En el taller “Justiciabilidad del Derecho a la Educación en Centroamérica”, Angélica Macario Quino presentó evidencias de que el Estado no cumple su obligación

“Mi caso personal es un ejemplo típico de la mayoría de los pueblos indígenas de Guatemala. Mi idioma materno es el quiché y cuando llegué a la escuela tuve que aprender español, debido a la falta de educación bilingüe. Tuve que repetir el primer grado a consecuencia de la falta de maestros bilingües”, contó Angélica Macario Quino, en el taller “Justiciabilidad del Derecho a la Educación”, realizado por la CLADE.

El taller se llevó a cabo en los días 2 y 3 de octubre, en la Ciudad de Guatemala, en vísperas de su V Asamblea y del Foro Social de las Américas. En la actividad, se debatieron las principales violaciones del derecho a la educación en Centroamérica, República Dominicana y Haití, bien como estrategias y mecanismos basados en la exigibilidad política y jurídica del derecho humano a la educación.

Delante de representantes de coaliciones de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, Angélica describió la situación de la educación de los indígenas en Guatemala, basada en su experiencia personal y en narrativas que ha recogido en distintas comunidades mayas. Ella actuó como testigo de las evidencias reunidas por el Center for Human Rights Robert F. Kennedy Memorial en el informe “Derecho a la Educación de Afro-Descendientes y Pueblos Indígenas en las Américas”, presentado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 12 de marzo del 2008.

Marselha Gonçalves Margerin, abogada e investigadora del Robert F. Kennedy Memorial, presentó en el mismo taller los principales hallazgos del informe. Con relación a la situación de Guatemala, recordó que, según el propio Ministerio de la Educación, “el 60% de estudiantes urbanos van a completar el tercer año escolar, mientras solo el 30% de los estudiantes rurales lo harán”. El tiempo de escolarización promedio para el campesino, aún según el MEC, es de sólo 2,1 años.

El informe recuerda que el país asumió obligaciones legales regionales, nacionales e internacionales que requieren la realización inmediata y progresiva del derecho a la educación sobre una base igualitaria sin discriminación. Sin embargo, destaca que Guatemala todavía no ha podido aplicar con efectividad este derecho, subrayando que se agrava la situación cuando se refiere a los pueblos indígenas, “que abarcan un 40 por ciento de la población pero que están detrás del resto del país en lo que respecta al logro educativo, índices de analfabetismo, y niveles de ingreso”.

Gratuidad: derecho por cumplir

En la familia de Angélica, hay 12 hermanos. Entre ellos, cuatro frecuentan actualmente la escuela primaria comunal indígena de Chichicastenango, en el departamento de Quiché. “La escuela está a una distancia de 5km de mi comunidad. En mi comunidad existe una escuela, pero el caso es que la escuela no cuenta con maestros suficientes; también en las aulas tienen que compartir de primero a sexto grado. Por eso, fuimos a la escuela municipal, para que los pequeños tengan una educación mejor”.

Para eso, la familia tiene que incurrir en muchos gastos extras: transporte, uniformes, útiles escolares, inscripciones y “contribuciones” para el mantenimiento y mejoramiento del establecimiento educativo. En total, la familia de Angélica gasta alrededor de 1.200 dólares por año para mantener a los cuatro niños en un escuela pública.

“Estamos consciente de que el Estado no está cumpliendo con su obligación. Y si hacemos todo ese esfuerzo, es porque la educación para nosotros es fundamental”, manifestó Angélica.

Víctimas de los acuerdos de paz

Luego de una sangrienta dictadura militar y de 36 años de guerra civil, marcada por enfrentamientos entre guerrillas y ejército, en 1996 se firmó en el país un acuerdo de paz, que determinaba la disminución de la militarización y el desarrollo de la salud y la educación para los pueblos indígenas y la población marginal. “Sin embargo para nosotros la situación en esas poblaciones aun continua peor que la situación de los demás”, manifestó Angélica. “La discriminación y el racismo causan una falta de oportunidad para la gente indígena, particularmente en el área de la educación.”

“Todas las aldeas supuestamente cuentan con una escuela, que está construida de lamina o de pajal, por la misma comunidad. No existen escritorios suficientes para los niños. Los que llegan primero toman las sillas y los que llegan después no cuentan con escritorio y tienen que recibir clases de pie. Los niños tienen que abandonar sus estudios en los tiempos de cultivo para trabajar conjuntamente con sus padres, y para obtener un plato de comida. En mi caso soy la tercera de doce hermanos, soy la única que logré con mucho esfuerzo graduarme como secretaria.”

Angélica recordó que muchos indígenas no pueden acceder a la universidad, porque no se cualifican, debido a que la cualidad del sistema educativo en las áreas rurales aun es muy baja, en comparación con las ciudades. “O simplemente los mismos maestros discriminan en contra de los jóvenes indígenas”, denunció.

Ella señaló, todavía, que hay casos aun peores que lo de su familia. “Si analizamos la situación de las áreas más lejanas o vulnerables, fundamentalmente donde vive la gente más excluida de Guatemala, estas comunidades son olvidadas”, dijo.

“Las tasas altas del analfabetismo, el bajo logro educacional y la baja asistencia en las escuelas indican directamente que el Estado de Guatemala no ha logrado su obligación legal de cumplir con el derecho a la educación. Antes fuimos víctimas de los conflictos armados, ahora decimos que somos víctimas de los acuerdos de paz.”

CLADE- Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

http://www.campanaderechoeducacion.org/news.php?i=190