientras que Ecuador no lo hizo. Mientras tanto, la UE solicito a Colombia suspender las acciones de fumigación que afecten proyectos financiados por la comunidad europea, mientras crecen las dudas por los US$ 330 millones ofrecidos para el Plan Colombia.

Bush da a conocer su presupuesto para el 2003

El 4 de febrero del 2002 la administración del Presidente Bush presentó al Congreso su solicitud para el presupuesto del 2003, en donde se incluye un incremento sustancial en ayuda a la región Andina, en especial hacia Colombia.

El pedido de ayuda por medio del presupuesto de apropiaciones para el exterior, en el cual se incluye la gran mayoría de la ayuda para la región, le otorgaría a Colombia $374 millones de dólares en ayuda militar y $164 millones de dólares en ayuda social y económica. (El presupuesto de Defensa, el cual incluye aún más ayuda militar anti-narcóticos, no precisa los montos exactos para cada país. Sin embargo, en el 2001, la Fuerzas Armadas Colombianas y la Policía recibieron $154 millones adicionales por medio de dicho presupuesto, según una comunicación del Departamento de Defensa de febrero de 2002.)

El 69.5 % de la solicitud del presupuesto para Operaciones en el Exterior está designado para ayuda militar y policiva. Si Colombia recibe ayuda por medio del presupuesto de Defensa igual al promedio de 1999-2001, el pedido de ayuda para el 2003 por medio de todas las fuentes seria de 75.1% en ayuda a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Por primera vez desde la Guerra Fría, Colombia podrá recibir una suma significativa de asistencia que no esté condicionada a la lucha anti-narcóticos. La administración del Presidente Bush decidió acabar con la “línea invisible” entre ayuda anti-narcótica y ayuda contra-insurgente, permitiendo que esta sea utilizada para combatir a los grupos armados sin relación a las drogas.

El programa de Financiación Militar Extranjera, que ha sido utilizado en los últimos años para proveer ayuda al Medio Oriente, le otorgaría $98 millones de dólares a Colombia en el 2003. Este dinero le permitiría al ejército Colombiano establecer (volver a entrenar) una brigada con la función de proteger la infraestructura económica. Según la prensa, la brigada contaría con 12 helicópteros UH-1 “Hueys.”

Específicamente la ayuda suministrada por medio del programa de FMF estaría designada a la protección del oleoducto Caño Limón-Covenas. Gran parte del petróleo que corre por dicho oleoducto pertenece a la petrolera Occidental-Petroleum cuya sede se encuentra en Los Ángeles. Este oleoducto fue atacado por la guerrilla colombiana 166 veces en el 2001.

El 4 de febrero en una rueda de prensa en el Departamento de Estado, Curt Struble, el subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos, trató de disminuir el énfasis que se le ha dado a la ayuda contrainsurgente, anotando que “Hemos, por ejemplo, por medio del programa de asistencia antiterrorista, dado fondos a las Fuerzas Armadas y la Policía para luchar contra el secuestro.” Sin embargo, la Asistencia Antiterrorista (ATA) a la cual se refiere el Señor Struble le ha dado a Colombia aproximadamente 1 millón de dólares anuales, todo para entrenamiento.

La Iniciativa Regional Andina

El presupuesto solicitado le entregaría a Colombia y sus vecinos la suma de $731 millones de dólares adicionales por medio del programa de Control Internacional de Narcóticos, una mezcla de ayuda militar / policiva y económica.

País	Militar / Policiva	Económica / Social	Total
Colombia	$275,000,000	$164,000,000	$439,000,000
Perú	$66,000,000	$69,000,000	$135,000,000
Bolivia	$49,000,000	$42,000,000	$91,000,000
Ecuador	$21,000,000	$16,000,000	$37,000,000
Brasil	$12,000,000	-	$12,000,000
Venezuela	$8,000,000	-	$8,000,000
Panamá	$9,000,000	-	$9,000,000
Total	$440,000,000	$291,000,000	$731,000,000

Fuente: WWW. ciponline.org

De los $275 millones para las Fuerzas Armadas Colombianas y la Policía se incluyen fondos para la creación de una segunda brigada antinarcóticos, de manera adicional a la que ya ha sido creada con fondos del presupuesto del 2000-2001, cuya sede se encuentra en Putumayo.

1.6   Internacionalizar el Conflicto para construir una Fuerza Multilateral en la Región

La reciente victoria republicana en el Congreso y en distintas gobernaciones de Estados Unidos, le deja terreno libre hasta el 2004 para toma de decisiones en relación a Afganistán, Irak, Colombia, el ALCA entre otros. Sobre esto último, el tema de arancel externo común ha sido objeto de debate entre ministros de agricultura de la Comunidad Andina, lo que causó diferencias con el Departamento de Comercio de los EE.UU. Por otro lado, los procesos de paz han sido derrotados en Israel, Irlanda, Colombia y España, imponiéndose una lógica de guerra. Ante la eventualidad de un ataque a Irak, la estrategia antidrogas puede perder ímpetu y recursos en los Andes. Si bien persisten las diferencias entre la Casa Blanca (lucha anti terror) y Capitolio (lucha antidrogas), los resultados electorales van a reducirlas. En este campo, adquiere mayor importancia Venezuela, para garantizar suministro de crudo y permitir el sobrevuelo.

Sin embargo, la situación regional se le complica a Estados Unidos: la inestabilidad política, la confrontación bélica y las tendencias de los nuevos gobiernos, no constituyen un escenario  favorable e incondicional para sus intereses. Es posible que el esquema de seguridad militar y estabilidad económica norteamericanos se enfrenten a un esquema político distinto compuesto por Chávez (Venezuela), Lula (Brasil) y Gutiérrez (Ecuador), que puedan representar un contrapeso en el Hemisferio. No obstante, se sigue ejerciendo presión para cerrar un cordón de seguridad militar (aérea, fluvial, marítima y terrestre). En esta dirección, el presidente Uribe planteó la creación de una fuerza multinacional para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. La catalogó como una necesidad y sugirió empezar por la identidad política frente al tema para luego diseñar los mecanismos.

Desde hace tiempo se ha señalado que el conflicto social y armado tiende a altos niveles de concentración en las zonas fronterizas. Las poblaciones de estas zonas, tanto en territorio colombiano, como en el territorio de los países vecinos se ven cada vez más involucrados en el conflicto.

