El Observatorio Centroamericano sobre Violencia (Ocavi) divulgó recientemente un informe que trata sobre los costos económicos de la violencia en América Central. Según el informe, la región tiene una tasa anual de homicidios superior a 36 por cada 100 mil habitantes y altos índices de otros tipos de violencia.

La calidad de vida de las personas es afectada por el aumento de la violencia y por la elevada percepción de inseguridad que acompaña la vida de esas personas. El Observatorio agrega que la violencia incide de manera negativa en el desarrollo humano y en la consolidación de la gobernabilidad de los países de la región.

Entre los aspectos que destaca el grupo de estudio es “que la distribución de la riqueza en una sociedad es más significativa que la pobreza para prever los niveles de violencia”.  En otras palabras, no es la pobreza sino la creciente pauperización de la población que genera la violencia. “Más que la pobreza, las crecientes desigualdades de renta y de oportunidades, junto con otros factores sociales, culturales y psicológicos, son las principales razones para la criminalidad”.

El informe también hace énfasis en la cuestión social y la creciente informalidad del empleo para explicar la violencia. “Tres grandes conjuntos de variables influyen el nivel de criminalidad del país. Son las condiciones sociales básicas y oportunidades de trabajo, especialmente la tasa de desocupación juvenil, los niveles de educación y el  grado de integración funcional de las familias”.

En ninguna parte del informe se señala que la militarización de la sociedad puede poner fin o mitigar la violencia, como apunta el actual gobierno panameño. A pesar de esta falta de relación entre militarización y violencia delictiva, la semana pasada el presidente Martín Torrijos promulgó 5 decretos mediante los cuales somete a los panameños a la represión y al espionaje a nombre de un mayor control de la criminalidad. Planteamiento que no descansa sobre estudio alguno y menos sobre la realidad nacional.

Más bien, la militarización contribuirá – como lo ha hecho en el pasado - a que la violencia y criminalidad aumente en Panamá. En el caso de Panamá es más obvio cuando se percibe que la política de militarización responde a una estrategia global de EEUU. La creación de servicios de inteligencia y de cuerpos que “cuiden” las fronteras son propuestas de EEUU que han sido acogidas por el gobierno actual con mucho entusiasmo. ¿El conjunto de decretos que conducen hacia una mayor represión de los sectores populares fue impuesto por EEUU o fue acogido con beneplácito por quienes gobiernan el país?

La violencia y la criminalidad continuarán castigando al país, especialmente a los sectores más humildes del país. El informe de OCAVI señala que la “violencia genera una enorme carga sobre los países, tanto en términos humanos como económicos. La vida perdida, principalmente de los jóvenes, configura un costo para la fuerza de trabajo del país. La violencia y la criminalidad también implican gastos en el sector de salud y el judicial, provoca ausencias en los lugares de trabajo y pérdida de productividad, lo que afecta la acumulación de capital humano y social”.

El informe también señala que la relación entre pobreza y violencia no es tan significativa como la que existe entre la desigualdad y la delincuencia. Los más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. Diversos estudios demuestran que la desigualdad es más significativa que la pobreza para prever los niveles de violencia. Más que la pobreza, las crecientes desigualdades económicas y de oportunidades, junto con otros factores sociales y culturales, son las factores principales que explican la criminalidad. 

Panamá, 4 de septiembre de 2008.

- Marco A. Gandásegui, hijo (profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA)