La Paz

“En Bolivia tenemos en rango de ley el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones sobre los derechos de los Pueblos Indígenas pero lamentablemente no se aplican para la actividad minera en los territorios indígenas”  asegura Francisco Quisbert, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, FRUTCAS, quien participó del Foro Andino frente a la Gran Minería llevado a cabo en Bogota Colombia donde participaron una treintena de organizaciones indígenas.

La Federación Regional de Campesinos junto con el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo (CONAMAQ) en representación de Bolivia participaron del Foro Andino donde organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, y Guatemala resolvieron en la Declaración de Bogota, entre otras cosas, “Exigir el consentimiento previo, libre e informado y vinculante con las comunidades afectadas, antes de las decisiones de inversión minera de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT  y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas y que los Estados adopten medidas eficaces de control ambiental y  condiciones laborales adecuadas”

A decir de Quisbert, las experiencias que compartieron las comunidades afectadas durante el Foro tienen sus particularidades pero también muchas cosas en común, “en todas la experiencias los mayores efectos de la minería se encuentran en el medio ambiente y territorio donde viven las comunidades indígenas principalmente se afectan el agua y el aire debido a los residuos que botan las empresas mineras”

En la Declaración de Bogotá, las organizaciones y comunidades indígenas resolvieron también “promover amplias alianzas para la utilización de los mecanismos internacionales sobre racismo, pueblos indígenas, medio ambiente, agua y derechos humanos presentando casos documentados ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, entro otros”

Asimismo la problemática de la minería en territorios indígenas, no solo esta afectando el medio ambiente, según Quisbert las experiencias de Chile, Colombia y Perú muestran que existe una intención “por criminalizar las protestas, perseguir y detener dirigentes y líderes que se oponen o cuestionan la actividad minera  debido a las graves consecuencias ambientales que trae”.

En el caso de Bolivia, según el dirigente de FRUTCAS, la explotación minera a gran escala está amenazando fuertemente la vida de las comunidades indígenas y originarias, “en la zona sudeste del departamento de Potosí se esta explotando yacimientos mineros con la extracción de aguas subterráneas en una zona de poca precipitación pluvial  poniendo en riesgo las fuentes de agua de las comunidades”

El articulo 32 numeral 2  de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas indica “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”

A pesar de ello, como mencionó el entrevistado, los problemas que sufren las comunidades indígenas afectadas por las actividades mineras, se convierten en violaciones a sus derechos, las mismas que se producen porque hasta la fecha no se ha modificado el Código de Minería que tiene, entre otras cosas, herramientas como la expropiación, que imposibilitan el respeto a los derechos indígenas y avala el avasallamiento a los territorios comunitarios, donde las empresas mineras nacionales y transnacionales, tiene el derecho de comprar a la fuerza los espacios territoriales que necesitan para el desarrollo de sus actividades, vulnerando flagrantemente el derecho a la consulta previa e informada.

Fuente: Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Santa Cruz, Bolivia

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