En los últimos días, el presidente Uribe planteó la necesidad de una fuerza multilateral, en principio, con la solicitud a Naciones Unidas de los Cascos Azules “a la Colombiana” y recientemente con el llamado a los gobiernos de la región a constituir una fuerza multilateral para luchar contra el “terrorismo” y no permitir las acciones de la guerrilla colombiana en los países vecinos. La presión ejercida, desde distintos niveles, en la región, puede efectivamente desencadenar un ambiente propicio para que tanto, el gobierno colombiano como el de Estados Unidos logren sus objetivos geoestratégicos. Veamos la dinámica de los países vecinos.

Ecuador

En un marco de extrema pobreza en Esmeraldas, especialmente en San Lorenzo donde viven 20,000 de los 27,000 habitantes del cantón, se convierte en uno de los ejes del flujo de población colombiana hacia el Ecuador. Su alcalde, Domingo Quintero se ve impotente frente a pobreza, falta de empleo (el cultivo de la palma africana daba 2,100 empleos en el año 2001 y ahora solo proporciona 1,400 empleos), carencia de servicios públicos (solo 25% de población cuenta con alcantarillado, 35% con agua potable) y los problemas que genera la llegada de familias de colombianos. En este sentido se presenta la discusión sobre la necesidad de campo de refugiados, albergues o centros comunitarios para atender la situación en dicho pais. En la parte central de la frontera ecuatoriano colombiana, las autoridades de Imbabura alistan su plan de Seguridad Ciudadana especialmente para controlar delincuencia en vía Ibarra San Lorenzo. En el tercer eje oriental, Sucumbios tiene record de 140 personas detenidas por trafico de drogas y 117 asesinatos en Lago Agrio, Shushufundi y Sacha.

Sobre cierre de las fronteras señaló  “el prefecto Yandún y las autoridades locales de Carchi e Imbabura fueron los que solicitaron el cierre del puente internacional. Si ellos creen que esta medida les brinda seguridad, por que no hacerlo. Sabemos que no es una solución”. En cuanto al tema de la fumigación en Colombia, se realizo la Operación ONIX 4 en Villagarzón con participación de 14 aviones de fumigación, 8 helicópteros y 300 policías. Se han fumigado 97,000 hectáreas de coca y amapola, y se pretende fumigar 200,000 hectáreas en el 2003. Ello ha provocado diversas reacciones de Gobernadores de Nariño y Putumayo, así como de la Defensoria del Pueblo y del propio Defensor Cifuentes, señalando el éxodo hacia cascos urbanos y hacia Sucumbios, desde Valle del Guamuez, San Miguel, Orito y Puerto Caicedo.

Según personero de La Hormiga (Putumayo) 7,000 campesinos padecen alguna forma de problema de salud y 3,500 salieron desplazados. A pesar de las evidencias en el terreno de las consecuencias de aplicar un producto no selectivo, de forma indiscriminada en zonas de alta diversidad biológica, se continúan estos esfuerzos. Los impactos en el Ecuador, obligaron a Ministra del Medio Ambiente de ese pais a pedir intervención de Cancillería. Se han producido diversas afectaciones en poblaciones fronterizas (Teteyé, El Porvenir, Puerto Nuevo, General Farfán, Marranita, Cinco de Agosto). El Gobernador de Sucumbios, Víctor Velasco, denunció que los aviones ingresan a territorio ecuatoriano.

El Canciller Moeller se mostró satisfecho con la reunión con canciller Barco de Colombia. Se compartió información sobre el cierre de puentes y la evaluación de la medida, que afecta el comercio y ciertos gremios como el de los taxistas que sirven ente Ipiales y Tulcán. De acuerdo con uso de Tarjeta Andina de Migración y, aceptación de 150,000 toneladas de arroz ecuatoriano a Colombia. Como consecuencia de la reciente reunión bilateral en Bogotá, surgió la posibilidad que el territorio ecuatoriano sea  sede de conversaciones de paz con la guerrilla. Sin embargo, no hubo respuesta de la parte colombiana. El 3 y 4 de octubre se reunió la Comisión Tripartita en la que se menciona el promedio de 600 solicitudes mensuales. Reunión de comisión Técnica Binacional de Control y Vigilancia. Se analizo posible cierre y sus efectos, de 23 pasos ilegales entre provincia de Carchi (Ecuador) y Nariño (Colombia).

El Ministro de Gobierno del Ecuador mencionó el énfasis en la frontera norte y la solicitud de refuerzo de vigilancia en Colombia. Se ha producido el incremento de pie de fuerza militar a 11,000 efectivos ecuatorianos. Asimismo, se ha iniciado  la persecución de miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), grupo Combatientes Populares (GCP y Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP).  Se realizaron maniobras navales entre la Unidad USS Pórtland de EEUU y elementos de Batallón de Operaciones Especiales de la base Naval de Jaramijó en playa Los Cocos, cerca de Manta. Cuatro días de ejercicios militares con participación de 1200 uniformados y 9 buques, en la que simularon ataque a refinería de Esmeraldas y Oleoducto Transoceánico. Por su parte, la nueva embajadora en Quito, Kristie Kenney inauguro la parte operativa de la Base visita de Les Brownlee, funcionario del Departamento de Defensa quien visito la Base Aérea de Manta.

Panamá

Provincia del Darién (Panamá) tiene una extensión de 16,671 kms cuadrados. Más que el conflicto mismo y sus impactos, impacta el nivel de extrema pobreza de esta provincia. El sistema carcelario panameño esta en crisis. 10,319 presos en cárceles con capacidad de 7,350. En este sentido, situación complicada de las reclusas colombianas, pues no pueden ser extraditadas por insuficiencia de recursos de la Embajada colombiana. En la zona de frontera ha habido un aumento de brotes de malaria, según Ministro de Salud Fernando García, particularmente entre indígenas que cruzan la frontera: 42 casos recientes en el Darién, un total de 241 casos en lo que va del año en la misma provincia y 1556 casos en todo el pais.

Organismos de inteligencia norteamericanos temen que ante la eventualidad de un atentado terrorista por vía marítima, se utilicen los mecanismos que Panamá proporciona a los 285,000 marinos de 6,500 barcos con bandera panameña. Se suscribió un acuerdo antinarcóticos ente Panamá y Estados Unidos (US$ 31 millones), para ayudar a las comunidades del Darién, de modo de crear una zona de amortiguamiento. Por otro lado, hay preocupación por el aumento de trafico de personas de origen  asiático que vienen de Singapur, vía Ecuador.

Reunión entre Cancilleres de Ecuador y de Panamá. Apoyo a iniciativas de Presidente Uribe y mostró disposición a servir de mediadores. Cuatro helicópteros Black Hawk provenientes de Estados Unidos con destino a Colombia, hicieron escala en Chiriquí. Canciller Moeller del Ecuador, mantuvo posición de respeto al principio de no intervención. Salieron a la luz criticas del canciller de Panamá, por el reclamo de Ecuador por aumento de tarifas en el uso del canal de Panamá, ante OMC. Aunque a propósito del ex presidente nicaragüense, el canciller de Panamá señaló que “la actual administración tiene como política no brindar asilo político a ningún delincuente y combatir el crimen organizado”.

