En reciente entrevista, Yehude Simon, ha dicho que García le pidió asumir el premierato como "un favor personal, porque es mi amigo", que le encomendó "lucha a muerte contra la corrupción" y que le dio total discrecionalidad para definir carteras: "Tú pon los ministros que quieras". Da cuenta también que, por realismo político, buscó un gabinete de equilibrio entre los muchos partidos y movimientos del país. Se hace responsable.

¿Cumplirá, este gabinete parchado que preside Yehude Simon, con la prioridad de luchar contra la corrupción? Veamos el sector Energía y Minas, estratégico en el modelo económico impuesto y punto de origen del escándalo de corrupción –los "petroaudios"– que desmoronó al gabinete Del Castillo, ya desgastado por impunes escándalos en el "shock en inversiones", continuos incumplimientos de actas firmadas con los movimientos sociales y repudiado por extendidos paros y luchas populares.

En el MEM está Pedro Sánchez Gamarra como ministro. ¿Lo colocó él, por méritos y "equilibrio"? ¿Cambiará políticas que alientan conflictos? ¿Moralizará el sector? Sánchez no es un novato. Se hizo conocido como privatizador predilecto del sector eléctrico en el gobierno de Fujimori, cuando era ministro de Energía y Minas el célebre Daniel Hokama. Entonces, el NY Times calificaba el programa privatizador del Perú como el "más radical en A. Latina" (abril, 1993). Sánchez Gamarra, entre 1994 y 1997, estuvo en Edelsur, Edelnor, Etevensa, Empresa Eléctrica de Piura, Egenor y Edegel, todas empresas privatizadas. En diciembre de 1998, Sánchez Gamarra intervino en la venta de las cuatro empresas de distribución eléctrica del Norte: Electro Norte S.A., Electro Nor Oeste S.A., Electro Norte Medio S.A. y Electro Centro S.A. a JORBSA, del grupo Rodríguez Banda (Gloria). La Banda de los Rodríguez era engreída del fujimontecinismo: financiaba polos, campañas y manejos turbios reeleccionistas, e intervino en la compra de la casa de Fujimori antes de su fuga.

Como director ejecutivo de OIOE, Sánchez firmó el contrato por el cual se vendió el 30% de las acciones de esas cuatro empresas a US$ 145 millones. Pero JORBSA solo pagó el 3% de las acciones. El 27% restante lo pagaría en cuotas semestrales por 12 años, con 3 años de gracia, en los cuales solo cancelarían los intereses. Además, ese pago mínimo permitía a los nuevos operadores el control y la administración de las empresas, pues se convino que otro 30% de acciones del Estado –que no compraron– lo podían comprar a futuro, a cambio de lo cual el Estado votaba con JORBSA en el directorio.

Gracias a los contratos firmados por Pedro Sánchez, JORBSA contrató consigo misma la "asesoría estratégica" de las empresas "compradas" y se pagó a sí misma, entre 1999 y 2001, servicios de gerencia por más de US$ 16 millones. Es decir, JORBSA recuperó más de todo lo invertido inicialmente (US$ 14.5 millones) a costa de las empresas eléctricas (por las que solo pagaron el 3% de su valor). Sumemos la ventaja del control de JORBSA sobre las 4 empresas, valorizadas en más US$ 280 millones, sin haberlas pagado.

Sánchez Gamarra firmó esos contratos como representante del Estado. Y, ¡qué tal faenón!, después de un año, su empresa consultora Sociedad Integrada de Consultoría S.A.C. le cobró a ElectroPerú por emitir informes sobre las propuestas que los operadores privados presentaron para el financiamiento de las empresas. Los contratos con JORBSA fueron aprobados por el directorio de la COPRI, cuando influía fuertemente el ministro de Energía y Minas, Daniel Hokama Tokashiki. En el Cepri de empresas regionales de electricidad estaba también Manuel Kiyán, quien con Sánchez Gamarra asesoró a Hokama en 1993 para la privatización de Electrolima.

Finalmente, JORBSA no pagó lo que adeudaba y en agosto de 2001 devolvió las acciones al Estado después de beneficiarse de ellas. A pesar de no ejercer su opción de compra, no pagó al Estado penalidad alguna. Así, en este proceso privatizador no hubo inversión significativa alguna en la infraestructura y despidieron a unos 800 trabajadores (45% de la mano de obra). Los responsables de este caso serían de la COPRI y de la OIOE (entre ellos, Pedro Sánchez Gamarra). Ellos debieron responder por estos hechos. Pero, con Toledo y PPK, Pedro Sánchez regresó como director ejecutivo de la COPRI a reimpulsar el proceso de reprivatización de las eléctricas regionales sin estar aprobados los estados financieros ni la gestión económica de los años 1999, 2000 y 2001. Entonces, vendría el famoso 'arequipazo' que frenó la privatización de Egasa, cuya transferencia Arequipa reclama. Ahora regresa ascendido: ministro.

¿El MEM, en manos de un privatizador con estos antecedentes, abrirá el cambio que el Perú reclama? ¿Se moralizará el sector Energía y Minas o se auditarán los contratos y concesiones otorgadas, donde tantos privilegios y malos manejos se han dado a favor de los más poderosos del Perú? Difícil, por no decir imposible, amigo Yehude, que cumpla con ese honorable pacto empeñado con el "incorruptible" García, de emprender una "lucha a muerte contra la corrupción".

Publicado en La República, 20 de octubre de 2008

http://www.larepublica.com.pe/content/view/251061/481/