Casi un 80% de limeños rechaza a García. Según CPI, solo 22% lo aprueba. La capital, antes bastión de la alianza alano-fujimorista-derechista, le da la espalda. Se suma al sentir nacional mayoritario, expresado en un creciente desborde de movilizaciones y paros que exigen un cambio de rumbo.

García ha perdido la brújula. Apoyado en un gabinete cadavérico, desprestigiado, se abre nuevos frentes. Dentro del gobierno, se enfrenta alrededor de temas geopolíticos que tocan a la política económica. Nada menos que Giampietri plantea regular las inversiones extranjeras: tratar con reciprocidad a países que se reservan derechos sobre sectores estratégicos y no permiten capital extranjero, como Chile o los EEUU. Toca un punto sensible: puertos y aeropuertos, donde capital chileno junto a Romero quiere hacer de las suyas. "Meche" Aráoz dice, airosa, que es una estupidez (pues amenaza su afán de rematarlo todo), "tengo el respaldo del gabinete". ¡Menudo respaldo! Pero Giampietri, que expresa la demanda de impunidad de ciertos altos mandos militares en su campaña inmisericorde contra la CVR y las ONG de DDHH, ha de expresar también el sentir de estos aliados, en los que García quiere basar su última línea de defensa ante la crisis política y el descontento popular.

En el bloque empresarial también se desarrollan contradicciones con el régimen. Por un lado, la oposición a la apertura comercial sin límites, especialmente de los industriales textiles y otros frente al TLC con China que los condena al patíbulo. Por otro, los apagones y racionamiento de electricidad que encara el país dadas las condiciones del contrato del gas de Camisea y sus normas (que no garantizan abastecimiento adecuado para energía eléctrica a gas, ni la reconversión de la matriz energética y del transporte a gas, sino que permiten al consorcio transnacional disponer del gas para exportación, afectando nuestro abastecimiento, y encareciendo el gas que les compramos al fijar precios internacionales). Y, claro, conflictos alrededor de la política monetaria y fiscal del gobierno frente a la inflación, que juega a recortar el gasto público y a dejar intocado el gasto privado. ¿Olvida García que el gasto público hoy es apenas 18% del PBI (mientras el privado asciende al 82%) y que con él debe atender los programas sociales, los servicios básicos de salud, educación, agua y desagüe, infraestructura, seguridad interior y defensa nacional. García quiere recortarlo, en realidad, al 16.6%. Pero no capta más recursos al mantener rebajas arancelarias para la importación de autos de lujo, yates y negarse a una reforma tributaria.

El Presupuesto Nacional propuesto frena la economía –dizque para controlar la inflación– sobre las espaldas del gasto público, aún paupérrimo frente a nuestras necesidades, sin tocar un pelo a las transnacionales y sus sobreganancias, y cayéndoles encima a los más pobres. Congelan salarios y pensiones, recortan programas sociales y reducen recursos a regiones y municipios. El "shock de inversiones" se esfuma: la inversión estatal cae en 39% –de más de S/.26,500 millones el 2008, a unos 16,200– como advierte Foro Solidaridad Perú. La Red de Municipios Rurales dice que pretenden recortar en 65% los gastos ordinarios, afectando a los gobiernos locales en sus programas de Vaso de Leche, comedores populares, wawa wasis, infraestructura, etc. Y nada de tocar una estructura tributaria que privilegia a los poderosos y que no cumple con llegar a recaudar el 18% del PBI, como estableció el Acuerdo Nacional, cuyos acuerdos aguantan todo pero no se aplican. Sólo llegamos al 14.5% del PBI.

De allí la huelga médica, los paros regionales y locales, las huelgas de trabajadores, la Jornada Nacional y el Paro del Macrosur anunciados para este 7 de octubre. De allí la III Cumbre Amazónica, lista a reaccionar si no hay promulgación de la derogatoria de los DDLL que afectan sus territorios y tierras, y la ausencia de un Fondo de Desarrollo Amazónico o el resguardo de nuestros recursos naturales y biogenéticos. De allí la necesidad de la Asamblea Nacional de los Pueblos el 4 de noviembre.

El verano se adelanta. La gente se calienta. El 2009 será política y socialmente movido. ¿Cuáles son los escenarios de salida a la crisis? Sin duda, el gabinete del Castillo debe irse, ya. Pero eso no basta. El país exige un cambio de rumbo, económico y político. ¿Será centralmente vía el enfrentamiento, el desborde, la represión violenta y la respuesta popular que genera? ¿Un crack del sistema? ¿O abrimos canales democráticos, pacíficos y constitucionales para darle salida?: Referendo Revocatorio (arts. 2, 31 y 32 de la Constitución) de un gobierno y un Congreso desprestigiados, ajenos al cambio que el país exige; y convocatoria a una Asamblea Constituyente que dé curso a un nuevo Estado, una nueva economía, un nuevo pacto social de justicia, equidad, soberanía, progreso y libertad.


La República, 15 de Septiembre de 2008
http://www.larepublica.com.pe/content/view/243930/481/