Se produjo una reciente Campaña de difamación contra ONG que realizan trabajo humanitario en Panamá. Una Nota de Prensa de Migraciones en un contexto en que se confunde criminalidad con trabajo humanitario, que puede traer consecuencias negativas para este ultimo. Se produjeron respuestas de CEJIL, ALAP y otras instituciones nacionales e internacionales. Por su parte, los alcaldes de Chocó en Colombia protestaron ante presidente Uribe por la magnitud de la violencia en zona de frontera: bloqueo de alimentos, reclutamiento de menores, trafico de armas y la consecuente caída del turismo en Bahía Solano.

La situación de orden público no ha mejorado: incremento de casos de trafico de drogas por aeropuerto de Tocumen, en Panamá; asesinato de ciudadano colombiano en ciudad de Panamá, lo que confirma la generalizada asociación de casos de drogas con ciudadanos colombianos. Recientemente hubo denuncia de pobladores de Playa Chiquita por presencia de muchas embarcaciones con indocumentados colombianos, que luego se dirigían a Puerto de Colon. Por su parte, un minero artesanal denuncio que los hitos fronterizos entre Puerto Obaldía y Punta Cocalito (frontera Colombia Panamá), estaban escondidos o habían sido removidos.

Perú

El Ministro de Defensa del Perú anunció próxima firma de convenio de cooperación en la vigilancia fluvial del Putumayo entre autoridades de Perú y Colombia, para impedir cobro de cupos por un contingente de 200 miembros de las FARC. Canciller Wagner dijo a inicios de octubre que sin el apoyo en materia de  interdicción aérea, por parte de Estados Unidos, era muy difícil mantener la situación de reducción de los cultivos de coca en el Perú. A mediados de octubre, se suscribirá dicho convenio en Bogota, el que incluirá operaciones coordinadas para la interdicción aérea y fluvial

Venezuela

En un contexto de continua polarización y en medio de la marcha de la oposición denominada “la toma de Caracas”, los medios de comunicación señalan a Venezuela como el pais  mas afectado por el conflicto armado en Colombia. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea nacional, Julio Montoya, alerto sobre presencia guerrillera en zona fronteriza, y que ello hacia que la población colombiana huyera hacia Venezuela. Incursión paramilitar en parte alta de Río de Oro en tierras de Cooperativa Shapadana y reserva indígena del Perijá. El Diario La Verdad menciona entre 1,500 y 2000 el numero de personas que huyeron hacia la zona de Machiques. Incremento de acciones de violencia en frontera de Estados de Mérida y Zulia. Dos dirigentes campesinos fueron asesinados por sicarios en su lucha por la tierra

Formalmente, el Departamento de Estado norteamericano solicitó al gobierno del Presidente Chávez que permita el sobrevuelo de aviones en transito desde la Base de Curazao, principalmente con destino a Arauca. En el 2001, 17 vuelos ilegales fueron interceptados por la fuerza aérea venezolana. Aparentemente el gobierno aceptaría dicha propuesta para aliviar las relaciones con Washington. Reciente visita de Thomas Shannon Sub Secretario Asistente para el Hemisferio Occidental, con varios puntos de agenda: agenda bilateral, situación nacional, conflicto en Colombia y tema petrolero. También discuten la puesta en funcionamiento de un radar en el Estado de Apure. 

En la primera quincena de septiembre, se produjo una reunion de coordinación con autoridades militares de Arauca y de Apure, para tratar temas de seguridad. Asimismo, se nombro al nuevo embajador venezolano en Colombia, General ® carlos Rodolfo Santiago, de paso que asumía la nueva embajadora de Colombia Maria Ángela Holguín. Problema en frontera colombo venezolana. Problemas por decisiones prohibiendo gasolina de contrabando. En tal sentido, se produjeron movilizaciones en Cúcuta, y el Puente Simón Bolívar que lleva a San Antonio (Venezuela).

De acuerdo a la Red de Solidaridad se produjo un aumento de desplazamiento interno en Arauca en los meses de Junio a agosto. Complicada situación en Arauca luego de aplicación de normas de conmoción interior, en Saravena de organizaciones sociales como la ACA (Asociación Campesina de Arauca). Municipios de Arauca se vieron paralizados por ausencia total de combustibles y tuvieron que depender de gasolina proveniente de El Amparo, Venezuela. Atentado en Caño Limón, en momentos que se esta por ejecutar el entrenamiento de 4000 miembros de la Brigada XVIII para la defensa del oleoducto (100,000 barriles diarios). Arauquita y Saravena comprenden un corredor estratégico que permite la movilización entre Boyacá-Santander-Arauca y Venezuela.

Brasil

La reciente elección de Ignacio Lula da Silva, como presidente de Brasil puede generar algunos cambios en el tablero geopolítico de al región. De acuerdo a organización Strafor que se encarga de hacer análisis internacionales, “el gran temor de Bush es que Lula se oponga a los intereses de Estados Unidos en la región, especialmente a los que se adelantan en Colombia”.

De otro lado, hay una critica situación por incremento de consumo de drogas en Río de Janeiro y Sao Paulo, peligrosidad de organizaciones criminales (motines en prisiones, asesinatos). De otro lado, las facilidades geográficas que permiten el tránsito de Colombia a Brasil, por las armas y municiones que requieren los actores armados, particularmente sucede en el corredor Guaviare-Vaupés, con destino a Brasil Surinam y Venezuela.

1.7   Política de paz y negociación

En lo referente al tema de la paz y la negociación,  las directrices de gobierno parecen ir en estos sentidos:

Dejar en manos de las Naciones Unidas los aspectos centrales referidos a los posibles acercamientos y conversaciones para la solución política del conflicto, con los grupos alzados en armas, especialmente con las FARC. Como ha conocido la opinión pública, en este tema hay poca claridad desde el gobierno, pues se tiende a confundir los roles y papel de la ONU por parte del Gobierno de Uribe. En un comienzo se le planteó un rol de Mediador, posteriormente se aceptó que el papel sería de “buenos oficios”, luego el Presidente pide que ese organismo avale un contingente de “cascos azules a la colombiana”.

