En una institución educativa* de la Comuna 4 de Medellín, el manual de convivencia está siendo reemplazado por las órdenes de un grupo armado ilegal que opera en la zona. Para no poner sus vidas en riesgo, docentes y directivas han tenido que aprender a convivir con esta situación.

“Hace ya varias semanas, un joven golpeó a un docente. No tardaron en entrar ‘los muchachos’ a indagar quién había sido, que ellos se encargaban de él, que lo iban a ‘educar’. Eso aquí es pan de cada día. La verdad es que el tema se nos sale de las manos, porque el profesor que se oponga puede poner en riesgo su vida”, relata una fuente cercana a la institución que pidió reserva de su nombre.

El hecho no es nuevo. En octubre de 2007, esta institución educativa recibió la visita de un grupo de muchachos, reconocidos en el barrio como miembros de un grupo armado, quienes le manifestaron “estar a disposición del colegio para controlar los brotes de indisciplina”.

“Estos pelados están muy inquietos. No van a poder controlarlos”, fue lo que argumentaron en aquel entonces los jóvenes. Pero ese colegio estatal no es el único en el que estudiantes, docentes y directivas deben lidiar con situaciones similares. Según la Personería de Medellín, en 47 instituciones educativas de Medellín se registran problemas de seguridad y convivencia derivados de la incidencia de grupos armados ilegales que operan en los barrios.

Las investigaciones de la Personería señalan que en lo corrido del 2008 año han sido amenazados 49 docentes, algunos de ellos por oponerse a la intención de las bandas armadas de intervenir en sus lugares de trabajo y en sus prácticas docentes.

Ejemplo de ello lo constituye una institución educativa de la Comuna 3. Allí, la rectora fue intimidada en agosto pasado porque impidió que un grupo de jóvenes pertenecientes a una banda delincuencial de la zona distribuyeran sustancias alucinógenas al frente de la misma.

Caso similar se registra en la Comuna 15. Un par de alumnos de la Institución Educativa fueron amenazados de muerte por un grupo armado de la zona. Recientemente se pudo constatar que la intimidación se ha extendido a otros jóvenes.

Pero uno de los casos más graves lo han vivido alumnos, docentes y directivas de un colegio en la Comuna 8. Durante este año han sido relevados cuatro rectores de esta institución educativa. La razón: evitar las presiones de un grupo armado ilegal que opera en la zona.

La Agencia de Prensa IPC pudo establecer que durante el primer semestre de este año ha sido frecuente el robo de equipos en esa institución (grabadoras, computadores, DVD) y el asalto a profesores y estudiantes en sus inmediaciones. Uno de los afectados denunció amenazas. “Nos mandaron una razón: que la persona que denunciara la situación era un sapo y moriría por ello”, dijo.

Cansados de la situación, las directivas, acompañadas de funcionarios de organismos de control, iniciaron su propia investigación y descubrieron la complicidad del vigilante en los asaltos, quien a su vez pertenecía a la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, una entidad que agrupa a desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc, cuyo representante legal es Julio César Perdomo Gonzalez, un reinsertado que ha estado en la mira hasta del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien en entrevista al diario El Colombiano lo responsabiliza de lo que ha estado sucediendo en esta comuna.

Gracias a una investigación a fondo se descubrió que un grupo armado con asiento en las laderas centro-orientales de Medellín utilizaba las instalaciones de la institución como “centro de operaciones” para sus actividades ilegales. Por este hecho le fue cancelado el contrato a la Cooperativa Omega.

No obstante las denuncias, la Cooperativa continúa contratando el manejo del aseo y la seguridad con varias instituciones educativas de las comunas 8 y 9; además, se ha podido establecer que entre los años 2005 y 2007 también suscribió contatos con la empresa estatal Terminales de Transporte de Medellín S.A., para adelantar trabajos de mantenimiento en la terminal de transporte del Norte.

Situación tensa

Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín, aseveró que este año han aumentado el número de denuncias por parte de los educadores sobre los problemas de seguridad derivados de la presencia de grupos armados ilegales en las inmediaciones de las instituciones educativas.

“Había antecedentes de problemáticas de este tipo en años anteriores, pero durante este año se ha incrementado, aunque también son más visibles. Nosotros el año pasado hacíamos lo mismo que estamos haciendo este año y también denunciaban y se levantaban los informes, pero no el número de este año”, sostuvo el funcionario.