El argumento planteado es que un conflicto de la magnitud del nuestro necesita soluciones atípicas, por eso la solicitud que las Naciones Unidas avalen a soldados colombianos como “cascos azules” para disuadir a los agresores

De las opiniones expresadas por el gobierno pareciera que la paz es considerada como un problema de orden público; entendida así puede generar prepotencia y autismo en el gobernante y exclusión y desconocimiento de la capacidad de los gobernados; la paz es ante todo el empeño colectivo por realizar el ideal de la vida social, es un bien público por excelencia.

Así lo indica también la referencia del Presidente al posible papel de los países amigos de un proceso de paz: “toda nación que nos quiera ayudar a conseguir la paz debe hacerlo por conducto del gobierno de Colombia, que ninguna sea protectorado de nuestros delincuentes”. “Ninguna presión nos hará renunciar al derecho de los colombianos a recuperar la paz y la tranquilidad” (puntos 92-95)

En términos generales, el Gobierno mantiene la premisa de que se podrán reanudar conversaciones con la guerrilla, bajo la condición  de que  la guerrilla declare un cese el fuego y termine con las acciones terroristas (ataques contra la población, secuestro y extorsión). Las FARC, por su parte, mantienen su renuencia a aceptar una mediación internacional, tampoco acepta la condición previa de tregua para poder conversar, su idea sigue siendo negociar en medio del conflicto y con la exigencia de una zona geográfica de distensión como lo anunciaron recientemente de pedir la desmilitarización de los departamentos de Putumayo y Caquetá, así como la no-calificación de terroristas y una clara política gubernamental para erradicar el paramilitarismo, como condiciones para retomar cualquier acercamiento con el nuevo gobierno.

Respecto del ELN el gobierno ha decidido continuar el diálogo, con un bajo perfil y teniendo como escenario para los encuentros y reuniones a Cuba.

El tema que tendrá mayor relevancia en el mediano plazo es el que tiene que ver con el “canje” de prisioneros y los acuerdos humanitarios. Cada vez hay mayor presión, nacional e internacional, para que el gobierno busque una salida al problema de los secuestrados. Todo parece indicar que el presidente Uribe tendrá que adoptar una política más flexible en este campo y llegar a algún tipo de acuerdo con la guerrilla.

Las organizaciones sociales y democráticas de la sociedad civil han presentado, recientemente, una propuesta al Gobierno y a las FARC orientada a lograr un acuerdo especial o un pacto humanitario de liberación simultánea de personas retenidas por las FARC y de presos políticos de esa organización insurgente. Un acuerdo en tal sentido podría abrir la puerta para pensar en un acuerdo global sobre derechos humanos y derecho humanitario.

Los familiares de los secuestrados realizaron en días pasados un Encuentro Nacional en el que demandaron, de las Partes, un acuerdo humanitario para la liberación de los retenidos.

1.8 La Reforma Política

Desde el comienzo, el Gobierno ha reducido el debate de la reforma política al asunto del “referendo contra la corrupción y la politiquería”.

Como lo señala Antonio Caballero, en su columna de opinión, octubre 20, de la revista Semana: “el recurso directo al pueblo a través del referendo o del plebiscito ha sido siempre un instrumento predilecto de quienes aspiran al poder dictatorial. El referendo es una trampa en la medida en que propone votar por algo que todos estamos de acuerdo: ¿quién no está contra la corrupción y la politiquería? El referendo, en su conjunto, no es benéfico para el país, pero sí lo es para Álvaro Uribe cuyo poder refuerza al eliminar las trabas e intermediarios, equilibrios y contrapoderes”.

Reducción del tamaño del Estado, austeridad y reducción de burocracia desde la Presidencia, Congreso, Embajadas y Consulados.

El referendo como la principal estrategia política contra la corrupción y los cambios en las costumbres políticas ha ido cambiando de tal forma su sentido original que el mismo gobierno le cuelga, como a un árbol de navidad, de todo. Ahora, las medidas de ajuste fiscal, la penalización de la dosis personal de marihuana, la prórroga del mandato de alcaldes 7y gobernadores, y los demás que le sean colgados mientras continúa su trámite en el Congreso. La verdad es que este punto de la plataforma programática del gobierno se está convirtiendo en el mecanismo para un Presidente que además pretende continuar en campaña, aquí puede estar uno de los principales costos políticos de su gestión.

Fomentar los controles ciudadanos sobre lo público. En la propuesta programática se plantea el fortalecimiento de los mecanismos y espacios para que los ciudadanos ejerzan el control directo sobre las actuaciones de los funcionarios públicos. Sin embargo, este presupuesto resulta contradictorio cuando el Presidente expone su propuesta de reducción del Estado, en el que las entidades más cercanas a los ciudadanos, como las Personerías, serían eliminadas. Se propone que las entidades de control estén supeditadas al Ejecutivo y se plantea la reestructuración de la Contraloría por una Contraloría Nacional Técnica para dar cabida a auditorias externas (privadas).

Lo que la reforma política implica no es, principalmente, el tamaño del Congreso o reformas al sistema electoral. Se trata de redefinir las reglas de juego de la relación entre el estado y los ciudadanos; los cambios en la cultura política y en el sistema de partidos; el restablecimiento de la institucionalidad en la toma de decisiones y el equilibrio de poderes entre las ramas del poder público; el ordenamiento territorial, entendido como el espacio donde adquiere sentido la participación y se potencia el cambio político.

En todo caso, la reforma política que se propone no toca los temas de fondo que en síntesis tienen que ver con la representación política, esto quiere decir que los representantes sean portadores de las racionalidades de sus representados y que se generen ámbitos donde la ciudadanía pueda exigirle cuentas a sus representantes (accountability: control social). Las reformas deben establecer estos ámbitos de representación y estructurar espacios sociales, políticos, culturales, intermedios a los partidos, donde se puedan desarrollar propuestas colectivas publicas y donde el ciudadano, responsable de lo publico, tenga donde expresarse y participar. Pueden establecerse reformas políticas que garanticen la gobernabilidad (como sucedió con la constituyente de 1991) pero sin garantizar el control social.

2. LA ESTRATEGIA DE LA GUERRILLA

Desde la ruptura de los diálogos entre las FARC y el Gobierno de Pastrana (21 de febrero 2002) las FARC definieron tres estrategias. La primera, consiste en un “repliegue táctico” en lo militar, que parte del principio de “desgaste militar” del enemigo, es decir responder pero no confrontar directamente a las fuerzas militares y esperar a que la “euforia gubernamental” por el uso de nuevos aparatos militares, los bombardeos, ametrallamientos y operaciones de despliegue rápido se agoten en sí mismas; mientras ellos canalizan sus fuerzas hacia la guerra en las ciudades, grandes e intermedias, a través de acciones terroristas y del traslado gradual del conflicto del campo a la ciudad.

Su segunda estrategia de guerra esta dirigida contra la economía: afectar la infraestructura energética del pais, torres de energía, oleoductos, puentes apuntando al deterioro de la economía como “condición objetiva” para el ablandamiento de los gremios económicos y del gobierno, por un lado y la generación de un levantamiento popular, por el otro.

Y finalmente una estrategia contra la clase política o la “oligarquía” como lo señalaron en su momento, a través de los secuestros (como el de Ingrid Betancur, el senador Gechem Turbay, el Gobernador de Antioquia y su Consejero de Paz y varios parlamentarios más, hoy en su poder) para presionar un canje por sus militantes presos en las cárceles del pais.

Las anteriores estrategias, muestran que el escenario del conflicto involucra aspectos más complejos de solucionar que las meras consideraciones militares de la propia guerra; que en los cálculos de las FARC la guerra no va ser de corto plazo y que, efectivamente, el fin de su lucha es llegar al poder, por lo cual no les preocupa ahora la imagen que presenten las primeras paginas de los periódicos. En estos momentos no creen en la política, creen en lo militar. Como bien lo ha expresado Pierre Ghilodes “para las FARC, la paz no es su fin, ellos no están en guerra para restablecer la paz de Colombia, ellos están en guerra para hacer otra Colombia... ese es el error de la actual administración: Venia a negociar la paz y ellos venían a negociar las reformas y transformaciones profundas del pais. Hubo dos lenguajes paralelos que nunca se encontraron”. 

Esto ha sido ratificado por Raúl Reyes en la más reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco, publicada en el libro “¿Y ahora qué?, el futuro de la guerra y de la paz en Colombia”. En ella, el comandante guerrillero ratifica que las FARC continúan en su lucha por el poder político nacional y el cumplimiento de los puntos ya señalados para un eventual escenario de conversaciones con el gobierno de Uribe Vélez.

Una guerra (civil?) como la actual, a diferencia de la guerra convencional,  adquiere un carácter “triangular”, pues involucra no sólo a dos o más actores, sino también a los civiles. El apoyo de la población (civil) llega a ser un componente sustancial del conflicto. Y en la medida en que la guerra se va intensificando en una región u otra, hasta llegar a convertirse en la “principal actividad de la región”, las opciones que la gente puede hacer, va desde la  supervivencia individual, los cambios de lealtad, la colaboración con el actor dominante. Varias experiencias de guerras civiles indican que en la primera fase de esta, los actores actúan, con extrema crudeza, contra su propia población por la imposición de la hegemonía a fin de que la población no tenga otra opción distinta a la de colaborar con el  actor dominante. Es lo que han hecho ejército y paramilitares en Córdoba, Urabá, Chocó, Magdalena Medio, Cesar, Arauca, Bolívar, Catatumbo... o la guerrilla en Putumayo, Cauca, Atrato.

El tema del intercambio humanitario aún con la conmoción interior

En los últimos días ha habido por lo menos cuatro propuestas en esa dirección. Además de la inicial del ex presidente López, un grupo de 32 ONG llamó a un 'pacto humanitario de liberación simultánea'; una carta de destacados políticos e intelectuales planteó la necesidad de un 'acuerdo excepcional', sin condiciones previas, y el senador William Vélez, cercano a Uribe, propuso que, en el marco de la Ley 418, las FARC liberen a todos los secuestrados y el Gobierno a los guerrilleros presos, y envíe a estos últimos a un tercer país.

Según la Fundación País Libre, entre enero de 1997 y septiembre pasado, 17.023 personas fueron secuestradas en Colombia. Están en poder de las FARC-EP 23 políticos, entre los cuales se cuentan Íngrid Betancourt, dos ex ministros, el gobernador de Antioquia, el ex gobernador del Meta, 12 diputados y varios senadores y representantes. Los 47 oficiales y suboficiales que esa guerrilla mantiene, entre ellos un coronel de la Policía, son la punta de un iceberg que, según los militares, puede llegar a los 150 o 200 efectivos, de los cuales las FARC-EP aceptan tener solo la mitad.

Algunos analistas plantean que hay varios puntos en común en las propuestas que bien haría el Gobierno en retomar. Los convenios de Ginebra amparan esos tratos; la Ley 418, vigente hasta diciembre y en proceso de reformulación, abre la puerta a las facultades legales para hacerlos. El intercambio sería puntual y excepcional. Ni un supuesto estatus de beligerancia, ni la ley de canje a la que aspiran las FARC estarían en la mesa. No debe haber secuestrados de primera y de segunda categoría, y el Gobierno debe empezar proponiendo el intercambio de todos ellos por un número a convenir de guerrilleros presos que no hayan cometido crímenes atroces.

A partir de allí, la discusión debería ser sobre mecanismos para realizar el intercambio, sobre una eventual mediación de la Cruz Roja Internacional o Naciones Unidas, sobre quiénes y cuántos serían de parte y parte los liberados (según información oficial habría unos 5.000 miembros de las FARC-EP arrestados o condenados).

A estas propuestas las FARC-EP respondieron que con el intercambio, en caso de concretase, deben ser beneficiados absolutamente todos los guerrilleros presos, así como los militares, policías y demás  personas secuestradas. Agregan que los contactos entre voceros del gobierno y la guerrilla para alcanzar cualquier acuerdo humanitario deben hacerse en el país, en lugar previamente convenido por las Partes y que el gobierno debe proporcionar las garantías suficientes a los voceros guerrilleros para lo cual se requieren zonas desmilitarizadas.

3. LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEMOCRÁTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil no logra todavía la fuerza necesaria para presionar una estrategia global de negociación política del conflicto, de acuerdos humanitarios y de concertación del modelo de Estado y de Sociedad que se pretende construir. Esa debilidad de los procesos organizativos de la sociedad, se refuerza con una opinión pública muy maleable y, por el momento, entusiasmada con la propuesta de Uribe de seguridad democrática.

Para los sectores democráticos de la sociedad civil es importante posicionar el enfoque societal de la paz, donde la preeminencia es de la sociedad civil y donde el Estado cumple el papel de facilitador: este enfoque debe desarrollarse en cuatro escenarios:

- De construcción de consenso básicos para una política pública, nacional de paz.

- De planeación del desarrollo con equidad en el corto, mediano y largo plazo.

- De concertación de políticas para el empoderamiento y la participación de la sociedad en todos los ámbitos y niveles de la vida del país.

- De la concertación de la diplomacia y la acción internacional.

La paz ha de ser, en las actuales circunstancias del país, la gran política pública articuladora e incluyente que oriente el encuentro y la convergencia Societal y Estatal en función de construir un nuevo país.