A ello se suma el deterioro del clima de convivencia en algunos colegios debido al surgimiento de “pequeños combos”; es decir, grupos de estudiantes que se configuran como un parche ejerciendo actividades intimidatorias contra sus compañeros.

“Eso también lo hemos detectado: comienzan a quitarles cosas personales, a vacunarlos. Es la reproducción a menor escala de lo que sucede en los barrios, así como la banda domina la cuadra, los pelados están buscando de la misma manera reproducir en el colegio un grupo que territorialice y haga control sobre los demás”, añadió el Personero.

“Son prácticas muy complicadas, porque hay unos estudiantes que actúan como si fueran amos y señores del colegio, inspiran temor. Investigamos el asunto y descubrimos que varios pertenecen al grupo armado del barrio, son los que venden drogas en el colegio; a los más niños hasta les regalan las primeras dosis”, añadió un docente de un colegio de la comuna 4.

Ante el complejo panorama, muchos se preguntan por el papel del docente y el rector en estos casos. “¿Pero usted qué puede hacer?. El grupo inspira temor y a algunos estudiantes no se les puede decir absolutamente nada, porque pertenecen a la banda o son hijos de los ‘duros’ del barrio”, señaló el docente.

Sin embargo, indagaciones de la Agencia de Prensa IPC han permitido establecer que en algunas instituciones educativas existe connivencia entre las directivas y el grupo armado ilegal.

Según una fuente oficial consultada por este medio, en el transcurso del año han sido trasladados 18 rectores, aparentemente por decisiones “netamente administrativas”. No obstante, la fuente señala que tras un exhaustivo análisis de las situaciones se detectaron relaciones que atentaron contra el normal desarrollo de la actividad educativa.

“En abril de este año, un grupo de docentes de un colegio de la ciudad denunció al rector por sus vínculos con los grupos paramilitares de la zona y su complacencia con el control que ejercían sobre los estudiantes. Días después amenazaron a esos profesores. Se trasladó al rector a otra institución educativa y allá se están viviendo las mismas situaciones que fueron denunciadas a principio de año”, relató la fuente.

Al parecer, en este caso, como en otros conocidos por la Agencia de Prensa IPC, la presión se da por la contratación del servicio de seguridad. Según la Ley 715, los rectores de instituciones públicas tienen la autonomía para contratar el personal de apoyo logístico (vigilante, personal para aseo y demás), contratos que en muchos barrios han sido asignados a cooperativas integradas por desmovilizados de las Auc.

Correctivos

Al respecto, el Personero de Medellín no afirma ni desmiente la relación que puede existir entre directivos educativos e ilegales. “Nosotros hemos encontrado de todo: hay connivencia por temor, hay interlocución e interacción, hay unos que han tomado la opción de no estar mucho en el colegio, pero en esto hay que indagar mucho más, pues la idea no es satanizar a los maestros”.

Felipe Gil, Secretario de Educación de Medellín, sostuvo que no existe ningún tipo de denuncias sobre este tipo de situaciones: “En nuestros diálogos con rectores y docentes no hemos encontrado ningún indicio de que eso sea real, de que esto se esté presentando. Es cierto que hay comentarios, pero repito, no hay denuncias concretas”.

No obstante, este despacho ya comenzó a tomar medidas que ayuden a mejorar el entorno, tanto al interior como al exterior, de las instituciones educativas. Recientemente se inició un trabajo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y mejoramiento del clima de convivencia escolar, que irá acompañado de formación para los maestros y una labor pedagógica con estudiantes y padres de familia.

“También estamos trabajando conjuntamente con la Policía y la Secretaría de Gobierno con el fin de desarticular expendios de droga y pequeños grupos que quieren desestabilizar las instituciones”, declaró Gil.

Pero sin duda una de las medidas a tomar por parte de la Secretaría de Educación que más llama la atención es la que busca limitar la autonomía de los rectores en cuanto a la contratación del personal de apoyo logístico. De hecho, para los nuevos colegios de calidad que ha construido la Alcaldía de Medellín, el servicio de vigilancia será prestado por empresas contratadas directamente por la Secretaría de Educación Municipal.

“De alguna forma reconocemos que se pueden presentar presiones por este aspecto. Por eso queremos quitarle esa presión a los rectores, para que ellos se dediquen exclusivamente a lo académico. Lo más seguro es que sigamos aplicando el esquema que implementamos para los colegios de calidad, que nos ha dado mucho resultado”, sentenció el Secretario.


(*) Los nombres de las instituciones educativas y algunas fuentes se reservar por seguridad

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia

www.ipc.org.co