Sin embargo, la sociedad civil está generando importantes dinámicas y experiencias en la búsqueda de la paz. Estas se encuentran en las comunidades, los territorios, laboratorios de paz, surgidos en varios lugares del país, aunque todavía sean aquellas comunidades y/o sectores sociales con mayor trayectoria de organización las que han jalonado estas iniciativas, recordemos algunas:

–   Comunidades en Resistencia y Comunidades de Paz (Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano) impulsadas principalmente por afro-colombianos que fueron desplazados por la violencia y que, después de un largo proceso, negociaron con el Estado su iniciativa de retorno y reasentamientos a los lugares de origen. Estas poblaciones se declararon en resistencia bajo la exigencia, a los actores armados, de respeto a su condición de población civil no combatiente y, al Estado, del cumplimiento de los acuerdos pactados y de garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos. Estas comunidades han concitado el apoyo y acompañamiento de la comunidad y cooperación internacional.

–   La Comunidad de Paz de Mogotes (Santander), que desde hace varios años, inició su proceso de autonomía, al establecer reglas de juego frente a los actores armados y desarrollar una constituyente popular con la amplia y comprometida participación de la población.

–   El proceso de Constituyente Municipal de Tarso (Antioquia) experiencia, reciente, que ha surgido del compromiso de varios líderes cívicos de la región y del acompañamiento de un grupo de reinsertados pertenecientes a la Corriente de Renovación Socialista. Este proceso pretende construir una propuesta ciudadana de convivencia pacífica, articulada al plan de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial.

–   Las Comunidades Indígenas, a través de sus organizaciones naturales, en distintas regiones del país (OIA en Antioquia; CRIC en el Cauca, ACIN en el norte del Cauca, CRIT en el Tolima, Sierra Nevada, Orewa en el Chocó) han impulsado distintas formas de resistencia, considerada para ellos (la resistencia) como una opción de vida y de oposición a las distintas formas e violencia contra sus comunidades y a los modelos de desarrollo que se pretende implantar en sus territorios. Estas organizaciones avanzan en el proceso de construcción de una “agenda indígena” que se pueda articular a las agendas sociales, políticas y humanitarias que otros sectores sociales están impulsando en el país.

–   Las comunidades afro-colombianas están desarrollando un proceso que apunta al fortalecimiento organizativo étnico de las comunidades negras en Colombia, desarrollando una serie de acciones de diagnóstico, análisis y propuestas en torno a los ejes temáticos que conforman su “agenda afro”: organización, territorio, identidad cultural, desarrollo económico y social, participación, vida-resistencia y derechos humanos, problemática afro-urbana. De manera muy significativa están participando en este proceso las poblaciones afro-desplazadas, aportando a la construcción de esta agenda desde su condición de sujetos y actores sociales desplazados por el conflicto social y armado que se vive en sus territorios.

–   Las organizaciones campesinas, agrupadas en el Consejo Nacional Campesino y apoyadas por varias ONG de derechos humanos y organizaciones sociales dieron inicio a comienzos de este año, a un proceso con miras a posicionar la problemática del campo colombiano y su incidencia en las posibles soluciones al conflicto y construcción de la paz. En esta perspectiva han realizado importantes investigaciones  sobre el tema, seminarios y talleres de capacitación y debates, jornadas de movilización nacional y se tiene previsto terminar el proceso con un Congreso Nacional Agrario en los primeros meses del próximo año, que posicione en el debate público y con el Estado, una propuesta de política publica para el agro colombiano.

–   Las mujeres, convocadas por la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz y contra la guerra y de la Organización Femenina Popular, y con la participación de las distintas organizaciones y redes, se movilizaron en una gran marcha de más de 20 mil mujeres, desde todos los lugares del país hasta la ciudad de Bogotá, para manifestar su rechazo a la guerra y proponer la negociación política como salida al actual conflicto. Las organizaciones de mujeres trabajan en la preparación de una Constituyente de Mujeres por la Paz, que realizarán el próximo 25 de noviembre en el Capitolio Nacional

–   Distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan por la paz y los derechos humanos vienen, desde hace un par de años, construyendo un proceso de concertación con miras a fortalecer el movimiento ciudadano por la paz en Colombia y a incidir en la negociación política del conflicto armado. En esta perspectiva, estas organizaciones han convocado importantes encuentros nacionales e internacionales de la sociedad civil por la paz. En el mes de mayo pasado realizaron uno de estos encuentros en Bogotá, con el fin de comprometer a los candidatos a la Presidencia, en ese momento, con una política de paz de Estado y con el mantenimiento de la negociación política con los actores armados como la única salida real al conflicto antes que lanzarnos al abismo de la guerra total. En condiciones bastante tensas y difíciles del país, éstas organizaciones convocaron la tradicional “semana por la paz” el pasado septiembre, para ampliar los espacios de expresión, movilización, discusión y elaboración de propuestas para la construcción de la paz, desde la sociedad civil.

–   En distintas regiones del país, están en marcha procesos de discusión, movilización y construcción de iniciativas para la solución política del conflicto, para la participación ciudadana por la paz y contra la guerra, para la elaboración de planes de desarrollo sostenible, para la creación de espacios, territorios, experiencias de resistencia civil y de autonomía. Algunos ejemplos de estas expresiones: la preparación de la “cumbre social del sur” en el que participan organizaciones sociales, autoridades, comunidades de los departamentos de Tolima, Cauca, Nariño y Putumayo; la iniciativa de la no-violencia, en el departamento de Antioquia, animada inicialmente por la gobernación y apoyada posteriormente pro amplios sectores de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y no gubernamentales; el proceso de coordinación de los alcaldes de los municipios del oriente antioqueño, que ante la ola de amenazas contra ellos y de violencia contra sus comunidades están jalonando una propuesta de acuerdos humanitarios especiales y de territorio de paz en su región.

–   Los familiares de las víctimas de la violencia, especialmente los familiares de los secuestrados han organizado distintos eventos nacionales y regionales para denunciar y presionar a las partes en conflicto la celebración de acuerdos humanitarios que permitan la liberación e sus familiares. En los primeros días de noviembre realizaron su tercer Congreso Nacional, en el Capitolio Nacional.

–   Organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz lanzaron, recientemente, una propuesta, a la guerrilla y al gobierno, de acuerdo especial humanitario que facilite la liberación de los secuestrados y de guerrilleros presos. Este acuerdo humanitario podría generar un clima propicio para la discusión de un acuerdo global humanitario y de derechos humanos, que a su vez acercaría a las Partes a una posible fase de conversaciones sobre la negociación del conflicto.

–   El próximo año será agitado en el tema social en la medida en que es un período de negociaciones colectivas y de movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones y derechos.

La sociedad civil necesita avanzar en un enfoque de inclusión y convergencia en sus acciones: los diálogos, entre las partes armadas, se asumen como una pieza importante de la construcción de la paz pero no como el único y absorbente de la acción institucional y societal encaminada a su logro. El tránsito de una estrategia simple a una compleja permitirá ubicar la interlocución con el estado y con los grupos insurgentes en el punto, en el momento y con el peso adecuado.

En este sentido, las preguntas que deberían hacerse las organizaciones sociales y democráticas son: Cómo llenar de contenidos sociales, políticos y culturales a esas acciones colectivas (esporádicas, reactivas, en un primer momento); cómo generar consensos sobre plataformas básicas, comunes, sectoriales e irlas articulando, procesualmente, a plataformas más amplias, nacionales e internacionales; Cómo fortalecer espacios organizativos nuevos (es decir que no estén apegados a las formas típicas, aparatistas)  que funcionen con agilidad; Cómo generar amplias movilizaciones sociales, acompañadas de proceso pedagógicos para ganar en cultura política; Cómo cualificar un núcleo básico, representativo, de líderes, hombres y mujeres, con capacidad de interlocutar, de consensuar, de negociar y de incidir.

Algunos temas urgentes deben ser posicionados por la sociedad civil en la agenda:

La defensa y protección de los derechos humanos. Consideramos que en situaciones criticas como la actual es importante que la sociedad se movilice entorno a la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos y garantías ciudadanas. Una tarea urgente es hacer un seguimiento y monitoreo estricto a los efectos para los derechos humanos de las medidas de conmoción.

Hay una gran masa de población que resultará mucho más afectada de lo que está hasta ahora: los trabajadores que van a ser afectados por la privatización de empresas, los funcionarios públicos despedidos por los recortes, jóvenes sin posibilidades de acceso a la educación, poblaciones desplazadas, mujeres, sectores afro-colombiano, campesinos e indígenas, etc.

En tal sentido, la construcción de una agenda social que sea igualmente posicionada y debatida en el ámbito nacional y con amplia participación de los sectores organizados de la sociedad constituye un componente fundamental de la distensión del conflicto y de una política de estado para la paz.

Los acuerdos humanitarios. Impulsar la propuesta de acuerdo humanitario, que varias organizaciones sociales han presentado recientemente, puede constituirse en un elemento articulador y en el escenario para abrir las puertas a futuros diálogos regionales y acuerdos especiales que protejan los derechos humanos y los derechos de la población civil, no combatiente, y podría generar un clima propicio para instalar de nuevo las conversaciones entre el gobierno y la insurgencia.

„   UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL EXPECTANTE O CEDIENDO TERRENO?

Como ya ha sido señalado, el futuro en el mediano plazo, del país debe ser comprendido a luz del contexto internacional y de manera específica en el marco de la alianza internacional contra el terrorismo y la globalización.

Señales dadas desde algunos gobiernos e instancias de la Comunidad internacional marcan la tendencia a dar un compás de espera al gobierno de Uribe, pero sobre todo a una cierta tolerancia con sus políticas dado el amplio margen de votación obtenida y por ende de legitimidad de sus propuestas. Incluso hay quienes consideran que será el mejor aliado, como resulta obvio, para las inversiones, los megaproyectos, la alianza internacional contra el terrorismo y contra los cultivos de uso ilícito. Pocas voces han advertido su preocupación por el corte autoritario de su enfoque y especialmente por su política de seguridad democrática y las consecuencias para la vigencia de los derechos humanos.

Funcionarios del gobierno han proferido calificativos a los agentes humanitarios y dela cooperación internacional y ha tratado de sembrar un manto de duda sobre los verdaderos alcances e intenciones de dicha cooperación. Se discute una ley de cooperación internacional y se ha elaborado un documento de política, económica y social, CONPES, para conformar un Sistema Nacional de Cooperación Internacional y que incorpora a su manera conceptos como la corresponsabilidad y complementariedad, que la cooperación ha construido, no exactamente desde los intereses que manifiesta el gobierno. El mismo documento señala que la cooperación internacional que recibe Colombia “se otorga muchas veces, con criterios ideológicos frente a los problemas que quiere resolver con lo cual, se caracteriza por una alta desconfianza ene l Estado y las instituciones del gobierno”. En el seguimiento y discusión a esta ley y documento han estado bastante solos los miembros de la cooperación que están en el terreno.

En el marco de los decretos de estado de conmoción se dictaron medidas restrictivas para la acción de los agentes humanitarios, observadores de derechos humanos y miembros de la cooperación internacional. Delegados de ONG internacionales, que cumplían labores de observación de las garantías de derechos humanos, fueron detenidos y algunos deportados durante las movilizaciones campesinas del 16 de septiembre; en las zonas de rehabilitación y consolidación los extranjeros deben tener un permiso especial para entrar además de suministrar información exhaustiva sobre sus actividades; en el municipio de Yondó (Antioquia), donde de hecho se impusieron limitaciones a una ONG internacional para el desarrollo de las actividades, sin ser esta una zona especial de las que determina el decreto 2002. La Fuerza Naval del Caribe, informó de la retención de 7 extranjeros en la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Bolívar y Sucre.

Se definieron limitaciones para la prensa extranjera en las "zonas de rehabilitación y consolidación", al establecerse que solo podrán obtener permiso por parte del Ministerio del Interior para ingresar a las mismas "aquellos representantes de los medios de comunicación que se encuentran debidamente acreditados ante la Oficina de Prensa Internacional de la Presidencia de la República", teniendo dicho permiso validez tan solo por el "lapso y para la zona solicitados por el medio", con lo cual se establecen limitaciones al derecho a informar y ser informado.

Es de conocimiento público que algunos países continúan en disposición de formar parte del “grupo de países amigos de un eventual proceso de paz en Colombia” e incluso están dispuestos a facilitar su territorio para posibles encuentros y diálogos entre el gobierno y la guerrilla. De igual forma, algunos han mostrado su complacencia con iniciativas como la del Estado comunitario, la erradicación frontal de los cultivos de uso ilícito y la lucha contra la insurgencia y los acuerdos humanitarios para liberar a los secuestrados. Sin embargo, la posición de esos gobiernos frente al gobierno de Uribe en temas como la debida lucha contra el paramilitarismo, el papel que deben jugar los organismos de control en la lucha contra la impunidad y las violaciones masivas de derechos y garantías debido a los decretos de conmoción interior no ha sido conocida, hasta ahora, por la opinión pública internacional y nacional.

Mediación internacional para la paz (Europa) y apoyo para la guerra (Estados Unidos)

Antes de su posesión (20 de junio) Uribe tuvo una entrevista con Kofhi Annan para hablar del tema de la mediación internacional de Naciones Unidas. Si bien es necesario abonarle a Uribe haber tomado la delantera en este campo, aún rondan muchas preguntas sobre la precisión del tipo de servicio solicitado a la ONU; el peso que pueda tener ésta en el rol que vaya a jugar toda vez que su actual bajo perfil y las imposiciones de Estados Unidos sobre este Foro son inobjetables y lo más importante aún, si se contará o no con el consentimiento de la guerrilla, por sus recientes pronunciamientos se podría concluir que las FARC ni comparten ni les interesa (por ahora) el solicitado servicio.

Mientras tanto, la agenda bilateral con estados Unidos se fortalece; desde la Embajadora de ese país en Colombia, hasta el asesor político del departamento de Estado, Chicola y el subsecretario para el hemisferio occidental, Otto Reich han visitado al nuevo presidente para expresar su respaldo a las propuestas de gobierno y reafirmar el apoyo de Estados Unidos y en correspondencia, Uribe ratificó al anterior Embajador Colombiano en Washington por el excelente manejo de las relaciones.

En la primera cita de Uribe con Bush, (18 de junio) se solicitó aumentar el apoyo al Plan Colombia y la ayuda militar en su conjunto, levantando los condicionamientos en materia de derechos humanos y de orientación en el destino de lucha contra las drogas. 

Los Países Vecinos deben compartir un mismo esquema de seguridad hemisférica. En tal sentido, Uribe ha enviado mensajes para sondear la posibilidad de conformar brigadas y operaciones militares combinadas entre las fuerzas armadas de diferentes países del área que se  orienten a combatir el terrorismo y a perseguir el crimen organizado. Un refuerzo a esta estrategia fue la decisión de la OEA de firmar la convención interamericana contra el terrorismo, por la cual las naciones miembros (de la OEA) se comprometieron a intensificar su cooperación de información, inteligencia y hacer más estrictos los controles fronterizos, confiscar fondos y otros bienes de grupos identificados como terroristas. A diferencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional, esta convención si fue firmada de inmediato por el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.

La ONU debe tener en cuenta, en el marco de los servicios que pueda prestar a un eventual proceso de negociación, la existencia en Colombia de importantes sectores de la sociedad civil que han venido trabajando por la solución política negociada y construcción de la paz y que, también, deben ser tomados en cuenta como interlocutores, para el diseño y desarrollo de dicho proceso.

La defensa de los derechos humanos, en primer plano

El tipo de servicio que la ONU preste en ese sentido, debe guardar coherencia con el mandato y perfil de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como lo hemos visto, las primeras medidas adoptadas por el gobierno para restablecer el orden público constituyen restricciones de libertades civiles y derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Comunidad Internacional debe ser muy vigilante con el Estado colombiano para exigir su compromiso con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, amén de las medidas que deba tomar para restablecer el orden. Por su parte, las ONG deben diseñar mecanismos de monitoreo, investigación, denuncia de estas situaciones, además de implementar acciones para demandar la inconstitucionalidad de estas medidas y decretos; movilizar a la población por la exigencia del respeto a las garantías individuales y colectivas y desarrollar estrategias de protección de organizaciones sociales, ONG, líderes y defensores de derechos humanos.

Ante un escenario futuro de demandas de protección y defensa de derechos y garantías ciudadanas, es necesario fortalecer y ampliar las redes de protección, apoyar, decididamente, a las ONG, a las nuevas organizaciones defensoras de derechos humanos que están surgiendo, comités de derechos humanos sectoriales y regionales e impulsar acciones colectivas y de movilización para la protección de derechos.

Espacio para la acción humanitaria

La crisis humanitaria que vive el país requiere una amplia movilización de la comunidad internacional para: exigir, al gobierno nacional, que facilite las garantías y condiciones que permitan a los agentes humanitarios, nacionales e internacionales, prestar la ayuda humanitaria y, a los grupos armados, exigir el respeto al libre ejercicio de la acción humanitaria y de atención a las poblaciones en situación de riesgo o afectadas directamente por el conflicto.

Es necesario el acompañamiento, a través de Misiones Humanitarias, a las poblaciones que se encuentran en las zonas de conflicto y a los desplazados. Estas Misiones Humanitarias deben ir más allá de la visita in situ y su respectivo informe y desarrollar estrategias de seguimiento y acompañamiento a las poblaciones y demandar respuestas concretas del Estado colombiano.

Dada la tendencia del conflicto es importante apoyar y acompañar la iniciativa de diálogos regionales, de carácter humanitario, como un mecanismo de distensión del conflicto armado y de protección a la población civil. Esta perspectiva de los diálogos regionales humanitarios podría ser considerada por la ONU, en el marco de su rol de “buenos oficios”  y como pasos previos en el objetivo de recuperar las confianzas entre los actores, para eventuales conversaciones de carácter nacional. Podrían conformarse un tipo de Comisiones Mixtas (con delegados internacionales, de ONG nacionales y del Estado), de alto nivel político para trabajar en experiencias de diálogos regionales, de carácter humanitario.

Es el momento oportuno para promocionar y concretar la Carta Humanitaria, impulsada por varias agencias de cooperación internacional, y en ese marco, desarrollar acuerdos humanitarios específicos a favor de poblaciones y regiones con mayor nivel de conflictividad, y por la libertad de las personas retenidas y secuestradas por la guerrilla.

Es importante que la comunidad internacional realice un debate y pronunciamiento frente a los controles que la ley de cooperación y el documento CONPES para la cooperación internacional plantean, ya que además del control sobre los recursos y las agencias, se tiende a generar una estigmatización de aquellos modelos de cooperación que no compaginan con las concepciones del gobierno y a la priorización de un modelo de cooperación bilateral que compromete la autonomía y actitud crítica que la cooperación debe guardar como principio, frente al gobierno presente y los futuros.

Acompañamiento a las iniciativas de resistencia civil y a los procesos organizativos locales

Las posibilidades de mantener un nivel básico de tejido social, ante la avalancha des-estructurante de la sociedad, pasa por la urgencia de implementar mecanismos de fortalecimiento y protección de las experiencias de resistencia civil y de organización social, de los distintos sectores populares y de los territorios.

Estas iniciativas deben acompañarse, además de estrategias de protección colectiva, de programas de seguridad alimentaria, capacitación en derechos humanos y DIH, fortalecimiento organizativo y capacidad de negociación e interlocución.

* Diego Pérez G., Centro para la Investigación y Educación Popular, Cinep